presupuesto

Tras el trabajo de incidencia de las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, el pleno de la Cámara baja aprobó este fin de semana un presupuesto de 47 mil 918 millones de pesos (mdp) para los programas de igualdad, mientras el Ejecutivo había propuesto 28 mil 93 millones de pesos para cerrar las brechas de género.

Este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó otorgar 28 mil mdp para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobado para este año cuando recibió poco más de 27 mil mdp.

El proyecto planteaba un incremento de apenas 2 por ciento lo que llevó a legisladoras y mujeres organizadas a denunciar la disminución real de los recursos etiquetados, creados desde 2008 para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas.

En octubre las diputadas Laura Plascencia Pacheco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hortensia Aragón Castillo, de la Revolución Democrática (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano (MC), llamaron a unir esfuerzos para recuperar el objetivo de los recursos etiquetados.

En una reunión con organizaciones civiles las legisladoras señalaron que a una década de que se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para fomentar la igualdad, este mecanismo no estaba cerrando las brechas de desigualdad.

En 2008 se destinaron 9 mil 631.4 mdp para dicho Anexo y para 2017 la cifra ascendió a 27 mil 424.6 mdp, lo que representa una tasa media de crecimiento anual real de 12.3 por ciento, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado.

Las diputadas destacaron que había programas que no estaban enfocados en promover la igualdad, como los apoyos sociales otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o los cursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Finalmente este 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2018 con un incremento de 68 por ciento al propuesto para programas que impulsan la igualdad entre mujeres y hombres.

Así el monto se duplicó al pasar de 28 mil 93 mdp propuestos por el Ejecutivo a 47 mil 918 mdp. El mayor presupuesto de igualdad de género.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Plascencia Pacheco, declaró que este presupuesto beneficiaría a las mexicanas porque considera incrementos a los montos para garantizar una vida libre de violencia y el empoderamiento económico, entre otros temas.

El decreto de PEF, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, especifica que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revisará las Reglas de Operación de los programas del Anexo 13, a fin de verificar su alineación con los compromisos internacionales ratificados por México.

Con las modificaciones realizadas por el Legislativo, incrementan montos a programas como el de “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que tenía proyectado 144 mdp y que ahora recibirá 256 mdp.

Con ello deberá diseñar la política pública en materia de igualdad; encargarse de la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

El programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, también tuvo incremento, contará con 2 mil 321 mdp. Con estos recursos el Centro deberá disminuir la mortalidad por cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, cáncer de ovario y cáncer de pulmón a través de la atención, la investigación y la adquisición de material; también deberá capacitar en servicios de planificación familiar y compra de anticonceptivos así como en acciones a favor de la salud perinatal y durante el embarazo, entre otras.

En contraste, el Ramo 20 de Desarrollo Social, criticado por organizaciones civiles por enfocarse en programas asistencialistas, seguirá concentrando el presupuesto de igualdad pues de tener una proyección de 11 mil mdp ahora recibirá casi el doble, con 20 mil mdp.

Los recursos de la Sedesol han ido incrementando. Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, detalla que de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento. Para 2018 el programa con más recursos de Sedesol será el de Pensión para Adultos Mayores que recibirá una bolsa de 14 mil 658 mdp.

Según el dictamen del PEF, se recibieron 58 peticiones para incrementar 5 mil 345 mdp en materia de igualdad de género. Durante la discusión del decreto se presentaron por lo menos cuatro reservas para aumentar recursos a programas de salud y violencia contra las mujeres; sin embargo ninguna fue aprobada.  

Por ejemplo la diputada de Morena, Concepción Villa González, presentó una reserva para aumentar 103 millones 676 mil 903 pesos al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva y 11 mdp a la prevención del embarazo en adolescentes. Ambas fueron rechazadas.

La legisladora también planteó aumentar 8 millones 240 mil 206 pesos en el programa para el Desarrollo de Profesional de Docentes, enfocado a sensibilizar y formar al personal de servicio profesional docente para contribuir y mejorar las prácticas educativas con perspectiva de género, pero también fue descartada.

El diputado de Morena, Renato Molina Arias, criticó que para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres se propuso destinar solo 144 mdp, menos que hace un año, cuando se destinaron 171 mdp a este rubro, por ello propuso un incremento de 150 millones de pesos adicionales a los dictaminados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero la reserva no se admitió.  

A fin de transparentar el destino de los recursos el decreto también señala que una vez publicado el documento, el Inmujeres debe comunicar a cada dependencia y entidad los montos detallados por programa presupuestario y unidad responsable del ejercicio de los recursos.

17/AGM/LGL

El próximo año la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría concentrar 39 por ciento de los recursos destinados a la igualdad de género toda vez que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone otorgarle 11 mil 50 millones de pesos (mdp).

Desde 2008 cuando se creó el gasto etiquetado para cerrar las brechas de desigualdad, Sedesol es la secretaría de Estado que recibe más recursos del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tendencia que podría continuar el siguiente año. 

En el proyecto de presupuesto que analiza la Cámara de Diputados  contemplan 11 mil 50 millones de pesos (mdp) para el Ramo de Desarrollo Social, es decir, 434 mdp más que los que recibió este año cuando obtuvo 10 mil 615 mdp.

Estos recursos se ejercen en la operación de seis programas destinados a mejorar la vida de las mexicanas: Articulación de políticas integrales de juventud; fomento a la economía social; coinversión social; el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y pensión para adultos mayores.

Sedesol ha ido incrementando su presupuesto año con año, por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento.

MÁS RECURSOS A PENSIONES

La bolsa destinada a Desarrollo Social se concentra en el programa “Pensión para Adultos Mayores” y “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, los cuales en 2017 representaban 87.5 por ciento de los recursos del Ramo.

La primera de estas políticas apoya a las personas, mujeres y hombres, de 65 años de edad en adelante que no reciban pensión mayor a mil 92 pesos mensuales por jubilación o de otro tipo.

La dependencia estima que en 2017 había aproximadamente 6.8 millones de personas que estaban en esta condición, de las cuales 3.1 millones eran mujeres y 3.7 millones hombres.

De acuerdo con el padrón de beneficiarios, 2 millones 54 mil 84 son hombres y 3 millones 98 mil 440 son mujeres, es decir, ellas conforman 60.13 por ciento de la población atendida por Sedesol.

Por otra parte, se proyectan recortes al PAIMEF, programa que otorga recursos a los institutos de las mujeres de los estados a fin de que operen y promueven acciones a nivel estatal y municipal para erradicar la violencia de género. Aun así se proyecta un monto de 263 mdp, una reducción de 40 mdp con respecto al año pasado cuando recibió 303 mdp. 

17/AGM/LGL

A una década de que se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para fomentar la igualdad, este mecanismo no está cerrando las brechas ni mejorando la vida de las mujeres por lo que diputadas de distintos partidos políticos coincidieron en la necesidad de replantear cómo se distribuyen estos recursos.

Las diputadas Laura Plascencia Pacheco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hortensia Aragón Castillo de la Revolución Democrática (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos de Movimiento Ciudadano (MC) llamaron a unir esfuerzos para recuperar el objetivo de los recursos etiquetados, así lo señalaron durante una reunión que realizaron con integrantes del Frente Feminista Nacional.

En 2008 la Cámara de Diputados comenzó a asignar recursos para dar cumplimiento a las demandas feministas que señalaban la necesidad de destinar dinero a las acciones para fomentar el ejercicio de derechos como salud o vivienda, combatir la violencia de género y fomentar la participación económica de las mujeres, entre otros temas marcados en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con la investigación “Evolución del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres”, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, desde 2008 el Anexo específico para igualdad ha ido en aumento.

En 2008 se destinaron 9 mil 631.4 millones de pesos (mdp) para igualdad y para 2017 la cifra ascendió a 27 mil 424.6 mdp lo que representa una tasa media de crecimiento anual real de 12.3 por ciento.

Sin embargo, destaca el estudio, estas erogaciones representan apenas 0.6 por ciento del gasto neto total aprobado en este lapso; a esto se suma el subejercicio de recursos, eliminación de programas o programas sin indicadores que midan su impacto. Sin embargo, el decreto de presupuesto de cada año indica que el Instituto Nacional de las Mujeres debe entregar reportes trimestrales del gasto en igualdad a la Cámara de Diputados.

Después de 10 años de recursos etiquetados la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Plascencia Pacheco, dijo que el objetivo se ha desvirtuado pues desde hace algunos años el proyecto que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados para su aprobación, incorpora programas que no están relacionados con la igualdad.  

La legisladora dijo que hay programas sin indicadores que midan el impacto real de los montos aunque en general el presupuesto tiene indicadores de gestión que no evalúan los resultados. Por ejemplo, en su opinión el programa de guarderías que opera la Secretaría de Desarrollo Social es un derecho social y no una acción afirmativa por lo consideró que no debería estar en el Anexo 13.

Otra dependencia que recibe recursos del Anexo 13 es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que en el proyecto de presupuesto de 2016 presentó un incremento nominal de 28.39 por ciento respecto al presupuesto asignado en 2015 cuando recibió poco más de 2 mil 891 millones mdp.

Plascencia Pacheco señaló que falta mucho por hacer porque todavía se siguen etiquetando recursos para programas que no están relacionados con la igualdad mientras que otros programas que sí están encaminados a combatir la violencia de género no alcanzan ni 10 por ciento del total del Anexo 13, aunque no mencionó cuánto dinero representa esté porcentaje ni a qué programas se refería. 

En la reunión con activistas que se realizó a finales del mes de octubre, la diputada Hortensia Aragón señaló que el Anexo 13 ha perdido el sentido por el cual fue creado, por ello destacó que hay que recuperar su versión original encaminada a compensar la falta de perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

A decir de la legisladora perredista hay que mantener el presupuesto etiquetado para la igualdad pero también es necesario repensar hacia dónde se destinan los recursos y dejar de especular que estos montos deben ser distribuidos en programas que atienden a mujeres y hombres, sólo deben estar las acciones enfocadas en las ciudadanas, consideró.

Sin embargo señaló que lo más difícil es dar seguimiento al ejercicio de los recursos porque una vez asignados la Cámara de Diputados tiene una capacidad limitada para revisar el impacto en la vida de las mujeres, y es que si bien reciben reportes trimestrales, estos documentos deben ser cotejados por un equipo experto.

Es de destacar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2018 tiene previsto alrededor de 28 mil millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobada para este año. Sin embargo en términos reales, es decir, tomando en cuenta la variación de los precios de un año a otro, es un incremento de sólo 2 por ciento.

Al respecto la diputada Candelaria Ochoa dijo que hace 10 años se logró crear el Anexo específico dentro del presupuesto federal pero advirtió que actualmente, como sucede con los Institutos de las Mujeres, no está respondiendo a la necesidad de combatir la desigualdad.

Según un análisis de la legisladora el actual Anexo 13 representa apenas 0.5 presupuesto general a pesar de que las mexicanas son el 52 por ciento de la población.

Ochoa Ávalos señaló además que las Secretarias de Estado son quienes deciden cuánto destinan a cada programa o proyecto y allí no hay intervención de las legisladoras, quienes tienen que cabildear con otros diputados y comisiones para evitar los recortes.

En este caso el PPEF aún debe ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados el próximo 15 de noviembre.

La diputada de MC señaló que hay que hacer un análisis serio y puntual de en qué se ejerce el Anexo 13 y revisar cuales son las razones para dar más dinero a ciertas acciones, a fin de verificar, por ejemplo, por qué la Sedatu recibe recursos de este Anexo para realizar capacitaciones sobre violencia de género cuando su tarea es el desarrollo urbano.

Las legisladoras coincidieron en que es necesario tener una contraloría ciudadana, como lo propuso el Frente Feminista Nacional, propuesta que está en análisis ahora que se revisa la integración del presupuesto para 2018.

17/AGM

Mientras el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que analiza la Cámara de Diputados, contempla recortes a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, también propone incrementos a dependencias que no fueron creadas para promover la igualdad de género.

El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF propone aumentos a programas operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por las Secretarías de Energía (Sener) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencias que no tienen como mandato principal cerrar las brechas de género.

De acuerdo con el documento, que debe ser aprobado el próximo 15 de noviembre, el DIF recibiría de la Secretaría de Salud 52 millones 112 mil 370 pesos para el programa de Apoyos para la “protección de las personas en estado de necesidad”, política pública que otorga apoyos económicos o en especie a la ciudadanía.

En 2017 este programa recibió 19 millones 58 mil 443 pesos y para 2018 podría recibir 25 millones 112 mil 370 pesos, es decir, un incremento de 173 por ciento.

Sin embargo las acciones de este programa tampoco se enfocan en las mujeres toda vez que tiene una población objetivo de 2 mil 620 mujeres y 2 mil 620 hombres. Según los informes que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), al primer trimestre de este año se atendió a 621 mujeres y 528 hombres.

Destaca que en el Anexo 13 -creado en 2008 para promover el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres- contempla aumentar los recursos para el programa de Infraestructura de Sedatu, una dependencia encargada de atender las demandas de vivienda y urbanización.

A través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios y la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, Sedatu opera este programa que en 2017 recibió 397 millones 531 mil 191 pesos y que tiene planeado recibir una bolsa de 475 millones 394 mil 841 pesos.

Aunque el objetivo de esta política es mejorar las condiciones en las que viven las mujeres, en realidad los recursos se utilizan (de acuerdo con la información que la dependencia entrega en sus informes trimestrales a la SHyCP) para dar cursos y talleres sobre el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias; para prevenir la violencia en el noviazgo, la violencia familiar y prevención de embarazos en adolescentes, actividades que también realizan los institutos estatales de las mujeres; el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud.

Otra de las dependencias con un aumento de recursos para operar dos programas, es la Sener: el de Actividades de apoyo administrativo y el de Coordinación de la política energética en electricidad.

A través del primer programa se realiza capacitación “que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género”, el cual obtuvo 8 mil 649 pesos y que ahora recibiría 25 mil pesos. El segundo programa consiguió 286 mil 371 pesos este año y ahora se le otorgaría un millón de pesos.

Estos recursos se ejercen para la operación de la Unidad de Igualdad de Género de la dependencia y en acciones para fomentar una cultura institucional de igualdad y capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.

Mientras el Ejecutivo a través de la SHyCP propone estos incrementos, otros programas tienen recortes, como el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que pasará de 171 mdp en 2017 a 144 mdp en 2018.

Por medio de la operación de este programa la Conavim tiene la tarea de diseñar la política pública en materia de igualdad; la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

Este año el gasto para las “Acciones de coadyuvancia para las Alertas de Género” tuvieron un presupuesto de 23 millones 100 mil 216 pesos pero para 2018 tendrían 8 millones 245 mil 84 pesos, es decir un recorte de 64 por ciento a pesar de que hasta el tercer trimestre de este año la Conavim admitió seis solicitudes de declaratoria de AVG.

17/AGM/LGL

Durante los cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto se han recortado cerca de 40 mil millones de pesos (mdp) al presupuesto del sector salud por lo que organizaciones civiles pidieron a la Cámara de Diputados que no avale un recorte más en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF).  

La Red de Acceso para la defensa del presupuesto de salud, integrada por 15 organizaciones que representan a pacientes y trabajan por el derecho a la salud, advirtió que el proyecto de PEF del próximo año propone un recorte de por lo menos 13 mil mdp en comparación con el monto aprobado hace dos años, en 2015, cuando se asignaron casi 135 mil mdp.

En una reunión realizada la semana pasada con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las organizaciones dijeron que es necesario fortalecer el sistema nacional de salud para que pueda actuar de manera rápida ante cualquier contingencia y para que día a día garantice el bienestar de la ciudadanía.

La Red de Acceso, integrada por organizaciones como Trasplante y Vida, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística o la  Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide,  recordó que la salud es un derecho garantizado por los Artículos 1 y 4 constitucional.

Para estas asociaciones la falta de recursos se transforma en graves deficiencias en la atención de la ciudadanía ya que clínicas y hospitales rebasan su capacidad o pasa mucho tiempo para que las personas sean atendidas por médicos especialistas a pesar de que requieren de atención inmediata.

Precisaron que los montos son necesarios para garantizar personal, material, instrumental, medicamentos e infraestructura por lo que exhortaron al legislativo federal a garantizar que el presupuesto aprobado en salud para 2018, por lo menos no disminuya y se sostenga cada año.

Si bien el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, documento que contempla los montos destinados a cerrar las brechas de desigualdad, proyecta alrededor de 5 mil 287 mdp para salud, también incluye recortes a áreas como salud materna, sexual y reproductiva.

En este contexto, la Red de Acceso señaló que debido al crecimiento poblacional y la demanda epidemiológica, los recursos planteados en el proyecto de PEF 2018 son insuficientes para atender las necesidades, más cuando México es de los países que menos invierten en salud, ya que en este rubro de inversión ocupa el lugar 32 de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las organizaciones también plantearon que en México el gasto de bolsillo, es decir lo que la gente paga por atención médica, representa 45 por ciento de total del gasto en salud, lo que significa que ante la falta de inversión del gobierno, las personas gastan más para cuidar su vida y la de sus familias.

La Red de Acceso también apuntó la urgencia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los recursos destinados a salud cubran la demanda epidemiológica y calidad en los servicios.

17/AGM/LGL

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 prevé alrededor de 28 mil millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobado para este año.

Aunque al parecer hay un ligero aumento del presupuesto etiquetado para promover la igualdad y hacer frente a la violencia de género, el PPEF enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también contempla recortes a rubros como Gobernación y Salud.

En 2016 la Cámara de Diputados aprobó en el Anexo de igualdad un monto de 213 millones 185 mil 374 pesos para la Secretaría de Gobernación. Esos recursos se usarían para seis programas enfocados a prevenir la violencia de género y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

Para el próximo año este mismo rubro tiene previsto un recorte al contar con 179 millones 754 mil 388 pesos. Entre los programas afectados está el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y que tendría 144 mdp cuando este año obtuvo 171 mdp.

La Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación, tiene entre sus tareas la construcción  y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, la atención de casos de violencia a través de una línea telefónica y la tramitación de las solicitudes de Alertas de Violencia de Género.

Otro programa afectado será el de Derechos Humanos que este año contó con 19 mdp y que tiene previsto 12 millones 972 mil pesos. En este programa presupuestario está involucrada como dependencia coordinadora la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob.

En el rubro de salud de las mujeres también hay recortes toda vez que en este 2017 se aprobaron 5 mil 132 millones 523 mil pesos y aunque para el siguiente año se prevén 5 mil 287millones 655, dos de los programas que tendrán menos recursos son el de Rectoría en Salud y el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva.

Este año el programa de Rectoría en Salud, que se enfoca en la planeación y desarrollo de infraestructura en salud, obtuvo mil 739 mdp pero para 2018  se prevé una reducción al pasar a  mil 663 mdp.

También con recortes está el programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), pues para el siguiente año se consideran dos mil 128 mdp mientras que este año recibió dos mil 129 mdp.

Desde 2003 el CNEGySR coordina los programas relacionados con salud reproductiva, salud materna y perinatal, Cáncer de Mama y Cérvico Uterino, planificación familiar y salud reproductiva de adolescentes.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano que puede opinar sobre el diseño del PPEF a fin de que en la discusión y aprobación del presupuesto se hagan recortes o ampliaciones.

17/AGM

El cabildo de Juchitán por “acuerdo unánime” contempló destinar 8 de los 65  millones de pesos que recibió de la empresa Eólica del Sur al área de seguridad pública de siete agencias municipales pero no tomó en cuenta el rezago social y la marginación que vive una de ellas: Santa María del Mar, donde desde hace dos años alrededor de 862 habitantes no tienen energía eléctrica ni drenaje y cuentan con un mal servicio de agua potable.
 
Desde hace 8 años esta comunidad de origen huave vive un conflicto de límites territoriales con sus vecinos de San Mateo del Mar y no tienen acceso vía terrestre a la zona, solo lo hacen por el mar. En enero de este año tres personas murieron tras volcarse una lancha.
 
Las siete agencias municipales de Juchitán, Álvaro Obregón, Chicapa de Castro, La Venta,  La Ventosa, Playa Vicente, Santa María del Mar y Ejido Zapata, solo contarán con 8 millones de pesos para el programa “Reforzamiento del área de seguridad pública municipal y de señalización vial en Juchitán y sus agencias municipales” pero no habrá nada para obras de desarrollo social y programa de prevención a la violencia.
 
El municipio de Juchitán recibió hace unas semanas 65 millones de pesos de parte de la empresa Eólica del Sur como parte de un pago por otorgar el permiso de uso de suelo y licencia de construcción para uno de los parques eólicos más grandes que tendrá Oaxaca y Latinoamérica, propiedad de Mitsubishi.
 
En el tema de los derechos de las mujeres, el cabildo solo destinó un millón de pesos para el programa de salud pública en apoyo a la mujer el cual contempla la adquisición de un colposcopio  y pruebas de Papanicolaou para la detención del cáncer.
 
En conferencia de prensa, la alcaldesa Gloria Sánchez López  informó que, por “acuerdo unánime”, los concejales destinaron  9 millones de pesos para la sustitución y rehabilitación del drenaje en las secciones de Juchitán.
 
En el año 2015, el Fondo Regional (Fonregión) destinó al municipio juchiteco, que en ese entonces gobernaba Saúl Vicente Vásquez,  4 millones 571 mil 791 pesos con 97 centavos por concepto de “Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario Colapsado” pero hasta el momento no se informado de si fue aplicado o no.
 
Además los concejales también consideraron la adquisición por 6 millones de pesos para  adquirir espacios para panteones y acondicionarlos debido a que informaron que los dos que se encuentran (Miércoles Santo y Domingo de Ramos) están saturados.
 
El monto mayor que ocupa casi la mitad de los 65 millones de pesos, es decir 32 millones de pesos es para la compra de un terreno para la reubicación del comercio en la vía pública y  un programa de vigilancia, sin que se haya presentado un dictamen técnico por un urbanista especializado.
 
También se destinará un millón de pesos para acciones del problema de la basura de Juchitán cuando se supone que en 2015, con recursos de Fonregión, el ex alcalde de Juchitán, Saúl Vicente Vásquez, recibió 37 millones de pesos para que se construyera y equipara un planta de tratamiento y valorización integral de residuos sólidos urbanos, el cual no funciona porque no fue concluida.
 
Los concejales juchitecos asignaron 3 millones de pesos para el programa de rescate y fortalecimiento y de la lengua zapoteca, al igual 3 millones para educación y capacitación para el trabajo dirigido a jóvenes, 2 millones para el programa de conservación y mantenimiento del entorno urbano y finalmente un millón de pesos para el programa de salud pública en apoyo a la mujer.
 
La alcaldesa de Juchitán anunció que las obras se realizaran por licitación y a través de su portal de transparencia dará a conocer la lista de constructores de dichas obras y de ejecutores de proyectos.
 
17/DM

Hoy en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Nacional de Refugios (RNR) hizo un llamado al Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para que el próximo año no exista una disminución al presupuesto asignado para los refugios y sus Centros de Atención Externa (CAES).
 
En un comunicado, la RNR demandó que las mujeres-quienes conforman más del 50 por ciento de la población mexicana- sean una prioridad en la agenda política del país; por lo que pidió legislar y asignar recursos adecuados para la prevención, atención y eliminación de la violencia de género desde el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género.
 
Mencionó que la falta de un presupuesto con perspectiva de género es un obstáculo para responder a las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), para que las mujeres gocen de una vida sin violencia y se promueva la Igualdad sustantiva.
 
Actualmente, a pesar de que las autoridades mexicanas están obligadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, han sido incapaces de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, señaló la Red.
 
Indicaron que uno de los principales problemas para combatir la violencia de género, radica en la falta de acceso a la justicia, sumado a la falta de armonización en las leyes de cada estado y la falta de coordinación de las autoridades.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país 63 de cada 100 mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia y en promedio 7 mujeres son asesinadas diariamente.
 
Asimismo una de cada seis mujeres mayores de 15 años vive violencia en su relación de pareja (Inegi, agosto 2015), y una de cada 4 mujeres ha vivido discriminación laboral (ONU Mujeres, 2015). 
 
Recordaron que las organizaciones civiles han presionado a las autoridades para que diseñen diversos mecanismos que protejan a las mujeres, como por ejemplo la Alerta de Violencia de Género (AVG) que si bien se ha solicitado en algunos estados, se niegan a implementarla.
 
Otro mecanismo que surge de la sociedad civil para proteger a las mujeres son los refugios y sus CAES que atienden a mujeres víctimas de violencia, y en su caso a sus hijas e hijos.
 
En Latinoamérica, México es el único país que cuenta con una RNR integrada por 43 Organizaciones tanto de gobierno como de la sociedad civil que representa a más del 50 por ciento de los refugios del país.
 
Sin embargo, señaló la RNR, “aún los refugios no están dentro de la política pública del Estado Mexicano, y no se contemplan como un programa específico y especializado que deba tener un presupuesto etiquetado anualmente, por lo que cada año este presupuesto está en riesgo y sólo se accede a él a través de convocatorias”.
 
Por ello “es imprescindible contar en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un fondo revolvente para el fortalecimiento, operatividad  y continuidad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa”.
 
Finalmente, la RNR constituida legalmente en 2004, pidió la activación inmediata de las AVG en donde las organizaciones civiles la han demandado, entre ellos en San Luis Potosí y que se implemente una política de Estado post-refugio para la restitución de los Derechos Humanos de las mujeres como ciudadanas: casas de transición, fomento económico, acceso a la salud, educación y todo lo necesario para fomentar su bienestar y su desarrollo integral, y en su caso, de sus hijas e hijos.
 
16/GMV/LGL
 

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) habría solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en 2017 proyectara 286 millones de pesos (mdp) para los refugios que atienden a víctimas de violencia de género, monto que a decir de la Red Nacional de Refugios sería insuficiente.
 
La cifra propuesta para ser considerada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 es la misma que la Cámara de Diputados aprobó para este año, lo que significa un retroceso toda vez que el monto en sí ya era insuficiente y además se prevé que la demanda de estos refugios aumente el próximo año.
 
Esa es la conclusión de la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, que agrupa a 44 de estos refugios, dijo a esta agencia después de firmar un Convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) para agilizar la atención de las mujeres que buscan salir de la violencia de género.
 
Aún más grave, advirtió, es que de los 286 mdp aprobados para este 2016 a la fecha faltan por ejercer 11 mdp, un monto que –aunque parece poco– es valioso para los 51 refugios que este año fueron financiados porque lo invierten en pagos que van desde productos de higiene y medicamentos para las víctimas hasta capacitaciones para ellas.
 
Figueroa Flores detalló que cada refugio recibe un financiamiento distinto de acuerdo a la cantidad de mujeres, niñas y niños que atiende así como a las necesidades del lugar, sin embargo señaló que no queda claro cuáles son los lineamientos de las instituciones para determinar quién recibe más o menor financiamiento. 
 
En general los refugios utilizan el presupuesto para alimentación, vestido, atención médica, jurídica, social; capacitación para el empleo; pago de honorarios para las profesionales que atienden a las mujeres; compra de sábanas y colchones; insumos de higiene personal y todo lo que se puede necesitar en una casa, y en menor porcentaje al mantenimiento del lugar.
 
La Red Nacional de Refugios solicitó información al CNEGySR sobre el retraso en la distribución de este monto pero no tienen respuesta; por el contrario, en reuniones con funcionarios se han enfrentado al cuestionamiento de si esta Red representa a todos los refugios del país.
 
Al respecto, la directora de la Red señala que ellas validan a 44 refugios aunque en el país han contabilizado que existen 56, sin contar los que desde su punto de vista no tienen un adecuado modelo de atención, con lo que la cifra asciende a 72. Este año el CNEGySR financió a 51 centros, de los cuales 39 son parte de esta alianza ciudadana.
 
De acuerdo con la activista, un presupuesto adecuado para 2017 sería de 370 mdp, monto que serviría para cubrir las necesidades de las  organizaciones que atienden y albergan a víctimas de violencia de género.
 
Apenas en junio de este año el senado hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que revise el ejercicio de estos recursos, que de 2014 a 2016 pasaron de 350 millones a 282 millones aproximadamente; ya que ha sido imposible acceder al dato exacto de lo presupuestado en el PEF 2016.
 
16/AGM/LGL

Entre los recursos que aún se contabilizan para “atender” a las víctimas de violencia de género y para la formación y capacitación en género para funcionarios, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) subsiste bajo la amenaza de ser recortado por la Cámara de Diputados, sin que se hable de la urgencia de transparentar e involucrar a la sociedad en la rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos.
 
En su portal, el Instituto de Desarrollo Social da cuenta que el PAIMEF es para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y en su caso hijas, hijos y personas allegadas; además de sus tres líneas de intervención como son: Institucionalización de la prevención y la atención, Prevención con la población en general, y Atención, a través de servicios de atención sicológica y jurídica.
 
Son las organizaciones feministas, las feministas, las que han dado la batalla para obtener los recursos para atender y prevenir la violencia, pero el impacto del ejercicio de esos recursos y su revisión del costo-beneficio, el perfil de quienes participan en los proyectos como profesionistas, las organizaciones o prestadores de servicio que realizan trabajo especializado, no ha sido supervisado ni evaluado y hay poca información en las páginas web de las IMEF sobre los concursos, convocatorias y licitaciones o adjudicaciones directas de estos recursos.
 
El riesgo es que se utilice la crítica que se ha hecho a la forma de ejercer los recursos en algunas entidades - que no en todas -en forma discrecional y sin resultados objetivos y concretos, para reducir los recursos. No. No se deben admitir recortes a los fondos para atender un problema prioritario y urgente para el país como lo es la violencia contra las mujeres.
 
Pero de la misma forma, es inadmisible que se autoricen los recursos sin que la Auditoría Superior de la Federación y el propio Congreso de la Unión no establezcan nuevas reglas de operación en los que se apueste por el uso eficiente, transparente, responsable y con objetiva y probada perspectiva de género.
 
Más aún, la sociedad, especialmente las mujeres, tenemos el derecho de exigir que las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas empiecen a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil feministas –de verdad- y no enlisten todas sus acciones y gastos con “organizaciones afines” a partidos políticos, a grupos religiosos o sin perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos para el ejercicio de los recursos.
 
Si las diputadas y diputados realmente quieren hacer algo positivo, deben eficientar el uso de los recursos con Reglas de Operación que obliguen a las Instancias de las Mujeres a rendir cuentas ante la sociedad civil organizada, especialmente y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Artículo 31, fracción XXII Recibir y evaluar de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación) con organizaciones con trayectoria probada en defensa de los derechos de las mujeres.
 
No son los recortes, insisto, sino que cada peso –así fuera uno- que se ejerza en la atención de la violencia contra las mujeres no se utilice bajo criterios subjetivos, personales o de prejuicios, sino que se establezcan indicadores de trayectoria sujeta a escrutinio público de las organizaciones de la sociedad civil que ejecuten estos recursos en los proyectos.
 
¿Por qué insistir en esto? Porque la queja permanente en muchos estados es que se ejercieron esos pesos o muchos pesos, en proyectos que en papel –que todo aguanta- cumplen con el ejercicio, pero no abonan de ninguna forma -y la realidad así lo demuestra- a modificar la violencia que viven las mujeres de algunas entidades.
 
Al igual que el fondo de Transversalidad, urge que las Reglas de Operación consideren, reconozcan e incorporen el involucramiento de la sociedad civil representada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres.
 
Todavía recuerdo haber escuchado en una entidad, que una organización especializada en gerontología brindaba un Seminario de Comunicación y Sexismo, impartido por supuesto por una especialista en gerontología en cuyo currículo no había una sola referencia a esta temática. Y como ese, muchos ejemplos por todo el país.
 
Si lo que quieren es recortar como advierte su directora, Angélica Luna Parra, no sólo es eso lo que nos debe preocupar; nos preocupa más que se continúe ejerciendo –lo que quede- de la forma como se ha venido haciendo en muchas entidades en las que se las ingenian para resolver formatos y cumplir con auditorías. Pero la realidad sigue intacta con escasos cambios en algunas entidades donde sí se aplican criterios objetivos.
 
No es cosa menor, se trata de que las diputadas se asomen en ese rubro y apliquen mecanismos de auditoría ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, que se cumpla con ejecutar los recursos de verdad para y por las mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL