trata de mujeres

En Tlaxcala la relación entre la desaparición de mujeres, la trata con fines de explotación sexual comercial y el feminicidio está documentada y reconocida internacionalmente, pero las autoridades locales se niegan a aceptarlo y mucho menos a atenderlo, en lo que va de 2018 ya van tres casos de feminicidio.

Muestra de este desdén de las autoridades es el rechazo de dos Alerta de Violencia de Género (AVG) y los recientes datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde la procuraduría estatal reportó en 2017 apenas dos casos de feminicidio y 11 mujeres víctimas de trata.

Las organizaciones locales han tenido que realizar registros alternos para tener datos más certeros de la violencia contra las tlaxcaltecas, en contraste con los datos proporcionados por la procuraduría, el Colectivo Mujer y Utopía AC documentó el año pasado 16 casos de feminicidio.

Asimismo, de 2016 a agosto de 2017 la agrupación contó 35 desapariciones de mujeres –principalmente niñas entre 14 y 16 años-, mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Segob informó solo 11 desapariciones de mujeres de 2009 a 2016.

El 4 agosto de 2017 la Segob negó decretar en Alerta de Género a 13 municipios de Tlaxcala, asegurando que “no habían elementos suficientes” de violencia contra las mujeres para hacerlo.

Esta solicitud la había realizado en 2016 la agrupación “Todos para Todos AC”, quien pidió el mecanismo en estos municipios por estar identificados por la operación de redes de tratantes: Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla.

Ante la respuesta de Segob, organizaciones de mujeres volvieron a solicitar diez días después el mecanismo (14 de agosto de 2017), esta ocasión buscaron que la AVG fuera por la desaparición de mujeres, pues es un delito relacionado con otros: el feminicidio y la trata.

Las integrantes del Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas y la Red Retoño fueron las encargadas de tramitar esta segunda Alerta, pero un mes más tarde, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)  dependencia de Segob- volvió a desecharla, argumentando que tenían que esperar tres meses para presentar otra petición de acuerdo con el reglamento de la AVG.

Pero la violencia contra las mujeres de Tlaxcala permanece y no cesa. En estos 25 días que lleva el 2018, según denunció a Cimacnoticias la directora de Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, van tres casos de feminicidio. 

En estos asesinatos se siguen observando los mismos patrones que fueron descritos en las solicitudes de Alerta y son reconocidos en estudios sobre la trata de mujeres en Tlaxcala; a las mujeres las privan de la libertad y de no ser localizarlas de forma inmediata, son halladas asesinadas.

El pasado 13 de enero Wendy Sánchez Pérez de 21 años de edad fue obligada por desconocidos a subir a un vehículo, mandó a su familias un mensaje de auxilio pero un día después el cuerpo de una persona calcinada fue hallado. Este 24 de enero se confirmó que era la joven.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, advirtió que las autoridades investigan el asesinato de Wendy como homicidio y que lo mismo ocurre en los otros dos casos que registraron en lo que va de 2018.

Ante la indignación de estos asesinatos, la agrupación junto al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado a las autoridades e insistieron en la urgencia de atender las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, para prevenir otros delitos de razón de género, como la trata, violencia sexual o el feminicidio.

Edith Méndez también indicó en entrevista que agotarán todos los recursos hasta que el estado atienda la situación y decrete la AVG. Actualmente las activistas participan en las mesas de trabajo del estado que se conformaron tras la negativa de la primera Alerta y buscan una junta con la nueva comisionada de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, para manifestar su preocupación. Advirtieron que de no tener una respuesta severa por parte del gobierno ante esta problemática, interpondrán un amparo hasta que logren que se decrete la AVG en la entidad.

De acuerdo con un estudio de Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, se tienen identificados en Tlaxcala 35 de los 60 municipios de Tlaxcala, que operan grupos de tratantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación sobre la trata en México ubicó las rutas naciones e internacionales de trata entre las entidades de Puebla y Tlaxcala: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.

La ONU en el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México”, sostiene que en todo el país solo 49 por ciento de las denuncias por este delito derivan en averiguaciones previas, en el caso de Tlaxcala se reduce a 18 por ciento.

18/HZM/LGL

El delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en Monterrey, capital de Nuevo León, creció a la par que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de negocio del país y en años recientes cada mes llegaban a esa ciudad entre trescientas y cuatrocientas mujeres para ser explotadas sexualmente.
 
Esto revela la investigación “Mujeres invisibles y victimización sexual en México. El caso de la trata de mujeres en Monterrey” (2013), del académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Arun Kumar Acharya, donde se señala a esa ciudad como una de las  seis  principales ciudades del país a las que llegan mujeres y niñas de otras entidades para ser sometidas a  explotación sexual comercial.
 
Las otras cinco ciudades identificadas son Cancún, Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez y la Ciudad de México, a las cuales, según cifras de la investigación, cada año aproximadamente diez mil mujeres son trasladadas como víctimas de trata de personas, desde estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, así como de Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo.
 
En la investigación, realizada de 2008 a 2011 y que incluye  entrevistas con 50 mujeres en situación de explotación sexual comercial en calles del centro de Monterrey, como Villagrán, Madero y Colón, donde hay centros nocturnos, se explica que el aumento de la trata de mujeres en la ciudad se dio a la par del crecimiento económico, lo que la colocó como uno de los principales centros de negocios, convirtiéndose al mismo tiempo en un sitio para el turismo sexual.
 
Las personas dueñas de bares y centros de masajes viajan a las zonas marginadas del país en donde engañan a mujeres jóvenes con promesas de mejores condiciones de vida y laborales, para  posteriormente, prostituirlas.
 
La impunidad en estos casos es una constante en las ciudades donde se comete el delito de trata de personas, señala la investigación de Kumar Acharya.
 
Actualmente, el caso de la niña Ángeles Abril Sánchez Contreras,  de 15 años de edad y desaparecida el  20 de marzo de 2015 en San Francisco Totimehuacán, Puebla, parece indicar que el problema del traslado de mujeres y niñas a Monterrey para explotarlas sexualmente persiste.
 
Ella hizo  una llamada que hizo a su madre el domingo 22 de marzo y alcanzó a decirle: “mamá, me llevan para Monterrey”. Desde entonces se desconoce su paradero.
 
Aunque Nuevo León cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y con el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas, en 2015 se informó que  habían pasado dos años sin que esta instancia hubiera realizado alguna sesión, con lo que incumple la ley que establece que debe reunirse cada tres meses. 
 
17/MMAE/GG
 

La Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente prevé modificar la redacción del artículo 15 del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México sobre “trabajo sexual”, aunque todavía no hay un consenso porque las distintas fuerzas políticas están divididas.
 
A favor de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral autónoma y voluntaria está la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la diputada perredista Lol Kin Castañeda y la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Esthela Damián Peralta.
 
En una reunión que se realizó la semana pasada entre las y los diputados que integran esta Comisión, discutieron si la Carta Magna capitalina debe incluir el “trabajo sexual”, propuesta que no fue apoyada por la antropóloga feminista y presidenta de esta Comisión, Marcela Lagarde y de los Ríos, ni por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González.
 
Marcela Lagarde ha manifestado públicamente que la Constitución de la CDMX no puede legalizar el “comercio sexual” de las mujeres ni reconocer el “trabajo sexual”; incluso en octubre pasado se comprometió con el movimiento feminista, a presentar un párrafo alternativo a la actual redacción del artículo 15 del borrador.
 
En el proyecto presentado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estipula en dicho artículo en su apartado F, numeral 3, inciso b que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley, “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
La autora del libro “Los cautiverios de las mujeres. Madres, monjas, putas, presas y locas”, aclaró que quienes se oponen a legalizar el “comercio sexual” no están en contra de quienes están en situación de prostitución o de explotación sexual, tras asegurar que hay total solidaridad con estas mujeres, pero acotó que no pueden permitir que se avale el “comercio sexual”.
 
La además diputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que hay que buscar alternativas ante la venta de niñas en lugares como La Merced, pero también ante las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, temas que son un problema de la ciudad y de la Constitución más avanzada del país que tiene como objetivo garantizar los Derechos Humanos de las personas.
 
En aquella ocasión la también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, se comprometió a escuchar y analizar las propuestas que llegaran a la Comisión que preside para formular reformas, lograr que integre los grandes problemas de la ciudad y asentar en letra todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas. 
 
En tanto que el diputado Carlos Gelista expresó, desde la instalación de esta Comisión, que el capítulo laboral -donde se reconoce “el trabajo sexual”-, es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Constitución capitalina un enfoque de derechos de las personas aunque sin generar expectativas que no se van a cumplir.
 
La propuesta de reconocer el “trabajo sexual” se respalda en la resolución que en enero de 2014 publicó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien otorgó un amparo a un grupo de mujeres que se dedican a “ofertar servicios sexuales”, que reclamaron ser consideradas trabajadoras no asalariadas.
 
Esta resolución abrió el debate para derogar el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que dice que la “prostitución” es una “falta administrativa” y a la par para incluir este tema en el borrador de la Constitución capitalina.
 
Esta semana la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente debe tener un predictamen que aborde del artículo 8 al 19 del borrador constitucional, a fin de que la próxima semana se vote y el documento final se presente ante el pleno de la Asamblea Constituyente el próximo 10 de diciembre.
 
16/AGM/AMS/LGL
 

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L'Hoist, se pronunció a favor de regularizar el “trabajo sexual” pues en su opinión, ello disminuiría la discriminación contra las personas que se encuentran en esta situación.
 
Durante la tercera mesa que organiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para analizar el tema del “trabajo sexual”, la funcionaria dijo que de acuerdo con las quejas que llegan al Copred las personas que realizan esta labor son maltratadas por la autoridad, se les insulta, no pueden “trabajar” con seguridad y son discriminadas.
 
En el tercer encuentro convocado por el diputado Víctor Hugo Romo para escuchar las posturas sobre el tema –y al que no asistieron asambleístas–, L'Hoist dijo que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, 86 por ciento de la población encuestada dijo que las “trabajadoras sexuales” son discriminadas.
 
El estudio arrojó también que 73 por ciento de la ciudadanía consideró que las personas pueden hacer mucho para eliminar la discriminación hacia estas “trabajadoras” pero para ello es necesario más educación sobre qué es el “trabajo sexual”.
 
La funcionaria quien coincidió en  reformar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, dijo que de acuerdo con una división de la población capitalina en 40 grupos, las personas indígenas son las más discriminadas, le siguen las de piel morena, luego las que viven con VIH y en el lugar 18 están las “trabajadoras sexuales”.
 
A propósito de las iniciativas en la ALDF para regularizar y “reglamentar la prostitución” L'Hoist señaló que cualquiera de las posturas debe tener en el centro a las personas que ejercen esta actividad y sus particularidades y explicó que faltan políticas que eliminen las causas estructurales que llevan a las mujeres a “ejercer este trabajo”.
 
En la Asamblea Legislativa hay dos propuestas. El pasado 18 de octubre la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz propuso crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal”; y el legislador del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” ya no sea una falta.
 
En paralelo la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, un borrador que en su artículo 15, apartado F, numeral 3, inciso b, dice que las autoridades de la ciudad “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
En esta audiencia el subdirector de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jean Philibert Mobwa, afirmó que es necesario regular el “trabajo sexual” para evitar las agresiones y violaciones contra las mujeres que están en este contexto.
 
El funcionario explicó que “legalizar este oficio organizaría de mejor manera esta actividad, los burdeles serían legales, se podrían exigir revisiones médicas a las trabajadoras sexuales, el uso del condón sería obligatorio y eso llevaría a la reducción de las infecciones de transmisión sexual”.
 
A decir de Mobwa un prejuicio es decir “prostitución” cuando se trata de “trabajo” porque así se hace referencia a una persona adulta que en pleno ejercicio de sus facultades y sin coacción gana dinero “a partir del trabajo que ejerce”; en este contexto hay una “industria del sexo”, es decir, empresas que pagan un sueldo a las personas “trabajadoras sexuales” por sus “servicios”.
 
16/AGM/LGL

Si el Estado normaliza la “prostitución” como un “trabajo” significaría derribar los límites que las feministas han construido para acceder al cuerpo de las mujeres, así lo afirmó la investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, en España, Ana de Miguel Álvarez.
 
Al impartir la conferencia sobre “Neoliberalismo sexual” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la investigadora de Filosofía moral y Política, advirtió que reconocer la “prostitución” como “trabajo sexual” sería una forma de difundir la idea de que las mujeres son cuerpos que están para el placer de los hombres que pueden pagar por ellos.
 
La autora del libro “Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección” expuso que la idea de legalizar y reconocer el “trabajo sexual” surge en el contexto del neoliberalismo, ideología que afirma que todo se puede comprar y vender, que el mercado no tiene por qué tener límites y que la única condición es el consentimiento de las personas libres e individuales.
 
Así –dijo la académica– uno de los argumentos de quienes están a favor de reconocer, normalizar y legalizar la oferta de “servicios sexuales” como un “empleo”, es que se trata de una actividad de libre consentimiento entre quien ofrece “el servicio” y quien paga por él; por eso, esta postura sostiene que quienes se oponen “son puritanos”, afirmó.
 
Para la profesora la definición de “prostitución” como “el intercambio de dinero por servicios sexuales” es una falacia porque si se analiza desde las teorías feminista y de género, en realidad se definiría como “una institución por la que la sociedad ofrece a los hombres, mujeres de libre acceso a sus cuerpos por un precio variable”.
 
Para De Miguel Álvarez, analizar el tema de la “prostitución” desde la teoría feminista implica que no puede verse como un fenómeno alejado de la sociedad porque es un tema donde se juzga quiénes somos y qué podemos hacer para ganarnos la vida.
 
El feminismo, dijo, analiza estructuras de poder, no preferencias de individuos, por eso cuando esta teoría estudió el derecho a votar no se enfocó en quiénes querían ejercer el sufragio y quiénes decidieron no hacerlo, sino en las estructuras de poder y las razones de por qué hay poblaciones que decidían “sacar brillo a sus cadenas”.
 
Al hablar sobre la idea de la “libre elección”, la académica señaló que esta idea no se puede ver de manera aislada porque de ser así quienes tienen poder podrían aplastar a los otros. Por ejemplo, si una persona decide pagar tres euros por un trabajo sin ningún derecho y otra decide aceptarlo, esto generaría una explotación laboral sin que el Estado intervenga, dijo.
 
Abundó que desde la teoría de género “la prostitución” se considera una institución como muchas otras –la Universidad, la sanidad pública, las bibliotecas– porque responde a una necesidad humana, incluso para grandes pensadores la “prostitución” es un “mal menor” porque remedia un mal peor: que un hombre no pueda acceder al cuerpo de una mujer cuando quiera. 
 
Por tanto, para la especialista que actualmente dirige un proyecto de investigación sobre “los debates teóricos en torno a la prostitución de las mujeres”, detalló que decir “trabajo sexual” tampoco es transgresor ni nuevo, porque ha existido siempre y en todas las sociedades, pero no como un trabajo de “libre elección” sino como una decisión de los hombres de pagar por usar los cuerpos de las mujeres.
 
Con este argumento dijo que estos encuentros sexuales no son decisión de las mujeres que actúan en un acto de libertad porque –mencionó– aunque todas dijeran “me quiero prostituir” al final la decisión será de los hombres con dinero. La prostitución comienza con hombres con dinero que tienen voluntad de pagar, en ese momento ellos convierte una mujer en “prostituta”, dijo.
 
En sus reflexiones la académica aseguró que bajo la apariencia de que las personas son libres para venderse, muchas mujeres que no quieran ejercer esta actividad van a perder el derecho de decir no, porque en la sociedad se va a difundir la idea de que la “prostitución” es tan normal, que quienes no lo hagan serán puritanas.
 
Es decir, lo que estaremos normalizando, dijo, es que las chicas de las clases sociales con más bajos recursos económicos no tengan de “dónde agarrarse” para decir “no me quiero prostituir”.
 
De Miguel Álvarez concluyó al afirmar que en tiempos de la igualdad de género, cuando los Estados tienen leyes y políticas a favor de la igualad, cualquier joven podrá salir de la escuela, ver la “prostitución” y darse cuenta que la igualdad es que pueda pagar dinero para acceder al cuerpo de una chica.
 
 “¿Esto no corrompe la igualdad?” se preguntó.
 
16/AGM/LGL

En medio de confrontación, gritos y acusaciones, organizaciones civiles y activistas coincidieron en que la “trata de personas” es un delito que se debe combatir pero mantuvieron posiciones encontradas sobre la propuesta del Jefe de Gobierno de reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
En el segundo foro convocado por el diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Romo, para debatir la propuesta de derogar la prostitución como una infracción en la Ley de Cultura Cívica de la capital, las activistas se pronunciaron sobre el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce esta actividad como un trabajo.
 
Activistas como la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz y la integrante de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente, Mónica Soto Elizaga dijeron que reconocer el “trabajo sexual” serviría para afirmar que las víctimas de trata “hacen un trabajo voluntario”.
 
Al respecto, Soto Elizaga aseguró que todas las mujeres, incluyendo las que están en condiciones de prostitución, tienen derecho a la salud, trabajo, identidad sexual y vivienda, y por tanto no deben ser reprimidas ni criminalizadas pero dijo que hay que tomar en cuenta que hay niñas y mujeres que son obligadas a prostituirse.
 
La feminista expuso que la posición en contra de reconocer el “trabajo sexual” no es una ideología mojigata porque cada persona puede tener la vida sexual que quiera, sin embargo, señaló que con esta propuesta –que estará a debate en la Asamblea Constituyente– el Gobierno de la Ciudad de México normalizaría una actividad donde se explota el cuerpo de las mujeres.
 
En la misma posición, la activista Teresa Ulloa Ziáurriz dijo que es preocupante reconocerlo como un “trabajo” toda vez que en uno se garantizan los derechos laborales como aguinaldos y vacaciones, por lo que afirmó que en lugar de hablar de “trabajo sexual” las autoridades deberían ofrecer a las capitalinas oportunidades cuando quieran salir de contextos de prostitución.
 
En la parte opuesta, el coordinador de Documentación y Litigio de Casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización que promueve derechos sexuales y reproductivos–, Alex Alí Méndez Díaz, aseguró que en este tema se deben considerar los tratados internacionales y el marco jurídico nacional y no sólo las posiciones ideológicas.
 
Recordó que en 2013 el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal emitió una resolución donde reconoció el “trabajo sexual” como una actividad laboral y por tanto aclaró que se debe partir de esta resolución. “Podemos criticarlo pero ya está la sentencia”, dijo.
 
Señaló también que el artículo 5 de la Constitución federal dice que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” por lo que aseguró que el problema técnico para legislar es la distinción entre el lenocinio, la trata y explotación porque el “trabajo sexual” “ya está protegido” por una jueza federal.
 
Durante el foro -que se presentó como una mesa de parlamento abierto- algunas de las personas asistentes aplaudieron a quienes apoyaban esta postura y gritaron consignas a quienes estaban en contra, refutaron datos e hicieron cuestionamientos a las personas oradoras. Así, tomó la palabra la activista de la organización “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, Elvira Madrid, quien lleva 27 años trabajando este tema.
 
De acuerdo con la activista, en las zonas donde las mujeres y personas trans o intersexuales realizan su “trabajo” también hay trata de personas, pero aclaró que ya existe una Ley para combatir este delito por lo que –advirtió– hay que “aprender a distinguir entre una actividad laboral y un delito”.
 
Elvira Madrid dijo que hay confusión para reconocer quién es víctima y quién trabaja por su cuenta; en este sentido pidió a la Asamblea Legislativa que haga un llamado a la Procuraduría de Justicia capitalina para que deje de criminalizar a las mujeres cuando hace operativos en las calles o centros nocturnos de la Ciudad.
 
Mencionó que entre las arbitrariedades que viven las trabajadoras es que si llevan condones se les acusa de lenocinio, las obligan a firmar declaraciones sin que las lean o a firmar hojas en blanco; y aseguró que “Brigada Callejera” no promueve la trata, por el contrario la denuncia.
 
En la mesa donde también participaron investigadoras; un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Suarez del Real y la antropóloga feminista Marta Lamas, ésta última señaló que hay posiciones encontradas y coincidencias, por lo que hizo un llamado a las organizaciones civiles a trabajar en lo que sí comparten.
 
16/AGM/LGL

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que apoya la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de reconocer en la próxima Constitución Política capitalina el “trabajo sexual” como un empleo no asalariado y garantizar seguridad social a quienes ejercen esta actividad.
 
Después de participar en una conferencia con diputadas constituyentes, la secretaria dijo que el proyecto de Constitución capitalina reconocerá el trabajo sexual y todo lo que implica en términos de reglamentación laboral, incluyendo seguridad social.
 
En declaraciones a los medios la ex candidata presidencial insistió en que la trata y la explotación sexual en niñas y mujeres se debe erradicar y castigar pero aclaró que las “trabajadoras sexuales” tienen derecho a organizarse y no ser sancionadas por ejercer una actividad que hoy es una falta administrativa.   
 
Mientras las y los diputados de la Asamblea Constituyente debaten cómo quedará redactado el artículo 15, apartado F, en el texto constitucional que actualmente reconoce esta actividad, en la Asamblea Legislativa existen dos iniciativas que también pretenden regularizar y reconocer el comercio sexual del cuerpo de las mujeres.
 
El pasado 18 de octubre la asambleísta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz, presentó una iniciativa para crear una ley que regule el “trabajo sexual”, en la misma sesión el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, presentó otra propuesta para reformar la Ley de Cultura Cívica y quitar la “prostitución” como una infracción.
 
En la capital del país ya se ha intentado legislar al respecto, hace tres años, el 7 de abril del 2013 la diputada perredista Polimnia Romana Sierra Bárcena presentó una iniciativa para derogar el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica y no criminalizar a las mujeres que están en este contexto; sin embargo, la propuesta no fue dictaminada.
 
Sobre este tema, la secretaria de Gobierno consideró que la Asamblea Legislativa puede realizar las reformas que considere necesarias sin tener que esperar hasta 2018 cuando esté lista la Constitución capitalina; aunque aclaró que una vez que entre en vigor este texto será necesario hacer nuevas leyes reglamentarias.
 
Al ser cuestionada sobre cómo se garantizará derechos laborales a las “trabajadoras sexuales” que hacen tratos informales con sus clientes, la ex candidata presidencial dijo que uno de los elementos del trabajo digno y decente es la seguridad social y en este caso el proyecto de Carta Magna propone una “renta básica ciudadana”.
 
Advirtió que en la ciudad como en el país se está debatiendo un nuevo modelo de trabajo, donde ya no sea una empresa o una fábrica con trabajadores y patrones sino empleos más flexibles que a la vez no sean precarios y sin derechos, y es ahí donde también se incluye el “trabajo sexual”.
 
16/AGM/LGL

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) enviará a la Asamblea Constituyente una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna local para no reconocer a la prostitución como un trabajo sino como “un sistema de explotación y violencia patriarcal”.
 
En una carta pública disponible en la plataforma Change.org esta organización internacional que en México apoya y litiga casos de mujeres víctimas de desaparición, feminicidio y explotación sexual, rechazó categóricamente el reconocimiento de la “prostitución como trabajo no asalariado (o asalariado)” en la Carta Magna capitalina.
 
De acuerdo con el escrito, la “prostitución” legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, las y los adolescentes, las niñas y los niños, son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar bajo el neoliberalismo salvaje impuesto por el capitalismo y la globalización de la industria del sexo.
 
La agrupación argumenta que en México el artículo 1 de la Constitución federal dice que en el país se deben aplicar los tratados internacionales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Convención del 49 ratificada en 1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (ratificado en diciembre de 2003).
 
En este sentido la CATWLAC asegura que todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos; además reitera que el Estado mexicano y la Ciudad de México, tienen la obligación de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual.
 
Si bien hay colectivos de mujeres que apoyan el reconocimiento del “trabajo sexual” y mencionan que es una actividad que ya se ha reconocido en otros países, la CATWLAC asegura que no existe en el mundo una constitución que incluya el reconocimiento de la prostitución como “trabajo sexual”, ni siquiera en aquellos que la legalizaron.
 
Respecto a la posición de legisladores de la Asamblea Legislativa que promueven esta actividad tras el argumento de que será un “trabajo” siempre y cuando se realice con el “consentimiento” de las mujeres o sólo si es “una decisión personal” la agrupación señala que esta idea se basa en una visión liberal de los Derechos Humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos y de toda noción de bien común.
 
En esta carta se agrega además que el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito de trata de personas y en general afirma que no se puede hacer una distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
 
Hasta ahora las propuestas legislativas y el borrador de Carta Magna para la capital del país se sustentan en la sentencia de amparo que en enero de 2014 emitió el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que resolvió que sancionar el “trabajo sexual” es “inconstitucional” y ordenó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorgar credenciales a las “personas sexoservidoras”.
 
Sin embargo la agrupación presidida por la activista Teresa Ulloa asegura que dicha sentencia de amparo es una tesis aislada y no una tesis jurisprudencial, ya que para que esto ocurra se necesitan cinco sentencias en el mismo sentido para que los efectos del fallo sean generales, por tanto, la resolución no puede constituirse en una norma en sí misma y sólo aplica para quienes solicitaron el amparo.
 
Por otro lado, la CATWLAC pone sobre la mesa que la tendencia mundial en relación con la prostitución está encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de ésta con una amplia gama de apoyos a las víctimas, despenalizando esta actividad, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual. Así pasa en Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Guatemala y El Salvador, agrega.
 
En abril de 2016 la Asamblea Nacional Francesa adoptó una “ley contra el sistema prostitucional”, a favor del acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y la prohibición de la compra de cualquier acto sexual.
 
En este contexto, en la carta –abierta a firmas ciudadanas– se solicita una audiencia con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para presentar una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna, el cual busca dar garantías laborales al “trabajo sexual”.
 
La CATWLAC propone que en lugar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cree un fondo de pensiones y prestaciones para “trabajadoras sexuales”, cree mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos laborales y que todas las personas que obtengan un ingreso hasta de 150 mil pesos al año, se reconozcan como trabajadoras y trabajadores no asalariados y gocen de todos los derechos.
 
16/AGM/LGL

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa, Jany Robles Ortiz, presentó una iniciativa para crear una ley que regule el “trabajo sexual” y reconocer los “derechos de las y los trabajadores sexuales”.
 
En la sesión de ayer martes, la asambleísta presentó la iniciativa para crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal” a fin de garantizar los “derechos de las y los trabajadores sexuales” e instrumentar políticas, medidas, acciones y programas de gobierno para su desarrollo integral.
 
La propuesta también es derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de Distrito Federal que dice que una infracción contra la tranquilidad de las personas es “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal”.
 
La iniciativa de ley se presenta días después de que diversos asambleístas condenaran en foros públicos y en tribuna, los asesinatos de dos personas transexuales en condición de prostitución, hechos que ocurrieron en la capital del país y que llamaron la atención sobre la pertinencia de regular el “trabajo sexual”.
 
En su exposición de motivos, la priista subrayó que es fundamental concebir a las personas que realizan “trabajos sexuales”, con la dignidad y capacidad de decidir sobre su persona y asegurar que no se violen sus derechos, y para ello propuso crear una ley de 38 artículos con obligaciones y derechos.
 
Las reformas proponen condiciones mínimas para “ejercer esta actividad”: ser mayor de 18 años de edad; tener capacidad de comprender el significado de la actividad que se está realizando; que se haga de manera voluntaria y sin ninguna coacción, y en zonas establecidas por la autoridad.
 
Además la iniciativa de ley también impone penas a “las y los trabajadores sexuales” que realicen o practiquen actos sexuales en la vía pública, se les impondrá arresto inconmutable hasta por 36 horas y una multa de 20 a 50 días de unidad de cuenta (lo que antes era salario mínimo).
 
Por otra parte quien ofrezca sus servicios fuera de los perímetros fijados o reconocidos por las delegaciones será retirado de la vía pública y presentado ante el Juez Cívico, y a los usuarios que contraten los servicios de un menor de edad se le impondrán las penas señalas por el Código Penal del Distrito Federal.
 
La ley establece requisitos para los establecimientos que dispongan de “escenarios y privados”, que “ofrezcan espectáculos eróticos”; también señala medidas de control sanitario; prohíbe publicidad con contenido sexual: mientras que el gobierno capitalino tendrá obligaciones como “procurar la pacífica convivencia de las y los trabajadores sexuales”.
 
Robles Ortiz dijo que a nivel mundial se estima que el número de “sexoservidoras” asciende a 40 millones, y que “el trabajo sexual” se observa de distintas maneras.
 
A decir de organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –quienes están en contra de reconocer como trabajo la prostitución– señalan que la mayoría de las mujeres que están en contextos de prostitución están allí por coacción, lo que explica que sólo 147 personas hayan solicitado al gobierno local una tarjeta de “trabajadora sexual.
 
Sin embargo, la legisladora señala ejemplos de otros países como Holanda, donde la prostitución no es delito y las “trabajadoras del sexo” tienen seguridad social y subsidio por desempleo; en Dinamarca las “meretrices” están obligadas a pagar impuestos, pero no reciben prestaciones; mientras que en España, Italia y Francia, la prostitución no está ni autorizada ni prohibida.
 
La legisladora dijo que según cifras de instituciones y organismos de la sociedad civil, en la Ciudad de México aproximadamente 40 mil personas se dedican al “trabajo sexual” y por ello es necesario reconocer la dignidad de las personas que realizan esta actividad y establecer condiciones para ejercerla.
 
En la sesión, el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, presentó otra propuesta en el mismo sentido para reformar la Ley de Cultura Cívica, al asegurar que el “trabajo sexual” es como cualquier otro y por lo tanto debe mantener “todos los privilegios que cualquier otro”.
 
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La Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente que debate el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México analizará si se debe reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral.
 
Así lo dijo el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Gelista González, al participar en la instalación de la Comisión de Carta de Derechos, presidida por la antropóloga feminista y diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
Esta Comisión se encargará de debatir del artículo 8 al 19 del borrador de Constitución capitalina que incluye el derecho a la ciudad libre, democrática, con educación y conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. 
 
Al presentar su posicionamiento el diputado panista dijo que el proyecto de texto constitucional requiere una “cirugía” lo que no significa que los derechos estén en peligro sino que el documento debe tener un lenguaje inequívoco, preciso, sin engaños y sin generar expectativas falsas. 
 
Como ejemplo citó que en la Ciudad de México no se debe proteger el “sexoservicio” como lo propone el artículo 15 del borrador sino a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad que se dedican a realizar esta actividad, esto a fin de evitar que sean víctimas de delitos como el asesinato.
 
Gelista González aseguró que el capítulo laboral –donde se reconoce “el trabajo sexual”– es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Carta Magna un enfoque de derechos de las personas pero no generar expectativas que no se van a poder cumplir, por lo que llamó al dialogo y la apertura.
 
Ante la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, Amalia García Medina, quien está a favor de reconocer a las mujeres en condición de prostitución como trabajadoras, el legislador agregó que dada la importancia de este trabajo legislativo se deben tomar en cuenta todas las voces.
 
En la sesión de instalación  también estuvieron presentes feministas como la académica Aimée Vega Montiel que defiende el derecho a comunicar de mujeres y niñas; la activista de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández; y las abogadas feministas que han litigado casos de feminicidio a nivel internacional, Andrea Medina Rosas y Karla Micheel Salas.
 
Por su parte las activistas y diputadas constituyentes Clara Jusidman y Lol Kin Castañeda –quienes además fueron parte del Grupo Redactor nombrado por el Jefe de Gobierno– dijeron que este proyecto no es de Miguel Ángel Mancera sino el resultado del trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y especialistas. 
 
En tanto que los diputados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Bruno Bichir y Frabizio Mejia; y por el PRD, Horacio Franco, pidieron que en la Carta Magna se reconozca el derecho a la cultura, el arte, el deporte y la orientación vocacional desde la educación básica ya que, dijeron, hay una omisión en estos temas. 
 
En el acto el presidente de la Asamblea Constituyente, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que esta Comisión revisará el “corazón del proyecto” y entregó siete iniciativas de reforma presentadas por constituyentes y cinco más de la ciudadanía para su debate y eventual aprobación.
 
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