Constitución Política de la Ciudad de México

Académicas y defensoras de Derechos Humanos feministas, participantes en el proceso público de la Constituyente, presentan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un Amicus Curiae con el objeto de sumarse a la defensa integral del texto completo del Decreto de Constitución Política de la Ciudad de México y de aportar argumentos en torno a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), en particular en dos de los conceptos de invalidez presentados por esta institución, el quinto y séptimo, en los que se argumenta explícitamente una afectación a los derechos de las mujeres. Lo que este grupo de especialistas feministas analiza y argumenta, es que no existe tal afectación.
 
En lo que refiere al quinto, la PGR se manifiesta en contra de todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos, lo que el grupo de expertas considera una vulneración a los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1 de la Constitución.
 
En lo referente al séptimo, la PGR se manifiesta en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que constituye una violación a los Derechos Humanos de las mujeres.
 
En el Amicus Curiae, el grupo de especialistas evidencian que no existe una afectación de la Constitución de la Ciudad de México a los Derechos Humanos de las mujeres ni a la igualdad de género, y que no existe contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sería el requisito para que procediera la declaratoria de invalidez de cualquier norma de carácter general.
 
*Académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

17/AVM

La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad con leyes electorales que incorporan el principio de paridad de género (50-50) en candidaturas y en la integración del Congreso, luego de que ayer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva normativa en la materia.
 
A dos días de que venciera el plazo para tener las nuevas leyes electorales, como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México, este martes las y los asambleístas aprobaron la expedición del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Procesal local que incluyen la definición de la violencia política de género.
 
Estas leyes indican que el Congreso local (hoy ALDF) se integrará por 50 por ciento de diputados electos por voto directo y 50 por ciento de representación proporcional; los Concejos estarán integrados por 60 por ciento de aspirantes electos por el principio de mayoría y 40 por ciento por el principio de representación proporcional.
 
De acuerdo con las y los asambleístas, esta fórmula de integración en los Consejos de las Alcaldías (hoy delegaciones) permitirá contar con un órgano colegiado que tomará decisiones para lograr gobernabilidad y al mismo tiempo lograr los pesos y contrapesos que otorga esta pluralidad.
 
El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, José Manuel Delgadillo Moreno, señaló que por primera vez en la historia y en la única entidad federativa, el órgano legislativo se conformará por 50 por ciento de mujeres y hombres, “el único Congreso a nivel nacional que va a tener una integración paritaria”, dijo en la sesión.
 
Por su parte el diputado Leonel Luna Estada destacó que las reglas que se fijaron para los gobiernos de coalición darán certeza al ciudadano de que las fuerzas políticas que participan coaligadas tienen una visión conjunta.
 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow Deloya, indicó que en materia de violencia política de género debe prevalecer una concordancia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el dictamen dejó la definición de violencia política.

Estas leyes, que también incluyeron reformas a la Ley de Participación Ciudadana y al Código Penal, prevén figuras jurídicas para defender los derechos político-electorales de la ciudadanía, los Gobiernos de coalición, normas para la reelección, la creación de una Defensoría Electoral, adscrita al Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
 
17/AGM/GG

El senador y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver las impugnaciones contra la Constitución Política de la Ciudad de México –publicada el pasado 5 de febrero– es de naturaleza política y no jurídica.
 
El político dijo que los recursos presentados particularmente por la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la capital son de carácter ideológico porque la redacción de la Carta Magna local se apegó escrupulosamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
En conferencia de prensa con ex constituyentes y delegados designados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para defender el texto constitucional, el senador dijo que en el recurso presentado por PGR hay “dolo, mala fe y una carga conservadora” de la visión de país que se quiere.
 
RECURSOS EN CONTRA
 
La Constitución capitalina que entraría en vigor en 2018 reconoce los derechos sexuales, los reproductivos, la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo, abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y permite mantener la política de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Sin embargo, en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad sustentadas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y tres controversias constitucionales presentadas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Senado.
 
Luego de que Encinas Rodríguez presentó un recurso de reclamación para que la Asamblea Constituyente fuera la autoridad encargada de la defensa de la Carta Magna, el 19 de mayo el senador fue notificado por el alto tribunal del carácter responsable del organismo e informó que en un plazo de 30 días debe entregar un documento con sus alegatos.
 
El senador dijo que en próximos días se citará a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que estaba integrada por Clara Brugada Molina, Irma Cué Sarquis, Mauricio Tabe Echartea, Margarita Saldaña Hernández, Bertha Elena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero, para integrar los argumentos en defensa de la Constitución capitalina.
 
CARTA DE DERECHOS
 
La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR impugna, entre otros elementos, los Artículos que reconocen la dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos, la protección más amplia de las personas, la protección de todas las formas de familia, la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos.
 
Entre los argumentos de la dependencia encabezada por el ex senador Raúl Cervantes, se solicita declarar inconstitucional el Artículo 6, apartado E y F, sobre derechos sexuales y reproductivos, porque invade las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, específicamente, sobre planificación familiar.
 
Asimismo, se impugna el Artículo 6, apartado D, numeral 2, que reconoce “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, porque de acuerdo con la Procuraduría este precepto “admite la poligamia y viola preceptos constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos de las mujeres”.
 
En opinión de Encinas, los argumentos de la PGR son ideológicos porque la Ciudad de México tiene competencia para establecer más derechos y así lo hizo en su momento sin tener autonomía política y con una forma de gobierno limitada al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y promover programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores.
 
“Yo quiero ver qué ministro de la Corte va a ser el valiente que vote por quitarle derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Va a ser un debate muy importante que tiene que involucrar a la sociedad mexicana”, expuso el legislador.
 
MANIFESTACIONES DE DELEGADOS
 
Los delegados designados por la Consejería Jurídica de la capital tienen la facultad de enviar “manifestaciones”, es decir argumentos jurídicos a la Suprema Corte para que sean considerados a la hora de resolver las impugnaciones presentadas.  
 
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y delegado designado, Miguel Concha Malo, señaló que hoy presentó un documento con cuatro argumentos a favor de la Constitución local, uno de ellas para argumentar que la Constituyente no se extralimitó con las leyes de reconocimiento de Derechos Humanos, como lo afirma la PGR.
 
Concha Malo aseguró que establecer un catálogo de Derechos Humanos en la Constitución local fue para reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales; pero además consideró que las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia.
 
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de un régimen, no son exclusivos de un gobierno, los Derechos Humanos son propios del Estado mexicano, y por eso están en la Constitución”, dijo.
 
17/AGM/GG
 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento con los argumentos legales para defender la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
Después de entregar el documento en la oficina de la Suprema Corte, el titular de la Consejería Jurídica, Manuel Granados Covarrubias informó esta mañana que un grupo de ciudadanas y ciudadanos acreditados para defender la Carta Magna capitalina va a solicitar audiencias con las y los ministros para hacer valer los derechos consagrados en el documento. 
 
Además informó que junto con él, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la secretaría del Trabajo, Amalia García Medina; el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez; las ex diputadas constituyentes Ana Laura Magaloni, Clara Jusidman, Lol Kin Castañeda e Ifigenia Martínez se acreditaron como “delegados” en este proceso jurídico para defender los derechos de la ciudad.
 
También están acreditadas feministas como Regina Tamés y Daphne Cuevas, la ex senadora Martha Tagle; líderes sociales Arturo Alcalde, Brenda Gómez, Carlos Cruz y Carlos Galindo, académicos como Ariel Rodríguez Kuri; y el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, entre otros.
 
Granados Covarrubias destacó que esta respuesta obedece a los juicios presentados. Cabe recordar que la Constitución local, publicada el pasado 5 de febrero, enfrenta siete recursos de impugnación: cuatro acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales.
 
Las impugnaciones, han señalado diputadas y diputados constituyentes que participaron en el proceso de redacción del documento, tratan de evitar que los derechos alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país.
 
La Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad; Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales.
 
PARTIDOS, SÓLO MATERIA ELECTORAL
 
Al respecto el consejero jurídico dijo que los partidos políticos solo pueden impugnar temas en materia electoral, así explicó que en el recurso de Morena, que reclamó la integración del Congreso de la Ciudad y que la Carta Magna de la Ciudad no se sometió a referéndum, el Tribunal Electoral ya dijo que el plebiscito esto no estaba previsto en la Constitución federal.
 
El Panal impugnó  el fundamento del cabildo en la capital, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México considera que esta argumentación debe desecharse, ya que no trata de materia electoral.
 
Sobre la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre percepciones de los servidores públicos, Granados Covarrubias dijo que el organismo sólo puede presentar recursos en materias de Derechos Humanos por lo que destacó que tampoco es materia de debate.
 
PGR, SÓLO EN MATERIA PENAL
 
En el caso de la PGR, el consejero jurídico destacó que el documento está lleno de irregularidades, primero porque dice que impugna 22 artículos pero luego dice que impugna toda la Constitución; hace referencia a numerales y párrafos del texto constitucional que no existen y además la dependencia sólo puede intervenir en temas en materia penal.
 
Por otra parte, el funcionario destacó que no se puede impugnar la totalidad de la Carta de Derechos porque los derechos deben ser progresivos, ir en aumentos y nunca ser disminuidos y cuando PGR fundamenta sus impugnaciones en  la Constitución federal los argumentos en realidad sirven para validar el contenido de la norma local.
 
Esto “nos habla de que (la argumentación) ha sido construida de manera poco seria”, dijo, por lo que darán la batalla para demostrar que la Constitución es legal.
 
Al acto en el recinto del alto tribunal asistieron secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
 
17/AGM/GG

La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero y considerada el ordenamiento más progresista en el país en materia de Derechos Humanos (DH), corre el peligro de no entrar en vigor en septiembre de 2018, debido a que enfrenta siete recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y alrededor de 50 amparos en juzgados federales presentados por integrantes de organizaciones de derecha. 
 
Las impugnaciones, afirman diputadas y diputados constituyentes que participaron en el debate, tratan de evitar que los avances alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país. Son parte de una andanada conservadora que no soporta una Constitución libertaria y, para evitar que los derechos contenidos irradien su luz en otras entidades, buscan echar abajo la autonomía de la capital y los derechos de la ciudadanía.   
 
La Carta Magna capitalina asusta –dicen las y los ex constituyentes– porque además de robustecer la participación ciudadana, incluyó los derechos sexuales, los reproductivos, reconoce la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo y abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Asimismo, reconoce la igualdad de salario entre mujeres y hombres, la paridad (50-50) en candidaturas; dispone la creación de un Sistema de Cuidados para aligerar las tareas domésticas de las mujeres e incluye el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
ALEGATOS
 
Ante estos derechos de avanzada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando contradicciones de esta norma con la Constitución federal.
 
La Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales, es decir, por invasión de competencias.
 
En opinión del Comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, estas impugnaciones son parte de un plan autoritario porque se quiere parar la evolución democrática de la Ciudad y del país. “No quieren que tengamos ningún derecho adicional”, asegura.
 
Muñoz Ledo sostiene que los opositores al texto dicen que la Asamblea Constituyente debió constreñirse a los aspectos, orgánicos, administrativos y presupuestales. “Es la Constitución que querían, una ley reglamentaria”.
 
Explica que la “impugnación madre” es la de la PGR con 194 artículos impugnados en materias que, según constituyentes, no le corresponden, porque en general se cuestiona el capítulo Carta de Derechos y temas como derechos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
 
La constituyente por Morena, Patricia Ruiz Anchondo, asegura que la controversia presentada por PGR, encabezada por Raúl Cervantes Andrade (quien también fue constituyente) está fuera de lugar y es una falta de respeto a los ciudadanos.
 
La ex procuradora Social y ex delegada de Gustavo A. Madero dice las impugnaciones se hicieron porque “el contenido de la Constitución es progresista, una visión garantista de Derechos y libertades que la ciudadanía ha conquistado”. El fondo, dice, es que no la quieren porque “se afectan intereses que han estado arraigados en esta ciudadana,  económicos, sociales, políticos”.   
 
La también constituyente por Morena, Clara Brugada, asegura que atrás está  el conservadurismo, “la andana derechista que no soporta que una ciudad pueda tener una Constitución libertaria, de avanzada, en el país… Tienen pavor a la multiplicación que pueda haber en otros estados”.
 
La ex jefa delegacional de Iztapalapa agrega que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre representado en la Asamblea Constituyente, hizo que muchos temas se matizaron en el texto y ahora no quiere que la capital vaya más allá de la Constitución federal ni exprese lo más avanzado del país. 
 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Morena llaman a la ciudadanía a la defensa de la Constitución, cuando en realidad las controversias no son públicas y el proceso de redacción del texto fue opaco.
 
COLECTIVOS FEMINISTAS, A LA DEFENSA
 
La feminista, activista, militante de izquierda e integrante de Las Constituyentes, Yndira Sandoval Sánchez, dice que no legitiman toda la Constitución pero la reconocen como un instrumento que desafía las leyes federales y amenaza a la ultraderecha, ahora reagrupada y fortalecida. 
 
Recuerda que siempre que hay debates políticos los derechos de las mujeres son moneda de cambio y por ello criticó que la PGR y la CNDH politicen los temas, como en 2007 cuando presentaron recursos ante la SCJN en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital.
 
La activista llamó a los actores involucrados a ser responsables políticamente para salvaguardar los derechos recogidos en este ordenamiento y que son un precedente para todo el país. Adelantó que en como colectivos ciudadanos también planean enviar un amicus curiae (documento con argumentos jurídico) a la SCJN. 
 
El reto, ahora es saber quién defenderá jurídicamente la Constitución, porque la Asamblea Constituyente, redactora del texto, fue disuelta una vez publicado el texto. Por tanto, podría ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que se presente como interesada, aunque no haya elaborado la norma. 
 
Porfirio Muñoz Ledo y el senador y ex presidente de Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas, entre otros, afirman que quienes hicieron la Carta Magna deben presentar su defensa ante la Suprema Corte.   
 
El ministro Javier Laynez Potisek es el encargado de elaborar los proyectos para que la SCJN debata y decida sobre los recursos presentados en contra de la Constitución de la capital del país.
 
17/AGM/GG

Aunque se diga que la Constitución Política de la Ciudad de México es cursi porque tiene muchos preceptos y normas que no deberían estar en un texto constitucional, en realidad es la primera vez que se reconoce el trabajo y participación de las mujeres, afirmó la ex diputada constituyente, Olga Sánchez Cordero.
 
La constitucionalista y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que la Asamblea Constituyente, que concluyó sus trabajos en enero, le dio una encomienda a las y los legisladores locales para reglamentar los principios que están en la Carta Magna, promulgada el pasado 5 de febrero.
 
Al participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital, Sánchez Cordero dijo que la Constitución Política de la Ciudad reconoce dos derechos fundamentales: la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, dos pilares que construyeron avances para las mujeres. 
 
EJEMPLOS
 
La Ministra en retiro expuso que estos dos principios en la Suprema Corte sirvieron para fundamentar sentencias favorables para las mujeres. Como ejemplo señaló que el alto tribunal mexicano dejó en claro que existe violación sexual entre cónyuges y se la alejó de la idea de que esta conducta era el ejercicio indebido de un derecho.
 
Asimismo, destacó que el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad fue la base para que las y los ministros declararan inconstitucionales las causales de divorcio establecidas en el Código Civil capitalino, con el fin de que las personas no estén obligadas a acreditar ante el Estado que no quieren seguir casadas.
 

Participantes de diferentes países acudieron al Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. CIMACFoto: César Martínez López.

Otros derechos que parten de estos dos principios, dijo, son el matrimonio igualitario; la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación; y el uso lúdico de la mariguana. Ahora, dijo, ambos preceptos están en la Constitución Política capitalina.
 
La ahora notaria agregó que esta norma va un paso adelante, “la Constitución (federal) no deben contener muchos de los derechos y principios que contiene esta Constitución, es cierto, y ha sido tildada en algunas ocasiones como empalagosa, cursi, pero no es así, hay que entender esta Constitución en el contexto actual, hay que entender que esta legislación es de avanzada”.
 
Sánchez Cordero también destacó que ahora en la Ciudad se reconoce la contribución de las mujeres y temas que no necesariamente deberían estar en una norma constitucional, como la responsabilidad de las autoridades de sancionar y reparar el daño en casos de violencia obstétrica o de estilización involuntaria. “Técnicamente no tenían que quedar, pero quedaron porque es una Constitución modelo”, dijo.
 
17/AGM/GG

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se alista para identificar problemáticas y necesidades de las capitalinas, con el fin de proponer iniciativas y reformas para adecuar las leyes locales con la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el pasado 5 de febrero. 
 
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del órgano legislativo, Nury Delia Ruiz Ovando, informó en un boletín que en marzo se realizará el Parlamento de Mujeres para promover la participación ciudadana y servirá para que las legisladoras tengan insumos sobre las problemáticas de las capitalinas.  
 
En el parlamento participarán mujeres organizadas de la sociedad civil, del sector privado, instituciones gubernamentales locales y federales, académicas y profesionistas independientes, que trabajan en la defensa de sus Derechos Humanos, violencia contra las mujeres y procuración e impartición de justicia desde un enfoque de igualdad de género.
 
La legisladora de Movimiento Ciudadano adelantó que en el Parlamento se identificarán problemáticas y necesidades que requieran ser abordadas a través del desarrollo de iniciativas de ley y el diseño de políticas públicas, así como los factores que impiden un desarrollo integral de las capitalinas.
 
Las inscripciones al Parlamento están abiertas del 20 de febrero al 3 de marzo de 2017. Las sesiones se realizarán del 9 al 13 de marzo.
 
Por su parte, este fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia a mediados de marzo y concluye a finales de abril, las y los diputados locales presentarán iniciativas para reformas en las leyes y que se armonicen con el texto constitucional local.   
 
Además a finales de este mes iniciará una campaña de difusión de los derechos fundamentales ganados por los capitalinos en la Carta Magna local, como la revocación de mandato, derechos de la comunidad LGBTTTI, derechos de los animales, política económica, protesta social, salud, vivienda, muerte digna, uso medicinal de la mariguana, educación, libre sexualidad, política social y trabajo.
 
El PRD adelantó que la ALDF comenzará a trabajar en las leyes orgánicas de Alcaldías, de Administración Pública, del Poder Judicial y la Ley de Procedimientos Electorales (cuyo plazo es el 30 de junio), además de la armonización de 150 normas más, para llegar a un nuevo modelo de Gobierno.
 
17/AGM/GG
 

No basta que los Derechos Humanos de las mujeres estén en la Constitución Política de la Ciudad de México, falta que se plasmen en las leyes secundarias que elaborará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), expresó la colectiva Las Constituyentes.
 
En conferencia de prensa, las mujeres que integran esta agrupación ciudadana informaron que buscarán incidir en el proceso de armonización legislativa para que los derechos planteados en el texto constitucional –promulgado el 5 de febrero– sean una realidad.    
 
La activista Gloria Tello Sánchez dijo que estarán pendientes de cómo los derechos se traducen en procedimientos, en políticas públicas y cómo se llevan a la práctica a fin de que los grupos de derecha no decidan sobre el cuerpo de las mujeres.
 
Durante el proceso de redacción de la Carta Magna de la capital del país, esta agrupación ciudadana presentó ocho propuestas, entre ellas una para elevar a rango constitucional el derecho al aborto, propuesta que no quedó redactada de esa forma.
 
En el Artículo 11 de la Constitución capitalina se dice que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos”.
 
En opinión de la activista Esperanza Olguín Hernández, se utilizó un eufemismo para no reconocer el aborto, por lo que trabajarán intensamente para que el artículo se traduzca en una legislación secundaria que garantice a las mujeres su derecho a decidir sobre sus cuerpos.  
 
Aunque no se dio marcha atrás en los derechos de las mujeres, Olguín Hernández hizo un llamado a las y los asambleístas para que escuchen a la ciudadanía y no haya retrocesos en las leyes reglamentarias.
 
La agrupación consiguió que la Asamblea Constituyente retomara la propuesta de reconocer los derechos de las personas transexuales, transgénero y travesti, como parte de la población de la diversidad sexual, en el Artículo 16 sobre grupos de atención prioritaria.
 
También lograron la creación del Sistema Público de Cuidados, que quedó en el Artículo 14; el derecho al tiempo libre que se plasmó en el Artículo 18 y el reconocimiento del trabajo del hogar en el Artículo 15.
 
Entre quienes hicieron este pronunciamiento estuvieron Ana Flores Ceseña, Hazel Virgina Davenport Fentanés, Libia Edith Alonso Sánchez, Minerva Ramírez, Mónica Pedroza, Nancy Correa, Rosalinda Pimientel Bermúdez, Verónica Palafox Girón, Yazmín Pérez Haro, Yndira Sandoval Sánchez y Rosa María Cabrera Lotfe.
 
TRANSITORIOS
 
Los Artículos Transitorios de la Constitución Política establecen plazos para que, una vez publicada la ley fundamental, se expidan las leyes reglamentarias; por ejemplo, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, la ALDF deberá expedir las leyes relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México.
 
En la misma fecha se deberán expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad; mientras los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos deberán estar listos a más tardar el 30 de abril de 2019.
 
En otros casos, las fechas límite son en tres años como la legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus trabajadores, que tiene que expedirse a más tardar el 31 de julio de 2020,  pero la totalidad del orden jurídico deberá estar armonizado en esta misma fecha.
 
Por lo pronto, se prevé que mañana la ALDF reciba en sesión solemne la Constitución Política capitalina y el acervo documental de la Asamblea Constituyente para iniciar el análisis y discusión de las leyes secundarias. Una de las prioridades será  la ley electoral que deberá estar lista a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral de 2018.
 
17/AGM/GG
 

Con la primera Constitución Política de la Ciudad de México, las mujeres que viven y transitan por su territorio tendrán y podrán exigir que se cumpla su derecho a la salud, a decidir sobre su maternidad, a tener los mismos salarios que sus compañeros varones, a competir en igualdad en los procesos electorales, a compartir con el Estado las tareas de cuidado y a tener una vida libre de violencia.
 
Esos derechos, vigentes a partir del 17 de diciembre de 2018, cuando entre en vigor el texto constitucional promulgado este domingo, establecen las bases para rescatar los derechos que se han construido en la capital: desde hace 10 años las mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado y desde hace 8 años se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. 
 
Tras cinco meses de trabajo, 49 mujeres y 51 hombres integrantes de la Asamblea Constituyente aprobaron un texto de 76 artículos, que recoge demandas feministas y del movimiento de mujeres, propuestas desde grupos como Las Constituyentes y Ciudad Feminista.
 
“NO SIN NOSOTRAS”
 
Desde que se gestó el proceso constituyente, académicas, feministas, juristas, escritoras y políticas crearon la iniciativa “No Sin Nosotras”, para obligar a partidos y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a integrar mujeres en la Comisión Redactora, encargada del proyecto, y en la Asamblea, para aportar una visión desde las ciudadanas.
 
Después, las feministas lograron convencer a las legisladoras de integrar una “bancada feminista” con diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nación (Morena) y Nueva Alianza (Panal).
 
El 15 de septiembre de 2016 se presentaron decenas de propuestas para proteger la igualdad y la autonomía de las mujeres, la mayoría recibidas en la Comisión Carta de Derechos, que analizó 584 propuestas ciudadanas y 244 de constituyentes.
 
El Artículo 9, apartado C, incluye las propuestas, al decir que se “garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana”.
 
Y el Artículo 10 indica que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, así como la creación de un Sistema Integral de Derechos Humanos y de un  Programa en la materia.
 
LA DERECHA CONTRA ILE
 
Con propuestas y manifestaciones, grupos conservadores trataron de evitar, a través de sus constituyentes, que la Asamblea incluyera lo que llamaron “ideología de género” y que en el texto se adoptaran ideas como “proteger la vida desde la concepción”.
 
En enero, el presidente de la Mesa Directiva del organismo, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que uno de los “atorones” de la Constituyente era el aborto, porque las posiciones de derecha tenían como consigna introducir la “protección de la vida” en el Artículo 11. El tema fue rechazado el 4 de enero e hicieron otro intento el 29 de enero, sin éxito.
 
LIBRES E IGUALES
 
La presidenta de la Comisión Carta de Derechos, antropóloga feminista y diputada por el PRD, Marcela Lagarde y de los Ríos, buscó que la Carta Magna dijera que “en la Ciudad de México todas las mujeres y hombres nacen y viven libres e iguales entre sí”.
 
Aunque el texto no quedó así, Lagarde asegura que los derechos están presentes en el documento, sin incluir conceptos que causan ruido a la derecha, y cada artículo sienta las bases para detallarlos en las leyes secundarias. 
 
Por ejemplo, no aparece la palabra “aborto” o “interrupción del embarazo (ILE)”, explica Lagarde, pero este derecho se desprende del Artículo 11 que dice que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.
 
Este Artículo también establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible; a decidir tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, lo que significa que el Estado debería garantizar un aborto en caso de ser necesario.
 
Asimismo el Artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica; que se  respeta a la autonomía de niñas, niños y adolescentes, y eso abre la puerta para reconocer su derecho a la identidad sexual.
 
También causó controversia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que defendió la diputada del PRD, Lol Kin Castañeda. Logró que en el Artículo 16 se reconocieran “en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil”.
 
PROPUESTAS CIUDADANAS
 
El texto constitucional retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes –integrada por académicas y activistas– que envió ocho propuestas, entre ellas el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones.
 
Se logró que el Artículo 14 diga que toda persona tiene derecho al cuidado y que la Ciudad establecerá la creación de un sistema público integral de cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia.
 
Además las y los diputados constituyentes incluyeron en el Artículo 13 que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares, hasta un máximo de 8 horas, disposición que puede aligerar las tareas de cuidados que las mujeres asumen.
 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
 
Las constituyentes Kenia López, del PAN, y Lucero Saldaña, del PRI, defendieron la participación política de las mujeres y consiguieron que en el Artículo 12 se incluyera el derecho a un gobierno democrático y a la participación paritaria en cargos de la función pública.
 
En Artículo 29 dice que las y los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier cargo público y en el Artículo 32 se obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas.
 
Ahora la Asamblea Legislativa –que el próximo año se convertirá en Congreso– deberá elaborar leyes secundarias, bajo los criterios que sustentan cada artículo constitucional.
 
Las organizaciones feministas de la capital informaron que continuarán su participación y demanda en la elaboración de leyes secundarias y en la adecuación de políticas públicas que concreten los derechos en la vida cotidiana de las personas. 
 
17/AGM/GGQ

“Es la mejor Constitución del país y es mucho mejor en muchos aspectos que la Constitución federal vigente. Es extraordinaria, hay que leerla, entenderla, es una Constitución que tiene como eje los Derechos Humanos, es un nuevo paradigma”, asegura la antropóloga feminista y fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
La Constitución Política de la Ciudad de México es la ley fundamental que necesitan las capitalinas porque tiene como eje los Derechos Humanos: los nombra, dice cómo acceder a ellos, los hace justiciables y establece mecanismos para realizarlos, afirma Lagarde y de los Ríos. 
 
Diputada externa por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la antropóloga Marcela Lagarde fue electa en junio de 2016 para integrar la Asamblea Constituyente y desde allí promover un texto constitucional que reconociera la autonomía y libertad de las mujeres que viven o transitan por la capital del país.
 
CIMIENTOS FEMINISTAS
 
En campaña como candidata por el PRD, Lagarde dijo que trabajaría para que el cimiento del texto constitucional fuera la filosofía feminista de los Derechos Humanos y que se reconocería que “las mujeres y los hombres nacen y viven libres e iguales entre sí”, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
 
Tras ser electa como diputada constituyente fue nombrada presidenta de la Comisión Carta de Derechos, el organismo parlamentario que recibió más iniciativas ciudadanas y de legisladores, y desde donde dirigió las sesiones parlamentarias para nutrir la Carta Magna de una visión humanista.
 
En diciembre, una vez que entregó el dictamen de la Comisión que presidió, declaró que la Carta Magna plantearía un nuevo modelo económico y social porque se había incluido el desarrollo sostenible y sustentable contrario a los modelos de depredación; los principios de solidaridad económica y social; y el concepto de ciudad productiva.
 
Ahora, al concluir el trabajo legislativo, este 30 de enero, y hacer una evaluación sobre este proceso, dice que todos los Derechos Humanos tienen un correlato en el modelo de desarrollo que impulsa esa Constitución; y un modelo económico y social que, asegura, es solidario.
 
Además rescata que esta Carta Magna, que regirá la capital a partir del 17 de diciembre de 2018 establece principios para un buen gobierno, la no corrupción y la participación de la sociedad civil con mecanismos como el referéndum y la revocación de mandato.
 
“GANAMOS”
 
La Constitución capitalina reconoce, garantiza y hace justiciable el derecho a la salud sexual, salud reproductiva; la creación de un sistema de cuidados para aligerar las cargas domésticas de las mujeres; derechos para trabajadores; la prevención, investigación y sanción de la violencia obstétrica; y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, entre otros derechos.
 
“Ganamos”, expresa Marcela Lagarde, al señalar que en la Constituyente se enfrentó al interés soterrado de convertir a las mujeres en objeto con propuestas de legisladores y ciudadanos para “proteger la vida desde la concepción” o para incluir la “alienación parental”, término jurídico que se usa para argumentar que las mujeres que se separan de sus parejas incitan a sus hijas e hijos a odiar a sus padres.
 
Estos temas fueron desechados, pese a que la intención de “proteger la vida” generó dos debates: primero se intentó incluir en el Artículo 11 y después en el Artículo 14, cuando en la penúltima sesión el domingo 29 de enero el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, propuso incluir el término.
 
“Ese debate lo esperábamos, los sabíamos, dice Lagarde. No fue casualidad dejarlo al final, como el último debate de la Constitución. Hicimos una enorme presencia de las feministas de la Constituyente, aliadas, participamos juntas, en tribuna, en las mesas, en los dictámenes, en todo y ahí se sentía”.
 
Al final el documento no incluyó estos conceptos. “No pasó esta conversión de las mujeres en objeto y que nos afecta a todas aunque haya quienes dicen que sólo 3 de cada 5 viven violencia, las vivimos todas, de una forma u otra”, afirma.
   
“Ya lo sabía, lo he estudiado, ustedes me conocen, lo he vivido, pero ahora ha sido tan revelador que en esa frase –pequeña frase– hay una perversión para acotar a las mujeres como cosas en este mundo, enfrentadas a algo terrible: el producto de su sexualidad”.
 
La académica, reconocida como una de las más influyentes feministas de América Latina, concluye su experiencia en la Asamblea Constituyente, recordando que el 31 de enero al finalizar el trabajo parlamentario, mujeres de todos los partidos gritaron juntas “50-50, Ni más menos, paridad”. 
 
17/AGM/GGQ