Justicia

20 años después de la masacre de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 personas en manos de grupos de civiles armados, sobrevivientes y organismos humanitarios coinciden en que el crimen sigue impune, porque los autores materiales fueron liberados paulatinamente desde 2009, bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso judicial en su contra; en tanto la autoría intelectual en la que habrían estado involucradas autoridades estatales y federales, nunca se sancionó.

Los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, continúan afectados por las secuelas físicas, emocionales y sociales que dejó ese acontecimiento, explicó el especialista Carlos Martín Beristain, en el estudio que llevó a cabo con ayuda de varios psicólogos, y que se publicó bajo el título “Acteal: resistencia, memoria y verdad”.

A pesar de ello, las personas sobrevivientes persisten en su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2005, para que este organismo emita una recomendación al Estado mexicano, porque aseguran que los civiles armados (paramilitares) que los agredieron, actuaron con aquiescencia del gobierno.

En su argumento señalan que fueron víctimas de la guerra de baja intensidad utilizada como estrategia para anular cualquier adhesión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el marco de la conmemoración de los 20 años de este hecho, el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jan Jarab, visitó la comunidad Acteal, y escuchó los testimonios de las y los sobrevivientes.

El diplomático expresó su solidaridad y se sumó a la exigencia de justicia “para romper este círculo vicioso de la impunidad que prevalece hoy por hoy en México”.

“SE OLVIDARON DE NOSOTROS”

Fernando Luna Pérez tenía 7 años cuando ocurrió la masacre. Su madre, Juana Pérez Pérez, y su hermano Juan Carlos, de 2 años, murieron asesinados. “Fue difícil vivir sin una madre, mi padre estuvo conmigo pero hubo momentos en que no tenía ni para comer”, recuerda.

A pesar de esta situación, Fernando logró estudiar hasta la escuela Preparatoria, después no tuvo recursos para continuar. En 2009 asistió junto a la delegación de sobrevivientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México a pedir que no fueran liberados los autores materiales de la masacre. No fueron escuchados.

“Para el gobierno es como si no hubiera pasado nada. Es una indignación porque no ha habido justicia, se olvidaron de nosotros. Murieron nuestros familiares y no les importó. Se olvidaron de nosotros”, señala.

Micaela y María Vázquez Pérez también son sobrevivientes de Acteal. En la masacre murieron sus hermanas Marcela y Antonia Vázquez Pérez

Viven en una pequeña casa de una sola pieza, en la entrada a la comunidad. Actualmente tienen 32 y 40 años de edad. Se mantienen vendiendo artesanías en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Los recursos que obtienen son insuficientes para poder pagar atención médica que les permita recuperarse de las secuelas que les dejó la masacre.

“Mi papá, Francisco Vázquez Hernández, cuando se murieron mis familiares se puso muy triste. Todavía sobrevivió y apenas el año pasado (2016) falleció… ahora estoy sola. Ojalá tuviéramos un espacio para vender artesanías, ojalá haya justicia, ojalá nos reparen los daños y nos indemnicen”, explica María.

 Antonio Luna Santis también murió buscando justicia.  En la masacre perdió 5 familiares, su hija y tres nietos, Marcela Luna Ruiz;  Alejandro, Juan y Silvia Pérez Luna; y su yerno Miguel Pérez Jiménez.

Se quedó a cargo de sus tres nietas, entre ellas Zenaida, quien perdió parcialmente la vista a consecuencia de un disparo que recibió durante la masacre. Hoy su familia se suma a la petición para que el Estado mexicano sea sancionado por la masacre, y a los sobrevivientes se les repare el daño y sean indemnizados. Esto les permitiría recibir atención médica.

A pesar de este escenario, los sobrevivientes insisten, “nosotros no queremos venganza, lo que queremos es justicia. Ellos, los paramilitares que participaron en la masacre son nuestros primos, son nuestros vecinos… entendemos que fueron engañados, por la pobreza los engañaron, los manipularon. Pero sólo la justicia puede traer la paz, solo la justicia puede impedir otra masacre”.

17/AM/LGL

En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”. 

La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la  investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.

Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-. 
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”. 

Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.

Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.

En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento  de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas. 

Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida. 

“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre. 

Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.

Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.

Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.

“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como  a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.

Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”. 

El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
 
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE

El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias-  fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.

A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.

Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.

Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación. 

A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.

Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.

Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio). 

Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.

LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS

En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan  a la reparación del  daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/EP/RM/LGL

Debido a que el Estado argentino no cumplió con las medidas cautelares a favor de la lideresa social Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió emitir medidas provisionales, pues su situación actual la coloca en extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de estas medidas.

En un comunicado, la Comisión Interamericana recordó que en julio de este año a través de la Resolución 23/17, otorgó medidas cautelares para la activista, luego de visitar la cárcel de Alto Comedero en la provincia de Jujuy (ubicada en el extremo noroeste del país), en donde se encuentra. Ahí constató, que existía hostigamiento y estigmatización que ponían en riesgo su vida, salud e integridad personal de Sala. 

En la Resolución 23/17, se mandató al Estado argentino a adoptar medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la beneficiaria; concertar con ella las medidas a tomar; y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la detención preventiva, adoptar medidas alternativas, tales como el arresto domiciliario o que la activista enfrentara el proceso en libertad.

La Comisión constató que las autoridades de la provincia de Jujuy no cumplían con las medidas que dictó ya que ordenaron la detención domiciliaria en la Casa del Carmen, el 31 de agosto, bajo un estricto régimen de seguridad que reproducía las condiciones de la Penitenciaría en su domicilio, señaló en el comunicado. Posteriormente, el 16 de octubre, la Cámara de Apelaciones y Control de la Provincia de Jujuy ordenó el retorno de Sala a la Penitenciaría.

En enero de este año, organizaciones de Derechos Humanos argentinos pidieron a la CIDH medidas cautelares a favor de Milagro Sala, al considerar que ha sido motivo de amenazas e injusticia tras su acusación de participar en una protesta en contra del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, cuando le lanzaron huevos y provocaron un tumulto.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 bajo el presunto cargo de incitación a la violencia. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en donde se le acusa de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, amenazas y extorsión.

La CIDH tiene el objetivo de promover la defensa de los Derechos Humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la materia

17/GMV/LGL

Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
 
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
 
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
 
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
 
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
 
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
 
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
 
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
 
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
 
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
 
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
 
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
 
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC

Aún contando la reciente sentencia de 78 años dictada al asesino de Dafne Carreño Bengochea, una joven oaxaqueña asesinada en abril de 2013 a manos de su novio Alejandro Olivera López, el bajo número de condenas en los casos de feminicidio hacen de la entidad sureña un gran cementerio de impunidad.

En seis años nueve meses (diciembre de 2010 a octubre de 2017) 628 mujeres fueron asesinadas, pero de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del estado, en cuatro años y cuatro meses (octubre de 2012 a enero de 2017) sólo se han logrado 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

“Esto es algo indignante; muchas llevamos dos años, tres años, cuatro años y no hay sentencias. Tal pareciera que le apuestan al desgaste, a que nos olvidemos de los expedientes, a que no busquemos justicia, pero eso no es posible, nosotras vamos a seguir insistiendo por la memoria de nuestras hijas”, señala Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez, asesinada en agosto de 2013.

Elvira es presidenta de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca (Umuvio), asociación civil fundada en 2015 por 300 madres exigiendo justicia para sus hijas asesinadas. El caso de Elvira se encuentra inmerso en el mar de impunidad en torno al feminicidio en Oaxaca.

Durante el anterior sexenio, en cuatro ocasiones la Fiscalía intentó dar carpetazo y archivar las averiguaciones bajo el argumento de que no había un presunto sospechoso del asesinato de la joven universitaria, quien primero fue secuestrada y posteriormente asesinada por su novio Kevin Gonzalo Rojo Martínez, hoy prófugo.

CORRUPCIÓN

Para la mujer, quien no ha cesado en su búsqueda de castigo para el asesino, la corrupción que se vive en el sistema de procuración e impartición de justicia son elementos que se agregan a la violencia que viven las víctimas, aún después de asesinadas.

El feminicidio de Ivón ejemplifica lo anterior. “Mi caso presuntamente era muy especial y tenía que seguirse todo bajo mucha discreción, porque se trataba del hijo de unos funcionarios que trabajan en el Tribunal Superior, entonces las autoridades me mantenían callada. No había que comentar nada. Yo hacía lo que me pedían, pero hoy que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que sólo le dimos tiempo para que pudieran protegerse”, explica.

La orden de aprehensión contra Kevin Gonzalo Rojo Martínez se liberó al año del asesinato de Ivón. Aun cuando ésta no había sido puesta en manos de quienes la ejecutarían, Kevin ya contaba con un amparo.

DETENCIÓN, PERO EL CALVARIO NO ACABA, CASO LESLY WILSON

El calvario no acaba con la detención, pues el proceso puede tomar varios años más en concluir. En los casos acompañados por las integrantes de Umuvio, se refleja el burocratismo en los procesos de sentencia.

Las familias afectadas se enfrentan a malos tratos en los penales a los que hay que asistir para el careo con los presuntos feminicidas, así como a distintas argucias que han logrado la libertad de presuntos responsables.

El caso de Lesly Wilson Pérez es uno de éstos. Ella fue asesinada el 21 de noviembre de 2011. Las investigaciones arrojaron la existencia de seis autores materiales e intelectuales. Tres fueron encarcelados, de éstos dos recientemente fueron absueltos y uno continúa en la cárcel con el riesgo de que pueda salir bajo libertad.

La joven de 25 años falleció tras una caída del tercer piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya. Las investigaciones realizadas por la fiscalía con elementos aportados por los familiares, determinaron que Lesly fue sacada de su domicilio por Abraham Abdalá Ruiz Sánchez-con quien sostenía una relación sentimental- así como por Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi conocidos de éste. Antes de ser arrojada al vacío fue torturada.

Tres de los seis presuntos responsables se encuentran prófugos, otros tres fueron detenidos. En el transcurso, Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi quedaron libres de cargo. Sólo Cecilia R. se encuentra bajo proceso.

“Ha sido un peregrinar para mí, He tocado puertas en distintas instituciones para que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi hija (…) ahora existe temor de que la persona vaya a quedar libre cuando es una de las principales autoras materiales del asesinato de mi hija”, señaló la madre de Lesly.

Tras casi seis años y cientos de papeleos, la mujer, quien pide no mencionar su nombre, señala que todos estos años en busca de justicia la han cansado pero no la detendrán.

“No va a quedar impune la muerte de mi hija. Mi objetivo es ese: que se haga justicia”

¿El tiempo la hará que deje de buscar justicia para su hija?

“Jamás, voy a estar siempre insistiendo en que se haga justicia, hasta saber que los culpables hayan recibido sentencia. Hasta entonces no voy a descansar, quizá hasta entonces se salga de mi corazón todo ese odio. Probablemente llegue a perdonar siempre y cuando se haga justicia”.

EN 5 AÑOS SÓLO 8 CONDENADOS

De octubre de 2012 a enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ha emitido sólo 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

De acuerdo con información proporcionada por el tribunal, en ese lapso se siguieron 57 procesos penales por el delito de feminicidio de los cuales 34 fueron por el sistema acusatorio penal y 23 por el sistema mixto tradicional.

En tanto, 13 fueron los procesos concluidos, diez por el sistema acusatorio penal, 3 por el sistema mixto o tradicional de los cuales en tres casos resultaron absolutorios, 8 condenatorios y 3 sobreseídas.

Algunos de los asesinatos de mujeres no llegan al TSJE como feminicidio, se quedan en el camino de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

De 46 asesinatos de mujeres perpetrados de diciembre de 2016 al 12 de mayo de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga 25 como feminicidio. El restante sigue una indagatoria por homicidio calificado, homicidio doloso y suicidio.

La cifra de casos de feminicidio reconocidos por las instancias oficiales es aún más baja ya que durante el proceso, de los 25 expedientes de feminicidio, en tres casos se descartaron como tal y fueron reclasificados a homicidios culposos y suicidio.

17/CLV/LGL

La semana pasada conmemoramos el Día Internacional de la Niña y recordé que hace un poco más de un mes, el Tribunal de Juicio Oral del Segundo Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Jojutla, absolvió a los dos acusados por el delito de secuestro agravado de Yamilé, una niña de 12 años que fue levantada en la calle cuando se dirigía a la escuela con su hermana de 13 años.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero del 2016. Yamilé, de 12 años de edad, en compañía de su hermana, Milka de entonces 13 años de edad, se dirigían a la escuela a las 6:18 horas, por la calle 10 de abril de la Colonia Centro, de Santa Rosa Treinta, en Tlaltizapán, Morelos.

Si bien dicho hecho delictivo se perpetró sin presencia de más testigos que la hermana de la víctima, por la hora tan temprana en que sucedieron los hechos -es decir de manera dolosa y oculta- la declaración de ésta, fue puesta en tela de juicio por el Tribunal de Enjuiciamiento Oral, pese a la claridad y la precisión que hizo en la forma de la consumación del hecho delictivo; es decir, en la ejecución del secuestro agravado que lesionó el bien jurídico tutelado que es la libertad, con propósito de hacer daño a Yamilé.

Y esto sucedió a pesar del “Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten Niñas, Niños y Adolescentes”, que establece que: “Una parte de los derechos de la infancia está vinculada con el acceso a la justicia, lo que implica que los órganos que integran el Poder Judicial… y en concreto las personas que tienen a su cargo impartir justicia, son quienes están encargados de garantizar el respeto de dichos derechos”.

“Adicionalmente, el reconocimiento de la infancia como un grupo diferente al de las personas adultas, en virtud de las características estructurales propias de la persona, conlleva a un trato diferenciado para ésta. Si reconocemos que las niñas, niños y adolescentes tienen características cognitivas y emocionales diferentes en general frente a los adultos y, en particular, entre cada uno de ellos, las cuales se ponen de manifiesto de manera evidente cuando participan en un procedimiento judicial… ya que se encuentra en un mundo sumamente “adultocentrista” y quienes en él se desenvuelven, suelen ser ajenas al lenguaje infantil … La mayor distancia entre el niño, niña y adolescente y el entorno judicial se genera a partir de la falta del reconocimiento como sujetos estructuralmente distintos a las personas adultas. Un trato amable…”, --lo que no sucedió en este caso por parte de la Defensa, que no permitió que la adolescente sintiera menos temor y desconcierto y que fue impunemente permitido por el Tribunal Oral.

…“Por si esto fuera poco, la exclusión de los niños, niñas y adolescentes se da también a partir de la valoración de su actuación desde ópticas adultas, cuando ello puede llegar a confundir características típicas de la narrativa infantil espontánea con indicadores de falsedad en la narrativa adulta.” …

Más aún, cuando el “Protocolo de Actuación”, establece que se debe “impedir en el proceso de justicia la realización de prácticas o procedimientos que conduzcan a la revictimización de la niña, niño o adolescente, que les cause estrés psicológico, como consecuencia de las declaraciones reiteradas, rememorar los hechos en un ambiente muy formal y distante, que no permita la comprensión y tranquilidad de las niñas y adolescentes, interrogatorios repetidos, demoras prolongadas o innecesarias, la declaración frente a la persona acusada y otros requerimientos legales que pueden ser intimidantes, y causar repercusiones a largo plazo en su desenvolvimiento como en este caso sucedió”…

Además agrega que: …“El peso dado al testimonio del niño, niña o adolescente estará en consonancia con su edad, madurez y grado de desarrollo”…

A pesar de la Reforma Constitucional de junio de 2011, el Tribunal de Juicio Oral no aplicó en su sentencia el Control Convencional, ni el principio “pro persona”, de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio, entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

En esta tarea, precisó la Corte, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece para los Estados Partes las obligaciones de respetar y garantizar los Derechos Humanos, sino también la interpretación que de la misma ha hecho la Corte Interamericana.

Los jueces nacionales deben inicialmente observar los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.

Sin embargo, esa visión heteropatriarcal que privó en la absolución de los imputados y el maltrato a la que fue sometida la hermana de la víctima, son prueba clara de que los impartidores de justicia y el nuevo sistema penal oral adversarial siguen siendo machistas y provoca impunidad.

Por otro lado, Yamilé sigue desaparecida y no sabemos cuál ha sido su suerte, si está viva o muerta, si está siendo víctima de explotación sexual… Los Ministerios Públicos hicieron un trabajo deficiente, lo mismo que los policías investigadores y los peritos, pero yo me pregunto, qué culpa tienen Yamilé o su hermana de esos errores que la privaron del acceso a la justicia. ¿Qué es? ¿corrupción, ignorancia, machismo, negligencia?

Y más aún, el Tribunal de Enjuiciamiento Oral privilegió la presunción de inocencia frente al interés superior de las niñas, principio convencional y constitucional; permitió que prevaleciera una ley adjetiva como el Código Nacional de Procedimientos Penales por encima de leyes especiales que son jerárquicamente superiores, como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a pesar de una ridícula coartada de los acusados y contradictorias declaraciones de los testigos de descargo. Yamilé y su hermana, fueron discriminadas y se les negó el derecho de acceso a la justicia por un Tribunal de Enjuiciamiento Oral ignorante de los Derechos Humanos, del control de convencionalidad y del interés superior de la niñez, como lo hace siempre la justicia heteropatriarcal.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TCUZ/LGL

Además de ser uno de los cuatro países del continente americano donde la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y penalizada en todas sus formas, República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayor número de embarazos adolescentes; para los 19 años, casi la mitad de las dominicanas (43,9 por ciento) han tenido por lo menos un parto.
 
“La tasa de mortalidad materna es de 106 casos por cada 100 mil nacidos vivos” una alarmante cifra que supera la media de la región (77), indica la directora del Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC), Lourdes Contreras. Las hemorragias y abortos son unas de las principales causas de muertes maternas, “en el caso de las menores de edad, cerca del 13 por ciento de las muertes son a causa de abortos inseguros”, señala Contreras. En este punto, como dice la consigna del movimiento de mujeres dominicanas, “el Aborto es Por La Vida”.
 
Desde hace veinte años se lleva debatiendo en el país sobre la necesidad de cambiar el actual Código Penal (que data de principios del siglo XIX). En el año 2014 se logró ratificar una ley que permitía la interrupción del embarazo en tres causales: en los casos de violación o incesto, cuando está en riesgo la vida de la gestante y cuando una malformación del embrión es incompatible con la vida, pero esta realidad nunca llegó a materializarse y el 15 de diciembre de 2016 volvió a quedar totalmente penalizado el aborto en el país.
 
Por ello, feministas dominicanas salieron a manifestarse frente al Congreso Nacional de Santo Domingo, la capital del país, cuando se discutió en mayo pasado, en el Senado, el derecho de las mujeres a decidir y donde una vez más, el hemiciclo compuesto principalmente por hombres se otorgaba el privilegio de dictar sentencia contra el derecho a la vida de las mujeres; rechazar el aborto por causales manteniendo la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todas sus formas.
 
“Esto solo demuestra la misoginia de Estado”, lamentaba una de las mujeres allí presentes. “Vamos a acudir a todas las instancias necesarias, está en nuestra historia la lucha por la libertad y la justicia, no vamos a permitir que sustraigan nuestros derechos”, aseguró la representante del Foro Feminista Katherine Jaime.
 
“No es casualidad que ahora el Senado rechace las tres causales, están aprovechando que el Gobierno está involucrado en un escándalo de corrupción”, sentenció la activista. Y no. No es casualidad que en un país con unos índices de desigualdad alarmantes donde la pobreza tiene rostro de mujer todavía no se pueda ejercer el derecho al aborto ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro. No es casualidad porque, en realidad, las únicas que están en peligro son las mujeres que no tienen recursos para costearse un aborto seguro en una clínica privada: una mayoría invisibilizada.
 
Han pasado cuatro años desde que Rosaura Almonte, más conocida como Esperancita, enfermó de leucemia y falleció en el mismo hospital que le negó el tratamiento por estar embarazada de un mes. Tenía 16 años. “Este tipo de casos siguen sucediendo”, explica la abogada del caso, Indiana J. Jiménez, “la impunidad en el país salpica a procesos como este en el que llevamos cuatro años solicitando el expediente al que todavía no hemos tenido acceso”. El asesinato legal de Esperancita es uno de tantos ejemplos que evidencian que las mujeres jóvenes con menos recursos son las más afectadas por la penalización del aborto; por lo que las feministas exclamaban frente al Hemiciclo: “¡Congreso Nacional, asesino de mujeres!”.
 
CONSPIRAR CON LA NATURALEZA
 
Ajena a todo el ajetreo de la ciudad, en el pequeño pueblo de la Ciénaga en la provincia de Barahona, vive María Esther. Ella tiene 28 años y tres hijos de 6, 5 y 3 años, respectivamente. Trabaja como secretaria de la única cooperativa de mujeres que existe en la localidad. “Aquí hay muchas mujeres que abortan pero de eso no se habla porque es un pecado mortal”, asegura antes de cambiar de tema cuando un hombre entra por la puerta de la cooperativa. “Mi prima abortó”, continua Esther, “ella se metió varias pastillas de Citek por ahí abajo y se tomó un jugo rojo. Pero si quieres votar un embarazo también hay gente que prepara botellas”.
 
“Las botellas generalmente se preparan de simples hierbas que todo el mundo sabe pa’ que son, ahora bien, pocas se atreven a reconocerlo en público, pero la utilizan”, explica Minerva Reyes, quien se define “como mujer, como Negra, como campesina y como abogada constitucionalista”. Ella vive en la capital de Barahona y conoce bien este tipo de remedios abortivos naturales: “Yo creo que el aborto es una opción ancestral que nos ha brindado la madre naturaleza en una forma de conspiración directa con ella. El aborto es una opción que debe existir, la posibilidad de traer o no una nueva vida a costa de nuestros cuerpos”.
 
Según el Código Penal vigente, la mujer que por cualquier medio cause la interrupción del embarazo será sancionada de 2 a 3 años de prisión. En el caso del personal médico, parteras y demás profesionales, la pena es mayor: de 4 a 10 años, siendo en ambos casos la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
 
FRENTE A LA MORAL CRISTIANA DOMINANTE, 28 LUNAS
 
Cansadas de un Estado que no las representa, un grupo de mujeres decidieron que no iban a obedecer leyes que vulneran sus derechos. Bajo el nombre de “28 Lunas” un grupo de activistas creó a finales de 2016 una línea telefónica (o hotline) para informar sobre “aborto seguro”. Según explica a través de esa misma línea Marina, una de las integrantes de la organización, ellas ofrecen a las mujeres información sobre cómo interrumpir un embarazo con misoprostol, un medicamento que en República Dominicana se vende bajo el nombre comercial de Citek.
 
 “Les damos las indicaciones médicas necesarias (basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y, sobre todo, apoyo emocional. De hecho, hay mujeres que ya conocen el proceso pero que igualmente nos llaman porque necesitan acompañamiento”. Marina explica que el apoyo que ofrecen a las mujeres es vital ya que a veces el sentimiento de culpa les duele más que el sangrado que provocan las pastillas.
 
Cuando Amanda (pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la entrevistada) se enteró de su embarazo, sintió cómo el futuro que estaba construyendo se tambaleaba. Habitante de una comunidad empobrecida de Monte Plata, al este del país, ella es estudiante y madre de una niña de dos años. Amanda sabía que no quería tener ese bebé pero ¿cómo? ¿en quién confiar para realizar algo en contra de la moral cristiana dominante?
 
En una pared de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) encontró una posible solución: un grafiti que rezaba “Aborto seguro” y un número de teléfono. “Necesitaba hacerlo y decidí escribirles por Whatsapp”. Al otro lado de la línea la misma Marina recibió la llamada y le aportó la información necesaria para que Amanda pudiera decidir sobre su cuerpo y su futuro.
 
Las 28 lunas recomiendan el uso del Citek porque sus efectos son “exactamente iguales a los de un aborto natural”. Según asegura Marina, hasta ahora las mujeres atendidas por las 28 lunas han realizado el proceso sin complicaciones pero, teniendo en cuenta que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se arriesgan a penas de cárcel, tienen un protocolo para que sepan cómo actuar en caso de que, por ejemplo, un médico trate de interrogarlas: “Es importante que no se pongan nerviosas y que sepan que solo pueden ser descubiertas si declaran haberse inducido un aborto o si se encuentran restos del medicamento, de ahí que recomendemos el método sublingual ya que de este modo es más fácil eliminar los restos”.
 
SERMONES VS. DERECHOS
 
“Esas sucias lenguas quieren embaucar a nuestros jóvenes en la cultura de la fornicación”, ladra uno de tantos predicadores que lanzan sus discursos en las horas pico del metro de Santo Domingo. Con una temperatura media anual de 25 grados, la República Dominicana es un país caliente en todos los sentidos: la bachata, el merengue, el reguetón y el dembow, marcan los ritmos del ambiente caribeño.
 
A pesar de que la juventud dominicana comienza su vida sexual para los 12 ó 13 años, en las escuelas no se trata el tema de la salud sexual y reproductiva y esa es, según estudios sobre género y juventud, la causa fundamental por la que se perpetúa un imaginario de futuro desigual entre adolescentes. Mientras que las niñas enfocan su vida a la maternidad, los niños tienen otros referentes menos dependientes.
 
Esta realidad está tan naturalizada e interiorizada que “un artículo reveló que una de las abuelas más jóvenes del mundo era una dominicana de 26 años”, apunta la directora del CEG.
 
Hasta ahora la medida de prevenir el embarazo adolescente se limita a reforzar la conservadora idea de mantenerse virgen hasta el matrimonio, tratando de alejar a la juventud de su vida sexual con campañas superficiales que les dicen “Tú No Ta’ Pa’ Eso”.
 
Convencida del problema estructural que conlleva la falta de educación sexual, la ginecóloga obstetra Liliam Fondeur asegura que las dominicanas “queremos educación sexual basada en los derechos y no en el miedo”.
 
17/AM/IM

Las organizaciones, Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC), el Comité para la Protección de los Periodistas, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, exigieron justicia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General del estado, a 3 meses del feminicidio de la periodista Miroslava Breach.
 
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron porque se rinda un informe detallado sobre el progreso de las indagatorias, ya que pese a los discursos de las autoridades locales que aseguran tener identificados a los responsables no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los autores materiales ni intelectuales del asesinato.
     
Exigieron también que se evite la impunidad en el feminicidio de Miroslava Breach y que se realice una investigación adecuada con perspectiva de género, que se castigue a los culpables y se garantice la reparación del daño para la familia.
 
Que el gobierno federal y local establezcan una coordinación eficiente para el impulso de medidas concretas de protección para quienes ejercen el periodismo en Chihuahua y evite la criminalización de las y los  periodistas en el desempeño de su trabajo.
 
Finalmente exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informe los avances que tiene en la investigación de conformidad a su mandato constitucional.
 
Lo anterior, señala el comunicado, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en su informe publicado en 2014 y en las que señala:
 
“Investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas, incluidas, cuando sea necesario, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia”.
 
Al cumplirse este día 93 días del feminicidio de Miroslava Breach,  “exigimos  al gobierno federal y de Chihuahua que tomen las medidas necesarias y adecuadas que  reviertan el evidente patrón  de impunidad que presentan los casos de asesinatos de periodistas”.
 
Desde 2002 y hasta 2017 CIMAC, ha registrado y documentado 331 hechos violentos en contra de las periodistas por su labor profesional, 19 casos de feminicidio y dos desapariciones. En su informe, “El poder del Cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015”, CIMAC documentó que en los últimos dos años se registraron casi la mitad de todos los atentados.
 
17/LGL
 

La red de organizaciones sociales y civiles que integran la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio” denunció que a nueve meses de la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG), sigue “lento el proceso” para blindar a las mujeres contra el feminicidio y otras acciones violentas que sufren a diario en la entidad.

La red denunció hoy que tras varias reuniones con las autoridades estatales, sigue pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los 23 enlaces municipales, y que tampoco se define cómo se va a incluir el trabajo de los municipios indígenas.

Previo a la instalación de una mesa de trabajo este miércoles 6 en Tuxtla Gutiérrez, las ONG solicitaron al gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la puesta en marcha de la AVG a nivel de las localidades y respecto al tema de salud de las mujeres, aún continúa pendiente por agendar la fecha de la reunión para la instalación formal, ya que la pactada el mes pasado fue cancelada de última hora.

Sobre este último tema dijeron que además de tratar lo relacionado con la capacitación de la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Actuación; también verán los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

En la mesa de materia de justicia siguen a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para solucionar las demandas de justicia de las mujeres en Chiapas.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en la entidad, ya que tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC,  cerró su monitoreo con 27 casos de violencia, que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidio en varias regiones del estado.

Consideraron que es de suma importancia que las mujeres y la población en general, se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento.

“Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales, pues su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres”, dijeron activistas como Martha Figueroa Mier, integrante y vocera de la Campaña Popular.

La Campaña Popular la conforman mujeres y hombres de las regiones Norte, Altos, Sierra, Frontera, así como organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

17/IM/LGL

El nuevo Sistema de Justicia Penal dificulta el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, porque las autoridades no realizan con la debida diligencia las investigaciones y recolección de evidencias, elementos ahora fundamentales para demostrar la culpabilidad de los responsables, indicó el coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Martínez.
 
El nuevo modelo de justicia entró en vigor a nivel nacional el 18 de junio de 2016, para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, sin embargo, hasta ahora ha planteado diversas dificultades para procesar los casos de feminicidio, ya que exige mayor rigurosidad en la obtención de pruebas y presentación de elementos obtenidos en las investigaciones, procesos que, organizaciones civiles han denunciado, no se llevan a cabo bajo los protocoles de actuación, denunció el abogado Domínguez Martínez en entrevista con Cimacnoticias.  
 
“El nuevo sistema es mucho más riguroso en el saber de pruebas, en la forma en que se tiene que presentar las acusaciones formales, aquí se exacerban las dificultades que pueda haber por una mala investigación”, dijo el abogado y especialista en temas de género.
 
Lejos de erradicar las fallas del sistema de justicia tradicional, este nuevo modelo vuelve a presentar trabas por las omisiones en investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, señaló Domínguez, “Aquí el problema se vuelve otra vez, estamos detectando: pérdida del material probatorio, falta establecimiento de hipótesis adecuadas para investigación de feminicidio, falta de planes adecuados de investigación, entonces el reto está ahí en procuración de justicia”.
 
NO INVESTIGAN FEMINICIDIO
 
En este nuevo sistema se fortaleció la participación de la policía en la investigación de los delitos, bajo la guía del Ministerio Público (MP), sin embargo, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dijo en entrevista que ahí empieza el problema, porque estas autoridades no están investigando en principio los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio.
 
“Ahí es donde se pierde la evidencia, donde no se está investigando como feminicidio, tenemos que trabajar más los MP, porque es donde se encuentran las graves violaciones al debido proceso de las investigaciones”, señaló Luz Estrada.
 
“Yo veo la mayor dificultad en cómo se están realizando las investigaciones, hay omisiones graves, a pesar de contar con un tipo penal y protocolo de investigación adecuado, no se están tomando en cuenta los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una desactualización en estos estándares, un retroceso grave”, coincidió Rodolfo Domínguez.
 
JUICIOS ORALES
 
Otra de las características principales del nuevo sistema penal son los juicios orales, que buscan proteger y ampliar los derechos de las víctimas y los ofendidos, la evidencia que resulte de la investigación ahí será fundamental para acreditar el delito, comentó el abogado.
 
“Lo que requerimos es buenas investigaciones que puedan ser sostenidas ante los jueces”, pero se puede presentar otro obstáculo, recordó el abogado, la falta de especialización en perspectiva de género por parte del personal judicial.
 
“Ahí es en dos vías; si tenemos una mala investigación con malos jueces, la consecuencia va ser impunidad”, dijo Domínguez, otro escenario es, “si tenemos buenas investigaciones, ahí la responsabilidad sería del Poder Judicial, que tendría que estar garantizando la impartición de justicia, el escenario ideal sería una buena investigación y juicio con perspectiva de género”.
 
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan las víctimas de feminicidio es otra, indicó Rodolfo Domínguez, los jueces resuelven los casos a partir de criterios anacrónicos, discriminatorios y misóginos, a pesar de las capacitaciones a las que han asistido. El resultado de estas capacitaciones serían “buenas sentencias” dijo Domínguez Martínez.
 
Para el abogado es necesario hacer una revisión de los casos de feminicidio de los cuales se ha denunciado que han tenido irregularidades en las investigaciones, asimismo, inspeccionar la actuación de los jueces, pues son los principales retos que debe enfrentar este nuevo sistema penal para garantizar justicia a las mujeres.
 
17/RED