Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hace un mes que venció el plazo para que el Estado mexicano informara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por qué “se perdió” la evidencia y material probatorio durante la investigación del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ocurrido en el Estado de México, pero no ha habido respuesta, advirtió la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Carolina Hernández Nieto.

Durante la presentación de la campaña “Siempre por ellas”-realizada ayer- la abogada informó que esta petición de la CIDH obedece a las observaciones hechas por familiares de la víctima y la CMDPDH, al informe que entregó sobre el caso el Estado mexicano en enero del año pasado donde pidió a la Comisión Interamericana que no lo aceptara porque la familia de la víctima “no agotó todos los recursos legales dentro del país” –como se debe hacer antes de llegar a la CIDH- y las autoridades realizaron “todas las diligencias” para atender el caso.

Al conocer la respuesta, la defensa legal de la familia de Nadia exigió que el Estado mexicano aclarara lo sucedido en la pérdida de evidencias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM), pues ello dio pie a que uno de los asesinos, “El Matute”, fuera puesto en libertad en febrero de 2010.

En este sentido, el 8 de diciembre de 2017 la CIDH dio un plazo de un mes al Estado mexicano para aclarar estas demandas, pero éste ya venció y no ha habido respuesta, reprochó la litigante de la Comisión Mexicana, quien recordó que el eje principal de la denuncia ante la Comisión Interamericana, es la falta de debida diligencia por parte de la PGJEM en la investigación del feminicidio.

Cabe recordar que desde el levantamiento del cuerpo de Nadia las autoridades omitieron resguardar la escena del crimen y pruebas. Al intentar ampliar la investigación, un “extraño” ya había quemados todas las evidencias: un colchón individual, ropa, zapatos, objetos y la soga con la que supuestamente se suicidó Nadia.

Tampoco se tomaron pruebas para su estudio como la sangre encontrada en el lavadero de la casa de Nadia y manchas de sangre que tenía la camiseta de su hija de dos años de edad.

La abogada de la Comisión Mexicana añadió que también manifestaron a la CIDH su inconformidad con las declaraciones del Estado mexicano relativas a la dilación del proceso penal, pues el gobierno dijo “que se tardó 14 años por los 13 recursos de apelación interpuestos por la madre de Nadia”, María Antonia Márquez.

Al respecto, la abogada Carolina Hernández refutó “cómo no va a haber inconformidades si las resoluciones que emite el poder judicial son totalmente injustificadas, no se hace un análisis de las pruebas que se ofrecen y por eso se ha prolongado todo”.  

Nadia Muciño fue asesinada el 12 de febrero de 2004 enfrente de sus tres hijos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por su entonces esposo, Bernardo López Gutiérrez y su cuñado, Isidro López, alias “El Matute”. Debido a las negligencias en la investigación y obstáculos para obtener justicia, la familia de Nadia y las representantes legales de la CMDPDH, presentaron el caso ante la CIDH el 5 de octubre de 2010.

Como parte del proceso de admisión, en mayo de 2016 el organismo internacional pidió al Estado mexicano un informe sobre la etapa que guarda el caso del feminicidio de Nadia Muciño.

Apenas el 13 de octubre de 2017, en medio de la presión ante la inminente atracción del caso por parte de la CIDH, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli condenó a Bernardo López a 42 años de prisión 6 meses por el delito de “homicidio” en agravio de Nadia Alejandra; y en diciembre, el Ministerio Público local apeló la sentencia por la baja penalidad.

Ante esta situación, la madre de Nadia, Antonia Márquez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que teme que el feminicida pueda ser puesto en libertad, ya que la decisión está a cargo de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, misma que en 2010 revocó la sentencia condenatoria a “El Matute” por considerar que los  testimonios de los hijos de Nadia eran insuficientes y no aptos para incluirlos como pruebas, y porque la necropsia, acta médica y pericial en criminalística, no acreditaban al “Matute” como participante del feminicidio.

Actualmente la familia de Nadia en conjunto con Norma Andrade, también activista y madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyo caso sólo espera el pronunciamiento de fondo de la CIDH, impulsan una campaña con el objetivo que en el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana a celebrarse del 3 al 11 de mayo en República Dominicana, ambos casos tengan una audiencia.

18/HZM/LGL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la defensora de Derechos Humanos, Bettina Cruz y su núcleo familiar.

Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo que vive Bettina por el trabajo que realiza en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, informó la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.

La defensora oaxaqueña Bettina Cruz, enfrentó casi 3 años de juicio acusada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El 1 de diciembre de 2014, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz era inocente de los delitos que se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.

Aunque la también cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentó el proceso en libertad– fue exonerada,  aseguró que su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio “estaban en peligro”.

La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011, luego de ser atacada por la policía estatal por informar a las comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.

A decir de la defensora, por ello el gobierno trata de frenar la labor de las y los activistas que defienden la riqueza natural de los pueblos indígenas, pues son quienes denuncian que en Oaxaca la CFE apoya a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En ese estado hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina aseguró que aunque haya sido exonerada aún está en riesgo, y a pesar de tener medidas de seguridad, consideró que es “muy fácil que un empresario o un funcionario paguen” para asesinarla.

De acuerdo con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, la defensora representa al pueblo zapoteco que mantiene una lucha incansable contra la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca, proyecto que anteriormente pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar por medio del consorcio “Mareña Renovables”.

Los pueblos zapotecos han llevado con éxito ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo los reclamos sobre la falta de respeto y garantía de Derechos Humanos por parte del gobierno de México como por las empresas involucradas.

Sobre el llamado de la CIDH, Alejandra Gonza, directora de la Clínica, expresó en un comunicado que se trata de una advertencia y una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente “tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”.

Durante meses los estudiantes de la Clínica documentaron el peligro constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender su territorio, enfrentándose al Estado mexicano y a las empresas.

La decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso, expuso la abogada.

Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron ante la Suprema Corte la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur, caso por el cual la Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas frente a la implementación de mega proyectos.

El hostigamiento contra Bettina se da en un contexto donde la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU ha señalado la falta de atención a la situación de riesgo de los defensores que se enfrentan a las empresas. En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México el estado de Oaxaca se ubica en el primer lugar de agresiones contra defensoras al sumar 58 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

18/AGM/LGL

El Estado mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitir el caso por el feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez alegando que a la fecha la familia y su defensa no ha agotado todos los recursos legales internos para obtener justicia y porque en la investigación “no se violó ningún Derecho Humano”.

Con un retraso de cinco meses, el Estado mexicano dio respuesta a la petición que le hizo la CIDH en mayo de 2016 para dar información sobre el caso de Nadia Muciño, joven asesinada por su esposo Bernardo López Gutiérrez y el hermano de este, Isidro alias el “El Matute”; crimen que se cometió enfrente de sus hijos de entonces cinco, cuatro y dos años de edad, el 12 de febrero de 2014 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

El 5 de octubre de 2010, la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández y su defensa legal, los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CDMPDH), solicitaron a la CIDH admitir el caso ante las omisiones e irregularidades que cometió la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a la hora de investigar el caso.

Asimismo por las violaciones a los Derechos Humanos de la madre de Nadia y sus tres nietos, y por los malos tratos que han recibido durante del proceso (petición P-1402-10).

Sobre estas dos acusaciones a nivel internacional, el Estado mexicano entregó un informe el 10 de enero de 2017 a la CIDH, donde argumentó que ninguno de estos supuestos es cierto pues la familia de Nadia “no ha agotado todos los recursos legales dentro del país” como debe suceder antes de acudir al organismo; y porque la autoridad ha realizado todas las diligencias necesarias para corroborar el asesinato de Nadia.

La familia de Nadia denunció ante la Comisión Interamericana las demoras en el proceso penal en contra de los feminicidas, a lo que el estado respondió, en el reporte del cual Cimacnoticias tiene copia, que el retraso es debido a los recursos legales que han interpuesto ambas partes: las víctimas y los acusados.

En el informe del Estado indicó que no existieron “supuestas dilaciones injustificadas en el proceso penal” como lo denunció Antonia, pues ella misma, dice el Estado, interpuso a lo largo del proceso penal 13 recursos legales, mientras el acusado, Bernardo López, “únicamente 10”.

En contradicción indica que los amparos interpuestos por Bernardo fueron para evadir la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, y en respuesta a ellos, los de Antonia fueron para evitar la libertad el feminicida y la impunidad del caso de su hija.

Asimismo el Estado mexicano reconoció que 12 años atrás “no tuvo éxito para cumplir la orden de aprehensión” en contra del ex esposo y asesino de Nadia, pues tardó siete años en detenerlo desde marzo de 2005 cuando se dictó la orden de aprehensión.

De acuerdo con el documento, el retardo en la detención fue responsabilidad de la PGJEM mientras que el Estado envió varios oficios para que se cumpliera el arresto de Bernardo. En ese lapso, de casi una década, la autoridad “estuvo buscando líneas de investigación” hasta que finalmente el 14 de junio de 2012 logró encarcelar a López Gutiérrez en el Centro Preventivo y de Readaptación Social del Edomex.

“En ese sentido, es claro que el Estado mexicano llevó a cabo los medios a su alcance para lograr la aprehensión del señor Bernardo López, la cual incluso, cumplimentó” –y continuó- “la dilatación en el cumplimiento de la orden de aprehensión, no caracteriza una violación a los Derechos Humanos”, concluyó el gobierno mexicano.

Al momento en que el Estado rindió el informe, en enero pasado, aún continuaba con letargo el proceso penal contra Bernardo López ya que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no contaba con peritos en criminalística para el desahogo de pruebas y dictaminar que Nadia no cometió suicidio.

Recientemente, después de 13 años, el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli condenó a Bernardo López a 42 años y seis meses de prisión por el delito de “homicidio agravado”.

EL SEGUNDO ASESINO: “EL MATUTE”

Respecto al segundo asesino de Nadia, su cuñado Isidro López alias “El Matute”, el Estado mexicano insiste que no habían pruebas para acreditar que él participó en el asesinato puesto que los testimonios de los hijos de Nadia no era suficientes pruebas.

Tres años después del asesinato, “El Matute” fue detenido y la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla ratificó el auto de formal prisión sustentándose en las declaraciones de los tres hijos de Nadia e insistió que no se podía minimizar estos testimonios.

Sin embargo, en febrero de 2010 ante un recurso de apelación por parte de la defensa “del Matute” y el Ministerio Público, los magistrados se retractaron de su criterio y ordenaron su inmediata libertad; argumentaron que por la edad los hijos de Nadia eran incapaces de diferenciar entre una “fantasía” y “un hecho real”. Con ello el proceso contra Isidro concluyó.

En el informe enviado a la CIDH, el Estado mexicano apoya la decisión de los magistrados: “las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, de los hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez, son insuficientes y no aptas para tener por acreditado el elemento núcleo del tipo penal de homicidio, ya que las mismas no se encuentran apoyadas en las periciales de necropsia, criminalística, ni con el acta médica.”

EL ESTADO “CUMPLIÓ CON LA INVESTIGACIÓN”

Asimismo, el Estado dice que es inadmisible el caso porque no presenta ninguna violación a los Derechos Humanos por la “falta de una investigación diligente”, por el contrario, asevera que se “recabaron todas las pruebas necesarias y se realizaron todas las diligencia periciales correspondientes”.

En su denuncia, la familia y la Comisión Mexicana indican que desde que la Procuraduría mexiquense recogió el cuerpo de Nadia omitió resguardar la escena del crimen y pruebas, tal es el caso, que cuando regresaron para ampliar la investigación notaron que alguien entró al inmueble sin vigilancia y quemó evidencias del feminicidio: ropa, objetos y la soga con la que presuntamente se suicidó Nadia.  

Además no se tomaron pruebas de sangre que se encontraron en el lavadero de la casa y en la blusa que portaba la hija de Nadia de dos años de edad, porque “no eran suficientes” se excusó la PGJEM.

De estas omisiones en la indagación da cuenta la denuncia que interpuso la defensa de Nadia en 2009 contra los funcionarios de la PGJEM: Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández. De ello, no se tiene registro en el reporte del Estado.

En este sentido el gobierno mexicano indica que permitió participar a la familia durante el proceso de investigación, resalta que en junio de 2012 a petición de Antonia, la reconoció en su calidad de coadyuvante del caso con el fin que de aportará pruebas del feminicidio.

“Por lo tanto, el Estado considera que la petición debe ser declarada inadmisible por no existir violaciones a Derechos Humanos en el presente caso”, exige al final del documento.

Esta respuesta la tendrá que analizar la CIDH y pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, de acuerdo con el reglamento también podrá invitar a ambas partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia.

“EL ESTADO NOS DEJÓ EN LA INDEFENSIÓN”

Hoy, a un mes de que se dictó sentencia en contra de Bernardo, en conferencia de prensa Antonia Márquez y su hija Viviana Muciño, quienes han luchado por justicia para Nadia durante estos 13 años, señalaron que el Estado mexicano “las dejó en indefensión con una justicia a medias” que no fue “ni pronta ni expedita” y que tampoco garantizó la reparación del daño para los hijos de Nadia, dijo firme la madre de Nadia.

Antonia repasó los obstáculos que ha enfrentado en estos años y la vida que vivió Nadia con Bernardo previó a su asesinato: la privó de su libertad, vivió violencia familiar y económica.

La hermana de Nadia, Viviana, también recordó que estos procesos desgastantes son los que recorren las familias de víctimas de feminicidio en México por lo que hizo aún llamado a las familias de otras mujeres asesinadas a no desistir en su búsqueda de justicia “por ellas, aunque cueste 13 años”, concluyó.  

17/HZM

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL

La Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconocer como un problema de seguridad nacional la violencia extrema que enfrentan la mexicanas y crear una agenda de política pública de emergencia en las 26 entidades del país que han solicitado declararse en Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia.

El frente de mujeres conformado por promoventes y solicitantes de las Alertas de Género en todo el país expresaron en una carta enviada el pasado 24 de agosto al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, su inconformidad por el nulo avance en la eliminación de la violencia contra las mujeres, a pesar de que está vigente y activado el mecanismo de emergencia en 12 entidades del país.

La exigencia a Segob se hizo luego de que el 4 agosto la dependencia se negará a activar la Alerta en los estados de Sonora, Tlaxcala y Puebla. Actualmente Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí tienen una Alerta decretada.

En el documento las activistas y organizaciones también demandaron a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria sobre AVG para todo el país, en donde se revisen estrategias sobre seguridad y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

La mesa, propusieron, debe estar conformada por expertas en la Alerta, especialistas de Conavim e Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

También pidieron que se reconozca el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan la AVG, y se cree una mesa de seguimiento donde participen las agrupaciones para valorar la implementación del mecanismo y en caso de ser necesario reciban protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, por la labor de acompañamiento y defensa de víctimas de violencia de género.

En el último punto de la carta, exhortan a Segob a crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, “que tenga la facultad amplia de sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la impunidad de la violencia feminicida en nuestro país”.

“NO ENTIENDEN AVG”

La Red de solicitantes de las Alertas recordaron a las autoridades que el funcionamiento de este mecanismo depende de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, las cuales hasta ahora, “no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y seguridad jurídica, ni con el debido proceso constitucional ni satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano”, indicaron en su carta.

La AVG, aseguraron las agrupaciones “ha desvirtuado” el propósito por el cual se estableció hace una década en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: generar acciones de urgencia para salvar la vida de mujeres y cesar la violencia.

Mientras la situación se agrava con desapariciones forzadas de mujeres y altos índices de violencia de género en todos los ámbitos, las autoridades se niegan a declarar una AVG nacional, señalaron.

Por ello plantearon a Segob, Inmujeres y Conavim, la necesidad de hacer efectiva la Alerta y eliminar las barreras en su implementación, por ejemplo, respetar los plazos del mecanismo establecido en el reglamento de la ley, no emitir prórrogas a los gobiernos para acatar las órdenes que se desprenden de la Alerta, vigilar las políticas públicas que las entidades lleven a cabo y asignar presupuesto suficiente para su funcionamiento.

Sin embargo, expusieron a las autoridades que el 7 de abril de 2016 la ahora Red Nacional de Mujeres, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano en la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en el territorio.

ANTE OMISIÓN RECUERREN A LA CIDH

En la demanda (con el número de expediente P-594-16, que tiene copia esta agencia) las agrupaciones expresan que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo una serie de recomendaciones en 2009 al gobierno mexicano por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo Algodonero”, persiste la justicia y la falta de reparación integral del daño.

En la denuncia ante la CIDH las agrupaciones pidieron que sancione al Estado mexicano por el incumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero mediante “el desafuero, inhabilitación y destitución de los responsables ante sus actuaciones omisas y negligentes, que se traducen en violencia institucional”. Además de obligarlo a cumplir con la AVG en todo el país.

Las organizaciones fueron notificadas en diciembre de 2016 que la denuncia contra el Estado mexicano fue recibida por la CIDH y se encuentra bajo el estudio de la Secretaría Ejecutiva del organismo para determinar su procedencia.

Cabe recordar que la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia nació en abril de 2017, tras una reunión  entre integrantes de las organizaciones civiles y solicitantes de las Alertas con funcionarios de  Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

17/HZM

Organizaciones civiles de México advirtieron que en la 47 sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), iniciada este lunes en Cancún, México, este organismo no puede desestimar la grave crisis de Derechos Humanos que enfrenta el país anfitrión.
 
En el país, recordaron en un comunicado conjunto las organizaciones, siete mujeres son asesinadas diariamente, se mantienen las diversas formas de violencia de género, en lo que va del año 17 personas periodistas y defensoras han sido asesinadas, y 31 mil personas se encuentran desaparecidas. Y entre los responsables esta la delincuencia organizada, actores privados y estatales, afirmaron.
 
Ante este contexto,  resulta incongruente “el ofrecimiento de México de ser la sede de la Asamblea General”, señalan, por lo que hicieron un llamado al Estado mexicano “a priorizar el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes bajo los tratados del Sistema Interamericano”.
 
“Nos preocupa, dicen también, el cierre de espacios para la efectiva participación de la sociedad civiles en este tipo de foros internacionales, que derivó de la decisión del gobierno de México de cambiar la sede de la Asamblea General, que originalmente estaba prevista para la Ciudad de México”.
 
Sin embargo, el Gobierno mexicano tiene la oportunidad y responsabilidad de impulsar estrategias para garantizar la protección de los Derechos Humanos (DH) y reducir los altos índices de violencia en la región, aseguran organizaciones civiles.
 
AUSENCIA DE OSC 
 
Al iniciar esta mañana las sesiones destinadas a la participación de organismos civiles  --en donde se  destinó sólo cinco minutos a cada uno y en donde la trasmisión se vio interferida por las pruebas de audio para las reuniones posteriores con cancilleres de la región- la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos fijó su posicionamiento.
 
Exigió que los Estados de América Latina y el Caribe que penalizan el aborto, modifiquen su legislación para que las mujeres pueden interrumpir un embarazo en caso de violación, cuando su salud se encuentre en riesgo y en caso de que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
 
La Coalición señaló también que en la región una tercera parte de los embarazos registrados corresponde a menores de 18 años, de estos, 20 por ciento son niñas de 15 años o menos, quienes son las principales afectadas y viven en zonas rurales o lugares donde está instalado el virus del Zika.
 
Con estas registraciones legislativas, en América Latina están siete de los nueve países en el mundo que penalizan totalmente el aborto, y es el único lugar donde el número de partos de menores de 15 años va en aumento. Esto obliga a las mujeres, dijo la Coalición, a acceder métodos inseguros para interrumpir un embarazo, por lo que es la causa del 21 por ciento de las muertes maternas registradas en la región.
 
A esto se suma la violencia institucional que viven las mujeres durante el embarazo, el parto o después de éste, “pues persisten leyes, políticas públicas y prácticas que limitan y obstaculizan la justicia social” y el acceso a servicios públicos de salud.
 
Esto, según la agrupación civil, contraviene lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que especifica que: “los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de una variedad de servicios de salud sexual y reproductiva, incluye el acceso a la atención pre y post natal, servicios obstétricos de emergencia, aborto legal y seguro, planificación familiar y acceso a la información y educación en la materia”.
 
Entre las organizaciones que conforman la Coalición esta Ipas México e Internacional, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y la Fundación Unidos por un México Vivo AC.
 
EL RELEVO Y LOS RECURSOS EN CIDH Y CORTE
 
Las organizaciones civiles que firmaron el comunicado recordaron también que entre los temas a discutirse en la Asamblea está el financiamiento de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos clave para la protección de DH, así como la atención de denuncias de la sociedad civil. Y eso, señalaron, “resulta un momento crucial para la mejora de los sistemas de protección de DH de la región”.
 
La CIDH actualmente cuenta con un presupuesto menor a 12 millones de dólares, mientras la Corte Interamericana tiene 5 millones de dólares anuales. La mitad de este presupuesto proviene de donativos que realizan los estados miembros de la OEA, “situación que atenta contra la independencia de los órganos del Sistema Interamericano”, destacaron.
 
Asimismo, apuntaron que la selección de los próximos tres integrantes de la CIDH debe realizarse en respeto de los criterios de independencia, imparcialidad, conocimiento del tema, alta autoridad moral y representación de género.
 
Entre las y los candidatos se encuentran: Antonia Urrejola Noguera (Chile); Carlos Horacio de Casas (Argentina), impugnado por organismos defensores de DH, ya que fue abogado de un militar represor durante la última dictadura; Joel Hernández García (México), Douglass Cassel (Estados Unidos) Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina Piovesan (Brasil).
  
17/HZM/GG
 

Carente de la  protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada por un comando. 
 
Miriam, quien murió en  el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal. 
 
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam  -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
 
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
 
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa. 
 
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que  no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
 
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
 
S.O.S A ONU Y  CIDH
 
 
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.    
 
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam. 
 
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”. 
 
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
 
ACOSO DE LA POLICÍA
 
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico. 
 
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión. 
 
17/ RED 

La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 

Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
17/NR/GG

Estados Unidos (EU) tiene la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes, pero decidió ausentarse de los espacios donde organizaciones y sociedad civil discuten el problema, lo que evidencia la falta de compromiso de la administración de Donald Trump por proteger estos derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y niñas.
 
Así lo indican 14 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en una carta dirigida al secretario del Estado de EU, Rex Tillerson, quienes han insistido y destacado el riesgo que enfrentan mujeres y niñas en su trayecto hacia EU: pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral, incluso asesinadas.
 
En el documento critican la deserción de las autoridades estadounidenses para participar en las audiencias celebradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de marzo de 2017, lo que marca un “peligroso precedente” y contraproducente para abordar las violaciones de los derechos de personas migrantes en toda la región.
 
Las agrupaciones recordaron al Secretario de Estado que no debe eludir a estas responsabilidades, pues han pasado dos décadas consecutivas desde que EU participa en este proceso de la CIDH, hasta ahora.
 
El cierre de las fronteras, como la construcción del muro fronterizo con México, y la regulación de la participación política y económica de EU, tal como sucede con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), son acciones características de regímenes autoritarios, contrarias a naciones democráticas que velan por los derechos universales, cuestiones que se deben tomar con severa precaución, indicaron las organizaciones.
 
Entre los temas discutidos ante el organismo del Sistema Interamericano –donde el lugar reservado para las autoridades estuvo vacío- se destacó la participación de las mujeres y niñas en los procesos migratorios, quienes, dijeron las organizaciones especializadas, son las principales afectadas por las políticas migratorias ejecutadas por Trump.
 
De acuerdo con datos de Imumi, cerca de 20 mil mujeres cruzan cada año la frontera sur de México con intensión de llegar a EU, sin embargo, en su trayecto es peligroso, pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral.
 
De la misma manera, en la audiencia de la que se ausentaron autoridades estadounidenses, se planteó la falta de acceso al derecho de asilo en EU, lo que significa para ellas y sus familias, condenarlas a la muerte o desaparición, ya que se verían obligadas a retornar a los territorios de lo que huyeron por violencia como El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que en 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, a quienes, en su mayoría, se les niega el derecho al asilo a pesar de las razones por las que migraron.
 
Por último, en el documento hicieron un llamado a la administración estadounidense en general para  defender los Derechos Humanos y reafirmar su compromiso internacional ante instituciones como la CIDH.
 
17/HZM/GG
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado guatemalteco aplicar medidas adecuadas para apoyar y asistir a familiares de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas 41 niñas como consecuencia de un incendio; y a la niñez y adolescencia que todavía se encuentran ahí, así como prohibir el ingreso de más menores de edad.
 
En un comunicado, la CIDH informó que la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez realizó una visita al lugar de los hechos el pasado 30 y 31 de marzo, donde pudieron constatar que aún permanecen en ese lugar 33 menores de edad quienes se encuentran en un sector llamado San Gabriel, en condiciones sanitarias deficientes, habitaciones inadecuadas y con la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales de la Policía en la puerta de ingreso.
 
También señaló que el Hogar está rodeado de alambre de púas en sus altas paredes y dispositivos “similares a un centro de privación de libertad” en lugar de uno de protección.
 
De las pláticas que la relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño sostuvo con las y los menores de edad que permanecen ahí, se pudo apreciar que “están muy afectados por la tragedia vivida y debería encontrarse para ellos un ambiente que les pueda ofrecer condiciones de protección y cuidado adecuadas para que puedan dejar cuanto antes ese Hogar”.
 
NUEVAS ADMISIONES
 
Asimismo, dijo la CIDH, la delegación fue informada que tres niños habían sido admitidos en ese mismo Hogar en los últimos días, el último de ellos con una orden del juez que apercibía a los funcionarios con arresto si no era recibido en el recinto, lo que la Comisión considera sumamente preocupante toda vez que había solicitado al Estado prohibir el ingreso de más niñas o niños al “Hogar Seguro Virgen de Asunción”.
 
La Comisión destacó que no recibió información consistente sobre el número de menores de edad que se encontraban en el Hogar el 8 de marzo (día del incendio) pues las cifras de las autoridades oscilan entre 588 y 604, y que se activaron 29 alertas por desaparición de niños, niñas y adolescentes los días 7 y 8 de marzo.
 
ENTREGA SIN RESGUARDOS LEGALES
 
Otra irregularidad, señaló el comunicado, es que algunas niñas, niños y adolescentes fueron entregados a quienes fueron a buscarlos “sin adoptar los resguardos legales correspondientes para su protección”; y que no hubo información sobre medidas para garantizar procesos de reinserción segura con acompañamiento especializado a sus familias.
 
“En los casos en que no se pudo localizar un recurso familiar, el Estado procedió a trasladar a los niños, niñas y adolescentes a otros hogares y a otro tipo de instalaciones para un albergue de emergencia”.
 
La  CIDH otorgó la medida cautelar No. 958/16, el 12 de marzo con el fin de proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban alojados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción al momento del incendio que tuvo lugar el día 8 de marzo; la medida alcanzó a los que resultaron lesionados y que fueron trasladados a otros lugares.
 
Urgió al Estado a otorgar todo el apoyo psicológico necesario para la niñez y adolescencia y otras medidas de protección por su condición de víctimas y testigos de los hechos como el resguardo de su privacidad e identidad.
 
ALIDA ESPAÑA, MALAS CONDICIONES
 
Como parte de su visita, la delegación también estuvo en la escuela Alida España, un albergue temporal para niñas y niños con discapacidad mental, donde observó, señaló en su comunicado, “las condiciones de hacinamiento en que están viviendo los niños y las niñas al interior de la escuela; las salas de clases han sido habilitadas como dormitorios con colchonetas en el suelo, y los baños son insuficientes para la cantidad de niños”.
 
Por lo anterior, urgió también al Estado a trasladar a las y los niños a un lugar adecuado a su condición; a prestar apoyo a las familias en el ámbito de la comunidad, a través de servicios de salud, sociales y educativos adaptados, que permita a la familia hacerse cargo y cuidarles; y contemplar la posibilidad de formas de acogimiento alternativo en aquellos casos en que esté en el interés superior del niño, en centros que cumplan los estándares internacionales.
 
La Comisionada y vicepresidenta Segunda de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de la Niñez y personal de la Secretaría Ejecutiva, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que no es la primera vez que la Comisión visita este país debido a diversas situaciones de desprotección en que se encuentra la niñez ante la falta de un sistema eficiente y coordinado que integre las diversas dependencias del Estado a nivel nacional y local, que realmente garantice los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
 
La delegación estuvo integrada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal de la Comisión, y en carácter de observadora, la vicepresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) Sylvia Mesa.
 
17/LGL/GG