Delitos electorales

El Congreso del estado de Veracruz reformó al artículo 367 del Código Penal de la entidad para incluir el delito la violencia política en razón de género y sancionar a quienes violenten a mujeres que buscan cargos de elección popular o puestos de responsabilidad pública.

El pasado 25 de enero, con 24 votos a favor y 16 abstenciones, se adicionó el Artículo 367 Ter al Código Penal para sancionar con penas de dos a seis años de prisión así como una multa de siete mil a quince mil pesos, a quien realice o busque causar daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, en contra de las mujeres con el fin de restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Con esta reforma se pretende hacer frente a la violencia de género en el ámbito político ya que de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) en el proceso electoral 2014-2015 se registraron 38 casos de violencia política contra las mujeres en esa entidad.

La reciente modificación convierte la violencia política en un delito penal y es que cabe decir que en julio del año pasado el Congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que de acuerdo con las y los diputados permitiría imponer sanciones administrativas a quien ejerciera violencia de este tipo.

La reforma fue resultado de la propuesta presentada el 9 de abril de 2017 por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Krisch Sánchez, una propuesta en la que señaló que la violencia política “es originada cuando existen amenazas, coacción, insultos, humillación en contra de las mujeres que participan en la política”.

En julio de 2017 el Congreso también agregó el concepto de violencia política de género en la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre los supuestos señalaba el hecho de impedir u obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.

La reforma también se aprobó de cara al actual proceso electoral: en 1 de junio de 2018 en Veracruz se renovará la gubernatura, 30 diputaciones locales de mayoría relativa y 20 diputaciones locales de presentación proporcional.

Destaca además que hasta noviembre pasado Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género señalaba que en México sólo 19 de las 32 entidades reconocían la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones.

18/ EGAC

Por una denuncia presentada en 2015 ante la autoridad electoral, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo, fue detenida esta mañana como presunta responsable de delitos electorales, al entregar actas de nacimiento a migrantes de países centroamericanos.
 
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) interceptaron a la política en la Primera Avenida Poniente Barrio Nuevo del municipio de Suchiate, cuando salía de su casa, para que responda a las acusaciones del expediente AP974/FEPADE/2015. Fue llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), en la capital del país.
 
De acuerdo con la acusación presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la alcaldesa entregaba, en 2015, actas de nacimiento a migrantes centroamericanos para que con ese documento pudieran tramitar credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y, eventualmente, pudieran votar.

La elección de ese año para presidencias municipales y diputados se realizó el 19 de julio y la denuncia fue presentada antes de esa fecha. Antes de los comicios, el 5 de julio, el esposo de la hoy alcaldesa, Saúl Álvarez López, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del estado.

La alcaldesa, entonces aún candidata, fue citada a declarar ante la FEPADE. De acuerdo a lo publicado por medios de comunicación locales en ese momento, a Álvarez López le decomisaron seis actas de nacimiento. Sin embargo, tras la elección, en la que resultó ganadora su esposa, continuó como titular del Registro Civil del municipio.
 
En esa ocasión, las diligencias fueron encabezadas por el titular de la FEPADE, Santiago Nieto y por agentes del a PGR, en la oficialía 01 del Registro Civil de Suchiate, donde trabajaba el esposo de la entonces candidata. Se realizaron cateos y se hizo la auditoría de los registros y material con que se elaboran las actas de nacimiento.  Se detuvo a ocho hombres y a un menor de edad.

Nieto Castillo declaró entonces que recibieron la denuncia del INE y acordaron auxiliar en todas las denuncias presentadas por la autoridad administrativa electoral, para deslindar responsabilidades de la posible comisión de conductas constitutivas de delito electoral. De los resultados informarían al INE y a la PGR. Actuaremos, dijo, por instrucciones de la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, “con absoluta imparcialidad”.

LAS ELECCIONES

En Chiapas, para 2015, año en que se hizo la denuncia contra la alcaldesa y su esposo, había un padrón de 3.2  millones de ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar.

Se realizaron dos procesos electorales, la elección estatal, el 19 de junio, y una extraordinaria el 6 de diciembre, de acuerdo con el calendario del INE.
Ese año, el Partido Verde logró en el estado, en la elección para diputados, 667 mil 598 votos, contra 82 mil 905 del PRD, mientras que para senadores hubo 677 mil 598 votos para el Verde, contra 82 mil 905 para el PRD.

En esa misma elección, el Verde logró en Suchiate, lugar donde presuntamente hubo registro de personas centroamericanas en el padrón, una votación de 4 mil 57 sufragios, contar mil 640 del PAN y 220 del PRD. 

En la elección para la presidencia municipal resultó ganadora con 5 mil 2 votos, Matilde Espinoza Toledo, quien esta mañana, 2 años después de la acusación, fue detenida por la autoridad. 

17/RED

Las integrantes de la Red de Redes por la Paridad Efectiva, se comprometieron a vigilar los procesos electorales de 2017 en los estados de Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México, para que los partidos políticos postulen a las mujeres para competir por cargos de elección y no se ejerza violencia política de género.
 
En un comunicado donde informaron de su tercer encuentro que se celebró este 6 de octubre, las promotoras de la participación política femenina señalaron que con base en su experiencia en observación y vigilancia de procesos electorales anteriores, elaborarán un manual o guía de observación electoral con perspectiva de género que servirá para las próximas elecciones.
 
El próximo año en el Estado de México se elegirá gobernador, en Coahuila gobernador, diputaciones y ayuntamientos; en Nayarit se renovará gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y regidurías; y en Veracruz sólo se votará para elegir ayuntamientos. 
 
Al respecto, las activistas manifestaron su preocupación por el incremento de las agresiones contra mujeres que ejercen cargos de elección popular por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a aprobar de inmediato las reformas necesarias para tipificar la violencia política por razón de género como delito grave.
 
En este encuentro se analizó en detalle la situación que enfrentan María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, quienes fueron obligadas a separarse de sus cargos mediante violencia política, violencia institucional y violencia social.
 
En fechas distintas, hace mes y medio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata restitución de los derechos políticos de las alcaldesas, pero las sentencias aún no han sido ejecutadas porque las autoridades argumentan que no hay condiciones para hacerlo.
 
La Red hizo un llamado a las autoridades correspondientes a facilitar el proceso para que ambas presidentas municipales puedan reanudar sus funciones y observaron que el cumplimiento de esa sentencia tendrá implicaciones sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas de todo el país.
 
La Red actualmente conformada por organizaciones de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Morelos, fue fundada en agosto de 2015 con el fin de promover el avance político de las mujeres y tutelar el principio de paridad de género.
 
En el encuentro también participaron el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa y la senadora Martha Tagle.
 
16/AGM/LGL