Berta Cáceres

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), exigió a las autoridades hondureñas, investigar y castigar las agresiones cometidas el pasado viernes, en contra de 3 de sus integrantes, entre quienes se encontraba Bertha Zúñiga, la hija de la defensora Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
 
En un comunicado, la organización hondureña que defiende los recursos naturales, señaló que es responsabilidad del Estado hondureño la protección de la integridad física de quienes conforman el Copinh y por tanto, debe tomar las medidas necesarias para que la organización realice su labor de defensa de las comunidades lencas y de sus territorios.
 
De acuerdo con el boletín, la tarde del viernes, Bertha Zúñiga, quien iba acompañada por dos integrantes más de la Copinh: Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron interceptados en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire, en el municipio de Santiago Puringla ubicado en el departamento de La Paz, por 4 hombres que portaban machetes en la mano, quienes intentaron atacar el carro sin lograrlo.
 
Un segundo ataque se registró con un automóvil que pretendió sacar del camino el auto en el que se transportaban las personas defensoras de Derechos Humanos.
 
El Copinh señaló que ambos ataques tienen que ver con la defensa que han hecho en la comunidad de Lomas de San Antonio y las Delicias, ya que las fuentes de agua de dicha comunidad se han visto afectadas por la represa Hidroeléctrica Zazagua, que ha dejado secas las fuentes de agua para la comunidad.
 
Por lo anterior, hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta y exija a las autoridades de Honduras, la protección de las personas que integran el Copinh, organización con más de 20 años de lucha en defensa del pueblo Lenca, de los recursos naturales y en contra de los proyectos hidroeléctricos.
 
17/LGL

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG

Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.
 
Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.
 
“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.
 
Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.
 
Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.
 
Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”
 
En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.
 
Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.
 
Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.
 
A pesar de estar a unos 12 mil 900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.
 
PETRÓLEO ENVENENA, DESTRUYE
 
La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.
 
“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.
 
“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.
 
Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
 
Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.
 
Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.
 
“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.
 
Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.
 
En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.
 
“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.
 
Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.
 
En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.
 
Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.
 
“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.
 
El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG

La audiencia preliminar sobre el asesinato de la lideresa ambientalista Berta Cáceres Flores, que se iba a realizar ayer en el Tribunal de Sentencia de la Suprema Corte de Tegucigalpa, fue suspendida por un juez, a petición de la parte acusadora privada, y se reprogramó para el 24 de mayo, con una audiencia previa el 28 de abril, en donde el Ministerio Público entregará a la defensa y a la acusación privada documentación de soporte. 
 
Cinco de los ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres Flores, arrestados hasta el momento, iban a comparecer en dicha audiencia: Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Edilson Duarte, Elvin Orellana y Douglas Bustillo.
 
La lideresa indígena, merecedora del premio Goldman en 2015, fue ultimada a tiros el 3 de marzo de 2016 en su casa en el departamento de Intibucá, por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en defensa del medioambiente y los derechos del pueblo lenca.
 
El Ministerio Público los acusa, además del asesinato de Cáceres, de tentativa de homicidio en su grado de ejecución contra el activista mexicano Gustavo Castro, principal testigo del caso.
 
La abogada Kenia Oliva, abogada de Gustavo Castro, explicó que pidió la suspensión porque en reiteradas ocasiones solicitaron la información de las cadenas de custodia y esta no ha sido entregada. Agregó que como parte acusadora deben tener todos los medios de prueba que sirvan de fundamento para formalizar una acusación.
 
“Solicitamos la información que se ha entregado al Tribunal y accedieron a darnos la información digital de la extracción de los celulares y de la intervención telefónica, pero hasta el momento no ha sido entregada”, explicó la profesional de derecho, según proceso.com.mx.
 
 “Le solicitamos al juez que suspendiera el juicio en tanto no tuviéramos a la vista y pudiéramos estudiar esos elementos de prueba que nos lleven a la convicción que las personas que están siendo imputadas están ligadas a los hechos que se les acusa”, agregó.
 
Los cinco acusados en cuestión resultaron los primeros culpables que atraparon las autoridades dos meses después del hecho, mediante varios operativos en la capital hondureña y las localidades de La Ceiba y Trujillo, como parte de la Operación Jaguar. Tres de los acusados pertenecieron a las fuerzas armadas de ese país.
 
El pasado 8 de febrero la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó al octavo implicado, Óscar Aroldo Torres Velásquez.
 
Aun así, múltiples movimientos sociales y organizaciones demandan que las autoridades hondureñas profundicen sus investigaciones para llevar ante la justicia a los autores intelectuales de ese crimen.
 
17/RED/GG
 

A un año del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, quien construía un mejor mundo para la humanidad.
 
Este próximo 8 de marzo, las mujeres del mundo se vuelven a unir por la defensa de sus Derechos Humanos. Bajo la consigna “Nosotras Paramos” mujeres de por lo menos 40 países, incluido México, se manifestarán para exigir se valoren los aportes cotidianos que las mujeres hacen a la humanidad.
 
El llamado busca evidenciar cómo sería el mundo si las mujeres dejamos de hacer lo que hacemos todos los días, desde las tareas del hogar hasta los trabajos en los que nos desarrollamos.
 
A la par, es un llamado a valorar la vida de las mujeres, a detener la violencia machista que provoca que 38 por ciento de los asesinatos de las mujeres en el mundo sea a manos de sus parejas masculinas, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
En México, estimaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señalan que de 2010 a 2015 se cometieron 2 millones 996 mil 180 agresiones sexuales, 90 por ciento de estas agresiones ocurrieron contra mujeres,
 
En tanto, del 2012 al 2013, 3 mil 282 mujeres fueron asesinadas, según registros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
 
“Si nuestras vidas no valen, nosotras paramos”, es una consigna que desde Argentina están enviando las feministas de aquel país para este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
 
Una exigencia ante la brutalidad machista que cada año cobra la vida de por lo menos 600 mil mujeres en América Latina.
 
La desigualdad sigue siendo un lastre para las mujeres en el Siglo XXI, el cual se consideraba que sería “el siglo de las mujeres”.
 
Las responsabilidades de las tareas domésticas continúan limitando el desarrollo de las mujeres adultas, de las niñas y de las adolescentes.
 
Según la encuesta nacional sobre uso del tiempo, las mujeres mayores de 15 años dedican a la semana 15 horas más sólo a la preparación y servicios de alimentos para las familias, esto además de sus trabajos remunerados o de sus estudios.
 
Semejante sobrecarga les deja sólo dos horas libres a la semana para que puedan dedicar a proyectos personales o al estudio.
 
Otra cara de la desigualdad es que 76 por ciento de los trabajos no remunerados en el mundo los están haciendo las mujeres, lo cual por supuesto las deja en un estado de dependencia por no contar con recursos económicos propios.
 
Por si no fuera poco, aun cuando las mujeres logran mejores calificaciones en sus estudios y mayor desempeño profesional, ellas siguen percibiendo entre 20 y 30 por ciento menos que sus colegas hombres.
 
Por estas desigualdades, por la violencia atroz, es que las mujeres del mundo llaman a todas a parar este próximo 8 de marzo, simplemente para evidenciar el valor que tiene la vida y todas las labores que hacen las mujeres, con lo cual permiten a la humanidad seguir avanzando.
 
Para aquellas mujeres que no puedan parar físicamente este 8 de marzo, se las llama a portar letreros que retomen la frase “Nosotras Paramos”, agregando una razón por la cual pararían, ya sea que la lleven en su prenda, la pongan en sus redes sociales o en la ventana de su casa.
 
En la Ciudad de México, el paro se realizará a partir de las 16:00 horas, con un llamado a reunirse en la columna de la Independencia, en el Ángel, para realizar una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez. Y en decenas de ciudades de nuestro país las mujeres se están organizando para manifestarse colectivamente.
 
Es necesario tomar conciencia de que cuando la mitad de la población está en desventaja, la humanidad completa también lo está.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG

Conforman grupo de investigación especial para caso Berta Cáceres
Tegucigalpa, Hon.- Con la finalidad de efectuar un análisis independiente, objetivo e imparcial sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres ocurrido en marzo pasado, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
 
El GAIPE es conformado por la abogada colombiana, Liliana Uribe; la estadounidense Roxanna Altholz; el guatemalteco Miguel Ángel Urbina, el colombiano Jorge Molano y el holandés Daniel R. Saxon, todos cuentan con una amplia experiencia en violaciones a los Derechos Humanos.
 
El Grupo dará seguimiento a las diligencias de investigación adoptadas por el Estado hondureño, con un enfoque multicultural y de género. Además harán recomendaciones para garantizar el esclarecimiento del hecho.

Vasectomía sin bisturí, eficaz en 99 por ciento de los casos
Ciudad de México.- Como parte del Día Internacional de la Vasectomía que se conmemora el 18 de noviembre, la organización Marie Stopes México convocó a hombres a informarse sobre la vasectomía sin bisturí, método anticonceptivo definitivo.
 
En un comunicado, Marie Stopes México indicó que la vasectomía sin bisturí es un procedimiento simple y seguro, se realiza en 15 minutos y es ambulatorio, por lo que la persona sale caminando, además de que es eficaz en más del 99 por ciento de los casos.
 
Más información en www.mariestopes.org.mx

Convocan a Congreso Mundial de Mujeres Periodistas en Chile
Santiago, Chile.- La Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) convocó a periodistas, estudiantes, escritoras y público interesado en asistir al XXII Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras 2016, con el tema “Periodismo, Transparencia y Democracia”.
 
El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre en la Casa Central de la Universidad Católica, en Santiago de Chile. La entrada es gratuita.
 
Informes e inscripciones en: www.mujeresperiodistaschile.com
 
16/GMV/LGL

Lydia Cacho presentará en Chiapas “Buscando a Kayla”
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El próximo 12 de octubre en el Museo de la Ciudad a las 19:00 horas, la periodista mexicana Lydia Cacho presentará su primer libro infantil “En busca de Kayla”, obra realizada con el ilustrador Patricio Betteo.
 
El libro aborda la desaparición de una niña llamada “Kayla”, quien es secuestrada con fines de explotación sexual y laboral, y es buscada por sus amigas y amigos de la escuela. La presentación del libro es organizado por Chiapas Paralelo.
 
Tres mujeres ganan el Premio Gabo 2016 de Periodismo
Bogotá, Col.- El Premio Gabriel García Márquez de Periodismo anunció los ganadores en las cuatro categorías del concurso: texto, imagen, cobertura e innovación. Estos trabajos fueron escogidos como los mejores en Iberoamérica entre mil 608 postulaciones en su edición 2016.
 
Los ganadores fueron: Natalia Viana (Brasil) en texto por investigar a la mayor población indígena con el mayor índice de suicidios en su país; Caio Cavechini (Brasil) en imagen cubrió la construcción de una hidroeléctrica en medio de la selva amazónica con 250 mil obreros; Juanita León (Colombia) cubrió los acuerdos logrados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Eva Belmonte (España) presentó “Medicamentalia” una investigación de falsificación de fármacos y sus patentes en Ghana y Brasil.
 
El premio es convocado por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).
 
A través de documental “Berta Vive” exigen esclarecer su muerte
Buenos Aires, Arg.- La Red de organizaciones y movimientos sociales “Jubileo Sur Américas” presenta en su portal el documental “Berta Vive”, filme sobre la defensora de Derechos Humanos y ambientalista hondureña, Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo en La Esperanza, Honduras.  
 
El documental producción del organismo internacional Oxfam- que combate la pobreza- muestra a la también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en un discurso en Washington al recibir el Premio Goldman al Medio Ambiente en 2015, así como su trabajo en diferentes comunidades.
 
El Filme muestra además diversas manifestaciones realizadas para exigir el esclarecimiento de su asesinato. El documental fue realizado para la campaña  “Defensoras de la Madre Tierra” como un homenaje para Berta Cáceres. Ver el video en: http://jubileosuramericas.net/documental-sobre-berta-caceres-berta-vive/
 
UNICEF atiende mujeres embarazadas y niños en Yemen
Nueva York, EU.- Clínicas móviles del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y socios de la organización, brindaron atención médica a 180 mil mujeres embarazadas y 60 mil niñas y niños menores de 5 años de edad.
 
Los servicios de salud médica y nutrición incluyeron vacunación, entrega de suplementos vitamínicos, desparasitación, monitoreo de desnutrición, tratamientos para infecciones y cuidados antes y después del parto.
 
Con el fin de llegar a todos los rincones del país, se instalaron clínicas móviles en los 333 distritos de Yemen con el apoyo de 34 mil trabajadores y trabajadoras, reportó la organización.
 
16/HZM/LGL