Refugios

Grupos de mujeres abren refugios y centros de atención para mujeres, niñas y niños en situación de violencia extrema; inician con sus propios recursos porque el senado, los gobernadores, los congresos de los 32 estados siguen sin entender y atender sus responsabilidades. Son las activistas que hasta la fecha han fundado 43 refugios para víctimas, junto con un puñado de personas éticas infiltradas en el servicio púbico, quienes lograron vínculos profesionales entre las instancias de Salud y Desarrollo Social con las organizaciones civiles para crear un registro adecuado de defensoras civiles y de víctimas.
 
Por si fuera poco, la idea de las feministas de que se necesitaba una ley general para abordar adecuadamente la violencia contra mujeres y niñas, desde la comprensión hasta la prevención, atención y estrategias para erradicarla, se hizo realidad cuando las activistas, filósofas y expertas en feminismo y jurisprudencia se infiltraron, como heroínas salvadoras del país, en el Congreso de la Unión.
 
Crearon la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; una regulación de tal factura que no deja nada fuera y exige, con procedimientos específicos y fechas límites, que todos los congresos locales la aprueben y apliquen. ¿Quién sabotea la ley? Los gobernadores, algunos legisladores y jueces estatales que se niegan a obedecer los nuevos paradigmas jurídicos. Todos ellos viven de nuestros impuestos.
 
Desde la Ciudad de México, pasando por Cancún, Morelos y Sinaloa, la gente sale a las calles para con recursos propios construir topes frente a las escuelas, tapar baches, sembrar árboles, poner botes de basura y mejorar parques. Sí, porque la autoridad local está ocupada robándose el dinero. ¿Quién los regaña? La policía que, en algunos lugares, ha exigido que destapen el bache de nuevo o les llevarán a la cárcel. Esa policía que vive de nuestros impuestos.
 
En Sinaloa, hartos de ser señalados siempre como la cuna del crimen organizado, sin reconocer la extraordinaria fuerza de la sociedad civil por promover la cultura de la legalidad y por educar a niñas y niños contra la corrupción, un grupo de jóvenes (activistas, empresarios y periodistas) aplicó metodologías de primera para documentar la violencia cotidiana. Su nombre es #VePorSinaloa y lograron demostrar con precisión los tipos de violencia y el serio incremento de asesinatos dolosos (de hombres y mujeres). El trabajo es impecable, no solamente cruzan información oficial, investigan y explican con claridad dónde y cómo incrementa la violencia, con propuestas concretas y factibles para que toda la sociedad se involucre en la prevención de la violencia y en la impartición de la justicia con reparación del daño.
 
El llamado al gobernador Mario López Valdez (Malova), sigue sin respuesta, veremos qué responde el gobernador electo Quirino Ordaz Coppel quien asume el cargo en diciembre y ya tiene este informe. Todos estos servidores públicos viven de nuestros impuestos. 
 
No existe un estado de la República Mexicana, de Veracruz a Nayarit, de Chiapas a Sonora, de Baja California a Guerrero y Yucatán, en que la sociedad civil no haya creado en la última década nuevos paradigmas de ciudadanía, desarrollado nuevos modelos de atención a víctimas, de protección a niñas y niños, de detección de delitos, de compilación de información, de localización de fosas clandestinas donde yacen miles de personas registradas como desaparecidas. Nunca antes la Suprema Corte de Justicia había recibido tanta atención y exigencia de la ciudadanía.
 
Aquellos institutos de las mujeres que en realidad funcionan son los dirigidos por mujeres apartidistas que están preparadas y tienen grandes convicciones cívicas y éticas. Nunca como ahora las y los periodistas no alineados al poder se han dedicado a capacitarse para comprender cómo documentar los Derechos Humanos, mientras aprenden a proteger su integridad a razón de amenazas de muerte y ataques gubernamentales para desprestigiarles.
 
Nunca en los últimos 40 años había visto a una sociedad tan unida al rescate de este país tan abandonado por sus gobernantes. Nunca en estas décadas había visto a tantos políticos tan unidos con la delincuencia organizada, encabezados por su presidente, promotor de la corrupción como un recurso cultural propio de los partidos políticos. Recorrer el país me ha recordado el verdadero poder de periodistas y sociedad civil, hartas, sí, pero inquebrantables.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) habría solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en 2017 proyectara 286 millones de pesos (mdp) para los refugios que atienden a víctimas de violencia de género, monto que a decir de la Red Nacional de Refugios sería insuficiente.
 
La cifra propuesta para ser considerada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 es la misma que la Cámara de Diputados aprobó para este año, lo que significa un retroceso toda vez que el monto en sí ya era insuficiente y además se prevé que la demanda de estos refugios aumente el próximo año.
 
Esa es la conclusión de la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, que agrupa a 44 de estos refugios, dijo a esta agencia después de firmar un Convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) para agilizar la atención de las mujeres que buscan salir de la violencia de género.
 
Aún más grave, advirtió, es que de los 286 mdp aprobados para este 2016 a la fecha faltan por ejercer 11 mdp, un monto que –aunque parece poco– es valioso para los 51 refugios que este año fueron financiados porque lo invierten en pagos que van desde productos de higiene y medicamentos para las víctimas hasta capacitaciones para ellas.
 
Figueroa Flores detalló que cada refugio recibe un financiamiento distinto de acuerdo a la cantidad de mujeres, niñas y niños que atiende así como a las necesidades del lugar, sin embargo señaló que no queda claro cuáles son los lineamientos de las instituciones para determinar quién recibe más o menor financiamiento. 
 
En general los refugios utilizan el presupuesto para alimentación, vestido, atención médica, jurídica, social; capacitación para el empleo; pago de honorarios para las profesionales que atienden a las mujeres; compra de sábanas y colchones; insumos de higiene personal y todo lo que se puede necesitar en una casa, y en menor porcentaje al mantenimiento del lugar.
 
La Red Nacional de Refugios solicitó información al CNEGySR sobre el retraso en la distribución de este monto pero no tienen respuesta; por el contrario, en reuniones con funcionarios se han enfrentado al cuestionamiento de si esta Red representa a todos los refugios del país.
 
Al respecto, la directora de la Red señala que ellas validan a 44 refugios aunque en el país han contabilizado que existen 56, sin contar los que desde su punto de vista no tienen un adecuado modelo de atención, con lo que la cifra asciende a 72. Este año el CNEGySR financió a 51 centros, de los cuales 39 son parte de esta alianza ciudadana.
 
De acuerdo con la activista, un presupuesto adecuado para 2017 sería de 370 mdp, monto que serviría para cubrir las necesidades de las  organizaciones que atienden y albergan a víctimas de violencia de género.
 
Apenas en junio de este año el senado hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que revise el ejercicio de estos recursos, que de 2014 a 2016 pasaron de 350 millones a 282 millones aproximadamente; ya que ha sido imposible acceder al dato exacto de lo presupuestado en el PEF 2016.
 
16/AGM/LGL