fosas clandestinas

NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC lanzan S.O.S a ONU y CIDH
Asesinan a Miriam Rodríguez, del Colectivo Desaparecidos de San Fernando
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017

Carente de la  protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada por un comando. 
 
Miriam, quien murió en  el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal. 
 
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam  -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
 
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
 
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa. 
 
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que  no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
 
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
 
S.O.S A ONU Y  CIDH
 
 
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.    
 
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam. 
 
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”. 
 
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
 
ACOSO DE LA POLICÍA
 
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico. 
 
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión. 
 
17/ RED 








OPINIÓN
VIOLENCIA
   Plan b*
México: campos de exterminio
Especial
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2016

Entrevisté a un ex agente de la CIA en México, ya jubilado. Trabajó algunos años como asesor en seguridad privada para grandes corporaciones internacionales; montó oficinas de inteligencia para blindarles de la delincuencia organizada. Me hizo varias confesiones que publicaré en un libro, pero una de ellas viene al caso para este fin de semana.
 
El experto aseguró que el gran éxito del gobierno mexicano para mantener a la sociedad sometida a las violencias cruzadas (delincuencia común y organizada, violencia de Estado y policiaca, impunidad e ineficacia penal), radica en el fervor guadalupano de la mayoría. Lo que me pareció una broma terminó convirtiéndose en una explicación razonable sobre los hábitos de la sociedad mexicana para enfrentar la narcoguerra.
 
Esa tediosa e interminable culpa cristiana, el miedo a la autoridad patriarcal, el pavor a enfrentar las crisis y los conflictos de formas no violentas y efectivas, son los ingredientes que unificados permiten que la frase “tenemos el gobierno que merecemos” permanezca y se reproduzca en las nuevas generaciones.
 
Es sencillo rebatir esa filosofía derrotista de la absurda y equivocada visión mexicana de los problemas que abaten a nuestra sociedad, tales como la violencia mortal, el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, los altísimos niveles de impunidad y la persistente corrupción de las agencias del Estado (todo ello en un solo enjambre que avala el fortalecimiento y la justificación del estado policiaco punitivo de la sociedad crítica, que se resiste a la prevención, al diálogo, a la persecución de los delitos más notables en sus líderes políticos).
 
Esta semana, en el estado de Coahuila, un grupo encabezado por la valiente ciudadana Silvia Ortiz, encontró lo que se ha denominado un campo de extermino con fosas clandestinas en las que, hasta el momento, se han encontrado 600 restos humanos. Los datos oficiales reportan que en el estado han desaparecido 2 mil personas, los extraoficiales dicen que 3 mil. A partir de esta noticia las autoridades locales se vieron forzadas a reconocer públicamente que desde abril de este año, ya la policía había encontrado más de 3 mil 500 restos humanos de niñas, niños y adultos.
 
Paralelamente en Veracruz, la fiscalía encontró los cuerpos inertes de tres jóvenes estudiantes recientemente reportados como desaparecidos, una mujer y dos hombres. Cuando las madres y padres fueron llamados a servicios periciales, las autoridades cometieron un acto de crueldad insólito: abrieron las puertas de las cámaras frías, allí sobre las mesas metálicas estaban a la vista los jóvenes cuerpos, casi aniñados, sangre escurriendo de las planchas y las ropas de las víctimas tiradas como despojos. En un arranque de desesperación, madres y padres corrieron hacia sus hijos, el olor fétido de ácido sulfúrico, formol y descomposición resultaba insoportable, pero nada les detendría de intentar mirar y resguardar los cuerpos de sus hijos e hija que habían desaparecido luego de ir a un centro comercial.
 
Estas historias se repiten a diario en México, lo que sigue sorprendiendo es que, al tocar estos dos temas en redes sociales, una gran parte  de usuarios sigue culpando a las víctimas, a sus padres, a la sociedad. “Tenemos este gobierno impune porque la gente votó por ellos”, insisten los comentaristas. Yo digo que no, que tenemos este gobierno porque hay una política de Estado que permite la guerra entre cárteles por el poder político, porque los partidos han logrado incluir en sus huestes a lo peor de México, que han sido infiltrados por las mafias, la delincuencia organizada; que una sociedad que vive en democracia paga impuestos para que profesionales y expertos lleven las riendas del país, que son ellos, gobernadores, procuradores, jefes policiacos, jueces, alcaldes y congresistas los  verdaderos responsables de que haya campos de exterminio en México.
 
No debemos seguir insistiendo en que es culpa de la sociedad, a la que no le corresponde la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad o de delitos comunes, ya suficiente hacemos en materia de prevención y educación. Culparnos es desviar la atención de los verdaderos responsables de esta crisis. Hay que sumarse a los colectivos que tienen evidencia de los responsables y multiplicar el poder ciudadano hasta lograr su arresto, su renuncia, su sentencia nacional e internacional.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL








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