Derechos de las mujeres indígenas

Cada vez que Rubicelia Cayetano Pesado mira a los adolescentes ir a la escuela piensa que “una persona mayor informada por lo menos lo piensa dos tres veces” y por esa razón ha dedicado 17 años de su vida a difundir información sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas del municipio de Matías Romero, en el estado de Oaxaca.
 
“Nos dedicamos a promover los derechos de las mujeres indígenas, particularmente trabajamos con mujeres indígenas porque vimos la necesidad que tienen en conocer y reconocer que tienen derecho porque existe mucha discriminación”, dice a Cimacnoticias esta mujer hablante de mixe y  coordinadora del Centro de Derechos Humanos Nääxwiin. 
 
Con el nuevo siglo, en el año 2000, un grupo de mujeres indígenas provenientes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), una agrupación con más de 30 años de experiencia en procesos organizativos, decidieron salir de esa red y conformar un espacio propio enfocado en los derechos de las mujeres.
 
Entre estas mujeres estaba Rubicelia quien desde niña vio con un interés cómo su madre participaba en Ucizoni, hasta que ya a los 19 años se integró a esta organización. Así comenzó su trabajo en favor de los derechos de las mujeres, una actividad que, dice, le forjó el futuro porque le permitió estudiar, decidir cuándo casarse y cuántos hijos tener.
 
“Estar dentro de la organización digamos que me abrió puertas, me abrió puerta a la vida, por lo menos he decidido mi futuro o mi vida. Pienso que mi vida cambia  cuando entro a la organización porque me da el espacio para seguir estudiando, trabajando a la vez”. 
 
“TODAS CABEMOS”
 
Las mujeres que fundaron Nääxwiinc, palabra mixe que significa “espacio donde todas cabemos”,  imaginaron que era posible tener una red donde se apoyara a cualquier mujer y no sólo a las socias como ocurría en Ucizoni y además soñaban con un espacio donde se valorara la capacidad y las propuestas de las indígenas 
 
Rubicelia, Dora Ávila, Chayo Revueltas, Estela Vélez, Leticia José, Constanza Cruz y Cibeles García no perdieron el tiempo y comenzaron a dar forma a su idea hasta que en el año 2000 lo consiguieron.
 
En la región del Istmo donde era y es común que las mujeres sean golpeadas porque salieron de casa o la comida no está caliente, Rubiciela se dio cuenta que los hombres justificaban los golpes como una “llamada de atención a la mujer”; como algo normal, incluso ellas así lo veías, “que si eran maltratadas era porque no cumplían los roles que la sociedad les pedía”, dice. 
 
“Empezamos en 2003 a trabajar la prevención de la violencia que anteriormente no se hablaba como un tema, la violencia. En las comunidades se conocía como un maltrato y no se reconocía como un problema, sino como algo normal, como algo natural en que los hombres tenían ese poder de maltratar a las mujeres cuando supuestamente no obedecían”. 
 
La organización decidió trabajar la prevención de la violencia pero desde el tema de la salud de las mujeres, porque cuando llegaban a las comunidades y decían: “vamos a hablar de violencia”,  las mujeres no lo reconocían y los hombres lo veían como algo malo.
 

No podíamos hablar de derechos, poquito a poquito fuimos metiendo el tema de derechos: las mujeres tienen derechos a la educación, salud, los derechos básicos. CIMACFoto: César Martínez López.

 
"No podíamos hablar de derechos, poquito a poquito fuimos metiendo el tema de derechos: las mujeres tienen derechos a la educación, salud, los derechos básicos pero en particular los derechos como mujeres, que las mujeres también valemos lo mismo que los hombres y poco a poco se empieza a hablar de estos temas en la región”.
 
Hoy en día es más común que las defensoras de Derechos Humanos hablen de estos temas, den talleres o pláticas al respecto y aunque todavía hay algunos hombres que no lo ven bien, se ha extendido la idea de que las indígenas tienen derechos y valen lo mismo que sus pares varones.
 
EDUCACIÓN PARA EL FUTURO 
 
Además de la prevención de los derechos de las mujeres Nääxwiinc también promueve la salud sexual y reproductiva. Las mujeres van a las escuelas a dar talleres con los jóvenes para hacer conciencia de sus derechos, de su cuerpo, su plan de vida y de las implicaciones de la maternidad a edades tempranas.
 
“Nosotras que estamos trabajando con las escuelas, también damos platicas a madres y padres de familia para hablar sobre temas de sexualidad. Por ejemplo, un papá te dice 'los maestros están mal informando a nuestros hijos, hasta dibujos tiene de cómo va a tener relaciones sexuales', pero  más bien se está informando”.
 
Ahora la estrategia que están implementado, cuenta Rubiciela, es trabajar dos años con las y los jóvenes y la planta docente, en dos ciclos escolares para tener mejores resultados. “Cuando trabajamos con ellos es trabajar su plan de vida ¿que están pensando a futuro, están  pensando en formar una familia, en seguir estudiando?”.
 
La idea, dice, es hacer un trabajo coordinado, con maestros, familias y estudiantes.  “A ellos mismos a veces les da pena hablar del tema de sexualidad o a veces no cuentan con la mayor información o con las herramientas; a veces también por el miedo y el temor a los padres de familia”, asegura. 
 
Además la educación puede cambiar la vida como le pasó a ella, una mixe que pudo ser madre adolescente y quedarse en casa pero el destinó y sus deseos de ver más allá de su casa hizo que después de varios malabares lograra terminar la secundaria abierta y estudiar enfermería, una especialización que le dio herramientas para apoyar a sus hermanas indígenas.
 
VIOLENCIA SEXUAL
 
Como las indígenas viven situaciones diversas, ahora en Nääxwiinc han conocido de casos de abuso sexual a niñas, la activista dice que quizás antes no había estos casos no porque no sucediera sino porque era algo normal, natural y privado y ahora que la organización tiene una presencia consolidada en Matías Romero, una ciudad estratégica en la región, conocen de estos casos.
 
Este fortalecimiento también es porque coordinan la Casa de la Mujer Indígena, un proyecto que tomaron en 2013 cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) comenzó  con esta iniciativa de crear espacios para promover la igualdad de género en las zonas rurales.
 
Recientemente Rubiciela, quien es madre de dos hijas, conoció de un caso que le hizo reafirmar su interés de seguir en una agrupación de la sociedad civil. El caso de una niña de 12 años violada sexualmente por su padre. Ella denunció cuando presentó un embarazo pero llevó a terminó la gestación y tuvo a su bebé.
 
El proceso de denuncia, investigación y sanción duró dos años, al final su padre fue condenado a 27 años de prisión pero, dice, con el nuevo sistema de justicia de juicios orales se confrontó varias veces con su agresor. “Imagínate, una chica de 12 años y estar recordando constantemente, enfrentándose con su papá”.
 
Una historia de esta naturaleza prácticamente nunca tiene un fin que se acerque a la satisfacción. Este caso no fue la excepción. La niña se convirtió en madre, pero además se llenó de una culpa que no era suya. A la niña le quedó la sensación de que esa agresión obligó a su madre, quien se dedica a hacer totopos, a trabajar más y más para mantener a sus hermanos.
 
A la niña, hablante de mixe, se le brindó apoyo psicólogo y jurídico pero eso de nada sirvió para evitar que ahora tenga que trabajar para mantener a su hijo.
 
Al recordar aquel testimonio, la defensora asegura. “La violencia es un problema social que no se le está dado la atención o la importancia porque el sector salud no hace nada de prevención, las instituciones de justica mucho menos, cuando llegan estos casos lo alargan”.
 
Si ella piensa qué es lo que se puede hacer ante esto, ella responde que es necesario continuar con la sensibilización, decir qué significa hablar de estos temas, hablar de la importancia de nuestro cuerpo, de la salud y el contexto de la situación.
 
17/AGM/GG
 

Exige organización de defensoras de los derechos de las mujeres indígenas, Jamut Boo’o que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la activista Anabela Carlón Flores y respeto a los derechos de la comunidad de Loma de Bácum.
 
La dirigente de la organización Jamut Boo’o, Casilda Flores Álvarez emitió un comunicado vía redes sociales para exigirle al Ministerio Público (MP) que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la defensora Anabela Carlón Flores, quienes ya tienen una carpeta de investigación por la denuncia interpuesta el mismo martes 13 de diciembre con número 00348/12-2016.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, Anabela Carlón Flores, dijo que tanto en el MP como en la Policía Estatal Investigadora (PEI) le informaron que aún no encuentran el paradero de Isabel Lugo Molina porque primero tienen que aplicar un “protocolo” sin decirle el nombre de éste, el cual establece que primero hay que buscar a las personas en “hospitales y Centros de Readaptación Social (Cereso)”.
 
De acuerdo a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, el día 13 de diciembre acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y no tenían registro de orden de aprehensión, ni cargo en contra Anabela Carlón Flores ni de Isabel Lugo Molina.
 
De manera que no hay motivo por el cual busquen a Isabel Lugo Molina en los Cereso porque no hubo orden de aprehensión, ni cargo alguno, tanto Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad por un grupo armado el pasado 13 de diciembre, que podrían ser elementos de la PEI, porque Anabela Carlón Flores vio cerca del lugar en el que fueron interceptados una patrulla de la policía estatal con las torretas encendidas y no hicieron nada por detener el secuestro o seguirlos para rescatarlos.
 
Anabela Carlón Flores fue liberada tras la presión mediática local, pero a Isabel Lugo Molina, se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construye la transnacional IEnova Sempra Energy en la comunidad de Loma de Bácum y en el territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora.
 
Las defensoras indígenas ya habían sido amenazadas y criminalizadas por funcionarios públicos de los gobiernos estatal y federal, así como por la comunidad de la etnia Yaqui que está a favor del gasoducto, una acción que fue provocada por la empresa transnacional IEnova Sempra Energy para dividir a la comunidad indígena y continuar con la construcción del gasoducto a pesar de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
Antes de que Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina, fueran privados de su libertad denunciaron en un comunicado firmado por las autoridades tradicionales de Bácum, las amenazas del subdirector de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, en dicho comunicado señalan que el funcionario público les dijo: “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.
 
La empresa Gasoducto Aguaprieta filial de la trasnacional IEnova Sempra Energy les entregó un “convenio” con una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.
 
El recurso más reciente que la defensora Anabela Carlón Flores interpuso fue un oficio dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde narra los hechos del pasado 13 de diciembre y el contexto de violencia que viven las mujeres y la comunidad de Loma de Bácum a causa de la construcción ilegal del gasoducto.
 
16/GVV

La defensora de la etnia Yaqui, María Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad el pasado martes 13 de diciembre por un grupo armado, informó en entrevista con Cimacnoticias.
 
A Carlón Flores la liberaron tras la presión mediática local, pero al varón se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construyen en la comunidad de Loma de Bácum y en territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora. Hasta el momento desconocen el paradero del hombre.
 
La afectada sospecha que la Policía Estatal Investigadora del gobierno de Sonora estaría detrás del plagio. Carlón Flores ha participado de manera directa en las acciones legales en contra de la construcción del gasoducto de la transnacional IEnova Sempra Energy.
 
LOS HECHOS
 
La defensora indígena narró que atentado contra su libertad sucedió en la carretera federal en el tramo de Bácum, con dirección al sur de Sonora, cuando ella y su pareja sentimental se dirigían rumbo a su hogar, también ubicado en la Loma de Bácum.
 
Eran las 19:00 horas cuando se percataron que una camioneta blanca los seguía desde que habían dejado la Guardia Tradicional de Bácum, en donde tuvieron una reunión. Las autoridades tradicionales de ese pueblo Yaqui alertaron que esa misma camioneta los había vigilado también a ellos.
 
En el tramo carretero los interceptó la camioneta junto con otros dos vehículos. Un grupo armado los bajó de su automóvil, les quitó sus celulares y los obligó a subir en el asiento trasero de uno de los vehículos - identificó que uno era un Sedán-, cubiertos con un “tapasol” para evitar que conductores que pasaban pudieran ver hacia el interior.
 
Carlón Flores dijo que antes de ser obligada a subir al Sedán, alcanzó a ver una patrulla de la Policía Estatal Investigadora (PEI) cerca y pensó que ellos podrían ayudarlos, pero no sucedió.
 
La activista sintió que dieron vueltas porque que el coche giró de regreso al norte, rumbo a Bácum, luego se regresaron y cree que tomaron una vía que se dirige hacia Ciudad Obregón.
 
En el camino, el conductor les dijo: “déjense de chingaderas”. Después se detuvieron y los obligaron a bajarse a un lado del canal que se ubica en el poblado de Providencia.
 
El testimonio de María Anabela Carlón Flores narra que le ordenaron que se hincara y le taparon la cabeza con su propio saco; luego se marcharon llevándose al hombre, a Isabel Lugo Molina con ellos.
 
En consulta con la abogada que da seguimiento al amparo 312/2016 interpuesto en contra de la construcción del gasoducto en el Juzgado Séptimo de Distrito (nombre que Cimacnoticias aún conservará bajo anonimato), dijo que este suceso se relaciona con las acciones legales que la activista ha promovido, pero otros abogados se encargarán de interponer la denuncia ante un Juzgado Penal.
 
Mientras estuvo incomunicada, defensoras de la Red Feminista Sonorense y periodistas que laboran en el sur de la entidad, activaron su búsqueda. La desaparición de la activista de la etnia Yaqui se publicó en las páginas de Facebook de la Marcha de las Putas Sonora y el medio Nainari Digital.
 
Carlón Flores acudió junto con las integrantes de la agrupación de mujeres Yaquis Jamut Boo’o, a interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP).
 
También pondrá una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Gobernación (Segob), en específico para el subsecretario de la Segob, René Juárez Cisneros, por amenazar a la comunidad de Loma de Bácum ante la construcción del gasoducto. También incluirán a las empresas encargadas de la obra.
 
¿Qué derechos se violentaron con estas acciones (amenazas y secuestro)?, preguntó Cimacnoticias en la entrevista a Carlón Flores, quien respondió que “el derecho a la vida y a la libertad”.
 
La activista consideró que estas medidas de presión, tanto de los funcionarios públicos del gobierno estatal y federal en apoyo a la transnacional IEnova Sempra Energy, son para amedrentar a la comunidad Yaqui y hacerlos desistir del amparo.
 
“Creo que a ninguna empresa y creo que tampoco a los servidores públicos les interesa el respeto a las leyes mexicanas. Lo que les interesa aquí es hacer negocio, no importan los derechos de los mexicanos y mexicanas, menos de los pueblos indígenas”, concluyó la defensora.
 
María Anabela Carlón Flores es licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Indígenas, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Sonora y cuenta con amplia experiencia como defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres en ese estado.
 
16/GVV/AMS

Las mujeres están ausentes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), por ello la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe (RMIB-LA) realizó una propuesta para incluir la perspectiva de género para el reconocimiento de las mujeres, como actoras de trabajo e investigación en protección al medio ambiente.
 
Durante el segundo día de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13) realizada en Cancún, Quintana Roo, la representante de la Red, Irla Élida Vargas del Ángel, presentó una propuesta de modificación al CDB para incluir a las mujeres.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Vargas del Ángel, quien además es investigadora en lenguas y culturas indígenas, explicó que en un estudio sobre el CDB encontró que en su contenido y redacción de 300 páginas, la palabra “género” se mencionó 29 veces, pero sólo en 20 de ellas se refiere a las mujeres, mientras que en el resto se utiliza para hacer mención de plantas y animales.
 
Por lo anterior, la conclusión de la RMIB-LA es que las mujeres y niñas están ausentes en el Convenio, por lo que su propuesta es modificar el convenio internacional para que se visibilice el trabajo de las mujeres en el tema de protección al medio ambiente y recursos naturales.
 
El CDB es un instrumento internacional elaborado en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que entró en vigor en 1993 y fue ratificado por México. En este documento el Estado se compromete a cumplir los Protocolos de Cartagena y de Nagoya.
 
El primero establece mecanismos de bioseguridad en el manejo de transgénicos, y el segundo trata sobre los “recursos genéticos” que son las plantas y sus derivados, como los extractos o aceites.
 
Entre las modificaciones que propusieron es la de incluir en el Artículo 2 del CDB, la organización política de los pueblos indígenas en los países que son dueños de los recursos naturales, como el derecho a la consulta libre e informada, derecho al agua y la participación de las mujeres.
 
La investigadora explicó que la propuesta de modificar estos documentos internacionales, también incluye la visión holística de la vida que conservan las mujeres indígenas, con ello se reconocerían sus tradiciones de recolección de plantas medicinales y alimenticias, su aportación en el cuidado del agua y de los animales, así como sus conocimientos ancestrales.
 
“Como mujeres indígenas vivimos de la biodiversidad, pero la cuidamos. Siempre pensamos en que las zonas naturales se conserven para nuestros nietos. No queremos hablar con las futuras generaciones, de formas de vida que existieron y no supimos cuidarlas”, dijo la representante de RMIB-LA.
 
Sobre el Foro de Negocios que comercializan con recursos naturales, que se lleva a la par de las mesas de trabajo de la COP13, Vargas del Ángel dijo estar en contra de estos proyectos porque destruyen los ecosistemas; por ejemplo, las empresas que se dedican a los monocultivos para realizar su siembra, primero deforestan los bosques para luego cultivar una sola planta, que puede no ser nativa del lugar o país en donde operan.
 
El Protocolo de Nagoya –en donde se aborda el tema sobre la repartición equitativa y justa de las ganancias generadas al comercializar con los recursos naturales–, que contempla los pueblos indígenas tendrían que ser beneficiarios, no se está cumpliendo en la práctica, de acuerdo a la representante de la Red.
 
Como ejemplo citó la afectación de la población y migración de las mariposas monarcas por el crecimiento de la “mancha urbana”, con proyectos de construcción de viviendas que también deforestan o con la tala de árboles por parte de empresas que comercializan la madera, contra los esfuerzos de las comunidades campesinas e indígenas de los estados de Michoacán y Estado de México, quienes viven del turismo que visita los santuarios, y a su vez, cuidan de las mariposas.
 
La COP13 es una reunión internacional de los gobiernos que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), quienes se reúnen en Cancún desde el 4 de diciembre y concluye el 17 de diciembre, para abordar temas relacionados a la protección del medio ambiente.
 
16/GVV/AMS

La Caravana por la Biodiversidad Cultural, conformada por organizaciones civiles y comunidades étnicas, exigirá ante la COP13 que tomen en cuenta a los pueblos indígenas y las mujeres cuando se presenten empresas con proyectos de comercialización de los recursos naturales de México.
 
Las organizaciones de defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas, así como las comunidades étnicas que conformaron la Caravana de la Biodiversidad Cultural el pasado 30 de noviembre, adelantaron a Cimacnoticias que presentarán un pronunciamiento ante la COP13 en Cancún, que inició el día 4 y finalizará el 17 de diciembre.
 
En el pronunciamiento exigen al gobierno mexicano y a los países que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) -un instrumento internacional que entró en vigor en 1993-, que respeten los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sus tierras, las zonas naturales, pero sobre todo sus derechos humanos.
 
La situación que enfrentan diversas comunidades étnicas en México, en donde empresas transnacionales llegan a instalar y operar megaproyectos que comercializan recursos naturales como petróleo, gas o minerales en tierras que pertenecen a las y los indígenas, no contemplan un verdadero cuidado del ecosistema ni tampoco generar ganancias para quienes viven ahí.
 
Un ejemplo es la comunidad otomí de San Francisco Magú, ubicada en el municipio de Nicolás Romero del Estado de México, donde la empresa Merca Construcciones inició en 2013 la construcción de un fraccionamiento en el bosque que se encuentra dentro del territorio de la comunidad indígena.
 
La integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios para el tema de Soberanía Alimentaria en México, Berenice Sánchez Lozada, refirió en entrevista con Cimacnoticias que la empresa llegó con maquinaria para talar el bosque donde las mujeres de esa comunidad recolectaban, de manera tradicional, hongos alimenticios y plantas medicinales que son parte de la dieta del pueblo otomí. Además, en ese lugar se encuentran pozos de agua que se recargan con la vegetación del bosque y son la fuente de suministro del líquido para el pueblo.
 
Los derechos indígenas que la empresa y el Estado han violentado son al territorio y sus costumbres porque omitieron consultar al pueblo -en su carácter de dueños comunitarios del lugar-, su derecho al agua y además afectan en sus tradiciones alimentarias.
 
Sánchez Lozada, quien también habita en la comunidad otomí, dijo a Cimacnoticias que esa empresa llegó con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
“Aprovechamiento forestal sustentable por cambio de uso de suelo otorgado por excepción”, cuando la zona tiene 11 especies de flora y fauna que están protegidas por la NOM 059 (Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo), que contempla la protección de especies nativas de México.
 
El fraccionamiento “Bosques del Paraíso” es un proyecto de edificación de 11 mil viviendas de la empresa Merca Construcciones, obra detenida por una denuncia que la comunidad indígena de San Francisco Magú interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero que podría reanudar la construcción al tener permisos otorgados por el municipio de Nicolás Romero.
 
La comunidad indígena tiene una población de 12 mil 962 habitantes, donde casi 50 por ciento son mujeres y niñas, quienes tienen la posesión de bienes comunitaria y particular, que permite a las mujeres heredar y ser dueñas de un terreno o propiedad. Además cuentan con un Centro de Salud y los servicios básicos como electrificación, agua y pavimentación, que se han logrado con aportación de los habitantes y gestión de recursos que ellos mismos hacen con el gobierno municipal.
 
PRONUNCIAMIENTO
 
Los pueblos originarios y comunidades campesinas procedentes de los estados de Sonora, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como de los países de Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos, hicieron un pronunciamiento que entregarán en la COP13.
 
Ahí denuncian la tala clandestina e inmoderada de árboles, disminución de los mantos acuíferos, de recursos y especies endémicas de animales, desforestación por ganadería y por sobreexplotación de los productos silvestres, contaminación ambiental por agrotóxicos y desechos industriales, aumento de enfermedades y plagas, introducción de semillas híbridas y transgénicas, así como la privatización de los recursos biológicos y conocimiento tradicional.
 
En el pronunciamiento exigirán respetar la identidad de los pueblos indígenas para otorgar permisos y concesiones a empresas transnacionales que comercialicen recursos naturales, así como proteger ecosistemas, áreas naturales, Derechos Humanos y de las mujeres.
 
Ello incluiría “respetar la cosmovisión y los usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”, “fortalecer las prácticas de colectividad para hacer frente al individualismo fomentado por los programas gubernamentales y medios de comunicación” e “impulsar el protagonismo y la participación de las mujeres en los espacios de representación comunitaria y municipal y garantizar su incidencia en la toma de decisiones en las Asambleas”.
 
16/GVV/AMS/LGL

La economía verde vulnera los derechos indígenas y humanos de las mujeres, al comercializar recursos naturales sin garantizar un beneficio financiero y social para las comunidades, con megaproyectos que en algunos casos responden a este modelo económico al generar violencia contra defensoras de estos derechos fundamentales.
 
Durante la presentación del libro “La economía verde por dentro promesas y trampas”, de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, presentado la tarde de ayer en el Museo de las Culturas Populares, la politóloga y autora Barbara UnmüBig, cuestiona el modelo de “Economía Verde”, basado en la comercialización de los recursos naturales con la promesa de cuidar el medio ambiente, reducir la pobreza y dejar de utilizar recursos fósiles como el petróleo, porque en la práctica no contempla los verdaderos Objetivos del Desarrollo Sostenible.
 
La crítica que hace la politóloga Barbara UnmüBig al modelo de “Economía Verde”, es que las empresas sólo negocian con los recursos naturales, pero no atienden realmente la preservación de la biodiversidad, al realizar monocultivos que devastan la flora endémica y no incluye una perspectiva de Derechos Humanos o de género.
 
Este modelo económico también se planteará en la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13), que se realizará en Cancún Quintana Roo desde el 4 al 17 de diciembre. Ahí se reunirán los gobiernos o “partes” que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), un instrumento internacional que entró en vigor en 1993.
 
El CDB promueve “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.
 
Por ello, las organizaciones civiles defensoras de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas asistirán a la conferencia en Cancún, para denunciar que las comunidades étnicas son las que se ven afectadas por el modelo de Economía Verde neoliberal.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la también copresidenta de la Fundación Heinrich Böll Stiftung explicó que este modelo es “ciego” a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, porque responde solamente a los intereses de las trasnacionales.
 
Ellas buscan comercializar los recursos naturales, dijo, pero realmente no se preocupan por la situación socioeconómica de las poblaciones y ecosistemas en donde operan sus megaproyectos, lo que en inglés se denomina “greenwashing” por la falsa promesa de la protección al medio ambiente.
 
La politóloga indicó que el avance de los megaproyectos que mercantilizan los recursos naturales, ha privatizado áreas y tierras que antes le pertenecían a las comunidades indígenas o la población en general, que terminan por quitar a la ciudadanía acceso a zonas naturales, que también afecta al ecosistema.
 
Al preguntarle sobre el panorama de megaproyectos que operan en México bajo este modelo, la coordinadora de Programas de Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, Dolores Rojas Rubio, citó como ejemplo la construcción de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Yucatán, en donde los campesinos y comunidades indígenas no tienen beneficio ni de la electricidad generada, ni en generación de empleos.
 
En el libro “La economía verde por dentro promesas y trampas”, Barbara UnmüBig ofrece más información sobre los parques eólicos y cita que existen 15 de una proyección de 27. Ahí explica  que este megaproyecto es operado por empresas europeas como “Acciona, Iberdrola, ENEL y Siemens o EDF”, quienes producen electricidad en territorios indígenas “para compradores finales establecidos por contrato, como Walmart o la empresa minera Peñoles”.  
 
Barbara UnmüBig señala que la política pública de la Economía Verde carece de un enfoque feminista, al no contemplar ni atender las necesidades económicas de las mujeres y las desigualdades generadas en las crisis ambientales.
 
Algunos ejemplos son la construcción del gasoducto en Sonora, en donde se criminaliza a las mujeres indígenas de la etnia Yaqui por defender el derecho de la tierra, usos y costumbres, así como su seguridad; o el caso de la construcción del fraccionamiento que está devastando el bosque donde se ubica la etnia indígena de San Francisco Magú, en el Estado de México.
 
Como parte de la estrategia de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas ante la comercialización de los recursos naturales, conformaron la Caravana de la Diversidad Biocultural, quienes firmaron un pronunciamiento de “oposición a la tendencia global de mercantilización y privatización de los recursos biológicos, que son bienes comunes de la humanidad”, mismo que será presentado en la Conferencia de las Partes (COP 13).
 
La Caravana de la Diversidad Biocultural está conformada por comunidades indígenas, académicos y organizaciones civiles procedentes de los estados de Sonora, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como de países como Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos.
 
16/GVV/AMS/LGL

Como parte de la estrategia para criminalizar a las mujeres yaquis que defienden su territorio al impedir la construcción de un gasoducto, ahora en redes sociales se señala a las activistas Guadalupe Flores y Anabela Carlón, así como a Martín Valencia, como responsables de generar violencia en la comunidad.
 
El pasado 17 de noviembre se publicó un documento en una página de Facebook denominada “Yaqui y Ahora”, que en el margen superior izquierdo tiene la bandera Yaqui y en el otro extremo un arco, está firmado por el “Gobierno Tradicional de la Tribu Yaqui, Río Yaqui, Sonora”, quienes podrían ser las autoridades de los pueblos Yaquis que están a favor de la construcción del gasoducto a cargo de la transnacional IEnova (Sempra Energy).
 
En el texto hablan de la “esperanza” por la construcción de la unidad de los 8 pueblos y el “desagrado” que sienten al ver que hay “gente que sigue buscando la división para sacar provecho personal”.
 
“Esta gente además ha incitado a la violencia con el pretexto del gasoducto, pero desde hace mucho que están interviniendo para su perversa estrategia: Se quedan con las becas, los apoyos, los proyectos sociales y no los bajan a su gente y luego echan la culpa al gobierno o a quien sea, sólo para justificar su estrategia de proyección personal o para negociar para ellos” indican en el comunicado.
 
En otro párrafo mencionan que el gobierno y los 8 pueblos están en mesa de negociación con la empresa constructora, pero que existen personas que se oponen a esto y señalan: “en su afán han llegado hasta la violencia”.
 
De manera directa se dirigen a tres personas de la comunidad de la Loma de Bácum que se oponen a la construcción del gasoducto: “Martín Valencia, Lupe Flores, Anabela Carlón: ya no atenten contra su propia gente. Enfrenten las consecuencias de la violencia que han generado. Ya dejen a la Tribu en paz con las decisiones de sus autoridades. Ustedes no son más que nuestras autoridades. Retírense y permitan que se construya la unidad”.
 
También se dirigen a Rodrigo González y lo acusan de responder a intereses de otros, le exigen que deje de tratar de dividir a la comunidad y permita que resuelvan los asuntos conforme a sus tradiciones. El documento finaliza con la frase “¡Fuera traidores!”.
 
Entrevistadas al respecto, la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Flor Goche, la agrupación de mujeres Jamut Boo’o y otras activistas indígenas de la etnia Yaqui, dijeron a Cimacnoticias, que se trata de una estrategia para desinformar y criminalizar a quienes defienden sus derechos y los derechos de los pueblos indígenas, puesto que la transnacional IEnova (Sempra Energy) continuó la construcción del gasoducto en los 8 pueblos Yaquis (Belén, Huibiris, Cócorit, Torim, Vícam, Potam, Rahum y Bácum).
 
Lo anterior a pesar de que la comunidad de la Loma de Bácum promovió un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito con número de expediente 312/2016, lo que comprueba que las activistas han actuado de manera legal y en defensa de la seguridad de la comunidad.
 
Las activistas indígenas señalan que desconocen quién maneja la página de Facebook “Yaqui y Ahora”. Cimacnoticias escribió un mensaje a la página vía inbox para preguntar quién la maneja y solicitar una entrevista, pero no respondieron. La imagen de la página utiliza la bandera Yaqui sin mencionar a qué pueblo pertenece o si es alguna autoridad tradicional quien la administra. 
 
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La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) se pronunció y adhirió a la campaña “Ni Una Menos”, y reconoció la importancia del derecho de las niñas y mujeres a tener una vida libre de violencia para lograr su autonomía, igualdad y desarrollo, así como la responsabilidad de generar un ambiente seguro y el acceso a la justicia. 
 
El panel sobre “El derecho a vivir una vida libre de violencia” tuvo la participación de Yassmín Barrios, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala quien dio seguimiento al caso de las 11 mujeres mayas q'eqchie's de Sepur Zarco en Guatemala, población en la que el Ejército Guatemalteco ejerció violencia sexual durante 40 años, como una estrategia de exterminio para los habitantes, entre 1962 a 1983.
 
La jueza explicó que este caso paradigmático cerró el 26 de febrero del 2016 con una sentencia de 30 años de prisión en contra del general Esteelmer Francisco Reyes Girón y otros elementos del Ejército de Guatemala.
 
“El cuerpo de la mujer representa el cuerpo del Estado, si se les ataca, se les humilla, se les vulnera, se vulnera también a todo ser humano y a toda la humanidad” dijo Yassmín Barrios, después señaló que con la experiencia que le dejó este caso que involucra delitos de esclavitud sexual, desapariciones, asesinatos y tortura, recomienda a todos los países asegurar el acceso a la justicia de las mujeres.
 
En su participación, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres Argentina, Fabiana Tuñez, habló del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 y dijo que los registros de feminicidio en ese país indican que una mujer es asesinada por violencia de género cada 33 horas.
 
Cabe mencionar que en Argentina surgió el movimiento feminista que llamó a las mujeres a realizar un paro de labores y una manifestación en espacios públicos para exigir que se atiendan los casos de feminicidio como una emergencia nacional el pasado 19 de octubre, bajo el lema “Ni Una Menos”.
 
El informe de la Cepal 2014, ubica al país de Argentina en el cuarto lugar de una lista de 15 países de Latinoamérica y El Caribe, con más asesinatos cometidos contra mujeres, después de Honduras, Brasil y México.
 
Sobre los programas de Ciudades Seguras, implementados por la Organización de las Naciones Unidas, la integrante de la Red Mujer de Argentina, Ana Falú, habló en nombre de la sociedad civil y señaló que las mujeres deben tener autonomía de sus cuerpos pero también “ciudades seguras” en donde sean libres de acoso callejero y se les brinde seguridad en todos los ámbitos (social, político, comunitario y familiar).
 
El documento “Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible” de la Cepal indica que las niñas y mujeres son las principales víctimas de violencia en los espacios públicos, como ejemplo cita que en las ciudades de Bogotá y la Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público.
 
Las representantes de la sociedad civil de Uruguay, Nicaragua y Guatemala se hicieron presentes en este panel y pidieron que se incluya la despenalización del aborto como una de las recomendaciones para reducir la violencia y persecución hacia las mujeres.
 
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Sin contar con datos precisos sobre el número de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas de Quebec, Canadá pues la estimación es de aproximadamente 4 mil, organizaciones civiles que promueven los Derechos Humanos en ese país, marcharon por las calles de Montreal, para exigir justicia para todas estas mujeres y niñas.
 
La especialista en Redes Sociales del Centro por la Defensa del Género, Nerea Torres, informó a Cimacnoticias que el número “oficial” de asesinatos de mujeres indígenas de Quebec Canadá es de mil 17 y 164 mujeres y niñas desaparecidas; sin embargo, precisó, las estimaciones de diferentes organizaciones civiles con trabajo en derechos de las nativas americanas de Canadá, calculan que la cifra puede ascender a 4 mil asesinatos y desapariciones.
 
En un comunicado de prensa el Centro por la Defensa de Género de la provincia de Quebec Canadá, informó que hoy se realizó la onceava marcha para exigir justicia por las mujeres indígenas de ese país, quienes tienen 7 veces más probabilidades de ser asesinadas que las no indígenas.
 
“Falta Justicia” (Missing Justice), es una campaña del Centro por la Defensa de Género que trata de visibilizar la desaparición y asesinatos de las mujeres nativoamericanas. También es para  “honrar la memoria de mujeres y niñas” que han sido víctimas de la violencia sistemática y las formas en las que los “medios de comunicación, gobiernos, el sistema legal, las fuerzas policiales y el sistema educativo” facilita ese trato y discriminación.
 
La marcha anual fue fundada por Bridget Tolley, hija de Gladys Tolley, una mujer de 61 años de edad de origen Algonquin (grupo étnico nativo de Quebec Canadá) que fue asesinada por un oficial de Quebec el 5 de octubre del 2001.
 
Bridget Tolley ha declarado en medios de cobertura nacional en Canadá, que el caso de su madre fue cerrado por considerarse un “accidente”, pero ni a ella ni a su familia les notificaron en tiempo y forma, por lo que solicitó abrieran la investigación nuevamente, pero las autoridades no se lo han concedido.
 
La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, expresó su preocupación por el apoyo limitado hacia las familias y sobrevivientes, así como su acceso a la justicia, porque muchas familias piden que se abran las investigaciones al no estar satisfechos con los resultados.
 
Mujeres Nativas de Quebec, solicitó que se examine la naturaleza sistemática de la violencia hacia mujeres indígenas, así como las prácticas de los policías en la provincia de Quebec, especialmente en el caso de abuso hacia mujeres indígenas en Val d’Or.
 
Las mujeres indígenas de Val d'Or, una ciudad situada a 500 kilómetros de Montreal, reportaron ante Amnistía Internacional que agentes de la policía provincial de Quebec, cometieron delitos graves en contra de ellas, incluyendo abusos físicos y sexuales.
 
La marcha inició en la plaza Émilie-Gamelin de Montreal, pero es realizada en diferentes comunidades de la provincia de Quebec y demanda un cambio “real” en el sistema de impartición de justicia.
 
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