Mutilación genital femenina

Sian y Neema se escaparon juntas de la manyatta (conglomeración de casas) donde vivían con sus familias, en la provincia de Kajiado, tierra de los masai de Kenia. Caminaron toda la noche para huir y eludir la ablación a Neema; Sian ya había sido sometida a este ritual y sabía lo que era.

Las dos amigas, de 11 años, desde su pequeña aldea situada cerca de la ciudad de Entorika, anduvieron alrededor de 50 kilómetros hasta llegar a Diaspora Village a la mañana siguiente.

“Encontramos una mujer que nos preguntó qué hacíamos allí solas y le contamos nuestra historia”, explica Sian, que ahora vive junto a Neema en la escuela IlBissil, donde las encontramos tres meses después de la huida. “La señora nos acogió en su casa, pero su marido no estaba de acuerdo, nos preguntó de dónde veníamos y se fue con su moto”, afirma Neema. Al poco tiempo, el marido volvió junto a unos jóvenes de la manyatta. Cogieron a Neema; Sian consiguió encerrarse en una habitación.

EL RESCATE

“Me llamaron porque había dos niñas en peligro, contacté con los policías que colaboran conmigo y fuimos a recogerlas”, comentó la directora de la escuela IlBissil y promotora de rescates, Lucy Yepe Itore, algo que considera como parte de su trabajo en el centro educativo. “Encontramos a Sian espantada y encerrada en una habitación, nos contó que se habían llevado a Neema a su pueblo. Fuimos allí y volvimos a nuestro centro con las dos”.

En IlBissil, cerca de la ciudad de Kajiado, estudian y viven unas 60 niñas rescatadas en territorios colindantes. Lucy hace años que lleva a cabo este tipo de acciones para ayudar a las más pequeñas y tiene una red de personas informadoras que la llaman cuando se está a punto de realizar una mutilación. “Cuando podemos actuamos en la noche, así las personas de los campamentos masai no ven cuando llegamos ni hacia donde huimos”, cuenta. “Me acompaña siempre la policía porque a veces se presentan situaciones muy peligrosas como enfrentarse a los moran (guerreros masais) que, armados con machetes, reivindican sus niñas prometidas”, añade.

CONTRA LA MGF

En Kenia, 21 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido mutilación genital femenina (MGF). Dentro la comunidad masai el porcentaje, en la misma franja de edad, sube hasta 78 por ciento. Aunque en 2011 se promulgó una Ley para la prohibición de la MGF, en las zonas rurales muchas personas desconocen la legislación y perpetúan la mutilación como símbolo de la entrada a la edad adulta.

Los masais son una tribu muy tradicional, de las pocas que todavía viven de la ganadería en zonas aisladas de Kenia. El ritual se concibe como pasaje imprescindible para el desarrollo de una niña y son muy pocas las personas que lo cuestionan, ya que para su cultura es un valor añadido.

De los cuatro tipos de mutilación reconocidos, este pueblo practica la extirpación parcial o total del clítoris y de los labios menores. Las consecuencias son muy peligrosas: infecciones, Sida, problemas durante el parto, muerte de la mujer y muerte neonatal, entre otras. Las niñas sufren traumas psicológicos y su integridad se verá comprometida para siempre.

ABLACIÓN Y MATRIMONIOS FORZADOS

Joyce tiene 10 años, vive en IlBissil desde hace un mes. Su mirada es dura y triste, nunca frecuentó una escuela, “mi padre quería casarme con un hombre discapacitado de 60 años y por esto tuve que someterme a la MGF”, recuerda. El matrimonio infantil forzado es una realidad muy común en Kenia, en muchas familias se considera normal casar a las niñas, a partir de los seis años, a cambio de unas vacas. “Las hijas se ocupan de todo tipo de trabajos domésticos y no es raro que sufran abusos por parte de sus familiares. La situación permanece igual cuando se casan, cambia solo el hombre que manda. El tío de Joyce quería que estudiara y deseaba para ella un futuro mejor, por esto la llevó aquí”, explica Lucy.

RECONCILIACIÓN

Las jóvenes que quieren volver a su casa a menudo son sometidas al ritual para ser nuevamente aceptadas. Para evitar estos casos, el equipo de IlBissil media con las familias de la niñas y jóvenes rescatadas para conseguir su reconciliación: “Les hablamos de la importancia de los estudios para mejorar sus vidas y les advertimos de los riesgos de la ablación”. Cada mes un grupo de personas cercanas a Lucy, entre profesoras y familiares de las que aprendieron de su experiencia personal, se van a hablar con los jefes de las manyatta y sus habitantes. El trabajo hecho con los hombres es muy importante ya que son ellos los que normalmente quieren seguir con la tradición.

“Para una mujer que haya sufrido la MGF es más fácil entender el dolor físico y psíquico que este ritual conlleva, muchas de ellas nos confiesan que les gustaría que sus hijas no pasaran por este sufrimiento”, afirma Lucy. “Si nos ganamos el respeto de los jefes y logramos que entiendan los peligros de la ablación y la importancia de la educación de las niñas, nos ganaremos toda la manyatta”, añade.

La educación es primordial en este proyecto: “Las jóvenes que vuelven con un trabajo y vida independiente, se ganan el respeto de su comunidad y son un ejemplo para las demás”, subraya la directora de la escuela.

MGF, NO SÓLO EN ÁFRICA

Según End FGM-Europen Network, en Europa cada año 180 mil niñas y mujeres están en riesgo de mutilación. “Hay la tendencia a pensar que es un problema lejano, que pertenece a países islámicos, aunque esto no es cierto”, explicó la periodista italiana especialista en MGF, Emanuela Zuccalá. Dentro la comunidad inmigrante que vive en Europa, las niñas que provienen de países donde la práctica es muy común, siguen en peligro. “El período de las vacaciones, cuando vuelven a ver sus familias, es muy arriesgado porque se aprovecha de estos días para mutilar las pequeñas”, explicó Zuccalá.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de mujeres en el mundo han sufrido la MGF: “Vista desde una perspectiva de Derechos Humanos, la práctica refleja una desigualdad profundamente arraigada entre los sexos y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer”.

* Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

18/DD/LGL

La mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio infantil son dos de las prácticas tradicionales más perjudiciales que afectan con mayor frecuencia a las mujeres y niñas hoy en día. Las devastadoras consecuencias que tienen para la salud, la educación y la igualdad de las mujeres y niñas las convierten en obstáculos significativos para el desarrollo.
 
La ablación y el matrimonio infantil comparten numerosas causas y factores sociales que incluyen la desigualdad de género, normas sociales establecidas, un deseo por controlar la sexualidad femenina, creencias religiosas, y oportunidades económicas limitadas para mujeres y niñas. Esto pone en alerta la necesidad de trabajar de manera integrada ambos temas cuando coexisten en el mismo contexto. La experiencia con la que ya cuenta la ONG World Vision de tratar ambas prácticas en conjunto ha proporcionado información útil para una programación eficaz, incluida la necesidad de implicar a los líderes religiosos, así como a mujeres y niñas en las comunidades donde estas prácticas se llevan a cabo.
 
CAUSAS SUBYACENTES
 
La primera causa son las normas culturales y las prácticas tradicionales. Estas incluyen comportamientos asociados con la religión, roles de género obsoletos, ritos de pasajes, códigos de honor de la familia y la comunidad y mecanismos de justicia. Estas prácticas se han llevado a cabo durante generaciones y el significado social subyacente puede variar en función del contexto.
 
Otra causa también se debe a las normas de género y la desigualdad. Las niñas y los niños a menudo experimentan la violencia de manera diferente, debido a cómo son vistos y valorados por la sociedad. Los niños pueden ser considerados "más valiosos" para la familia como proveedores de ingresos. Sin embargo el honor familiar está ligado a la virginidad de una hija. Como resultado, las niñas son obligadas a ser mutiladas para probar su virginidad.
 
La tercera causa es la pobreza. En muchas partes del mundo, los padres ven a sus hijas como una carga financiera, por lo que el matrimonio infantil facilita la salida de la niña a una edad muy temprana. Es una estrategia para la supervivencia económica. También la falta de acceso a una educación segura y asequible fomenta esta práctica ancestral. Se consideran más aceptables en contextos en los que hay limitadas alternativas disponibles, particularmente en la forma de educación y empleo.
 
La última causa es utilizar estas prácticas como salvaguardia.
 
Existen algunas comunidades donde las niñas corren un alto riesgo de abuso y violencia, las familias a menudo creen que estas prácticas pueden garantizar su seguridad. En los entornos inestables y afectados por el conflicto, las niñas son particularmente vulnerables a la violación, la violencia sexual, los embarazos prematrimoniales no deseados, la falta de vivienda, el hambre o el hambre, lo que empuja a las familias a creer que mutilarlas y entregarlas al matrimonio son la única opción.
 
SOLUCIONES BASADAS EN EVIDENCIA
 
Las estrategias para acabar con el matrimonio infantil deben ser transversales e integrarse en un plan integral y multisectorial. Este plan para acabar con estas prácticas debe basarse en soluciones basadas en la evidencia como:
 
1- Empoderar a las niñas y las mujeres con información, habilidades y acceso a educación segura y de alta calidad.
 
2- Proporcionar apoyo económico e incentivos a las niñas y sus familias.
 
3- Cambiar actitudes y creencias a través de la movilización de familias y comunidades, incluyendo a los líderes religiosos para forjar normas sociales.
 
4- Proporcionar servicios de respuesta y apoyo.
 
5- Aplicar la legislación y velar por su cumplimiento.
 
17/AL/GG 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género presentó la actualización de la Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género, que recoge las últimas modificaciones legislativas en este ámbito, incluidos nuevos tipos penales como el acoso, el sexting, los matrimonios forzados o la mutilación genital.
 
La Guía, que actualiza los criterios prácticos que se aplican en el trabajo diario de los órganos judiciales con competencias en violencia de género, pretende servir como documento práctico para las y los profesionales implicados en la erradicación de este tipo de delitos y unificar la forma de proceder en esos Juzgados para que el tratamiento y protección de las víctimas sea igual en todo el territorio nacional.
 
El texto fue presentado por la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, junto a los magistrados miembros del Grupo de Expertos en materia de violencia de género del órgano de gobierno de los jueces.
 
El texto se editó por primera vez en 2008 pero contiene novedades como la ampliación del concepto de violencia de género. En este sentido el texto indica que durante la próxima legislatura y con el objetivo de cumplir tanto las disposiciones del Convenio de Estambul como las recomendaciones de la ONU, España debería incluir en la Ley Integral formas de violencia hacia las mujeres no contempladas actualmente, como obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual, los matrimonios forzosos, el tráfico o favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación sexual, las mutilaciones genitales femeninas, el aborto y la esterilización forzosos cuando el autor no tiene o ha tenido relación de afectividad con la víctima y el acoso sexual.
 
Respecto a los derechos de la víctima en el acceso a la Administración de Justicia establece que la mujer deberá ser informada sobre aquellas prestaciones que le corresponden en su condición de víctima del delito dentro pero también fuera del proceso penal. La Guía ofrece, en este sentido, un catálogo de los nuevos derechos de la víctima de violencia de género reconocidos en la Ley 4/2015, que regula el Estatuto de las víctimas de los delitos.
 
Sobre el consentimiento de la víctima en los quebrantamientos de condena o medida cautelar señala que el Tribunal Supremo estableció que el consentimiento de la víctima es irrelevante y se cometerá el delito aunque sea la mujer la que consienta el acercamiento y reanudación de la convivencia. El juez sí puede levantar una medida cautelar de alejamiento, pero no la pena de alejamiento que es preceptivo imponer en las sentencias condenatorias. La Guía considera que el consentimiento de la víctima tampoco puede operar como atenuante.
 
NUEVOS TIPOS PENALES
 
Stalking o acoso: castiga aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento.
 
Sexting: puede darse en casos de violencia de género cuando la pareja tiene imágenes íntimas grabadas y a raíz de la petición de separación o divorcio de uno de ellos, el otro las difunde a terceros.
 
Matrimonios forzados: se castiga con hasta 3 años de prisión a quien “con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio”.
 
Inutilización de dispositivos electrónicos: tipo penal introducido ante los problemas que se estaban planteando sobre la calificación penal de ciertas conductas del imputado o penado tendentes a alterar o impedir el correcto funcionamiento de estos dispositivos (pulseras electrónicas). Se han tipificado dentro de los delitos de quebrantamiento.
 
Mutilación genital: castigada con hasta 12 años de prisión. Su introducción se justifica en la ley por “la existencia de formas delictivas surgidas de prácticas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico”.
 
Violencia económica: El impago de pensiones es un delito de violencia de género de carácter económico por el que el obligado al pago niega a la mujer el derecho que le corresponde por resolución judicial al cobro de lo fijado en sentencia o acordado en convenio de mutuo acuerdo. La reforma legal ha atribuido su competencia a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sin que sea preciso un hecho ilícito adicional.
 
TUTELA JUDICIAL DE MENORES DE EDAD
 
La Ley 4/2015 establece que las hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a medidas de asistencia y protección. La Guía recuerda que, en el marco de la orden de protección, el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de medidas civiles: régimen de guarda y custodia, visitas, entre otras.
 
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN DEPENDENCIAS JUDICIALES
 
El texto subraya la importancia de que la acogida a las mujeres sea “respetuosa y acorde con su situación” e incide en la necesidad de crear lugares adecuados para la espera en dependencias judiciales, procurando que no haya comunicación visual entre la víctima y el imputado.
 
La Guía también ofrece pautas de cómo debe ser la atención a la denunciante, evitando comentarios que puedan hacerla sentir culpable de su situación, no teniendo prisa en tomarle declaración –suspendiendo ésta las veces que sea necesario-, no limitando su testimonio al último episodio de violencia consignado en la denuncia e informándole en lenguaje comprensible de las fases por las que pasará el procedimiento penal.
 
DENUNCIAS FALSAS
 
El documento rechaza de forma contundente que muchas de las denuncias presentadas ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean falsas u obedezcan a una estrategia procesal para obtener ventaja en el proceso de separación o divorcio, y advierte de que esta idea “banaliza peligrosamente esta forma de delincuencia, cuestionando el derecho de las mujeres a obtener la tutela judicial efectiva”.
 
La Guía señala que no debe equipararse la existencia de denuncias falsas con el elevado número de absoluciones y sobreseimientos, vinculados en general a la dificultad de probar hechos que suelen ejecutarse en la intimidad o con la propia postura procesal de la víctima que ha vivido o permanece en el círculo de la violencia.
 
VALORACIÓN DEL RIESGO
 
La Guía recuerda que no existe un perfil de personalidad ni trastorno específico de hombre maltratador, y señala que para valorar el riesgo el órgano judicial “debe ir más allá del último episodio denunciado”, indagando sobre la existencia de episodios anteriores o de circunstancias que puedan ser reveladoras de la peligrosidad del imputado: celos injustificados, carácter posesivo, entre otros.
 
El o la juez también podrá pedir a la Unidad de Valoración Forense Integral que informe sobre algún elemento específico relativo a la evaluación del agresor, como su situación mental y afectiva o la influencia del alcohol y los tóxicos en sus facultades.
 
El texto señala asimismo que los informes policiales de valoración de riesgo tienen valor de atestado-denuncia y que a partir de que se aprecie algún nivel de riesgo –que puede ser bajo, medio, alto o extremo- suponen la aplicación inmediata de distintas medidas policiales de protección.
 
La Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Guias/
 
16/RED/LGL

Tras años de discusiones y debates en África, el movimiento para poner fin a la mutilación genital femenina recobró impulso con un nuevo plan de acción, aprobado por el Parlamento Panafricano (PAP) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que también procurará terminar con el matrimonio precoz.
 
El UNFPA ya capacitó a unos 100 mil trabajadores y trabajadoras de la salud para atender específicamente a las mujeres que hayan sufrido ese tipo de intervención. Además, decenas de miles de líderes tradicionales también suscribieron llamados contra esta práctica.
 
El acuerdo, concretado en la primera semana de este mes, fue la culminación de una reunión que mantuvieron las representantes del PAP con funcionarios del UNFPA en Johannesburgo, del 29 al 30 de julio.
 
Al inicio del encuentro, el presidente del PAP, el camerunés Roger Dang, recordó: El “PAP está decidido a ayudar y a formar parte de los actores que encuentran soluciones a esta práctica. Esto concuerda con el mandato de defender y promover la igualdad de género y de las personas con discapacidades”.
 
El PAP es el órgano legislativo de la Unión Africana (UA), que cuenta con 250 representantes de los 50 países que la integran.
 
En algunos estados africanos, obligan a niñas de tan solo 11 o 12 años a casarse con hombres mayores, lo que incrementó los problemas de salud, como cáncer de útero, además de numerosas complicaciones sociales.
 
La subdirectora regional del UNFPA para África oriental y austral, Justine Coulson, dijo que de continuar la tendencia actual, el número de niñas menores de 15 años con hijos aumentará a un millón, pasando de dos a tres millones de madres adolescentes.
 
“Si no hacemos nada, en la próxima década habrán 14 millones de menores de 18 años casadas por año”, alertó.
 
Se estima que hay por lo menos siete millones de niñas casadas solo en África austral.
 
El matrimonio infantil y el parto en niñas genera grandes problemas de salud, pero el taller del PAP también se concentró en la mutilación genital femenina y en cómo esta expone a cada vez más mujeres y niñas a infecciones de transmisión sexual, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
 
El riesgo deriva de la utilización de instrumentos contaminados, de las hemorragias, que son comunes y que requieren transfusiones de sangre, y de relaciones sexuales dolorosas, que causan desgarramientos y lesiones vaginales.
 
A escala global, se estima que hay unas 200 millones de niñas y mujeres que sufrieron algún tipo de mutilación genital. En África, es una práctica común en por lo menos 26, de los 43 países del continente, con prevalencias del orden de 98 por ciento en Somalia, a cinco por ciento en República Democrática del Congo.
 
La participación de los gobernantes africanos es fundamental para que este último impulso tenga efecto, pues 140 millones de mujeres y niñas en África subsahariana fueron sometidas a la mutilación genital. El objetivo de esta iniciativa es llegar a toda la gente en el terreno, así como lograr una incidencia en materia de legislación y que se prohíba la ablación.
 
El procedimiento altera o lastima los órganos genitales de las mujeres o las niñas sin motivos médicos. Es una intervención que no trae beneficios para la salud y que puede causar varios problemas, como hemorragias, y con el tiempo, dificultades para orinar, quistes, infecciones y traer complicaciones en el parto.
 
Hay cuatro métodos de mutilación genital femenina. El tipo 1, clitoridectomía, que implica la extirpación total o parcial del clitoris. El tipo 2, o resección, cuando se remueve totalmente el clitoris y los labios menores de la vulva. El tipo 3, conocido como infibulación, consiste en el cierre vaginal mediante sutura. Y el tipo 4, incluye todas las otras intervenciones dañinas como perforación, cauterización, raspado y suturas en la vagina.
 
El PAP también acordó trabajar con el UNFPA para erradicar el matrimonio precoz de menores de 16 años.
 
En junio, el UNFPA trabajó con representantes del Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), en una reunión realizada en Swazilandia, donde aprobaron una ley modelo para erradicar el matrimonio infantil.
 
Coulson observó que iniciativas como la de la SADC comienzan a arrojar resultados tangibles.
 
“Las niñas y las mujeres de África necesitan de su apoyo para poner fin a la mutilación genital femenina. Debemos actuar ahora. Todo lo que se requiere es nuestra participación, pasión y dedicación para salvaguardar sus Derechos Humanos”, remarcó Coulson en el taller realizado en la primera semana de este mes.
 
El PAP creó un grupo de trabajo que supervisará todas las iniciativas legislativas similares. Las prioridades se concentran en leyes y normas, en involucrar a la comunidad, en movilizar recursos, en generar conciencia y en implementar el plan a escala nacional y regional.
 
El presidente del PAP, Dang, también invitó a los hombres a involucrarse en la lucha contra la mutilación genital femenina. “Tenemos la doble responsabilidad de defender a las niñas contra esta violación de Derechos Humanos”, subrayó.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
16/DL/LGL