Miguel Ángel Mancera

El aún jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no tendrá que hacer frente al proceso de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, toda vez que la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), anunció a las agrupaciones peticionarias que entregará el informe del Grupo de Trabajo -el cual está listo desde enero- hasta el 28 de febrero, es decir, cuando Mancera deje el cargo.

Durante el gobierno de Mancera en la Ciudad de México (2012-2018) se cometieron, a decir de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 260 casos de feminicidio, pero destacan por lo menos, cinco casos que dan muestra de la saña con la que son asesinadas las mujeres en la capital.

Se trata de los casos de la estudiante de la UNAM Karen Joanna Sánchez Gochi, asesinada en un hotel en Azcapotzalco el 11 de junio de 2012, que fue litigado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y clasificado por la deficiente investigación de la Procuraduría, como homicidio, por lo que su agresor obtuvo 35 años de prisión.

También se encuentra el de Lesvy Berlín Osorio, estudiante universitaria encontrada asesinada en la UNAM, el 3 de mayo de 2017, en el que la Procuraduría concluyó que se trató de un “suicidio” y por el cual aún no hay sentencia para su presunto feminicida, quien está acusado de homicidio simple culposo.

En estos últimos meses el feminicidio de Victoria Pamela Salas ha evidenciado la incapacidad de las autoridades de la Ciudad para capturar a los presuntos feminicidas; el presunto agresor, Mario Sáenz, permanece prófugo mientras emprende una campaña de desprestigio contra la víctima en redes sociales, aunque está fichado por la Interpol y las autoridades “lo buscan”.

En el recuento de estos casos está el de Campira Camorlinga Alanís, perpetrado en diciembre de 2016 en la delegación Coyoacán. Su agresor, Jorge Humberto Martínez, había sido acusado dos años antes del feminicidio de María Sun Borrego, pero la Procuraduría, como en el caso de Lesvy, dijo que ella se había suicidado permitiendo que Jorge Humberto repitiera una vez más los hechos, con otra mujer.

Destaca también en el 2014, el feminicidio de Angélica Trinidad Romero, asesinada en la tienda Liverpool del centro comercial Perisur, por Marco Antonio Ochoa Almazán, donde las autoridades afirmaron en un principio “que había fallecido por asfixiarse con comida”, hasta que los familiares revelaron que presentaba golpes y señales de tortura. Cuando el expediente del caso se trasladó a la unidad especializada de feminicidio, ya se habían “perdido” las evidencias del asesinato.

¿COINCIDENCIA O PROTECCIÓN?

Durante la reunión de ayer de la Conavim con las organizaciones que pidieron la AVG para la capital, se les informó que aplazará la entrega de este reporte porque “se deben realizar modificaciones y agregar otros temas”, informó a Cimacnoticias la abogada e integrante del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido.

Entre las organizaciones se encuentran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y la Red  “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Si bien no aseguran que el tema de la Alerta se esté politizando –como ocurrió en el Estado de México- para la integrante del área de incidencia del Centro Fray Francisco, Selene González Luján, sí puede haber obstáculos para la AVG en medio del proceso electoral.

La abogada Pérez Garrido, contó que externaron a Conavim su temor de que el proceso de Alerta de Género se retrase más con la salida de Mancera y mientras alguien ocupa la jefatura de gobierno.

Por su parte, la doctora en derecho de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo, Aleida Hernández Cervantes, señaló en entrevista con Cimacnoticias que el equipo de trabajo entregó el reporte de la AVG la primera semana de diciembre y tras una serie de modificaciones había sido aprobado para entregarlo desde enero a Mancera, pero el cambio de titular de Conavim, ahora presidida por Ángela Quiroga Quiroga, frenó el proceso.

Hernández Cervantes aseveró que al asumir el cargo, la Comisionada Quiroga planteó al Grupo de Trabajo la posibilidad de extender el periodo de investigación, pero tres integrantes del equipo votaron en contra pues argumentaron que este proceso ya lo habían concluido, además de que agregó, esto no puede realizarse por tratarse de un mecanismo de emergencia.

Cabe recordar que el reglamento de la AVG contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que el equipo de expertas creado para atender la solicitud de Alerta, tiene un plazo de 30 días para realizar el informe, después procede a Conavim entregar el reporte al gobierno estatal y éste en un plazo de 15 días, avisar si acepta las recomendaciones que contiene para cumplirlas a lo largo de seis meses.

Con este retraso, finalmente Mancera no tendrá que acatar las recomendaciones que den las expertas, ni afrontar una posible declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad de México, donde también destaca el elevado número de desapariciones de mujeres.

De 2015 a 2016 según datos de la Procuraduría se reportaron “ausentes o extraviadas” 2 mil 494 mujeres, de ellas, no se ha localizado al 26 por ciento, es decir, 644 capitalinas continúan desaparecidas.

18/HZM/LGL

Trabajadoras de intendencia despedidas injustificadamente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y organizaciones civiles urgieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a pronunciarse enérgicamente contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por violar el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, pues la instancia ha retrasado casi dos años la demanda colectiva que 30 trabajadoras interpusieron.

Esto exigieron las mujeres despedidas en enero de 2016 durante un mitin realizado hoy frente a la JLCyA y a través de un pronunciamiento que también suscribieron las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.

Desde febrero de 2016, 30 de las 59 trabajadoras despedidas demandaron al IEMS para que el Instituto reconozca la relación laboral que tenía con ellas y puedan retomar sus empleos con condiciones dignas, pero el proceso legal no avanza porque la JLCyA sigue sin citar a los testigos de las denunciantes que comparecerán en una audiencia testimonial, proceso indispensable para que, posteriormente, la instancia reguladora de conflictos laborales emita un fallo.

Además de la JLCyA, la CDHF también ha sido omisa: nunca se ha pronunciado contra el retraso del proceso legal, esto pese que el organismo conoce el caso porque existe una queja en la quinta visitaduría por las violaciones a los derechos laborales de las mujeres, denunció en entrevista con Cimacnoticias Alejandro Cerezo, defensor de los Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México.

Por lo que pidió que la nueva presidencia de la CDHDF “realice su trabajo” e inste a la JLCyA a acelerar el proceso legal, pues las trabajadoras despedidas siguen en busca de justicia. Recordó que el acompañamiento de la CDHF ha sido deficiente pues no se ve reflejado en la verdadera protección de los derechos de las mujeres que siguen sin tener trabajos con condiciones dignas.

IEMS y JLCyA OBSTACULIZAN ACCESO A LA JUSTICIA

Las trabajadoras denunciaron que la actuación de la JLCyA les hace pensar que más que defenderlas la instancia “es cómplice de las autoridades del IEMS en la violación de sus derechos laborales”. Por lo que exigieron a la JLCyA realizar de forma inmediata y efectiva las diligencias necesarias para continuar con el proceso legal.

Desde octubre de 2016 la demanda no avanza, expuso en entrevista con Cimacnoticias la vocera de las trabajadoras, Guadalupe Carrasco Carrasco. El 28 de ese mes sería la primera audiencia, pero la JLCyA no citó a los testigos y la pospuso al 20 de abril de este año, sin embargo, y por la misma razón, la instancia volvió a postergarla y la audiencia sigue sin efectuarse.

Hasta ahora la JLCyA sólo ha citado a una de las al menos 12 personas empleadas del IEMS (profesoras e intendentes) que las trabajadoras despedidas nombraron como testigos. Guadalupe Carrasco explicó que si bien los testigos podrían presentarse voluntariamente buscan que la Junta los cite formalmente para impedir que, como sucedió con la profesora Karla Santoyo Hernández, autoridades de la instancia educativa tomen represarías contra ellos y los despidan por externar su apoyo a las trabajadoras.

Los actuarios, trabajadores de la Junta Local encargados de entregar los citatorios, no lo han hecho bajo el argumento de que “no tienen los recursos económicos suficientes para trasladarse”, denunció Guadalupe Carrasco, o porque afirman “no encontrar las direcciones”.

Los días 12 y 19 de septiembre pasados, actuarios acudirían a la preparatoria 2 del IEMS -donde las trabajadoras mantienen desde 2016 un plantón como protesta-para entregar los citatorios, pero no se presentaron.

“La justicia si no es pronta no es justicia”, opinó Guadalupe Carrasco, y reiteró que pese a los obstáculos refrendan su interés de ser reinstaladas. “Esta lucha también es por nuestras compañeras que siguen trabajando en el IEMS, contratadas por empresas de outsourcing y enfrentan acosos y salarios bajos”, afirmó.

La fecha que la JCyA fijó para la próxima audiencia testimonial será en febrero de 2018, informó Alejandro Cerezo.

La demanda con número de expediente 127/2016 agrupa las exigencias de trabajadoras de intendencia despedidas de los planteles del IEMS ubicados en Iztapalapa 2, los dos de la delegación Gustavo A. Madero, así como del de Coyoacán y Tlalpan 1.

17/MMAE

A dos años del feminicidio de la defensora Nadia Vera y de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Avilés, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se debe “reencausar” la investigación hacia la actividad de defensa  y libertad de expresión, asegura la representante legal de Nadia, Mile y Yesenia, Karla Micheel Salas, quien colocó la propuesta en la mesa de trabajo que inició la semana pasada con la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Gobierno.
 
La también presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social advierte en entrevista con Cimacnoticias que si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quiere llegar a la Presidencia de la República le conviene no cargar con la impunidad del multihomicidio, conocido como caso Narvarte, que incluso le costó el cargo al ex procurador Rodolfo Ríos Garza.
 
Luego de la Recomendación 4/2017 emitida el 21 de junio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), existe una ruta inicial acordada con el actual procurador, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, y con la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Patricia Mercado, para lograr dar con la vedad de lo ocurrido el 31 de julio de 2015.
 
Dicha  ruta se enfoca, explica Micheel Salas, en agotar la investigación sobre “la línea Veracruz”, que consiste en las amenazas que obligaron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa a salir de aquella entidad y refugiarse en la Ciudad de México; si bien esto se pidió al anterior procurador, Rodolfo Ríos Garza, nunca se profundizó en la petición pese a la insistencia de la defensa.
 
Ahora nuevamente la Procuraduría capitalina está a prueba y la buena voluntad se mostrará este martes cuando la dependencia entregue a las familias y a sus representantes legales el expediente completo del caso así como los videos de las cámaras de seguridad grabados el día del crimen ocurrido en la colonia Narvarte.
 
Karla Michel Salas asegura que la investigación de este crimen debe ser ejemplar porque toca temas sensibles como la libertad de expresión, la violencia contra personas defensoras y los Derechos Humanos de las mujeres. “No se trata solo de las personas se trata toda la sociedad en su conjunto”, afirma.
 
“El crimen de la Narvarte no se reduce a tres sujetos que llegaron a un departamento el 31 de julio de 2015, torturaron y asesinaron cruelmente a cinco personas para robarse un cochinito con 6 mil pesos”, señala irónica Micheel Salas.
 
La línea política debe agotarse, explica, por ello la línea de investigación es un punto fundamental que se habló con el procurador Edmundo Garrido y con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante la reunión de trabajo entre familiares de las víctimas y sus representantes legales, el pasado martes 1 de agosto, línea que la CDHDF también pidió agotar en su recomendación.
 
Para la abogada feminista, Miguel Ángel Mancera ve en el caso Narvarte una posibilidad política para sus aspiraciones presidenciales, por ello es tajante: “Si aspira a ocupar un cargo, el cargo más importante en este país no puede llevar a cuestas la impunidad, el caso Narvarte”.
 
Ante la incapacidad técnica de la Procuraduría para desarrollar un “plan de investigación”, señala Salas, se contará con personas expertas independientes para diseñarlo.
 
En la primera mesa de trabajo realizada el martes pasado, la segunda sesión se realizara este 8 de agosto, se acordó que personas expertas realicen los peritajes necesarios para sustituir las carencias de la Procuraduría capitalina. “(Que) desde otra perspectiva fresca y con información, que desafortunadamente no tienen nuestras instituciones, propongan nuevos actos de investigación, nuevas diligencias, que puedan echar mano de la tecnología para poder acercarnos a la verdad”, explica Salas.
 
LO QUE FALTA POR INVESTIGAR
 
La abogada Karla Michel expone cuatro puntos que la Procuraduría capitalina tendría que investigar y que hasta el día de hoy no han sido investigados a profundidad:
 
1. Identificar qué personas pudieron cometer este crimen. Para ello se requiere personas perfiladoras. A decir de Salas es absurdo que tres personas con las características que la Procuraduría ha presentado sean los autores del crimen o los únicos involucrados.
 
Lo que ocurrió en el departamento de la colonia Narvarte no sólo es el asesinato de cinco personas, señala Michel Sala, lo ocurrido implicó coordinación. De acuerdo con las características de la tortura, probablemente estaban buscando obtener información de las víctimas.
 
2. Analizar el cruce de las llamadas telefónicas de los presuntos culpables. De lo que se tiene en el propio expediente los involucrados recibieron llamadas todo el tiempo. Cuando salieron, después de cometer el crimen y mientras rondaron en la ciudad. Las llamadas fueron realizadas de teléfonos desechables.
 
Para la abogada esto es un indicio de que pudieron recibir instrucciones y que estuvieron informando lo que habían hecho.
 
3. Investigar la empresa de modelaje que contrató a Mile Virgina Martín para trabajar a la Ciudad de México. La Procuraduría identificó a la empresa y a la persona a cargo pero no ha conseguido que declare. La autoridad se ha excusado diciendo “es que no quiere venir”.
 
“¿Cómo es posible que una empresa, que al principio nos habían dicho que era fantasma porque no había antecedentes, logra un permiso de trabajo para una mujer extranjera, colombiana? Se tiene que saber qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración y la propia Secretaria de Gobernación”.
 
4. Reforzar la línea de investigación sobre Veracruz. “No sólo tiene que ver con el ex gobernador en prisión, Javier Duarte, sino con su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien se presume también tenía nexos con el crimen organizado”, explica Karla Michel.
 
“Sabemos que Arturo Bermúdez tiene empresas de seguridad, uno de los temas que pusimos desde las primeras semanas en la investigación del caso Narvarte: la operación de grupos al interior del estado de Veracruz, personas vestidas de civil, con un vínculo cercano con la Secretaría de Seguridad Pública o que respondía a las órdenes de la Secretaria de Seguridad Pública.
 
“Investigar estas empresas de seguridad es fundamental, sobre todo cuando una de estas empresas de seguridad tiene oficinas muy cerca de donde se cometieron los crímenes.
 
“En Narvarte el acto (multihomicidio) fue programado y planeado, las personas que acudieron al departamento usaron arma 9 milímetros, armas que usan personas que realizan labores de seguridad estatal, estas personas llevaron esas armas con silenciador.
 
“Estos son elementos que nos dicen que estas personas iban preparadas. Los disparos son limpios, es decir, la persona que disparó sabía disparar, no es un improvisado”.
 
Aunque suene obvio, y casi de sentido común, estas son las pruebas que a consideración de la abogada y representante de tres de las cinco víctimas, tendría que investigar la Procuraduría. “No realizando diligencias sin sentido o simplemente hacer un check list” porque, afirma, lo que tiene que hacer es buscar la verdad.
 
17/LLH 

En una carta pública, las trabajadoras de intendencia despedidas en enero de 2016 del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) exigen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje capitalina,  que agilice la resolución del caso.

Junto con organizaciones civiles, denuncian también que las audiencias programadas sobre su caso se han postergado porque el personal de la instancia afirma que “no cuenta con recursos suficientes para trasladarse y notificar a los testigos”.

Las mujeres iniciaron la demanda laboral en febrero de 2016 en la Junta Local (JLCyA), con número de expediente 127/2016, luego de que el IEMS despidió un mes antes a más de 50 trabajadoras con el argumento de que “nunca las contrató”, pese a que algunas de ellas tenían hasta 10 años trabajando para la institución educativa.    

El juicio se ha caracterizado por retrasos, a lo que se suma la nula disposición de las autoridades del IEMS por reconocer el contrato laboral que tenían y una serie de actos intimidatorios contra el plantón que mantienen afuera de la preparatoria 2 del Instituto en Iztapalapa.

En una carta, aún por entregar, dirigida a la presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, las trabajadoras y las organizaciones “Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, “Comité Cerezo México” y “Comité de Familiares de detenidos desaparecidos: Hasta Encontrarlos”, piden a más personas que sumen sus firmas para exigir a la Junta la “resolución justa y expedita del caso” porque, afirman, desde el despido “las trabajadoras y sus familias sobreviven en condiciones lamentables”.

En la carta también solicitan a la JLCyA que “dote de recursos suficientes a sus empleados” para resolver el caso. En entrevista con Cimacnoticias el defensor de Derechos Humanos del Comité Cerezo, organización que acompaña el caso, Alejandro Cerezo, explicó que al menos cinco audiencias previamente programadas no han podido efectuarse porque los actuarios judiciales aseguran que la Junta no les brinda recursos suficientes para transportarse y notificar a los testigos de las audiencias.

“Dicen que no van porque no pueden poner el gasto de sus bolsillos”, comentó Cerezo, y denunció “aunque las audiencias se programaron de manera seguida la estrategia ha sido retrasar el juicio de esta forma”. Por ello piden que la Junta Local entregue recursos suficientes a los actuarios judiciales para que estos “notifiquen en tiempo y forma, así los testigos vayan a las audiencias ya programadas y el juicio no se alargue más”.

En la carta también exponen que tanto las trabajadoras como los abogados han comentado que “hay que dar dinero a los actuarios para que éstos hagan su trabajo ya que la Junta nos les da para el transporte y alimentación, cuando se tienen que trasladar a diferentes partes de la Ciudad de México en búsqueda de las personas que deben notificar del caso”.

17/MMAE/GG

Las expertas en violencia de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acompañarán la investigación del caso de Lesvy Berlín Osorio Martínez, hallada sin vida en Ciudad Universitaria (CU) el pasado 3 de mayo, trabajarán para asegurar una investigación con perspectiva de género y la próxima semana definirán el plan a seguir.  
 
En entrevista con Cimacnoticias, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del grupo de expertas, Alicia Elena Pérez Duarte, afirmó que la garantía de justicia para Lesvy depende de una investigación realizada con perspectiva de género y de que tengan acceso al expediente del caso. Así, si las instancias encargadas del caso no tienen esa perspectiva, las académicas se “pondrán a disposición de ellas. Y, si necesita dar un giro, que sea uno con perspectiva de género”.
 
Con ello, señaló, las expertas podrían orientar a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) “en el análisis del contexto en el que se dio el asesinato de Lesvy para encontrar a la o las personas responsables”.
 
En próximos días se reunirán autoridades de la Rectoría de la UNAM, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la PGJDF para definir las tareas del grupo.
 
Como abogada, quien fue la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), espera poder ver el cuaderno de investigación porque “si no podemos tener acceso a él, la verdad es que no tenemos nada que hacer, yo por lo menos no veo cómo puedo ayudar”, señaló.
 
Por su parte la presidenta de la comisión de Equidad de Género  del  Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano y la coordinadora en México de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández, ambas integrantes del grupo de expertas, calificaron el acuerdo como un paso importante.
 
“Significa la apertura de canales para que los estudios que como académicas realizamos sumen con las autoridades, con funcionarios públicos y con la Secretaría de Gobierno”, comentó Ramírez Hernández.
 
Además, dijo, la decisión “es una gran sinergia” y “demuestra la disposición de la UNAM porque estos actos no se repitan”.
 
OPORTUNIDAD PARA APORTAR RESPUESTAS
 
Gloria Ramírez, galardonada este año por el Senado con el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su labor en pro de los Derechos de las mujeres, recalcó que “lo que sucede a nivel de la Universidad es reflejo de lo que pasa en el país. Lamentablemente el caso de Lesvy no es el único que he conocido en la UNAM, ha habido otros casos y muchos han quedado en la impunidad porque la justicia corresponde a otro ámbito distinto a UNAM, pero a la Universidad si le corresponde atender y prevenirlos”.
 
Dijo que desde hace años las académicas de distintas áreas han elaborado estudios que identifican los distintos tipos de violencia que viven las mujeres de la comunidad universitaria, por lo que integrar el grupo de expertas representa la oportunidad de que estos se tomen en cuenta para aportar respuestas o alternativas al que calificó como “un grave problema multidimensional”.
 
La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano, dijo que este trabajo en conjunto entre instancias del gobierno y la Universidad sí podría significar un precedente para futuras investigaciones. “Los tomadores y tomadoras de decisión tienen que acercarse a la academia, a quienes dedican buena parte de su vida a la investigación, a los estudios, a los diagnósticos, a generar metodologías, a quienes se han ocupado por generar no solo conceptos para interpretar problemas sociales, sino para intervenir en ellos”.
 
ACADEMIA, DISPUESTA A SUMAR
 
Cano Soriano comentó que si bien crear grupos de expertas en todos los casos de violencia de género denunciados por mujeres en la Ciudad probablemente rebasaría la capacidad de la UNAM, “ojalá no tuviéramos que integrar grupos de expertas para atender estos casos o acompañar procesos”, dijo. La académica recalcó que en el caso de Lesvy la participación del grupo de expertas da el mensaje de que “como en muchos otros problemas sociales, la UNAM está dispuesta a sumar para que estos mejoren”.
 
Alicia Pérez externó “me preocupa que tengamos que generar un grupo de expertas con cada feminicidio efectuado en la Ciudad, debería ser la PGJDF quien tuviera sus propios recursos, pero por lo visto no los tiene”.
 
CAPACITACIÓN EN PGJ, SIN RESULTADOS
 
Tras el hallazgo sin vida de Lesvy Berlín estudiantes y académicas exigieron a través de una marcha en CU y diversos pronunciamientos a autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México que el caso se investigue como feminicidio y que se les garantice de una vida libre de violencia, tanto en las calles como en la instancia educativa.
 
Las denunciantes exigieron también que las autoridades no estigmaticen a Lesvy, esto tras lo publicado por la PGJDF en su cuenta oficial de Twitter, en donde expusieron datos personales de la víctima, calificados en redes como intrascendentes para la investigación y por los que días después la directora de comunicación social de la instancia, Elena Cárdenas Rodríguez, renunció.
 
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha promovido programas para que funcionarios públicos ejerzan considerando la perspectiva de género y sin revictimizar a quienes denuncian ser víctimas de violencia, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se imparten regularmente capacitaciones en este ámbito.
 
Al respecto, Pérez Duarte comentó que esas medidas no han tenido los resultados esperados: “Eso se refleja en que quienes están directamente a cargo de una investigación o no los han tomado, o no han sido capacitados adecuadamente o los cursos solo se dan porque lo que importa es el número de cursos que demos y el número de personas que digamos que están capacitadas y no la profundidad de la misma”.
 
En ello coincidió Leticia Cano, quien señaló que desde la academia ellas pueden aportar en la formación de las y los jóvenes en los temas de perspectiva de género. “Como investigadora puedo hablar una formación profesional que incluya estos temas”.
 
10 MEDIDAS EN LA UNAM
 
Ante las denuncias de estudiantes,  la UNAM informó ayer en un comunicado que implementaría 10 medidas para reforzar la seguridad interna, estas son:
1.      Que elementos de seguridad pública vigilen permanentemente las inmediaciones y accesos.  
2. Extender y reforzar la iluminación en distintas zonas.
3. Instalar más cámaras de seguridad en espacios identificados como vulnerables.
4. Instalar nuevas bases de vigilancia. 5. Ubicar botones de emergencia en puntos  determinados por las Comisiones Locales de Seguridad. 6. Reforzar controles de seguridad en accesos y salidas. 
7. Controlar el ingreso a taxis sin pasaje. 8. Mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus. 9. Incrementar la vigilancia  y  el  patrullaje  por  las  noches  en 
instalaciones universitarias.
10. Continuar el  combate a la venta  de  droga  dentro de las instalaciones.
 
17/MMAE/GG

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) aceptó la existencia de irregularidades con la empresa que, según dicha institución, contrató a las trabajadoras de intendencia despedidas desde enero de 2016. A las anomalías se suma el desconocimiento de la ubicación de los contratos firmados por las mujeres.
 
Así lo aseguraron representantes del IEMS en la reunión que mantuvieron las trabajadoras despedidas con funcionarios de   Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, realizada en sus oficinas el pasado viernes 7 de abril, denunció el defensor de Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México, Alejandro Cerezo Contreras, en entrevista con Cimacnoticias.
 
Cerezo Contreras dijo que durante la junta los dos representantes del IEMS presentes decidieron no especificar el nombre de la empresa que contrató a las trabajadoras.
 
Las 65 trabajadoras de intendencia que fueron despedidas por el IEMS han denunciado a través de 22 demandas laborales y actos públicos la evasión de la responsabilidad del Instituto como contratista, con el argumento de que fueron empleadas por la empresa ROCMAN, esto sin su consentimiento.
 
A la reunión también asistió personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (Sedu).
 
La CDHDF se comprometió a publicar un escrito en el que se registre las respuestas que dieron  las instancias presentes en la reunión  a las demandas de las trabajadoras de intendencia sobre su recontratación en condiciones laborales dignas, así como la garantía de seguridad en el plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS, en Iztapalapa, mencionó el defensor de los Derechos Humanos.
 
Lo mismo hará el Comité Cerezo: en los próximos días se pronunciará ante el deslindamiento que hizo la Sedu mediante un escrito (en poder de las ex empleadas y la organización). El texto señalaría que la reforma del Artículo 2 del Estatuto Orgánico del IEMS puede garantizar que el Instituto reconozca a las mujeres como sus trabajadoras.
 
17/MMAE/GG

Funcionarios de la Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno capitalino se reunirán el próximo viernes 7 de abril con las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), para responder a sus denuncias laborales.
 
Así lo informó hoy el director de Gestión Social de la dependencia gubernamental, Pedro Bello Aguilar, durante el mitin realizado por las trabajadoras frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.
 
El funcionario Bello Aguilar respondió de esta forma, luego de que durante la concentración de las trabajadoras aceptó que desconocía la existencia del oficio dirigido al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado y el subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, en el que las trabajadoras exigieron se les garantizara seguridad y se instará a las autoridades del IEMS a continuar con el diálogo para acordar su recontratación con condiciones laborales dignas.
 
Desde enero del año pasado, las trabajadoras de intendencia exigen que el IEMS las recontrate y les asegure buenas condiciones de trabajo, ya que fueron despedidas con el argumento de que la empresa ROCMAN fue quien las contrató, todo esto sin su consentimiento.
 
El documento fue entregado a las autoridades capitalinas el pasado 16 de marzo a la Oficialía de Partes del Gobierno de la Ciudad y en él las trabajadoras le reclamaron seguridad, tras el incremento de agresiones al plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa.
 
El defensor de derechos humanos e integrante de, Comité Cerezo México, Antonio Cerezo Contreras, denunció que “pese a que se han cumplido todos los procesos y los caminos para comunicar la situación al Gobierno capitalino se nos dice que no saben de qué se está hablando”.
 
Cerezo Contreras evidenció que el director de Gestión Social pidió a las trabajadoras que esperaran respuestas hasta que concluya el juicio que mantienen desde febrero de 2016 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y del que aún no hay respuesta.
 
“El juicio se abrió a solicitud del mismo funcionario y el Gobierno, argumentando que solo así se abriría un mecanismo de diálogo y mesas, pero hoy es un escudo con el que argumentan que nada se puede hacer hasta que no se resuelva”, aseguró el activista.
 
A la reunión, que se realizará en la Sala 89 de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México asistirá una comisión de 5 personas conformada por trabajadoras despedidas y las organizaciones que acompañan el caso, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH) y el Comité Cerezo México.
 
RESPUESTAS SIMULADAS
 
Las trabajadoras despedidas, junto con las organizaciones acompañantes, también denunciaron lo que consideran un “apoyo simulado” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
 
La CDHDF se comprometió a acompañar a las trabajadoras despedidas en caso de que estas presentaran una demanda a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que el órgano investigue las agresiones y hostigamiento en su contra, decisión que no ha sido tomada por las mujeres.
 
“Tenemos que discutir si se demandará o no, porque el hostigamiento en nuestra contra viene de la policía, no sabemos si denunciar nos asegure seguridad”, expuso la vocera de las trabajadoras, Guadalupe Carrasco Carrasco, en entrevista para Cimacnoticias.
 
Durante el mitin, una visitadora adjunta de la Quinta Visitaduría de la CDHDF, quien prefirió no dar su nombre a esta agencia por “motivos de discreción”, aseguró en entrevista con Cimacnoticias que existe un expediente con todas las denuncias de las trabajadoras.
 
“Estamos atentas sobre las demandas y estamos dándoles toda la atención y el apoyo de la institución”, afirmó.
 
Pese a ello, una de las principales denuncias de las trabajadoras a la CDHDF es el reconocimiento de las constantes violaciones a sus derechos humanos, denunciados por ellas ante la Comisión desde diciembre de 2015. “Buscamos que el órgano las acepte para que emita recomendaciones a la policía capitalina y esta garantice les brinde seguridad”, recordó Cerezo Contreras.
 
17/MMAE/GG
 

Las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) entregaron hoy un documento al Gobierno de la Ciudad de México, dirigido al ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, para exigir seguridad, ante el recrudecimiento de agresiones en su contra, y para informar sobre las medidas precautorias que solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el pasado 13 de marzo.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del edificio de Gobierno por Guadalupe Carrasco,  quien laboró durante nueve años como personal de limpieza del IEMS, mientras afuera del edificio de Gobierno las trabajadoras realizaban un mitin. 

En el documento, se informa al Gobierno capitalino sobre los dos allanamientos cometidos en plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa, ocurridos los días 10 y 11 de marzo, así como del acecho por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, del que han sido víctimas en diferentes ocasiones desde el 31 de enero.

“Con esto, señaló a Cimacnoticias Guadalupe Carrasco,  ya no hay pretexto para que el gobierno diga que no estaba enterado de nuestras exigencias”.

La trabajadora de intendencia denunció la poca voluntad política del gobierno capitalino por atender la solicitud de que el IEMS reconozca sus derechos laborales y las recontrate como personal  de base, además de garantizarles seguridad mientras se manifiestan.

Muestra de ello es que las mujeres denunciantes y las organizaciones acompañantes del caso, el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A. C., desconocen el estado actual de la queja 15/D7799 emitida ante la Quinta Visitaduría de la CDHDF durante los primeros meses de 2016.

El defensor de derechos humanos del Comité Cerezo¸ Alejandro Cerezo, dijo a Cimacnoticias que las trabajadoras también exigen a las autoridades del IEMS la reanudación del diálogo porque la directora General del IEMS, Dinorah Pizano, quien asumió el cargo en diciembre de 2016­­­, se ha negado a hablar con ellas ya que eso “significaría validar las exigencias de las ex empleadas”.

Guadalupe Carrasco aseguró que, pese a las constantes agresiones hacia ella y sus compañeras organizadas, no dejarán de denunciar, que los hechos violentos las hacen pensar que hay intereses políticos que impiden la recontratación.

La trabajadora despedida criticó también la simulación en las acciones del Gobierno capitalino para garantizar los derechos de las mujeres y de las trabajadoras. “Todo se queda en discursos en donde se preocupan por los derechos de las mujeres, dicen ofrecer una supuesta ciudad segura, cuando las agresiones en contra nosotras muestran otra cosa”, lamentó.

Desde enero de 2016, las trabajadoras despedidas han buscado, por medio de denuncias públicas y 22 demandas laborales, su reinstalación y que el IEMS reconozca la relación laboral con ellas ya que la instancia sostiene que fueron contratadas por la empresa  ROC MAN, todo ello sin el consentimiento de las mujeres.

Las mujeres despedidas esperan que la CDHDF acepte las medidas precautorias que solicitaron y, con ellas, se garantice su protección.

17/MMAE/GG

Las medidas anunciadas por el Gobierno federal para hacer frente a la política migratoria restrictiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son insuficientes porque no consideran atender el impacto diferenciado por género al que se enfrentan las mujeres inmigrantes, asegura la coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), Ana Lau Jaiven.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora en Historia y  especialista en los movimientos feministas en México, enfatizó que, ante el riesgo del incremento en el número de personas deportadas en los próximo años, “no basta con expresar indignación”, porque “aún no hay propuestas claras de políticas públicas que atiendan la salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades de las mujeres, así como de sus hijas e hijos”.
 
Lau Jaiven dijo que los pronunciamientos de funcionarios gubernamentales son “discursos que no bajan, no tienen asidero”, como la declaración de que “cualquier acción en contra de las mujeres migrantes provocaría una indignación brutal”, expresada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante la firma de la Carta de Intención entre las Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y la de Inclusión Social de El Salvador, el pasado 19 de enero.
 
Tan solo de 2011 a 2016, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron deportadas de Estados Unidos 42 mil 928 mexicanas.
 
URGEN MEDIDAS CONCRETAS
 
La académica expresó la necesidad de que el Gobierno mexicano dé a conocer medidas concretas ante la violencia diferenciada que enfrentan las inmigrantes mexicanas en Estados Unidos por cuestiones de género. “Ellas son agredidas sexualmente porque, históricamente, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un botín de guerra; además de recibir salarios menores a los hombres”, dijo. 
 
Sin embargo,  “el Gobierno en función no tiene la preparación para enfrentar la crisis económica del país y de incidencia en la atención a las inmigrantes que son deportadas”.
 
Recalcó que no basta con proponer protección para las migrantes que regresan al país y que, según el Consejo Nacional de Población, se emplean mayormente como trabajadoras del hogar y en servicios de limpieza, en 41 por ciento.  También se necesita atender las demandas de mejor salario que hacen trabajadoras del hogar aquí en México, para poder ofrecer mejores salarios  a las que regresan”, dijo.
 
En cuanto a la incidencia que las académicas y académicos del país pueden tener para hacer frente al contexto de tensión entre las relaciones con Estados Unidos, Lau Jaiven mencionó que “como docentes e investigadoras podemos aportar desde el análisis de los sucesos, pero corresponde al Gobierno federal garantizar resultados y actuar”.
 
17/MAE/GGQ

En agosto del año pasado, Enrique Peña Nieto advirtió que para lograr una nación más democrática, de mayores libertades, de oportunidades y realización personal, era determinante la participación e involucramiento de las mujeres.
 
Cinco meses después de su dicho, excluye por completo a las mujeres en la conmemoración de nuestra Constitución.
 
Las palabras fueron dichas, y rescatadas por los medios de comunicación, al encabezar la primera sesión pública del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿dónde quedó la congruencia del mandatario?

Imagen retomada del portal www.cdmx.gob.mx

En 2014, Miguel Ángel Mancera, al conmemorar el aniversario 61 del sufragio femenino, refrendó su compromiso político de impulsar la paridad de las mujeres en las labores de gobierno y en todos los sectores de la CDMX, donde las capitalinas actúan, dijo, como un factor de cambio determinante para el desarrollo, ¿Por qué entonces al presentar la primera constitución de la CDMX, en la que la mitad de las constituyentes fueron mujeres, no respetó su compromiso?
 
Ha transcurrido un siglo de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lapso en el cual se han realizado 699 reformas, muchas de ellas impulsadas por las mujeres para garantizar la igualdad y la no discriminación. 
 
Pese a los logros obtenidos, los guardianes del patriarcado siguen construyendo muros para impedir que la igualdad sustantiva sea una realidad y una lógica democrática. Cuándo las palabras no se honran con los hechos se cae en demagogia, la cual suelen rechazar los señores cuando vienen de otros, pero no cuando lo hacen con sus ciudadanas, las cuales están hartas de las palabrerías, de los discursos políticamente correctos, las ciudadanas exigen el respeto de sus derechos, de todos sus derechos y todo el tiempo.
 
El mayoriteo masculino excluyó al 52 por ciento de la población mexicana, a las 47 mujeres que construyeron la Constituyente de la CDMX; a las cuatro funcionarias capitalinas y a las tres funcionarias federales, a las 159 diputadas federales, a las 48 senadoras, a la presidenta en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las 284 presidentas municipales, entre otras.
 
No hay argumento que valga en la exclusión de las mujeres, la incongruencia no puede seguir siendo la lógica masculina de gobernar. Existe un compromiso en nuestras leyes con la igualdad y la no discriminación que debe ser cumplido. Las mujeres estamos en todos los espacios y no queremos ser excluidas.
 
Es probables que para los guardianes del patriarcado estos hechos no tengan mayor relevancia y que el próximo 8 de marzo volvamos a escuchar los discursos que ensalcen la presencia de las mujeres, reconozcan sus aportes y existan compromisos como los mencionados anteriormente, para ellos puede ser lo mismo, pero para nosotras no.
 
Las mujeres no podemos permitir que la demagogia masculina siga adelante, lo ganado nos ha costado mucho y tenemos que hacerlo valer.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ