industria del sexo

Ante las posiciones divididas entre legisladores, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente desechó la propuesta de reconocer el “trabajo sexual” en el dictamen de los artículos 8 al 19, 48 y 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
En el proyecto de dictamen que se publicó la noche de este 7 de diciembre, desaparece del artículo 15 el apartado que decía que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias  “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
Luego de revisar las propuestas ciudadanas y las iniciativas legislativas, la Comisión presidida por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, sólo especificó en el apartado B del artículo 15 del dictamen, que los trabajadores no asalariados podrán poseer una identidad formal como “personas trabajadoras no asalariadas de la ciudad”.
 
En las consideraciones del documento, se precisan algunos argumentos que sirvieron para sacar del dictamen la propuesta original del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y del Grupo Redactor del texto constitucional, entre ellos Lol Kin Castañeda y Clara Jusidman, quienes además fueron designadas diputadas constituyentes e integrantes de esta Comisión.  
 
Por ejemplo, la constituyente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lisbeth Hernández Lecona expuso su rechazo a esta iniciativa porque en su opinión regular el “trabajo sexual voluntario lícito” afectaba la dignidad humana, pues con esta disposición mujeres y hombres se verían como objetos y materia de comercio. 
 
A su vez el diputado constituyente del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González, presentó un documento donde aseguró que la propuesta del borrador de Carta Magna adolecía de los elementos para brindar seguridad jurídica a quienes ejercen esa actividad.
 
Las organizaciones civiles y activistas también enviaron sus propuestas en apoyo o rechazo de considerar el “trabajo sexual”. Entre las agrupaciones que aplaudieron la propuesta estuvo la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que sugirió ampliar el derecho al trabajo sexual en sus “diferentes expresiones y modalidades”.
 
La asociación Balance, que trabaja temas de salud sexual y reproductiva, sugirió modificar la propuesta para que dijera que se “reconoce el trabajo sexual, consiente, libre, voluntario y autónomo realizado por personas mayores de edad como una actividad lícita”, al tiempo que sugirieron considerar en el análisis los argumentos de la Red Latinoamericana de Trabajo Sexual.
 
En contra de la propuesta se manifestó la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –integrada por activistas,  académicas y organizaciones como la Red Género y Economía o la Coalición para Abolir la Prostitución Internacional–, que propuso robustecer los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y quitar del texto el “trabajo sexual”.
 
Al rechazo se sumó el Observatorio Género Violencia y Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pidió la eliminación de este párrafo por ir en contra de los tratados internacionales como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.
 
Luego de las audiencias públicas, la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente hizo una valoración de las propuestas, pero en el caso de las que se refieren a trabajo sexual no expuso si era materia de otra norma, si no era de carácter normativo o si contravenía alguna legislación, como lo hizo con el resto de las propuestas.
 
El dictamen se votará en el órgano legislativo y después será enviado al pleno de la Asamblea Constituyente para su discusión y eventual aprobación.
 
16/AGM/AMS/LGL

La Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente prevé modificar la redacción del artículo 15 del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México sobre “trabajo sexual”, aunque todavía no hay un consenso porque las distintas fuerzas políticas están divididas.
 
A favor de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral autónoma y voluntaria está la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la diputada perredista Lol Kin Castañeda y la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Esthela Damián Peralta.
 
En una reunión que se realizó la semana pasada entre las y los diputados que integran esta Comisión, discutieron si la Carta Magna capitalina debe incluir el “trabajo sexual”, propuesta que no fue apoyada por la antropóloga feminista y presidenta de esta Comisión, Marcela Lagarde y de los Ríos, ni por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González.
 
Marcela Lagarde ha manifestado públicamente que la Constitución de la CDMX no puede legalizar el “comercio sexual” de las mujeres ni reconocer el “trabajo sexual”; incluso en octubre pasado se comprometió con el movimiento feminista, a presentar un párrafo alternativo a la actual redacción del artículo 15 del borrador.
 
En el proyecto presentado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estipula en dicho artículo en su apartado F, numeral 3, inciso b que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley, “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
La autora del libro “Los cautiverios de las mujeres. Madres, monjas, putas, presas y locas”, aclaró que quienes se oponen a legalizar el “comercio sexual” no están en contra de quienes están en situación de prostitución o de explotación sexual, tras asegurar que hay total solidaridad con estas mujeres, pero acotó que no pueden permitir que se avale el “comercio sexual”.
 
La además diputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que hay que buscar alternativas ante la venta de niñas en lugares como La Merced, pero también ante las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, temas que son un problema de la ciudad y de la Constitución más avanzada del país que tiene como objetivo garantizar los Derechos Humanos de las personas.
 
En aquella ocasión la también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, se comprometió a escuchar y analizar las propuestas que llegaran a la Comisión que preside para formular reformas, lograr que integre los grandes problemas de la ciudad y asentar en letra todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas. 
 
En tanto que el diputado Carlos Gelista expresó, desde la instalación de esta Comisión, que el capítulo laboral -donde se reconoce “el trabajo sexual”-, es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Constitución capitalina un enfoque de derechos de las personas aunque sin generar expectativas que no se van a cumplir.
 
La propuesta de reconocer el “trabajo sexual” se respalda en la resolución que en enero de 2014 publicó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien otorgó un amparo a un grupo de mujeres que se dedican a “ofertar servicios sexuales”, que reclamaron ser consideradas trabajadoras no asalariadas.
 
Esta resolución abrió el debate para derogar el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que dice que la “prostitución” es una “falta administrativa” y a la par para incluir este tema en el borrador de la Constitución capitalina.
 
Esta semana la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente debe tener un predictamen que aborde del artículo 8 al 19 del borrador constitucional, a fin de que la próxima semana se vote y el documento final se presente ante el pleno de la Asamblea Constituyente el próximo 10 de diciembre.
 
16/AGM/AMS/LGL
 

Ante el riesgo de que la Constitución de la Ciudad de México permita la explotación sexual de las mujeres, académicas, activistas e investigadoras llamaron a la Asamblea Constituyente a desechar la redacción del artículo 15 del borrador que reconoce y protege el “trabajo sexual”.
 
La economista Jennifer Ann Cooper, la socióloga Olivia Tena Guerrero, la psicóloga Roberta Liliana Flores Ángeles, la antropóloga Verónica Caporal Pérez y la activista Carmen Ugarte García, coincidieron en que reconocer esta actividad como trabajo no garantizará mejores condiciones en la vida y seguridad de las capitalinas.
 
En conferencia de prensa, las académicas señalaron que ante un tema tan complejo es necesario tener un diagnóstico del fenómeno antes de implementar una política pública, por ello llamaron a las y los diputados constituyentes a evitar que los consumidores de “servicios sexuales”, tengan el privilegio de acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción.
 
La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jennifer Ann Cooper, expuso que pocos asuntos como la “prostitución” necesitan de un verdadero debate porque de no analizar el tema, se corre el riesgo de que los argumentos feministas no se tomen en cuenta a la hora de legislar o reglamentar esta actividad, como una cuestión política o económica.
 
Cooper, quien es integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dijo que, como en otros mercados, en el contexto de la “prostitución” los agentes económicos siempre intentan optimizar sus ganancias, es decir, quienes se benefician del “trabajo sexual” no son las mujeres que lo realizan, sino aquellos que se dedican a la “venta” de los servicios sexuales de las otras personas. 
 
Para la especialista resulta un “espejismo” decir que este “trabajo” fomenta el empleo femenino, y que es ético porque se elige de manera voluntaria. Asegura que elegir dedicarse a la “prostitución” se da en un marco de restricciones, y por tanto no es una “compra-venta” en condiciones de igualdad porque el cliente compra el derecho de manosear o penetrar cualquier parte del cuerpo.
 
A esta postura se sumó Olivia Tena Guerrero, socióloga y especialista en género y salud, quien destacó que el erotismo y la sexualidad son dos de las manifestaciones humanas más gozosas siempre que se realizan en condiciones de igualdad, porque las personas siempre sienten placer con su cuerpo cuando ocurre sin chantaje, extorsión o violencia.
 
Pensar el erotismo como “trabajo” pierde el sentido de libertad, gozo y creatividad, consideró la también psicóloga. Además recalcó que al formalizar esta actividad como un negocio o un servicio, se debe analizar quiénes son las personas que se beneficiarían y cuáles son los intereses económicos de los que buscan legitimar el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
Ahora que la Comisión Carta de Derechos discute el dictamen del artículo 15, las activistas enviaron un pronunciamiento al organismo legislativo para que considere que crear un marco normativo para supuestamente proteger a las “trabajadoras sexuales”, no será garantía de derechos laborales como sucede con las jornaleras, maquiladoras o trabajadoras de “outsourcing”.
 
En un documento que entregaron a la Comisión, las activistas señalaron que incluir este término en la Carta Magna capitalina deja de lado el contexto en que se da, las consecuencias físicas y emocionales de ejercer este oficio y contribuye a hacer imposible la distinción entre prostitución “libre y forzada”.
 
Agregaron que México firmó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de prostitución ajena”, que en el artículo 73 de la Constitución Mexicana indica que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo,  por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello.
 
16/AGM/AMS

Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL

La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, llamó a la Asamblea Constituyente a no reconocer la “prostitución” como un trabajo asalariado porque ello no abona a la erradicación ni a la protección de las víctimas de explotación sexual.
 
En la sesión de este martes, la asambleísta presentó un punto de acuerdo para llamar a la Asamblea Constituyente a no aprobar la redacción del artículo 15 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque contraviene los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México.
 
En tribuna, Rojas Martínez expuso que en la capital del país operan 13 corredores de explotación sexual con total impunidad en la zona centro de la Ciudad de México; y aseguró que reconocer el “trabajo sexual” promovería la trata para la explotación, expandiría la industria del sexo y no se protegería a niñas y mujeres en “situación de prostitución”.
 
A decir de la legisladora de Morena, hay que revisar la tendencia mundial encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la “prostitución” con una amplia gama de apoyos a las víctimas, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual.
 
Desde la perspectiva de la legisladora, el Estado tiene la obligación de contribuir a eliminar cualquier forma de explotación y violencia sexuales, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la “prostitución” y la protección de las víctimas. 
 
Agregó que tratar el fenómeno de la prostitución con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, es “enmascarar el contenido siniestro de la trata y la explotación”, actos criminales que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos.
 
Entre los tratados signados y ratificados por México mencionó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niñas y niños y la Convención contra la Delincuencia Organizada (2003).
 
Agregó que en este fenómeno no se puede distinguir entre “prostitución libre y prostitución forzada” por lo que los países no pueden reglamentar esta actividad pero destacó que tampoco se puede someter a las mujeres que se dedican al “comercio sexual” a registro o a otros controles; ni usar el consentimiento para defender a los acusados de trata de personas.
 
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa para su dictamen. El próximo 10 de diciembre se votará en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente la propuesta para legalizar la prostitución en la Ciudad de México.
 
16/AGM/LGL

Asegurar que todas las mujeres que se dedican al “trabajo sexual” eligieron este oficio libremente y decir que quienes sostienen lo contrario “discriminan y son moralistas” borra toda la complejidad que encierra una actividad donde las mujeres que entran a una habitación no saben si ese día será el último de su vida. 
 
Esa es la opinión de la antropóloga social y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien desde 2007 ha realizado investigaciones de campo sobre la trata con fines de explotación sexual en México. 
 
Para la perita en antropología social, las propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en la Asamblea Constituyente -que aprobará la Constitución Política de la Ciudad de México- para reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado, es crear un marco jurídico para proteger la explotación sexual.
 
En opinión de la coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, reconocer el “trabajo sexual” tiene dos implicaciones fundamentales: primero generalizar que todas las mujeres en “contextos de prostitución” están en la misma situación y que eligieron libremente esa actividad.
 
Otra consecuencia de considerar que esta actividad es un trabajo no asalariado –dice la investigadora– es reconocer que el Estado se exime de las obligaciones que tiene de proveer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores, de contratar personas y ofrecerles antigüedad y servicios de salud, vivienda y derechos laborales en general.
 
TRABAJO O EXPLOTACIÓN
 
Entre octubre y noviembre el diputado perredista Víctor Hugo Romo organizó cuatro mesas para discutir cuáles son las estrategias para visibilizar este trabajo ya que en la ALDF existen dos propuestas de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para que la prostitución no sea una falta administrativa.
 
En estas audiencias públicas grupos a favor de reglamentar esta actividad señalaron que no es lo mismo “trabajo sexual” que trata de personas y aseguraron que es fácil distinguir entre la persona que es víctima y aquella que ofrece servicios sexuales de manera autónoma, libre y sin coerción. 
 
Sin embargo, de acuerdo con Caporal Pérez, está distinción no es fácil porque el modus operandi de la delincuencia organizada que se dedica a explotar a las mujeres es el “enganche” y el sometimiento a partir de la vinculación sexo-afectiva y erótica, es decir, a partir del discurso del amor romántico para que no se sientan víctimas.
 
Investigaciones como el libro “Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi” de Oscar Montiel Torres, documentan que los padrotes “enganchan” a las mujeres con la idea del amor y del progreso, así les piden que se prostituyan para garantizar su bienestar, mantener a los hijos o  tener una casa. 
 
“Se mete un discurso económico, neoliberal del progreso. Si tú haces tal cosa, si atiendes a tantos clientes, si soportas esa dinámica de estar en el comercio sexual, vamos a salir, nos vamos a casar”, y todo el tiempo son convencidas de que ejercer esta actividad es un acto de amor hacia la pareja o de protección a los hijos.
 
ECONOMÍA INFORMAL
 
En el área laboral la tendencia es fomentar la economía informal. Es por eso que un argumento para reconocer el “sexo servicio” como un oficio, es que las trabajadoras puedan ser consideradas igual que los vendedoras ambulantes, los boleros, los cuidadores de autos y no sean discriminadas ni violentadas.
 
Sin embargo para Caporal Pérez, no es lo mismo dedicarse a bolear zapatos que entrar a un cuarto sin saber con quién estarás y pensar que puede ser el último día de tu vida, como lo dicen los testimonios que ha recopilado en sus investigaciones porque –aunque halla mujeres que escogen a sus clientes– no todas tienen libertad de elegir.
 
Con estos argumentos la antropóloga afirma que reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina es generar un ambiente para que aquellas personas que se dedican a la explotación lo hagan con un marco jurídico porque desde su experiencia, no es fácil reconocer quién es víctima y quién no lo es.
 
Asimismo es escéptica sobre la idea de que reconocer este trabajo generaría más denuncias de trata porque actualmente este delito se relaciona con la delincuencia organizada y por tanto no es fácil denunciar porque quién señale es perseguido y hasta asesinado.
 
La legalización de la “prostitución”, afirma, tampoco borrará la idea de que los espacios donde se ejerce el “comercio sexual”, desde calles, cantinas, centros botaneros, spas, casas de cita hasta table dance, se puede hacer lo que sea con el cuerpo de las mujeres, incluso asesinarlas.
 
16/AGM/LGL

La directora del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida en la Ciudad de México, Andrea González Rodríguez, dijo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debe eliminar los obstáculos que actualmente existen para garantizar la salud de las “trabajadoras sexuales”.
 
La doctora señaló que hoy en día las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa, atienden a esta población pero destacó que el Seguro Popular –programa a través del cual se financia el acceso al servicio– exige que las personas beneficiadas residan en la capital del país pero muchas de las trabajadoras no tienen su domicilio en la Ciudad de México.
 
En la última de cuatro mesas organizadas por el diputado de la ALDF, el perredista Víctor Hugo Romo, para escuchar opiniones sobre su propuesta para derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga la “prostitución” como falta administrativa, la funcionaria dijo que la persecución y el desprecio social hacia este grupo dificulta el acceso a los servicios de salud.
 
A la par de la propuesta del legislador de reformar la ley, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso en el proyecto de borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el “trabajo sexual” como una actividad no remunerada.
 
Respecto a la intención de reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” no sea una falta, la doctora señaló que esto no es suficiente toda vez que los requisitos del Seguro Popular –como la residencia en la Ciudad de México– dificultan que las mujeres accedan a los servicios a lo que se suma que ellas prefieran no asistir a las clínicas especializadas porque allí no hay servicio de pediatría para sus hijas e hijos.
 
En este contexto González Rodríguez expuso que las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa ofrecen servicios para “trabajadoras sexuales” como atención ginecológica, actividades informativas sobre infecciones de transmisión sexual, servicios de diagnóstico ambulatorio y el reforzamiento de medidas de prevención como la distribución de condones a través de organizaciones sociales.
 
Destacó que al hablar del “trabajo sexual” en materia de salud se distinguen tres grupos que se dedican a esta actividad: mujeres, hombres y personas transexuales; además de las víctimas de trata de personas y señaló que cada una de estas poblaciones tiene  problemáticas de salud distintas según su perfil y condiciones sociales.
 
González Rodríguez explicó que la población más difícil de atender son las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, porque son parte del programa más acotado de la Clínica Condesa y porque son quienes viven más persecución y desprecio social; mientras que los hombres son el grupo más sencillo de atender porque son menos estigmatizados por ejercer este oficio.
 
Desde la perspectiva de la doctora hay una tendencia a “proteger” a las mujeres para que no “vendan su cuerpo” mientras que los hombres no viven esa “persecución moral”. 
 
Según la información del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida, 90 por ciento de las mujeres que atiende y que realizan la “venta de servicios sexuales” son menores de 35 años, tienen estudios básicos como primaria incompleta o máximo un año de secundaria, son de otra entidad federativa, tienen en promedio uno o dos hijos y la gran mayoría usa y promueve el condón por lo que tienen menor prevalencia de VIH.
 
Además dijo que entre 30 y 40 por ciento de estas mujeres tienen antecedentes de abuso sexual, agresiones que en la mayoría de las veces ocurren en la infancia; 99 por ciento fue en algún momento víctima de violencia familiar, iniciaron su vida sexual desde los 9 o los 14 años edad y comenzaron el “trabajo sexual” entre los 15 y 18 años.
 
La especialista también mencionó que estas mujeres esperan cumplir 18 años para acceder a los servicios de salud, muchas no tienen domicilio en la Ciudad de México, en la mayoría de los casos viven en alguna ciudad con algún estado colindante donde la mamá se hace cargo de las hijas e hijos, y pertenecen a familias donde en dos generaciones no hubo papá.
 
González Rodríguez agregó que el “trabajo sexual” permite que estas mujeres puedan mantener a la mamá y a los hijos.
 
Otro grupo que dijo la doctora, es invisible, son las mujeres en “situación extrema de vulnerabilidad”, jóvenes que en la mayoría de los casos viven en las calles, en hoteles, son menores de edad y que no se dedican al “trabajo” pero cambian servicios sexuales por techo, comida o sustancia inhalables y que tienen alta prevalencia de VIH, sífilis, embarazos adolescentes o que vivieron abortos previos. 
 
Muchas de estas jóvenes pasan por las unidades de adolescentes en conflicto con la ley, son expulsadas de su casa por violencia familiar y en general son un grupo poco atendido porque realizan “transacciones sexuales” por abandono.
 
Expuso además que no es lo mismo “trabajadoras sexuales” que victimas de trata porque las primeras van a las clínicas solas, de manera voluntaria, conocen los servicios y la mayoría no consume sustancias; mientras que las víctimas de trata son acompañadas por instituciones u organizaciones civiles, acuden con miedo, ansiedad,  trauma, estrés postraumático y tienen antecedentes de prácticas sexuales obligadas.
 
En opinión de la funcionaria en otros países la persecución, desprecio y la falta de protección hacia las mujeres “que se dedican a esta actividad” provocó que los hombres tengan derecho a violar a las mujeres y se convirtió en una manera de expandir infecciones de transmisión sexual y el VIH. Actualmente en la Ciudad de México en mujeres la prevalencia de esta infección es de menos de 1 por ciento y en los hombres es de 38 por ciento.
 
16/AGM/LGL

La directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Patricia Uribe Zúñiga, aseguró que las personas que se dedican al “trabajo sexual” enfrentan diversos padecimientos por lo que su salud no puede estar acotada al VIH y a las infecciones de transmisión sexual.
 
Así lo dijo al participar en el foro organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el diputado perredista Víctor Hugo Romo para escuchar opiniones sobre cómo reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución de la Ciudad de México y derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga esta actividad como una infracción.
 
En la mesa sobre salud, la doctora –quien cuenta con amplia experiencia en salud pública, salud sexual y reproductiva y administración pública– dijo que los datos de 2013 indican que la prevalencia del VIH en mujeres biológicas que se dedican al “trabajo sexual” es de 0 .68 por ciento pero en trabajadoras trans es de 20 por ciento en promedio.
 
De acuerdo con el Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida en México 2016, en términos generales, la prevalencia del VIH en personas transgénero es mayor que en la población general por lo que reducirlo en esta población es una medida importante para hacer un seguimiento de la respuesta nacional al VIH.
 
En la mesa donde participaron mujeres y personas trans que se consideran “trabajadoras sexuales”, Uribe Zúñiga dijo que esta población no sólo enfrenta problemas de salud relacionados con el VIH toda vez que algunas personas pasan por una transformación sexo-génerica, usan hormonas o se inyectan sustancias para feminizar su cuerpo lo que les trae otras consecuencias de salud.
 
En este sentido explicó que actualmente a nivel federal las instituciones que atienden a personas que “ejercen esta actividad” no son integrales ya que sólo en la Ciudad de México se les ofrece atención en materia de salud sexual y reproductiva, mental, para atender violencia y apoyo para tratamiento hormonal, por lo que aseguró que es necesario articular estas acciones.
 
Al respecto la funcionaria dijo que el 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, la Secretaría de Salud acordó hacer un protocolo de atención integral para personas transexuales e intersexuales a fin de haya lineamientos básicos pero destacó que si no se elimina la discriminación y los prejuicios hacia el “trabajo sexual” y la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) no se garantiza acceso a los servicios de salud pública sin discriminación.
 
Por otra parte la especialista, quien de 2003 a 2011 fue directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dijo que está demostrado que el control sanitario obligatorio para quienes realizan el “trabajo sexual” no lleva a ningún beneficio y muchas veces sirve para que se les cobren las pruebas de detección de enfermedades sin que se les realicen.
 
En opinión de Uribe Zuñiga, la ley que regule esta actividad no debe avalar que las delegaciones o los municipios determinen las medidas sanitarias más recomendables para atender a las “trabajadoras sexuales” porque, dijo, quienes tienen que hacerlo son los servicios de salud.
 
16/AGM/LGL

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L'Hoist, se pronunció a favor de regularizar el “trabajo sexual” pues en su opinión, ello disminuiría la discriminación contra las personas que se encuentran en esta situación.
 
Durante la tercera mesa que organiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para analizar el tema del “trabajo sexual”, la funcionaria dijo que de acuerdo con las quejas que llegan al Copred las personas que realizan esta labor son maltratadas por la autoridad, se les insulta, no pueden “trabajar” con seguridad y son discriminadas.
 
En el tercer encuentro convocado por el diputado Víctor Hugo Romo para escuchar las posturas sobre el tema –y al que no asistieron asambleístas–, L'Hoist dijo que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, 86 por ciento de la población encuestada dijo que las “trabajadoras sexuales” son discriminadas.
 
El estudio arrojó también que 73 por ciento de la ciudadanía consideró que las personas pueden hacer mucho para eliminar la discriminación hacia estas “trabajadoras” pero para ello es necesario más educación sobre qué es el “trabajo sexual”.
 
La funcionaria quien coincidió en  reformar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, dijo que de acuerdo con una división de la población capitalina en 40 grupos, las personas indígenas son las más discriminadas, le siguen las de piel morena, luego las que viven con VIH y en el lugar 18 están las “trabajadoras sexuales”.
 
A propósito de las iniciativas en la ALDF para regularizar y “reglamentar la prostitución” L'Hoist señaló que cualquiera de las posturas debe tener en el centro a las personas que ejercen esta actividad y sus particularidades y explicó que faltan políticas que eliminen las causas estructurales que llevan a las mujeres a “ejercer este trabajo”.
 
En la Asamblea Legislativa hay dos propuestas. El pasado 18 de octubre la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz propuso crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal”; y el legislador del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” ya no sea una falta.
 
En paralelo la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, un borrador que en su artículo 15, apartado F, numeral 3, inciso b, dice que las autoridades de la ciudad “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
En esta audiencia el subdirector de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jean Philibert Mobwa, afirmó que es necesario regular el “trabajo sexual” para evitar las agresiones y violaciones contra las mujeres que están en este contexto.
 
El funcionario explicó que “legalizar este oficio organizaría de mejor manera esta actividad, los burdeles serían legales, se podrían exigir revisiones médicas a las trabajadoras sexuales, el uso del condón sería obligatorio y eso llevaría a la reducción de las infecciones de transmisión sexual”.
 
A decir de Mobwa un prejuicio es decir “prostitución” cuando se trata de “trabajo” porque así se hace referencia a una persona adulta que en pleno ejercicio de sus facultades y sin coacción gana dinero “a partir del trabajo que ejerce”; en este contexto hay una “industria del sexo”, es decir, empresas que pagan un sueldo a las personas “trabajadoras sexuales” por sus “servicios”.
 
16/AGM/LGL

Los Países Bajos, Nueva Zelanda y Alemania son países que legalizaron la “prostitución”, reformas que para una parte del movimiento feminista son un avance porque promueven los Derechos Humanos de las mujeres mientras que para la otra es un retroceso porque legaliza la explotación del cuerpo femenino. 
 
PAÍSES BAJOS
 
El 1 de Octubre de 2000 los Países Bajos (región mejor conocida como Holanda) abolieron una ley aprobada en 1911 que prohibía los burdeles y castigaba con cárcel o multas a quienes ejercieran o fomentaran la prostitución. Con la derogación de esta ley el “trabajo sexual” se volvió actividad común.
 
Desde entonces se fijaron controles administrativos para ejercer la “prostitución”, por ejemplo la edad mínima para realizar esta “labor” es de 21 años, las municipalidades dan licencias laborales, asistencia social y sanitaria a las mujeres, quienes pagan impuestos por ejercer su “oficio” y tienen derecho a un programa de orientación si quieren dejarlo.
 
Es así que uno de los atractivos turísticos en la ciudad de Ámsterdam es el Barrio Rojo, una zona donde las mujeres se exhiben en vitrinas como si fueran productos de tiendas comerciales, atracción que está permitida en 13 ciudades.
 
De acuerdo con un informe de 2014 del Ministerio de Seguridad y Justicia holandés, al entrevistar a 364 “prostitutas” se encontró que 21 por ciento eran europeas, 15 por ciento de América Central y del Sur y 11 por ciento de Asia; y que 1 por ciento de ellas tenían 18, 19 o 20 años de edad.
 
El informe indica que después de la legalización las “trabajadoras” recibían ingresos bajos y muy pocos clientes e incluso muchas de ellas tenía otro trabajo fuera de la industria; por otra parte las “prostitutas de vitrina”, que dedicaban aproximadamente 43 horas semanales a esta labor, estaban más satisfechas con sus ingresos.
 
Según este reporte, casi todas las encuestadas consideraron que con la ley mejoró la seguridad y la higiene de los lugares pero su estilo de vida era menos saludable que el promedio de las holandesas porque están más propensas a fumar, beber alcohol, usar drogas y sedantes y experimentar tensión y soledad.
 
NUEVA ZELANDA
 
En junio de 2003 entró en vigor en Nueva Zelanda la Ley de Reforma de la Prostitución que legalizó el “trabajo sexual” y estableció una serie de derechos como seguridad social, certificados para las “empresas de prostitución” y la prohibición de que las menores de 18 años ejercieran esta actividad.
 
De acuerdo el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, con esta ley se promovió el bienestar, la salud y la seguridad de las “trabajadoras sexuales” y además se creó el Comité de Examen de la Ley sobre Prostitución para dar seguimiento a la norma durante los cinco años posteriores a su entrada en vigor.
 
En 2008 este Comité informó que la “prostitución” se cambió de un enfoque moralista a uno de salud y Derechos Humanos y encontró que después de la promulgación de ley más de 95 por ciento de las “trabajadoras sexuales” conocían sus derechos legales como que podían rechazar a un cliente y 57 por ciento consideraba que la actitud de la policía había mejorado.
 
El mismo Comité encontró que no existe un sistema de inspecciones regulares de los burdeles y que había niñas “trabajando” en esta industria. Por otra parte en 2009 Nueva Zelanda publicó su Plan de Acción para Impedir la Trata de Personas.
 
La organización internacional “Igualdad Ahora”, que lleva 22 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres en diferentes partes del mundo, indica que el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda que apoyó la legalización, después mostró su preocupación porque niñas de 13 y 14 años estaban vendiendo sus cuerpos y los compradores de servicios de menores de edad recibían sanciones mínimas.
 
Al analizar el informe del Comité, la organización “Igualdad Ahora” encontró que una tercera parte de las personas que trabajaban en esos prostíbulos legales reconocían que tuvieron que mantener relaciones sexuales con un cliente al que rechazaron el año anterior, es decir, perdieron autonomía para elegir a sus clientes.
 
En ese mismo país, dice esta organización, la policía afirmó que como consecuencia de los cambios legislativos, ahora tenían menos contacto con la “industria del sexo” por lo que resultaba más difícil descubrir los malos tratos y la explotación sexual.
 
ALEMANIA
 
El 1 de enero de 2002 entró en vigor en Alemania la Ley de Prostitución y se derogó el artículo 138 del Código Civil que definía la “prostitución” como una actividad inmoral. Con esta nueva legislación se pretendía proteger a “las prostitutas” para que tuvieran acceso a seguridad social.
 
5 años después de que entrara en vigor la ley, en 2007, el Ministerio Federal alemán de Asuntos de Familia, Jubilados, Mujeres y Juventud, publicó un informe sobre el impacto de la ley donde señaló que no existían indicios de que se redujeran los delitos alrededor de esta actividad y que la ley apenas había contribuido a mejorar la transparencia del “oficio”.
 
A la par, más de una tercera parte de los fiscales señalaba que la legalización de la “prostitución” complicaba su labor de perseguir la trata de personas y el proxenetismo.
 
El gobierno alemán descubrió que por autonomía, anonimato y a fin de no pagar impuestos, la mayoría de las mujeres no tenían contratos de trabajo y tampoco los querían (sólo 1 por ciento de las mujeres lo tenían) algo que impedía salvaguardar algunos de sus derechos, además muy pocas trabajadoras se dieron de alta en el régimen de la seguridad social.
 
A las mujeres en situación de prostitución les parecía poco atractiva la posibilidad de firmar un contrato debido a las cuotas obligatorias que se descuentan de sus salarios, y además los empleadores tampoco ven ventajas en formalizar un contrato laboral, ya que asumirían obligaciones y responsabilidades teniendo sólo un derecho sumamente limitado a dar instrucciones.
 
Los dueños de burdeles prefieren ser vistos como arrendatarios de locales, evitando obligaciones como el pago de un salario durante vacaciones o la participación en las cuotas a la seguridad social para las “trabajadoras”.
 
En opinión de la profesora de la Universidad de Massachusetts y estudiosa del tema, Janice G. Raymond, de ese informe se concluye que “la prostitución no debería ser considerada un medio razonable para garantizar la sobrevivencia de una persona”.
 
En el Reino Unido la prostitución se permite si no es en lugares públicos; en Italia se prohíben los burdeles y que los hombres contraten servicios en la calle; en Bélgica se permite la “prostitución” en escaparates y clubes; en tanto que en Suecia se prohíbe y penaliza la compra de ''servicios sexuales''; y en Noruega y Francia se multa al cliente y no a las mujeres.
 
En este contexto internacional, la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dice que en los países donde los burdeles son legales la policía tiene poco acceso para proteger a las mujeres por lo que legalizar la prostitución no cambiará la realidad: es una forma de violencia.

16/AGM/LGL