legalización de la prostitución en la capital

Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL

La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, llamó a la Asamblea Constituyente a no reconocer la “prostitución” como un trabajo asalariado porque ello no abona a la erradicación ni a la protección de las víctimas de explotación sexual.
 
En la sesión de este martes, la asambleísta presentó un punto de acuerdo para llamar a la Asamblea Constituyente a no aprobar la redacción del artículo 15 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque contraviene los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México.
 
En tribuna, Rojas Martínez expuso que en la capital del país operan 13 corredores de explotación sexual con total impunidad en la zona centro de la Ciudad de México; y aseguró que reconocer el “trabajo sexual” promovería la trata para la explotación, expandiría la industria del sexo y no se protegería a niñas y mujeres en “situación de prostitución”.
 
A decir de la legisladora de Morena, hay que revisar la tendencia mundial encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la “prostitución” con una amplia gama de apoyos a las víctimas, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual.
 
Desde la perspectiva de la legisladora, el Estado tiene la obligación de contribuir a eliminar cualquier forma de explotación y violencia sexuales, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la “prostitución” y la protección de las víctimas. 
 
Agregó que tratar el fenómeno de la prostitución con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, es “enmascarar el contenido siniestro de la trata y la explotación”, actos criminales que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos.
 
Entre los tratados signados y ratificados por México mencionó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niñas y niños y la Convención contra la Delincuencia Organizada (2003).
 
Agregó que en este fenómeno no se puede distinguir entre “prostitución libre y prostitución forzada” por lo que los países no pueden reglamentar esta actividad pero destacó que tampoco se puede someter a las mujeres que se dedican al “comercio sexual” a registro o a otros controles; ni usar el consentimiento para defender a los acusados de trata de personas.
 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa para su dictamen. El próximo 10 de diciembre se votará en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente la propuesta para legalizar la prostitución en la Ciudad de México.
 
16/AGM/LGL

Asegurar que todas las mujeres que se dedican al “trabajo sexual” eligieron este oficio libremente y decir que quienes sostienen lo contrario “discriminan y son moralistas” borra toda la complejidad que encierra una actividad donde las mujeres que entran a una habitación no saben si ese día será el último de su vida. 
 
Esa es la opinión de la antropóloga social y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien desde 2007 ha realizado investigaciones de campo sobre la trata con fines de explotación sexual en México. 
 
Para la perita en antropología social, las propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en la Asamblea Constituyente -que aprobará la Constitución Política de la Ciudad de México- para reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado, es crear un marco jurídico para proteger la explotación sexual.
 
En opinión de la coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, reconocer el “trabajo sexual” tiene dos implicaciones fundamentales: primero generalizar que todas las mujeres en “contextos de prostitución” están en la misma situación y que eligieron libremente esa actividad.
 
Otra consecuencia de considerar que esta actividad es un trabajo no asalariado –dice la investigadora– es reconocer que el Estado se exime de las obligaciones que tiene de proveer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores, de contratar personas y ofrecerles antigüedad y servicios de salud, vivienda y derechos laborales en general.
 
TRABAJO O EXPLOTACIÓN
 
Entre octubre y noviembre el diputado perredista Víctor Hugo Romo organizó cuatro mesas para discutir cuáles son las estrategias para visibilizar este trabajo ya que en la ALDF existen dos propuestas de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para que la prostitución no sea una falta administrativa.
 
En estas audiencias públicas grupos a favor de reglamentar esta actividad señalaron que no es lo mismo “trabajo sexual” que trata de personas y aseguraron que es fácil distinguir entre la persona que es víctima y aquella que ofrece servicios sexuales de manera autónoma, libre y sin coerción. 
 
Sin embargo, de acuerdo con Caporal Pérez, está distinción no es fácil porque el modus operandi de la delincuencia organizada que se dedica a explotar a las mujeres es el “enganche” y el sometimiento a partir de la vinculación sexo-afectiva y erótica, es decir, a partir del discurso del amor romántico para que no se sientan víctimas.
 
Investigaciones como el libro “Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi” de Oscar Montiel Torres, documentan que los padrotes “enganchan” a las mujeres con la idea del amor y del progreso, así les piden que se prostituyan para garantizar su bienestar, mantener a los hijos o  tener una casa. 
 
“Se mete un discurso económico, neoliberal del progreso. Si tú haces tal cosa, si atiendes a tantos clientes, si soportas esa dinámica de estar en el comercio sexual, vamos a salir, nos vamos a casar”, y todo el tiempo son convencidas de que ejercer esta actividad es un acto de amor hacia la pareja o de protección a los hijos.
 
ECONOMÍA INFORMAL
 
En el área laboral la tendencia es fomentar la economía informal. Es por eso que un argumento para reconocer el “sexo servicio” como un oficio, es que las trabajadoras puedan ser consideradas igual que los vendedoras ambulantes, los boleros, los cuidadores de autos y no sean discriminadas ni violentadas.
 
Sin embargo para Caporal Pérez, no es lo mismo dedicarse a bolear zapatos que entrar a un cuarto sin saber con quién estarás y pensar que puede ser el último día de tu vida, como lo dicen los testimonios que ha recopilado en sus investigaciones porque –aunque halla mujeres que escogen a sus clientes– no todas tienen libertad de elegir.
 
Con estos argumentos la antropóloga afirma que reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina es generar un ambiente para que aquellas personas que se dedican a la explotación lo hagan con un marco jurídico porque desde su experiencia, no es fácil reconocer quién es víctima y quién no lo es.
 
Asimismo es escéptica sobre la idea de que reconocer este trabajo generaría más denuncias de trata porque actualmente este delito se relaciona con la delincuencia organizada y por tanto no es fácil denunciar porque quién señale es perseguido y hasta asesinado.
 
La legalización de la “prostitución”, afirma, tampoco borrará la idea de que los espacios donde se ejerce el “comercio sexual”, desde calles, cantinas, centros botaneros, spas, casas de cita hasta table dance, se puede hacer lo que sea con el cuerpo de las mujeres, incluso asesinarlas.
 
16/AGM/LGL

La directora del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida en la Ciudad de México, Andrea González Rodríguez, dijo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debe eliminar los obstáculos que actualmente existen para garantizar la salud de las “trabajadoras sexuales”.
 
La doctora señaló que hoy en día las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa, atienden a esta población pero destacó que el Seguro Popular –programa a través del cual se financia el acceso al servicio– exige que las personas beneficiadas residan en la capital del país pero muchas de las trabajadoras no tienen su domicilio en la Ciudad de México.
 
En la última de cuatro mesas organizadas por el diputado de la ALDF, el perredista Víctor Hugo Romo, para escuchar opiniones sobre su propuesta para derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga la “prostitución” como falta administrativa, la funcionaria dijo que la persecución y el desprecio social hacia este grupo dificulta el acceso a los servicios de salud.
 
A la par de la propuesta del legislador de reformar la ley, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso en el proyecto de borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el “trabajo sexual” como una actividad no remunerada.
 
Respecto a la intención de reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” no sea una falta, la doctora señaló que esto no es suficiente toda vez que los requisitos del Seguro Popular –como la residencia en la Ciudad de México– dificultan que las mujeres accedan a los servicios a lo que se suma que ellas prefieran no asistir a las clínicas especializadas porque allí no hay servicio de pediatría para sus hijas e hijos.
 
En este contexto González Rodríguez expuso que las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa ofrecen servicios para “trabajadoras sexuales” como atención ginecológica, actividades informativas sobre infecciones de transmisión sexual, servicios de diagnóstico ambulatorio y el reforzamiento de medidas de prevención como la distribución de condones a través de organizaciones sociales.
 
Destacó que al hablar del “trabajo sexual” en materia de salud se distinguen tres grupos que se dedican a esta actividad: mujeres, hombres y personas transexuales; además de las víctimas de trata de personas y señaló que cada una de estas poblaciones tiene  problemáticas de salud distintas según su perfil y condiciones sociales.
 
González Rodríguez explicó que la población más difícil de atender son las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, porque son parte del programa más acotado de la Clínica Condesa y porque son quienes viven más persecución y desprecio social; mientras que los hombres son el grupo más sencillo de atender porque son menos estigmatizados por ejercer este oficio.
 
Desde la perspectiva de la doctora hay una tendencia a “proteger” a las mujeres para que no “vendan su cuerpo” mientras que los hombres no viven esa “persecución moral”. 
 
Según la información del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida, 90 por ciento de las mujeres que atiende y que realizan la “venta de servicios sexuales” son menores de 35 años, tienen estudios básicos como primaria incompleta o máximo un año de secundaria, son de otra entidad federativa, tienen en promedio uno o dos hijos y la gran mayoría usa y promueve el condón por lo que tienen menor prevalencia de VIH.
 
Además dijo que entre 30 y 40 por ciento de estas mujeres tienen antecedentes de abuso sexual, agresiones que en la mayoría de las veces ocurren en la infancia; 99 por ciento fue en algún momento víctima de violencia familiar, iniciaron su vida sexual desde los 9 o los 14 años edad y comenzaron el “trabajo sexual” entre los 15 y 18 años.
 
La especialista también mencionó que estas mujeres esperan cumplir 18 años para acceder a los servicios de salud, muchas no tienen domicilio en la Ciudad de México, en la mayoría de los casos viven en alguna ciudad con algún estado colindante donde la mamá se hace cargo de las hijas e hijos, y pertenecen a familias donde en dos generaciones no hubo papá.
 
González Rodríguez agregó que el “trabajo sexual” permite que estas mujeres puedan mantener a la mamá y a los hijos.
 
Otro grupo que dijo la doctora, es invisible, son las mujeres en “situación extrema de vulnerabilidad”, jóvenes que en la mayoría de los casos viven en las calles, en hoteles, son menores de edad y que no se dedican al “trabajo” pero cambian servicios sexuales por techo, comida o sustancia inhalables y que tienen alta prevalencia de VIH, sífilis, embarazos adolescentes o que vivieron abortos previos. 
 
Muchas de estas jóvenes pasan por las unidades de adolescentes en conflicto con la ley, son expulsadas de su casa por violencia familiar y en general son un grupo poco atendido porque realizan “transacciones sexuales” por abandono.
 
Expuso además que no es lo mismo “trabajadoras sexuales” que victimas de trata porque las primeras van a las clínicas solas, de manera voluntaria, conocen los servicios y la mayoría no consume sustancias; mientras que las víctimas de trata son acompañadas por instituciones u organizaciones civiles, acuden con miedo, ansiedad,  trauma, estrés postraumático y tienen antecedentes de prácticas sexuales obligadas.
 
En opinión de la funcionaria en otros países la persecución, desprecio y la falta de protección hacia las mujeres “que se dedican a esta actividad” provocó que los hombres tengan derecho a violar a las mujeres y se convirtió en una manera de expandir infecciones de transmisión sexual y el VIH. Actualmente en la Ciudad de México en mujeres la prevalencia de esta infección es de menos de 1 por ciento y en los hombres es de 38 por ciento.
 
16/AGM/LGL

La directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Patricia Uribe Zúñiga, aseguró que las personas que se dedican al “trabajo sexual” enfrentan diversos padecimientos por lo que su salud no puede estar acotada al VIH y a las infecciones de transmisión sexual.
 
Así lo dijo al participar en el foro organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el diputado perredista Víctor Hugo Romo para escuchar opiniones sobre cómo reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución de la Ciudad de México y derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga esta actividad como una infracción.
 
En la mesa sobre salud, la doctora –quien cuenta con amplia experiencia en salud pública, salud sexual y reproductiva y administración pública– dijo que los datos de 2013 indican que la prevalencia del VIH en mujeres biológicas que se dedican al “trabajo sexual” es de 0 .68 por ciento pero en trabajadoras trans es de 20 por ciento en promedio.
 
De acuerdo con el Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida en México 2016, en términos generales, la prevalencia del VIH en personas transgénero es mayor que en la población general por lo que reducirlo en esta población es una medida importante para hacer un seguimiento de la respuesta nacional al VIH.
 
En la mesa donde participaron mujeres y personas trans que se consideran “trabajadoras sexuales”, Uribe Zúñiga dijo que esta población no sólo enfrenta problemas de salud relacionados con el VIH toda vez que algunas personas pasan por una transformación sexo-génerica, usan hormonas o se inyectan sustancias para feminizar su cuerpo lo que les trae otras consecuencias de salud.
 
En este sentido explicó que actualmente a nivel federal las instituciones que atienden a personas que “ejercen esta actividad” no son integrales ya que sólo en la Ciudad de México se les ofrece atención en materia de salud sexual y reproductiva, mental, para atender violencia y apoyo para tratamiento hormonal, por lo que aseguró que es necesario articular estas acciones.
 
Al respecto la funcionaria dijo que el 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, la Secretaría de Salud acordó hacer un protocolo de atención integral para personas transexuales e intersexuales a fin de haya lineamientos básicos pero destacó que si no se elimina la discriminación y los prejuicios hacia el “trabajo sexual” y la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) no se garantiza acceso a los servicios de salud pública sin discriminación.
 
Por otra parte la especialista, quien de 2003 a 2011 fue directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dijo que está demostrado que el control sanitario obligatorio para quienes realizan el “trabajo sexual” no lleva a ningún beneficio y muchas veces sirve para que se les cobren las pruebas de detección de enfermedades sin que se les realicen.
 
En opinión de Uribe Zuñiga, la ley que regule esta actividad no debe avalar que las delegaciones o los municipios determinen las medidas sanitarias más recomendables para atender a las “trabajadoras sexuales” porque, dijo, quienes tienen que hacerlo son los servicios de salud.
 
16/AGM/LGL

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L'Hoist, se pronunció a favor de regularizar el “trabajo sexual” pues en su opinión, ello disminuiría la discriminación contra las personas que se encuentran en esta situación.
 
Durante la tercera mesa que organiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para analizar el tema del “trabajo sexual”, la funcionaria dijo que de acuerdo con las quejas que llegan al Copred las personas que realizan esta labor son maltratadas por la autoridad, se les insulta, no pueden “trabajar” con seguridad y son discriminadas.
 
En el tercer encuentro convocado por el diputado Víctor Hugo Romo para escuchar las posturas sobre el tema –y al que no asistieron asambleístas–, L'Hoist dijo que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, 86 por ciento de la población encuestada dijo que las “trabajadoras sexuales” son discriminadas.
 
El estudio arrojó también que 73 por ciento de la ciudadanía consideró que las personas pueden hacer mucho para eliminar la discriminación hacia estas “trabajadoras” pero para ello es necesario más educación sobre qué es el “trabajo sexual”.
 
La funcionaria quien coincidió en  reformar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, dijo que de acuerdo con una división de la población capitalina en 40 grupos, las personas indígenas son las más discriminadas, le siguen las de piel morena, luego las que viven con VIH y en el lugar 18 están las “trabajadoras sexuales”.
 
A propósito de las iniciativas en la ALDF para regularizar y “reglamentar la prostitución” L'Hoist señaló que cualquiera de las posturas debe tener en el centro a las personas que ejercen esta actividad y sus particularidades y explicó que faltan políticas que eliminen las causas estructurales que llevan a las mujeres a “ejercer este trabajo”.
 
En la Asamblea Legislativa hay dos propuestas. El pasado 18 de octubre la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz propuso crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal”; y el legislador del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” ya no sea una falta.
 
En paralelo la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, un borrador que en su artículo 15, apartado F, numeral 3, inciso b, dice que las autoridades de la ciudad “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
En esta audiencia el subdirector de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jean Philibert Mobwa, afirmó que es necesario regular el “trabajo sexual” para evitar las agresiones y violaciones contra las mujeres que están en este contexto.
 
El funcionario explicó que “legalizar este oficio organizaría de mejor manera esta actividad, los burdeles serían legales, se podrían exigir revisiones médicas a las trabajadoras sexuales, el uso del condón sería obligatorio y eso llevaría a la reducción de las infecciones de transmisión sexual”.
 
A decir de Mobwa un prejuicio es decir “prostitución” cuando se trata de “trabajo” porque así se hace referencia a una persona adulta que en pleno ejercicio de sus facultades y sin coacción gana dinero “a partir del trabajo que ejerce”; en este contexto hay una “industria del sexo”, es decir, empresas que pagan un sueldo a las personas “trabajadoras sexuales” por sus “servicios”.
 
16/AGM/LGL

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que apoya la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de reconocer en la próxima Constitución Política capitalina el “trabajo sexual” como un empleo no asalariado y garantizar seguridad social a quienes ejercen esta actividad.
 
Después de participar en una conferencia con diputadas constituyentes, la secretaria dijo que el proyecto de Constitución capitalina reconocerá el trabajo sexual y todo lo que implica en términos de reglamentación laboral, incluyendo seguridad social.
 
En declaraciones a los medios la ex candidata presidencial insistió en que la trata y la explotación sexual en niñas y mujeres se debe erradicar y castigar pero aclaró que las “trabajadoras sexuales” tienen derecho a organizarse y no ser sancionadas por ejercer una actividad que hoy es una falta administrativa.   
 
Mientras las y los diputados de la Asamblea Constituyente debaten cómo quedará redactado el artículo 15, apartado F, en el texto constitucional que actualmente reconoce esta actividad, en la Asamblea Legislativa existen dos iniciativas que también pretenden regularizar y reconocer el comercio sexual del cuerpo de las mujeres.
 
El pasado 18 de octubre la asambleísta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz, presentó una iniciativa para crear una ley que regule el “trabajo sexual”, en la misma sesión el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, presentó otra propuesta para reformar la Ley de Cultura Cívica y quitar la “prostitución” como una infracción.
 
En la capital del país ya se ha intentado legislar al respecto, hace tres años, el 7 de abril del 2013 la diputada perredista Polimnia Romana Sierra Bárcena presentó una iniciativa para derogar el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica y no criminalizar a las mujeres que están en este contexto; sin embargo, la propuesta no fue dictaminada.
 
Sobre este tema, la secretaria de Gobierno consideró que la Asamblea Legislativa puede realizar las reformas que considere necesarias sin tener que esperar hasta 2018 cuando esté lista la Constitución capitalina; aunque aclaró que una vez que entre en vigor este texto será necesario hacer nuevas leyes reglamentarias.
 
Al ser cuestionada sobre cómo se garantizará derechos laborales a las “trabajadoras sexuales” que hacen tratos informales con sus clientes, la ex candidata presidencial dijo que uno de los elementos del trabajo digno y decente es la seguridad social y en este caso el proyecto de Carta Magna propone una “renta básica ciudadana”.
 
Advirtió que en la ciudad como en el país se está debatiendo un nuevo modelo de trabajo, donde ya no sea una empresa o una fábrica con trabajadores y patrones sino empleos más flexibles que a la vez no sean precarios y sin derechos, y es ahí donde también se incluye el “trabajo sexual”.
 
16/AGM/LGL

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) enviará a la Asamblea Constituyente una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna local para no reconocer a la prostitución como un trabajo sino como “un sistema de explotación y violencia patriarcal”.
 
En una carta pública disponible en la plataforma Change.org esta organización internacional que en México apoya y litiga casos de mujeres víctimas de desaparición, feminicidio y explotación sexual, rechazó categóricamente el reconocimiento de la “prostitución como trabajo no asalariado (o asalariado)” en la Carta Magna capitalina.
 
De acuerdo con el escrito, la “prostitución” legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, las y los adolescentes, las niñas y los niños, son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar bajo el neoliberalismo salvaje impuesto por el capitalismo y la globalización de la industria del sexo.
 
La agrupación argumenta que en México el artículo 1 de la Constitución federal dice que en el país se deben aplicar los tratados internacionales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Convención del 49 ratificada en 1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (ratificado en diciembre de 2003).
 
En este sentido la CATWLAC asegura que todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos; además reitera que el Estado mexicano y la Ciudad de México, tienen la obligación de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual.
 
Si bien hay colectivos de mujeres que apoyan el reconocimiento del “trabajo sexual” y mencionan que es una actividad que ya se ha reconocido en otros países, la CATWLAC asegura que no existe en el mundo una constitución que incluya el reconocimiento de la prostitución como “trabajo sexual”, ni siquiera en aquellos que la legalizaron.
 
Respecto a la posición de legisladores de la Asamblea Legislativa que promueven esta actividad tras el argumento de que será un “trabajo” siempre y cuando se realice con el “consentimiento” de las mujeres o sólo si es “una decisión personal” la agrupación señala que esta idea se basa en una visión liberal de los Derechos Humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos y de toda noción de bien común.
 
En esta carta se agrega además que el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito de trata de personas y en general afirma que no se puede hacer una distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
 
Hasta ahora las propuestas legislativas y el borrador de Carta Magna para la capital del país se sustentan en la sentencia de amparo que en enero de 2014 emitió el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que resolvió que sancionar el “trabajo sexual” es “inconstitucional” y ordenó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorgar credenciales a las “personas sexoservidoras”.
 
Sin embargo la agrupación presidida por la activista Teresa Ulloa asegura que dicha sentencia de amparo es una tesis aislada y no una tesis jurisprudencial, ya que para que esto ocurra se necesitan cinco sentencias en el mismo sentido para que los efectos del fallo sean generales, por tanto, la resolución no puede constituirse en una norma en sí misma y sólo aplica para quienes solicitaron el amparo.
 
Por otro lado, la CATWLAC pone sobre la mesa que la tendencia mundial en relación con la prostitución está encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de ésta con una amplia gama de apoyos a las víctimas, despenalizando esta actividad, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual. Así pasa en Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Guatemala y El Salvador, agrega.
 
En abril de 2016 la Asamblea Nacional Francesa adoptó una “ley contra el sistema prostitucional”, a favor del acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y la prohibición de la compra de cualquier acto sexual.
 
En este contexto, en la carta –abierta a firmas ciudadanas– se solicita una audiencia con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para presentar una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna, el cual busca dar garantías laborales al “trabajo sexual”.
 
La CATWLAC propone que en lugar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cree un fondo de pensiones y prestaciones para “trabajadoras sexuales”, cree mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos laborales y que todas las personas que obtengan un ingreso hasta de 150 mil pesos al año, se reconozcan como trabajadoras y trabajadores no asalariados y gocen de todos los derechos.
 
16/AGM/LGL

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa, Jany Robles Ortiz, presentó una iniciativa para crear una ley que regule el “trabajo sexual” y reconocer los “derechos de las y los trabajadores sexuales”.
 
En la sesión de ayer martes, la asambleísta presentó la iniciativa para crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal” a fin de garantizar los “derechos de las y los trabajadores sexuales” e instrumentar políticas, medidas, acciones y programas de gobierno para su desarrollo integral.
 
La propuesta también es derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de Distrito Federal que dice que una infracción contra la tranquilidad de las personas es “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal”.
 
La iniciativa de ley se presenta días después de que diversos asambleístas condenaran en foros públicos y en tribuna, los asesinatos de dos personas transexuales en condición de prostitución, hechos que ocurrieron en la capital del país y que llamaron la atención sobre la pertinencia de regular el “trabajo sexual”.
 
En su exposición de motivos, la priista subrayó que es fundamental concebir a las personas que realizan “trabajos sexuales”, con la dignidad y capacidad de decidir sobre su persona y asegurar que no se violen sus derechos, y para ello propuso crear una ley de 38 artículos con obligaciones y derechos.
 
Las reformas proponen condiciones mínimas para “ejercer esta actividad”: ser mayor de 18 años de edad; tener capacidad de comprender el significado de la actividad que se está realizando; que se haga de manera voluntaria y sin ninguna coacción, y en zonas establecidas por la autoridad.
 
Además la iniciativa de ley también impone penas a “las y los trabajadores sexuales” que realicen o practiquen actos sexuales en la vía pública, se les impondrá arresto inconmutable hasta por 36 horas y una multa de 20 a 50 días de unidad de cuenta (lo que antes era salario mínimo).
 
Por otra parte quien ofrezca sus servicios fuera de los perímetros fijados o reconocidos por las delegaciones será retirado de la vía pública y presentado ante el Juez Cívico, y a los usuarios que contraten los servicios de un menor de edad se le impondrán las penas señalas por el Código Penal del Distrito Federal.
 
La ley establece requisitos para los establecimientos que dispongan de “escenarios y privados”, que “ofrezcan espectáculos eróticos”; también señala medidas de control sanitario; prohíbe publicidad con contenido sexual: mientras que el gobierno capitalino tendrá obligaciones como “procurar la pacífica convivencia de las y los trabajadores sexuales”.
 
Robles Ortiz dijo que a nivel mundial se estima que el número de “sexoservidoras” asciende a 40 millones, y que “el trabajo sexual” se observa de distintas maneras.
 
A decir de organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –quienes están en contra de reconocer como trabajo la prostitución– señalan que la mayoría de las mujeres que están en contextos de prostitución están allí por coacción, lo que explica que sólo 147 personas hayan solicitado al gobierno local una tarjeta de “trabajadora sexual.
 
Sin embargo, la legisladora señala ejemplos de otros países como Holanda, donde la prostitución no es delito y las “trabajadoras del sexo” tienen seguridad social y subsidio por desempleo; en Dinamarca las “meretrices” están obligadas a pagar impuestos, pero no reciben prestaciones; mientras que en España, Italia y Francia, la prostitución no está ni autorizada ni prohibida.
 
La legisladora dijo que según cifras de instituciones y organismos de la sociedad civil, en la Ciudad de México aproximadamente 40 mil personas se dedican al “trabajo sexual” y por ello es necesario reconocer la dignidad de las personas que realizan esta actividad y establecer condiciones para ejercerla.
 
En la sesión, el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, presentó otra propuesta en el mismo sentido para reformar la Ley de Cultura Cívica, al asegurar que el “trabajo sexual” es como cualquier otro y por lo tanto debe mantener “todos los privilegios que cualquier otro”.
 
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La Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente que debate el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México analizará si se debe reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral.
 
Así lo dijo el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Gelista González, al participar en la instalación de la Comisión de Carta de Derechos, presidida por la antropóloga feminista y diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
Esta Comisión se encargará de debatir del artículo 8 al 19 del borrador de Constitución capitalina que incluye el derecho a la ciudad libre, democrática, con educación y conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. 
 
Al presentar su posicionamiento el diputado panista dijo que el proyecto de texto constitucional requiere una “cirugía” lo que no significa que los derechos estén en peligro sino que el documento debe tener un lenguaje inequívoco, preciso, sin engaños y sin generar expectativas falsas. 
 
Como ejemplo citó que en la Ciudad de México no se debe proteger el “sexoservicio” como lo propone el artículo 15 del borrador sino a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad que se dedican a realizar esta actividad, esto a fin de evitar que sean víctimas de delitos como el asesinato.
 
Gelista González aseguró que el capítulo laboral –donde se reconoce “el trabajo sexual”– es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Carta Magna un enfoque de derechos de las personas pero no generar expectativas que no se van a poder cumplir, por lo que llamó al dialogo y la apertura.
 
Ante la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, Amalia García Medina, quien está a favor de reconocer a las mujeres en condición de prostitución como trabajadoras, el legislador agregó que dada la importancia de este trabajo legislativo se deben tomar en cuenta todas las voces.
 
En la sesión de instalación  también estuvieron presentes feministas como la académica Aimée Vega Montiel que defiende el derecho a comunicar de mujeres y niñas; la activista de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández; y las abogadas feministas que han litigado casos de feminicidio a nivel internacional, Andrea Medina Rosas y Karla Micheel Salas.
 
Por su parte las activistas y diputadas constituyentes Clara Jusidman y Lol Kin Castañeda –quienes además fueron parte del Grupo Redactor nombrado por el Jefe de Gobierno– dijeron que este proyecto no es de Miguel Ángel Mancera sino el resultado del trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y especialistas. 
 
En tanto que los diputados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Bruno Bichir y Frabizio Mejia; y por el PRD, Horacio Franco, pidieron que en la Carta Magna se reconozca el derecho a la cultura, el arte, el deporte y la orientación vocacional desde la educación básica ya que, dijeron, hay una omisión en estos temas. 
 
En el acto el presidente de la Asamblea Constituyente, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que esta Comisión revisará el “corazón del proyecto” y entregó siete iniciativas de reforma presentadas por constituyentes y cinco más de la ciudadanía para su debate y eventual aprobación.
 
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