Violencia política de género

La síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Yareli Cariño López, denunció que el viernes 23 de febrero un grupo de hombres acudieron a su oficina a agredirla física y verbalmente presuntamente por órdenes del presidente municipal, Guillermo García Cajero.

Los hombres llegaron a violentarla a empujones porque la acusan de tomar posición a favor de priistas en un conflicto entre grupos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la región.

Sin embargo la violencia en su contra ha sido constante desde 2016 cuando compitió por el PRD y fue electa; incluso durante la primera sesión de Cabildo, en enero de 2017 fue “destituida” y nombrada Regidora de Desarrollo Social y Económico.

A este cambio le siguieron amenazas telefónicas, intimidación y aislamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones y aunque denunció el clima de hostilidad ante su partido no hubo acciones para sancionar a los perredistas que la violentaron.

En enero de 2017 Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral, mismo que ganó en febrero de ese año y posteriormente una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque a pesar de la sentencia a su favor no podía ejercer el cargo.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, organismo que en 2017 conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad.

Desde marzo de 2015 el Código Penal de la entidad establece el delito de violencia política de género e impone una sanción de 2 a 6 años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sin embargo, en la investigación que se sigue al caso de Yareli Cariño no hay avances

El año pasado renunció al PRD y se sumó a las filas del PRI con el objetivo de realizar las labores para las cuales fue electa pero las agresiones continuaron, por ejemplo, hace tres meses dispararon frente a su casa.

En opinión de la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, ante la omisión de los partidos políticos que son quienes violentan a las mujeres, las síndicas, regidoras y alcaldesas son obligadas a ocupar su tiempo en defenderse y no en gobernar.

Cabe recordar que este mes suman dos homicidios de mujeres políticas en el estado de Guerrero. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente municipal de San Juan Colorado Jamiltepec, en el estado de Oaxaca, Juan García Arias, restituir a la síndica Herminia Quiroz Alavez y abstenerse de obstaculizar sus derechos.

El pasado 2 de febrero el TEPJF confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca que en diciembre del año pasado consideró que el alcalde y el Cabildo municipal limitaron los derechos de la síndica al amenazarla, insultarla e impedirle ejercer el cargo para el cual fue electa.

El conflicto entre ambas funcionarios, electos en junio de 2016, inició el año pasado cuando García Arias y Quiroz Alavez presentaron dos juicios distintos ante el Tribunal Electoral de Oaxaca. El alcalde señaló que la síndica se extralimitaba en sus funciones mientras que ella argumentó que era víctima de violencia política por razones de género.

Herminia Quiroz Alavez era la segunda concejal e integraba la Comisión de Hacienda, por lo que exigió que se le permitiera vigilar la recaudación de impuestos y los fondos de la Hacienda pública, entre otras funciones que debía realizar.

No obstante, no se le convocaba a las sesiones de Cabildo, no le entregaban información de la Cuenta pública y se le negó el acceso a la sindicatura por ir acompañada de personal de seguridad que contrató ante las amenazas recibidas.

En junio de 2017 el Cabildo sesionó para destituirla, sin que ella estuviera presente, y nombró en el cargo a su suplente.

Finalmente, en diciembre el Tribunal Electoral de Oaxaca revisó los juicios presentados por ambas partes y declaró infundados los agravios presentados por el presidente municipal y ordenó que los integrantes del Cabildo, así como al Secretario y Tesorero municipal, se abstuvieran de violentar a la síndica.

Sin embargo Juan García Arias se inconformó ante la Sala Regional Xalapa aludiendo que no se consideraron las pruebas que él presentó y que la autoridad local se extralimitó. Aun así el pasado 2 de febrero los magistrados electorales confirmaron la primera sentencia donde también se ordenó restituir a la síndica y pagarle el sueldo correspondiente.

Los magistrados consideraron los supuestos establecidos en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y mencionaron que en casos de violencia de género, como amenazas y discriminación, generalmente estos hechos ocurren en espacios privados donde sólo se encuentran la víctima y su agresor, por lo que tiene valor probatorio el dicho de la víctima.

Desde 2016 Oaxaca incluyó la violencia política de género en el Artículo 401 Bis de su Código Penal y en abril de 2017 se aprobaron y publicaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

18/AGM/LGL

Divididos en tres coaliciones, el 14 de diciembre los nueve partidos políticos nacionales comenzaron las precampañas rechazando abiertamente los derechos de las mujeres como el aborto y derechos de los grupos de la diversidad sexual como el matrimonio igualitario.

En prácticamente tres semanas de campañas presuntamente internas, se han escuchado escasas propuestas y solo algunas menciones a las mujeres, resaltando las cualidades femeninas y señalándolas como clave de la prosperidad y la historia; sin embargo, lo que ha sido evidente es el rechazo de los partidos políticos a temas como el aborto.

COALICIONES SIN IDEOLOGÍA

Desde la conformación de las coaliciones algunos grupos feministas y lésbico gay llamaron la atención sobre la integración de ideologías totalmente opuestas que sólo se unían para abanderar una candidatura presidencial.

Por ejemplo, la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), suman una visión conservadora y otra progresista sobre los derechos de las mujeres.

En agosto pasado, ante las críticas sobre la conformación de este frente, la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la senadora perredista Angélica de la Peña y la senadora panista Marcela Torres Peibert, pidieron a los líderes de sus partidos incluir a las militantes en las mesas de negociaciones porque aseguraran que tenían coincidencias en sus agendas de género.

Como muestra de lo contrario, en el Legislativo las panistas se han caracterizado por manifestarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de los matrimonios igualitarios; mientras que las perredistas han promovido políticas a favor de ambos temas o para apoyar a víctimas de violación sexual y para aligerar las cargas domésticas de las mujeres.

Una forma de promover la agenda panista se concretó en febrero de 2014 cuando el Senado aprobó crear la Comisión ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el blanquiazul José María Martínez Martínez y creada para promover la integración familiar, principalmente.

Otra coalición que generó suspicacias fue “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Esto porque los dos primeros se dicen de izquierda –aunque Morena siempre ha estado a favor de enviar a consulta pública los temas polémicos– mientras que el PES ha promovido una agenda conservadora, allegada a grupos eclesiásticos y particularmente “provida”.

Tan solo en 2016 las y los diputados federales del PES hicieron suya la iniciativa del Frente Nacional de Defensa de la Familia para modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana para “proteger la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, lo que para grupos feministas era un paso para limitar la maternidad libre y voluntaria.

El historial de los aliados de Morena hizo que la Secretaría de la Diversidad Sexual del partido de López Obrador y las simpatizantes Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska mostraran su rechazo a la alianza con el PES.

Por su parte la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), que han ido juntos en otros procesos electorales federales, están divididos porque algunas veces apoyan las propuestas de género pero en otras ocasiones las rechazan.

PARIDAD, TEMA EN COMÚN

El único tema en el que todos los partidos han mostrado coincidencia es en fomentar la participación política de las mujeres. Las plataforma electoral de la coalición “Juntos haremos historia” dice que considerará en todo su proyecto de nación el principio de equidad de género y “Por México al Frente” señala que eliminará toda forma de violencia política contra la mujer e impulsará que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.

Estas posiciones las han reafirmado los hasta hoy precandidatos En noviembre pasado el panista Ricardo Anaya Cortés dijo que se debían empujar acciones afirmativas “para lograr la verdadera paridad”. Un mes después, en diciembre, el candidato priista, José Antonio Meade, dijo que tenía que haber paridad de género en los cargos públicos, los negocios y todos los ámbitos.

También en diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta de gabinete en la que incluyó a ocho mujeres y ocho hombres que eventualmente encabezarían las Secretarías de Estado.

Si bien públicamente todos los partidos han apoyado la paridad de género en candidaturas, en su afán por evitar que las mujeres compitan por cargos de representación proporcional en 2017 tres partidos (PES, PT, PVEM) políticos impugnaron un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que promovía la paridad, legislada como principio constitucional desde 2014.

En el acuerdo determinó que la mitad de las candidaturas para las senadurías por voto directo debían ser para las mujeres y que las listas se intercalarían por fórmulas de ambos sexos. En el caso de las senadurías de representación proporcional el organismo dijo que también debían estar encabezadas por mujeres para garantizar que sean las primeras en obtener un escaño por asignación.

En el caso de las diputaciones federales de representación proporcional el INE señaló que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas debían ser encabezadas por una fórmula ya sea de mujeres o de varones.

Al conocer los criterios los partidos políticos alegaron que el acuerdo del INE excedía sus facultades reglamentarias y vulneraba el principio de autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo.

Así en estas elecciones, donde también se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, se elegirán ocho gobernadores, un jefe de gobierno, diputados locales e integrantes de ayuntamiento, se espera un incremento de la presencia femenina en los gobiernos y en los Congresos locales.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, de forma general, las mujeres han pasado de ser el 3.5 por ciento de presidentas municipales y jefas delegacionales en 2005, a 14 por ciento en 2017, lo que quiere decir que en doce años la cifra aumentó un 400 por ciento; en ámbito Legislativo federal hay 42 por ciento de diputadas y 36 por ciento de senadoras; y en los Congresos locales representan 42 por ciento de legisladoras.

17/AGM

Las medidas de protección ordenadas por la autoridad jurisdiccional en casos de violencia política de género pueden mantenerse hasta que la víctima lo requiera, aun cuando se tenga por cumplido el fallo que les dio origen, señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la Tesis X/2017sobre “Violencia política de género. Las medidas de protección pueden mantenerse, incluso después de cumplido el fallo, en tanto lo requiera la víctima”, aprobada por el pleno del TEPJF, se expone la necesidad de garantizar que las mujeres electas a un cargo de elección popular puedan acceder a éste y ejercerlo.

Significa que cuando exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que es razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, la protección se mantenga hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que fue electa.

La tesis, informó la autoridad en un comunicado, se fundamenta en la interpretación de los tratados internacionales y las leyes locales sobre violencia de género y deriva de la obligación del Estado mexicano de reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución.

Después de la reforma político-electoral de 2014, cuando se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, comenzaron a salir a la luz casos de violencia política, algunos de mujeres que fueron electas y obligadas a renunciar a sus cargos o que no podían ejercer sus funciones, por ejemplo, María Gloria Sánchez, alcaldesa de Oxchuc en Chiapas y Samantha Caballero Melo, alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto.

Sin embargo, es de recordar que en la legislación nacional no se ha legislado el concepto de violencia política de género toda vez que apenas el pasado 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó incluir este tipo de violencia en cinco leyes generales pero las reformas aún deben ser avaladas por el Senado para ser publicadas y entra en vigor.

A pesar de este vacío normativo en noviembre las autoridades electorales reeditaron el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” creado en 2016 por las autoridades como el TEPJF, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

17/AGM

El tipo penal de violencia política de género en Oaxaca está vigente en el Código Penal estatal y está contemplado en otros tres ordenamientos legales pero todavía es muy endeble, afirmó Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.

Desde 2016 Oaxaca incluyó la violencia política de género en el Artículo 401 Bis de su Código Penal (CP) y en abril de este año se reformaron y publicaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

La descripción de violencia política contra las mujeres actualmente está en el apartado del CP estatal sobre delitos contra la legitimidad de las elecciones pero opinión de Anabel López lo ideal sería que estuviera en el apartado sobre delitos contra el derecho a una vida libre de violencia (Artículo 404 al 412).

Con esta legislación, Anabel López destaca que se prevén varios retos para el proceso electoral de 2018 porque habrá 10 partidos políticos registrando candidaturas en 153 municipios y como se demostró el año pasado, más mujeres participando significa más violencia contra ellas.

El 1 de julio de 2018 en Oaxaca se elegirán a 42 integrantes del Congreso local y se renovaran 153 presidencias municipales con sus respectivos ayuntamientos.

REFORMAS EN OAXACA

En marzo de 2016 el Gobierno de Oaxaca publicó en el periódico oficial estatal la reforma al Artículo 401 Bis del Código Penal del estado para señalar que se impondría prisión de dos a seis años y multa de siete mil a quince mil pesos a quien impidiera el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Con esta reforma se modificó el capítulo de delitos contra la legitimidad de las elecciones y aunque en la redacción no menciona la frase “violencia política de género” este delito se describe como daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia.

Un año después, el 26 de abril de 2017 se publicaron en el periódico oficial de Oaxaca nuevas reformas al Código Penal, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Con el paquete de modificaciones de este año el Código Penal del estado dice en el Artículo 208 sobre “abuso de autoridad y otros delitos oficiales” que comete abuso de autoridad quien indebidamente retarde o niegue a los particulares el despacho de sus asuntos y señala que la pena se aumentará hasta en un tercio cuando el delito sea en contra de una mujer por razón de género.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Tras las reformas de abril, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios dice en la fracción III del Artículo 8, que es procedente el juicio político cuando haya actos u omisiones de los servidores públicos que deriven en “violencia política contra la mujer”.

Asimismo esta ley dice en la fracción LIII  del Artículo 56 que tratándose de violencia política por los integrantes de los ayuntamientos del estado, procederá, la solicitud de revocación de mandato, que establece el artículo 61, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal.

Sin embargo, la defensora de los derechos políticos de las mujeres, destacó que la Ley Orgánica Municipal señala que la destitución procederá cuando sea avalada por el Congreso, lo que hace que el proceso y la sanción deje de ser administrativa y se convierta en tema político. 

“Al pasar por el Congreso le devuelves un carácter político y es justamente en la política donde están violentado a las mujeres”.

Como ejemplo, la ex titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña señaló que hay dos  peticiones para remover a funcionarios municipales que han violentado a mujeres: uno por agresiones a la alcaldesa de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo y otro por la síndica de Zanatepec, Erika López Molina.

El Congreso no ha respondido a ninguna de estas peticiones. “Es un marco normativo difícil de aplicar”, sostuvo López Sánchez.

SIN CLARIDAD EN LEY

Las reformas de abril también consideraron adiciones en materia de violencia política en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales local aunque dos meses después, en junio, se publicaron las “partes no vetadas” de esta ley. En esta segunda publicación no aparecieron algunas consideraciones en materia de violencia.

Por otra parte, la fracción VII del Artículo 7 de la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del estado define la violencia política como “cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia”.

Estas acciones deben tener la intención de “acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad; así como impedir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida por razón de género”.

17/AGM/LGL

Desde que Samantha Caballero Melo asumió el cargo como alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto, en enero pasado, recibió amenazas para declinar el cargo a favor del síndico Pablo Anica Valentín, quien nunca se ha presentado a laborar pero quien recientemente fue considerado víctima por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).  

En el proceso electoral de 2016 Caballero Melo fue postulada como candidata a presidenta de su municipio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como resultado de la contienda ganó la elección y tomó protesta el 1 de enero, día en que el síndico electo, también priista, tomó el Palacio Municipal a fin de que ella no rindiera protesta.

Desde entonces, Pablo Anica Valentín ha hecho todo lo posible para que la presidenta municipal no pueda realizar las funciones para las cuales fue electa. Por ejemplo, se llevó a su domicilio la patrulla, la ambulancia, el camión para recoger la basura y otro vehículo, todos propiedad del Ayuntamiento y utilizados para dar servicios a la comunidad.

Sumado a esta violencia, el síndico destituyó a la tesorera nombrada por la alcaldesa, acción que fue avalada por la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, por lo que de enero a mayo Samantha Caballero no recibió recursos públicos destinados al municipio, lo que provocó que denunciara estas acciones ante las autoridades electorales para que éstas garantizaran sus derechos como funcionaria pública. 

Esta mañana, acompañada por el “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”, la alcaldesa se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el TEEO el pasado 11 de octubre y en la cual se favorece a su principal agresor.

La integrante del Colectivo, Anabel López Sánchez, expuso a Cimacnoticias que la sentencia de la autoridad electoral obedeció a un juicio presentado por el síndico, quien se quejó porque la alcaldesa llamó a su suplente para ejercer funciones de gobierno cuando al parecer esa acción es facultad exclusiva del Congreso del estado.

Caballero Melo explicó que después de tres sesiones de cabildo, a las cuales los síndicos y regidores no se presentaron, la ley municipal la faculta para llamar a los suplentes con el objetivo de no detener las labores y continuar los trabajos de gobierno, lo que acató pues sus agresores no estaban dispuestos a ejercer sus respectivos cargos.

Además de Anica Valentín, los regidores Eloi Bernardo Vargas, María Elena González Arellanes y María Rentería Silva, nunca se presentaron a laborar en el municipio.

Después de ser prácticamente destituido, Anica Valentín presentó un juicio ante el Tribunal Electoral estatal alegando que él fue quien ganó la contienda y debería tener el cargo. El 11 de octubre el TEEO le dio la razón al determinar que el Ayuntamiento no tiene facultades para llamar a los suplentes y ordenó invalidar las actas de sesión de cabildo donde se les tomó protesta así como pagar los sueldos caídos al síndico y regidores.

En este proceso, que Caballero Melo y López Sánchez consideran violencia política, la alcaldesa presentó una controversia constitucional en contra de la autoridad del estado argumentando que en su sentencia invade competencias porque como órgano electoral no puede pronunciarse por actos administrativos como las actas de sesión y mucho menos invalidarlas. 

Además agregan que el pasado 24 de marzo la presidenta municipal presentó un juicio ante el Tribunal Electoral local por los actos de violencia que padeció. En aquella ocasión, el organismo emitió una sentencia en la que reconoció la existencia de violencia política de género, consideración que fue ratificada el 27 de abril por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las activistas también denunciaron la inacción del Congreso de Oaxaca que desde marzo recibió una solicitud de revocación de mandato en contra del síndico Pablo Anica Valentín, petición firmada por más de 500 ciudadanos; y desde mayo tiene otra solicitud de la alcaldesa también pidiendo la destitución de su principal agresor. Hasta la fecha no hay respuesta. 

17/AGM/LGL

Mujeres políticas que han accedido a cargos de decisión señalaron que a pesar de que hace 64 años se consagró el derecho al sufragio femenino para que las mujeres pudieran votar y después contender en las elecciones, aún enfrentan retos como la violencia.

Al participar en el foro “Aprendizajes de la participación política de las mujeres” que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diputadas y alcaldesas señalaron que ante las agresiones han tenido que recurrir a los tribunales y al acompañamiento de organizaciones civiles.

Así coincidieron las diputadas federales Cecilia Soto y Candelaria Ochoa Ávalos; la senadora Marcela Torres Peimbert; las presidentas municipales de Eloxochitlán, Oaxaca, Eliza Zapata; de Atitzihuacan, Puebla, Maricela Ramos; de Oxchuc, Chiapas, María Gloría Sánchez Gómez y de Chenalhó, también en Chiapas, Rosa Pérez Pérez.

La presidenta municipal del municipio chiapaneco de San Pedro Chenalhó, destacó que no viene de una familia política y pese a ello compitió por el Partido de la Revolución Democrática y después por el Partido Verde Ecologista de México pero cuando ganó la elección de 2015 le arrebataron el triunfo.

La alcaldesa dijo que falta cambiar la mentalidad de los hombres que todavía no aceptan la participación de las mujeres en los espacios políticos. Como ejemplo, dijo que ella vivió una persecución de sus opositores, quienes pidieron un recuento de votos e impugnaron su triunfo ante las autoridades electorales.  

“Ellos querían burlarse de mí, pensaban que una mujer no puede tomar decisión”, expuso. 

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que lo más difícil que ha enfrentado fue ganar un distrito en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre había ganado y hacer feminismo en una campaña política.

La diputada quien es una académica feminista, destacó que tuvo que usar todas sus habilidades para transmitir un mensaje de igualdad y hacer una campaña donde conjugara su experiencia como investigadora y su militancia a favor de la igualdad de género.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, coincidió en que lo más difícil para la participación política de las mujeres es romper estereotipos y prejuicios, en particular en el poder. Destacó que ser una política dócil, que no cuestiona al partido es lo más fácil para las candidatas.

Como ejemplo, señaló que hubo legisladoras de Nuevo León que votaron en contra de la paridad en los estados y cuando cuestionó qué pasaba, encontró que para las diputadas era complicado romper con los estereotipos porque cuando son oposición se les califica de “locas” y a ellos de innovadores, disidentes o revolucionarios. 

Para la alcaldesa chiapaneca, Gloria Sánchez Gómez, lo más difícil es no tener miedo y saber que si cometen errores asumir su responsabilidad y como ejemplo destacó que en su caso vivió violencia política y presiones para que en 2016 la obligaran a renunciar y pese a ello continúa trabajando por sus convicciones.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hay 7 averiguaciones previas por violencia política de género en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pero Chiapas destaca por tener el índice más alto representado en 43 por ciento, mientras que Oaxaca y Tabasco cuentan con 29 por ciento.

Una de las mujeres que ha sido víctima de violencia es Eliza Zapata, alcaldesa de Atitzihuacan, quien fue agredida físicamente en una asamblea, su hija mayor se exilió del país y su hermano fue asesinado. “A pesar de tanto dolor, tanta violencia, no se puede dar un paso atrás cuando se ha avanzado bastante para otras compañeras”, dijo. 

Eliza Zapata agregó que la violencia comienza con la difamación y por ello advirtió que las autoridades deben atender estos casos porque hoy en día hay muchas regidoras amenazadas, acosadas y relegadas de sus funciones. “Si no se escucha con ese interés o previendo que puede desatarse una violencia física, nos van a matar”, dijo.  

17/AGM/LGL

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, llamó a legisladoras de todos los estados y de todos los partidos políticos a establecer una mesa de trabajo para promover sanciones a quienes cometan violencia política de género en la contienda electoral de 2018. 
 
Luego de que el 23 de mayo la ALDF aprobó reformar el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir el término de violencia política, la asambleísta llamó a sus compañeras de partido y a las diputadas y senadoras a sumar esfuerzos para que en los próximos comicios se cumplan este tipo de normas.
 
En conferencia de prensa, acompañada por la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la ex jefa delegacional de Iztacalco dijo que las reformas sobre violencia política también buscan reconocer a las mujeres por su capacidad y su trayectoria y no juzgarlas por su género o por ser mujeres.
 
Con la reforma, la Ley de Acceso local dice que esta violencia es: “toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
En la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó también una iniciativa que, además de reformar la Ley de Acceso local, formulaba modificaciones en materia electoral, pero la propuesta continúa en revisión debido que se está trabajando la redacción de las nuevas leyes electorales que deben aprobarse a más tardar el 2 de junio.

Mateos Hernández señaló que prevén una mesa de trabajo con diputadas y senadoras antes de las elecciones de 2018 y señaló que es importante reconocer que hay violencia política contra las mujeres y que ellas han luchado por participar en los proceso políticos y ahora deben pugnar para que se reconozcan sus capacidades.
 
La legisladora aprovechó para recordar que en el organismo parlamentario de la Ciudad de México, de 66 diputados, 26 son mujeres y que de las 16 delegaciones 4 son encabezadas por mujeres: María Antonieta Hidalgo Torres, en Álvaro Obregón; Dione Anguiano Flores, en Iztapalapa; Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, y Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo.
 
IDENTIFICAR CONDUCTAS DE RIESGO
 
Por su parte, Castello Rebollar destacó que es importante el concepto de violencia política porque permite identificar conductas de riesgo para las mujeres que participan en el ámbito público y señaló que el partido del sol azteca ya ha sido víctima de dos crímenes extremos contra sus militantes.
 
El primero ocurrió en marzo de 2015 cuando fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el otro fue el 2 de enero de 2016 con el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.
 
Ante estos hechos, la secretaria de Igualdad de Género del PRD reiteró su llamado a la Cámara de Diputados a aprobar en un periodo extraordinario las reformas para incluir este concepto en las Leyes Generales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
AVANZAN REFORMAS
 
Este 25 de mayo, el pleno del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, a fin de incluir la violencia política, iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Ortega Máynez, y a la que se sumaron legisladoras de Acción Nacional y del PRD.
 
En esta iniciativa se hizo un recuento de las acciones y omisiones que cometen partidos políticos y militantes para violentar a las mujeres, por ejemplo: postularlas en distritos perdedores, hacer mal uso del presupuesto etiquetado para capacitarlas, agresiones y amenazas durante campaña, sustituciones arbitrarias cuando son legisladoras o tiene un cargo edilicio y difamación y desprestigio, entre otras.
 
Similar a la redacción que se estableció en la ley de la Ciudad de México, la ley de Chihuahua dice que violencia política es “el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una persona por sí o a través de terceros que causen daño en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política o el ejercicio de cargos públicos que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Por otra parte, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) informó que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, entregó al presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el anteproyecto de Ley para la igualdad entre los géneros y sin violencia, propuesta de norma que incluye la violencia política.
 
En un comunicado la Repare dijo que instó al legislador a iniciar el trámite legislativo correspondiente para aprobar esta ley y consideró que, de aprobarse, sería un marco jurídico que garantizará los derechos políticos, electorales y cívicos de la ciudadanía en general y en particular de las mujeres en el próximo proceso electoral 2017-2018.
 
17/AGM/GG

La secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, pidió a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, apoyar y aprobar las reformas para sancionar la violencia política por razones de género.
 
En entrevista, Castello Rebollar señaló que deja mucho en que pensar el procedimiento parlamentario de esta reforma y la forma en que se condujo la diputada priista y presidenta de la Comisión de  Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, quien evitó aprobar las reformas a las leyes electorales en materia de violencia política.
 
En marzo, el Senado envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política, misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia.
 
El 25 de abril la Comisión de Gobernación aprobó reformar las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y sólo faltaba la votación de la Comisión presidida por la diputada priista.
 
Sin embargo, el pasado 28 de abril, día que finalizó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para discutir el dictamen enviado por el Senado pero la diputada Plascencia Pacheco declaró un receso y jamás reinstaló la sesión lo que evitó votar las reformas y pasarlas al pleno.
 
Al tener parada esta reforma y con las elecciones de 2018 en puerta, Claudia Castello afirmó que este proceso merece un reclamo de parte de todas las mujeres que quieren ser candidatas a un cargo de elección porque se supone que había un consenso de todos los partidos para sacar avante las modificaciones legislaciones.
 
En marzo, después de participar en un foro sobre medios y participación política, los representantes del PRI, PRD y de los Partidos Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política. En esa ocasión el líder priista, Enrique Ochoa, asumió el compromiso.
 
La deuda sigue pendiente y ante ello los líderes de los partidos nuevamente aseguraron que cumplirán. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguraron que habría un periodo extraordinario y que entre los temas a debatir estaría la violencia política. 
 
La urgencia de esta reforma, dice la perredista, es que pueda aplicar en el proceso electoral de 2018. De acuerdo con el Artículo 105 Constitucional las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso inicia en el mes de septiembre de 2017.
 
Para que la reforma en materia de violencia política por razones de género pueda aplicar en las lecciones del próximo año sería necesario que a más tardar el 2 de junio este aprobada, por eso el PRD hizo un llamado para que el periodo extraordinario se convoque a la brevedad posible, aunque Castello Rebollar reconoce que sería muy difícil tener la reforma a tiempo.
 
Las reformas definirían la violencia política por razones de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Por lo pronto la diputada Nereida Plascencia no ha dado una posición pública sobre el retraso en estas reformas pero de acuerdo con Castello Rebollar se presumen que las razones fueron “revanchismos políticos al interior de su partido” y de ahí la importancia de hacer un llamado al PRI para que se vote el tema.
 
Cabe recordar que la diputada Plascencia Pacheco apoyó la propuesta de incorporar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de dar anticoncepción de emergencia y garantizar la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, un tema que causo un amplio rechazo y división entre diputados, al grado que dos veces fue aplazada la discusión y finalmente se retiró.
 
17/AGM/GG