mujeres migrantes

Tras la manifestación de fuerza del movimiento feminista el pasado 8 de marzo en el Primer Paro Internacional Feminista, nos preguntamos qué sigue. Y al volver a la realidad cotidiana en México y otros países de Latinoamérica, las cosas no han cambiado, siguen desapareciendo mujeres y niñas, siguen las cifras sostenidas y en aumento del feminicidio, sigue el acoso sexual en las calles, el desplazamiento forzado interno, el secuestro, el peligro para las periodistas, para las defensoras y siguen los altos grados de impunidad.

El manifiesto consensuado por cientos de mujeres y respaldado por miles en las marchas del pasado jueves 8 de marzo, incluye medidas concretas que suponen una enmienda a la totalidad de políticas públicas y de justicia para poner la vida de las mujeres en el centro.

Sin embargo, lo más urgentes son las violencias. Es, de hecho, el grito de “ni una menos, vivas nos queremos” que lanzaron las feministas argentinas en 2017, el que ha prendido la mecha de la huelga feminista que las organizadoras consideran un éxito.

Y son las violencias machistas uno de los ejes que recoge una serie de propuestas. Muchas de éstas podrían entrar en vigor este año si se da cumplimiento a las medidas que recoge el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” aprobado a finales del año pasado en España, lo que no ocurrirá en los países donde tendremos elecciones en 2018.

Estas son algunas de las propuestas concretas que plantea el movimiento feminista, y las medidas concretas que podrían ponerse en marcha si hubiera voluntad política y se destinara un presupuesto para ello.

• Recoger todas las violencias machistas, y no solo la que se produce en pareja.
• Que se considere la violencia machista como una cuestión que atañe a toda la sociedad, que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones sociales, lo que implica “que se tengan en cuenta las diferentes causas y se visibilicen los distintos niveles y dimensiones de las violencias”.
• Ampliar la definición de violencia machista para abarcar a todas aquellas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres, un planteamiento que ha salido a debate repetidamente desde la aprobación y ratificación de la Convención para la Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará, que ciñe su objeto de actuación a “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
• Educar contra las masculinidades violentas. Promover una educación afectivo- sexual que eduque a los niños contra unas masculinidades violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco del amor romántico.
• La obligación legal de obtener y presentar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral.
• Diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o actualizar los existentes en atención y actuación, adaptándolos a las especificidades de las diferentes violencias sexuales.
• Mejorar la protección a mujeres migrantes. El manifiesto también pide que a las mujeres migrantes en situación irregular se les garantice la seguridad jurídica y protección cuando se denuncia una violencia sexual, lo que requiere modificar las leyes de migración sobre derechos y libertades de los extranjeros en nuestro país y su integración social, para mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular.
• Atender la diversidad de las víctimas de violencia de género. Una de las motivaciones de la huelga feminista es “que todas las mujeres, sin discriminación de ningún tipo, tengamos derechos y justicia social”. La huelga feminista se convocó, para que en todas las acciones contra las violencias machistas se tenga en cuenta la diversidad de circunstancias y condiciones de las mujeres y la intersección de opresiones que vivimos.
• Ampliar y profundizar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además la conformación de juzgados especializados en violencia de género”.
• Sensibilizar a los profesionales de los medios, para que se hagan cargo del impacto que tienen en la opinión pública “para que los medios de comunicación traten los temas de violencias machistas con rigurosidad, tratando a las mujeres y sus derechos como sujetos, no victimizando ni empatizando con el agresor”.
• Impulsar medidas contra la trata y la explotación sexual, logrando que se persiga de forma eficaz la trata con fines de explotación sexual, pero, sobre todo, se otorgue la protección que nuestra regulación en teoría contempla a las mujeres que se encuentran en esa situación, dejando de poner por delante la “lucha contra la inmigración irregular” en lugar de la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, promover la eliminación de publicidad de contenido sexual o servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas, entre otras.
• Reconocer el fenómeno del desplazamiento interno forzado de mujeres por la presencia de la delincuencia organizada y diseñar e impulsar políticas públicas que reduzcan su victimización y les facilite su reincorporación a la sociedad, su reubicación nacional e internacional.
• Garantizar a las mujeres y las niñas indígenas y a las que viven en el campo y la ciudad en condiciones de exclusión social, oportunidades de vida digna, educación, vivienda, salud, vivienda, derecho a la propiedad y trabajar para poder remontar sus condiciones de exclusión social.

Y como estas hay muchas necesidades y propuestas más, que ahora que está por concluir el sexenio, nos damos cuenta que ha sido un sexenio gris para las mujeres y sus necesidades.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

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18/TUZ/LGL

En el municipio de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país, organizaciones civiles con trabajo en Derechos Humanos documentaron que existe un patrón de criminalización hacia mujeres de origen centroamericano, quienes son acusadas de los delitos de trata de personas o lenocinio.

En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami), presentó en noviembre la investigación “Criminalización de mujeres migrantes”, en el que analizaron cinco casos de migrantes centroamericanas y una mexicana, acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula.

En 2013 el Prami participó en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que ingresa cada año al territorio mexicano, ahí conocieron que un grupo de mujeres migrantes permanecían privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil Número 4 (CERSS) ubicado en Tapachula, todas, acusadas por el delito de trata de personas.

Esta situación llevó a las organizaciones civiles a sistematizar los datos de las personas centroamericanas recluidas en prisiones de Chiapas. Observaron que a diferencia de los hombres (acusados de homicidio, posesión de armas, y delincuencia organizada) a las mujeres les imputaban delitos de trata, lenocinio o delitos sexuales.

De acuerdo con la investigación, en 2015 en el CERSS de Tapachula había 96 mujeres privadas de su libertad; 23 de ellas estaban acusadas por el delito de trata de personas, la mayoría (70 por ciento) provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Dos años después, en 2017, sólo una permanecía en reclusión puesto que en los otros casos no hubo elementos para corroborar que cometieron el delito.

Con estos datos las organizaciones se acercaron a seis mujeres migrantes del CERSS acusadas de trata de personas, en todos los casos encontraron que no había pruebas que las responsabilizara del ilícito, asimismo, había irregularidades en las investigaciones, fueron engañas o torturadas para confesarse culpables y nunca se respetó su derecho al debido proceso y su presunción de inocencia.

LOS CASOS

Rosa Elvia Murcia Díaz, una mujer hondureña que viajó a México para encontrar mejores condiciones de vida, estaba en proceso de solicitar una estancia por razones humanitarias en Tapachula. En 2015, un joven se le acercó preguntando la hora, después le pidió “ayuda para conseguir a cinco mujeres para su fiesta de despedida de soltero”. Elvira terminó la conversación y se fue.

Un día después, un grupo de personas encapuchadas vestidas de civil la obligaron a subir a una camioneta amenazándola con un arma de fuego y con asesinarla y violarla. La mujer se dio cuenta que uno de los captores era el joven que se acercó con ella el día anterior.

Después la obligaron a firmar un papel en blanco. En horas, la Policía Federal la presentó ante los medios de comunicación junto con dos hombres de nacionalidad mexicana y uno de Nicaragua –que no conocía- como parte de un operativo “exitoso contra la trata de personas por explotación sexual comercial”, en el que rescataron a seis mujeres menores de edad.

La versión oficial dijo que la detuvieron en una casa donde explotaba sexualmente a cuatro menores de edad mexicanas y dos centroamericanas. Las personas que hicieron la denuncia nunca se presentaron a declarar y hasta 2017 continúa en el CERSS de Tapachula en espera de que acepten la tercera apelación que impone a la sentencia de cinco años de cárcel que le dictaron.

Otro caso es el de la hondureña de 41 años de edad, Lorenza Obdulia Reyes. En octubre de 2014 un operativo “anti-trata” de la Policía Federal y Fronteriza irrumpió en el bar de Tapachula donde trabajaba como mesera. En este también participó un agente del Instituto Nacional de Migración (INM), quien dijo que el operativo no estaba autorizado y simplemente se retiró de la zona.

Lorenza fue detenida en el Ministerio Público, un policía se acercó y le advirtió que no firmará nada, pues sabía que era inocente. Sin embargo, las autoridades ministeriales la engañaron para que firmara unos papeles en blanco sobre su liberación. Ella aceptó pero fue trasladada al CERSS de Tapachula.

La acusaron de trata de personas con fines de explotación laboral con tres años de prisión e impidieron a sus compañeras de trabajo que declararan a su favor.

Entre las entrevistas por las asociaciones, también está el caso de una mexicana perteneciente al municipio de Tapachula, Rosario Noriega Soto. Ella relató que unos policías vestidos de civiles llegaron a su casa y le dijeron a ella y a su esposo que su hija estaba en el hospital. Subieron a una patrulla con ellos y los trasladaron a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Más tarde, a Rosario Noriega la policía fronteriza la interrogó y obligó a firmar un documento tapándole con una mano el texto, con éste la trasladaron directamente al Centro de Reinserción Social Femenil de Tapachula. Ahí, el alcalde de la prisión la regresó a la estación migratoria porque no cumplieron los requisitos para ingresarla, finalmente la sentenciaron a 20 años de prisión por el delito de trata con fines de explotación sexual comercial.

Otras de las mujeres entrevistadas del CERSS fue la guatemalteca Guadalupe Pérez Rodríguez, acusada de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella fue detenida sin justificación en el bar donde trabajaba, y como en los otros casos, firmó unos documentos de los cuales desconocía su contenido porque no sabía leer ni escribir.

Santa María Rosales proveniente de Honduras fue detenida en su casa por la policía local Fronteriza. Sin orden de cateo, la llevaron a la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes. Ahí la torturaron y obligaron a declararse culpable del delito de trata. Su hija terminó en situación de calle por el arresto.

Lilian Elizabeth Aguilar, de Guatemala, buscó liberar a su sobrina de un hombre que la explotaba sexualmente. Pidió ayuda a la Fiscalía de Atención al Migrante en Tapachula, pero la arrestaron, la golpearon y acusaron del delito de trata.

Al menos cinco de estas mujeres, con excepción de la hondureña Rosa Elvira, apelaron las sentencias y por falta de pruebas para determinar que cometieron el delito de trata de personas obtuvieron su libertad, indica la investigación.

CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES MIGRANTES

Las asociaciones civiles señalan que estas detenciones arbitrarias de mujeres migrantes se dan un contexto de vulnerabilidad; ellas trabajan en bares y su estatus migratorio es irregular. No saben leer o escribir, y tampoco tiene dinero para solventar los gastos de un abogado.

La organización de las mujeres migrantes privadas de la libertad en el penal de Tapachula, ha sido fundamental para su liberación. Entre ellas Lilian Aguilar y Santa María comenzaron huelgas e informaron a sus compañeras que podían apelar sus sentencias por ser injustas. La vigilancia de las organizaciones también ha sido clave.

Según la investigación, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración muestran un incremento en los últimos cuatro años de detenciones y deportaciones: en 2013 fueron detenidas 86 mil 298 personas migrantes en el territorio, de estas, 80 mil 902 fueron deportadas.

En 2014 la cantidad de detenciones creció a 127 mil 149 (deportaron al 85 por ciento); 2015 fue el año con mayor número de deportaciones: 181 mil 163 de 198 mil 141 detenciones. Para 2016 la cantidad de deportaciones decreció a 147 mil 370.

17/HZM/LGL

El 70 por ciento de las mujeres migrantes que llegan a México trabajan como empleadas del hogar donde reciben salarios bajos a cambio de largas jornadas y corren más riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal, alertó ONU Mujeres.

La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género instó al Gobierno mexicano a realizar cambios de política para proteger a las trabajadoras migrantes que llegan a México.

Esto como parte del proyecto “Promoción y protección de las trabajadoras migrantes y los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea para promover los derechos de las migrantes y su protección contra la exclusión y la explotación en el proceso de migración en México, Moldavia y Filipinas.

Con este proyecto ONU Mujeres hizo un informe donde dice que México se está convirtiendo en un país de tránsito y destino para migrantes. Entre 2000 y 2010 el número de migrantes en México paso de 499 mil a 726 mil. Las Naciones Unidas calculan que el 50 por ciento de estos migrantes son mujeres.

Muchas de estas migrantes vienen de países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellas huyen de sus países de origen por diversos motivos, entre ellos la pobreza, la violencia y la falta de opciones de empleo.

Al llegar a México, los investigadores encontraron que las mujeres migrantes enfrentaban discriminación debido a la falta de documentos de estancia legal en el país y a las leyes restrictivas. También documentaron que 70 por ciento de estas mujeres trabajan en actividades del hogar y muchas viven en las casas de sus empleadores donde corren riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal.

México ya tiene políticas establecidas para proteger a las mujeres migrantes, pero se puede hacer más, afirma el organismo internacional. Por ejemplo, la Ley de Migración de México reconoce el derecho a la libertad de tránsito, la salud, la educación, la justicia, la identidad, la unidad, la familia y los requisitos para los permisos de residencia y autorización de trabajo.

Sin embargo, la ley no propone la creación de estructuras que mitiguen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes; tampoco la ley propone una acción afirmativa para garantizar la igualdad sustantiva de los hombres y mujeres migrantes.

Otros aspectos de la Ley de Migración incluyen mayores dificultades para que las trabajadoras del hogar obtengan documentos legales, por ello ONU Mujeres cree que el gobierno necesita reevaluar las políticas ya existentes y examinarlas a través de una perspectiva de género para determinar cómo ayudar a las migrantes.

Las leyes nacionales deben proporcionar a las mujeres migrantes los mismos derechos que todos los trabajadores e igual acceso a la educación y los servicios de salud. “Es importante que la gobernanza de la migración sea sensible al género para garantizar que se fomenten los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes”, dijo ONU Mujeres.

17/EA

En su retorno de Estados Unidos (EU) a México, las mujeres migrantes quedan en la indefensión; regresan a comunidades marcadas por el desempleo, la inseguridad y falta de oportunidades para su desarrollo personal, sin que existan programas públicos que las ayuden a reinsertarse en su nueva vida, aseguró la investigadora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), Alethia Fernández de la Reguera.
 
Durante el Seminario “Género y Migración: retos y perspectivas en la era de Trump” organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alethia Fernández señaló que a nivel nacional sólo la Ciudad de México cuenta con un programa de reinserción laboral para la población migrante que fue deportada o regresó por voluntad propia.
 
Esta consiste, dijo, en apoyos económicos para iniciar un negocio o buscar empleo, pero el resto de la población migrante tiene que buscar por su cuenta la manera de adaptarse a su nueva situación.
 
La investigadora del Imumi destacó la necesidad de extender en todo el país políticas públicas capaces a atender y reinsertar en sus comunidades a la población migrante y en específico a las mujeres, quienes enfrentan escenarios más adversos: “Me parecen que deben ser políticas que deben generalizarse a nivel nacional, pensar qué hacer con esas mujeres, porque regresan en condiciones de mucha precariedad económica, ansiedad y separación familiar.”
 
El choque que enfrentan las mujeres que regresan a México es fuerte y complejo, agregó la especialista en migración: pasar de un orden social a otro les implica “integrar a su mundo nuevas formas de socialización, prácticas de la vida cotidiana y asumir nuevos roles en las comunidades”, temas que, a su parecer, también deberían de ser tratados por las autoridades.
 
APROVECHAR SU CAPACIDAD
 
Entre estos esfuerzos, de acuerdo con Alethia Fernández, sería fundamental que el gobierno lograra aprovechar las habilidades y capacidades laborales que adquirieron las mujeres migrantes en su estancia en EU, pero la realidad que enfrentan en su regreso es otra, la falta de fuentes formales de empleo abunda en todo el país, “El retorno conlleva muchas pérdidas y va erosionado las ganancias que se obtienen de la migración”, advirtió la especialista.
 
A partir de los estudios que ha realizado Imumi, Fernández de la Reguera indicó que las mujeres no sólo regresan porque son deportadas, muchas veces asuntos familiares, como el cuidado de personas mayores y de sus hijos e hijas, las obliga a abandonar las oportunidades que lograron construir en el país vecino para poder atender a su familia y con ello su carga es doble: tareas de cuidado y búsqueda de empleo donde no hay oportunidades.
 
El desempleo es sólo una parte del problema, dijo Fernández, porque a ello se agrega la preocupación de los casos de mujeres que tuvieron que dejar a sus hijos e hijas en el país vecino.
 
ASESORÍAS
 
La representante de la Clínica Jurídica de Imumi, Jilian Wagman, dijo que, si bien algunos consulados establecidos en EU han dado buena asesoría a las mujeres deportadas con hijos e hijas, aún detectan problemas para arreglar su documentación y custodia.
 
Jilian Wagman comentó que es necesario que las mujeres estén preparadas e informadas para saber a qué instituciones acudir en caso de ser deportadas y que sus hijos e hijas sean llevados ante el Sistema de Bienestar Infantil de Estados Unidos. Enfatizó que la ayuda del DIF y los consulados es fundamental para que las mujeres no pierdan contacto con sus familiares.
 
17/HZM/GG

Sin duda el mejor homenaje que se le puede hacer a la Mujer Trabajadora mexicana en su día es luchar por mejorar su situación económica, su autonomía. No sólo implica los ingresos que obtiene en el mercado laboral, tener un trabajo digno, disponer de vivienda, acceso al agua y a la tierra. También es igual de importante que las condiciones del país y su entorno mejoren.
 
TRABAJADORAS MEXICANAS: CONDICIONES Y ENTORNO
 
La situación  que hoy está viviendo el país –tanto en el económico como en lo social- es producto de varios factores y aquí mencionaremos algunos de ellos.

VER GRÁFICA AQUÍ

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que no se recupera desde la crisis de 2008 y que, por el contrario, con los actuales niveles de inflación se han acentuado, creando enojo y descontento en la mayoría de la población trabajadora. Tampoco hay crecimiento económico y la violencia contra las mujeres sigue incrementándose. (Ver gráfica)
 
Según Inegi, en febrero de este año la inflación anual no subyacente fue de 7.40 (incluye la variación en los precios de: agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno).  Una cifra que supera con mucho la meta que se planteó Banco de México (Banxico), que para este año es de un rango de 3 a 4 por ciento. Ese rango se convierte en el “tope salarial” para las revisiones contractuales y obviamente la inflación actual ya se comió los incrementos salariales, tanto el del salario mínimo como los contractuales que se dieron o los que se vayan a dar.
 
Conforme a los datos de Coneval, el ingreso laboral per cápita en 2005 (deflactado por el valor de la canasta básica), era de 2 mil 068.79 pesos; para 2016 ya había disminuido a 1 mil 567.85 pesos. Una caída del 32 por ciento, y conste que la canasta básica es prácticamente de supervivencia.
 
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya anunció que no habrá un incremento salarial de emergencia.
 
MEDIOCRE CRECIMIENTO
 
El crecimiento de la economía tampoco ayuda, son prácticamente 30 años con un crecimiento muy mediocre. Conforme a la información generada por Inegi el crecimiento anual del PIB en el 4to trimestre de 2016 fue de 2.3; solamente las actividades primarias tuvieron un crecimiento superior (4.1 por ciento).
 
Sin embargo el PIB por habitante (per cápita) en 2016 tuvo un descenso de 10.1  por ciento, respecto a 2015, según Inegi.
 
Para este año las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda sobre el crecimiento de la economía son de apenas un 1.5, pero algunas instituciones privadas lo han disminuido al 1.4 por ciento. Por su parte, Banxico proyecta un crecimiento del PIB en un rango que va del 1.3 al 2.3 por ciento, desgraciadamente con muchas posibilidades de que quede en 1.3. 
 
TRUMP Y LA INCERTIDUMBRE
 
Este panorama se vuelve más complejo por la incertidumbre que generan dos elementos muy importantes: la posible renegociación del TLCAN y la política fiscal que ha anunciado Donald Trump para Estados Unidos y que implica una disminución en los impuestos a las empresas. Además está la depreciación del peso, respecto al dólar, causado en buena medida por la posición de Estados Unidos.
 
Esto provocaría que en México también se hiciera una reforma fiscal, porque si las empresas van a pagar menos impuestos allá, emigran hacia ese país, lo que desalienta la inversión extranjera directa. Justamente ese es el objetivo de Trump, que las empresas no emigren hacia otros países y se queden en Estados Unidos.
 
Respecto a la posible renegociación del TLCAN, se prevé que ésta sea hasta el segundo semestre del año y las condiciones no son precisamente las mejores, entre otras razones por la posición tan agresiva hacia México que hasta ahora tiene el presidente Trump y su equipo de trabajo.
 
Según Enrique Peña Nieto esta renegociación debe incluir temas laborales y de medio ambiente, las dos cosas que detestan Trump y su equipo, y defensa de la soberanía respecto al Estado de derecho (¿cuál?). El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que México se retiraría de las negociaciones si Estados Unidos propone aplicar aranceles a los productos mexicanos. Incluso el Gobierno anunció que México podría abandonar el Tratado si no consigue buenas condiciones para la economía del país.
 
En este sentido hay una propuesta que es particularmente peligrosa para la producción nacional: el llamado BAT (tarifa de ajuste fronterizo), que castigaría todas las importaciones que realizaría Estados Unidos, provenientes de México.
 
POLÍTICA MONETARIA
 
Por lo que concierne a la política monetaria de Banxico –como parte de sus funciones- emitió un comunicado el pasado 21 de febrero para proteger el peso y a las deudas que tienen en dólares las empresas mexicanas, sin tener que perder tantas reservas internacionales como lo había venido haciendo, por cierto sin mucho éxito.
 
Es un programa de coberturas cambiables, liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. El monto del programa será hasta 20 mil millones de dólares. 
 
SEPARACIÓN DE FAMILIAS
 
En vía de mientras, las expulsiones (deportaciones) de los migrantes mexicanos continúan, en un clima de violencia y terror provocado por Trump. Está obligando a las familias con hijas e hijos nacidos allá (y que no tienen regularizada su situación migratoria) a  visitar a los conocidos o familiares que sí están regularizados, para pedirles de favor que, en caso de ser deportados, adopten a sus hijos. Hay aproximadamente más de 4 millones hijos de mexicanos, nacidos allá.
 
Estas visitas las realizan de uno en uno, temen salir en grupos porque aumentan las posibilidades de ser atrapados por la Migra y deportarlos. Ya es que el Gobierno estadounidense, cuando realiza las deportaciones, da en adopción a sus niñas y niños, Sus madres y padres nunca los vuelven a ver, aunque regresen a ese país.
 
Una crisis humanitaria que amerita la defensa de los derechos humanos de los y las migrantes mexicanos, de manera urgente. Esas Mujeres migrantes –mexicanas o centroamericanas- requieren de más apoyos. Ellas están activas, luchando por sus derechos, a pesar de la pasividad del Gobierno de México.
 
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
 
17/CRPM/GG
 

El Gobierno federal pone especial atención en las remesas generadas por mujeres migrantes que trabajan en Estados Unidos “como productos”, en lugar de atender el contexto de violencia de género que las mujeres enfrentan para obtener sus salarios, denunció la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Jarquín Sánchez.
 
La especialista en el uso de las remesas de la migración desde la perspectiva de género dijo en entrevista para Cimacnoticias que, con el gobierno de Donald Trump, la propuesta de Estados Unidos por hacer más restrictivas las políticas migratorias “agravarán las condiciones para las mexicanas migrantes”.
 
Y explicó: “Las remesas es lo que más preocupa al Gobierno mexicano, igual que al Banco Mundial, las cuentan como si fueran producto de negocios e ignoran todas las irregularidades que hay en el pago de las y los indocumentados”.
 
De acuerdo con datos de 2015 del Centro de Estudio Monetarios Latinoamericanos (Cemla), las mujeres envían 26 por ciento de las remesas a México desde Estados Unidos. Y aunque, según el Banco Mundial, a nivel internacional las mujeres generan 50 por ciento de las remesas enviadas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha dicho que ellas envían el doble porque sus salarios son menores en proporción con los de los hombres.
 
Jarquín Sánchez destacó la importancia de atender dichas desigualdades de género en el envío y producción de remesas porque, asegura, están presentes desde el momento en que las mexicanas dejan el país.
 
Explicó que “luego de realizar investigaciones en Tlaxcala, junto con el CEIICH, encontramos que si bien son más los hombres que emigran hacia Estados Unidos, las mujeres inmigrantes tienen mayores niveles de estudio, pero al llegar al país del norte reciben menos salarios y están expuestas a más violencia, como la de tipo sexual”.
 
La académica destacó que el envío de remesas de las mujeres se da en mayor proporción porque, muchas veces, de eso dependen sus familias y su esfuerzo es doble, pues “tienen trabajos de menor calidad, menos sueldos. Se insertan en el mercado haciendo las actividades que, por estereotipos de género, se les atribuye como cocinar o cuidar niños; además de ser víctimas de maltrato y discriminación”.
 
Se sabe que las mexicanas migrantes se emplean en Estados Unidos  mayormente como trabajadoras del hogar y en servicios de limpieza, en una proporción de 41 por ciento, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Y, además de los bajos sueldos que reciben en estos empleos, 70 por ciento cubre jornadas laborales de tiempo completo.
 
17/MMAE/GGQ
 

Las medidas anunciadas por el Gobierno federal para hacer frente a la política migratoria restrictiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son insuficientes porque no consideran atender el impacto diferenciado por género al que se enfrentan las mujeres inmigrantes, asegura la coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), Ana Lau Jaiven.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora en Historia y  especialista en los movimientos feministas en México, enfatizó que, ante el riesgo del incremento en el número de personas deportadas en los próximo años, “no basta con expresar indignación”, porque “aún no hay propuestas claras de políticas públicas que atiendan la salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades de las mujeres, así como de sus hijas e hijos”.
 
Lau Jaiven dijo que los pronunciamientos de funcionarios gubernamentales son “discursos que no bajan, no tienen asidero”, como la declaración de que “cualquier acción en contra de las mujeres migrantes provocaría una indignación brutal”, expresada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante la firma de la Carta de Intención entre las Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y la de Inclusión Social de El Salvador, el pasado 19 de enero.
 
Tan solo de 2011 a 2016, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron deportadas de Estados Unidos 42 mil 928 mexicanas.
 
URGEN MEDIDAS CONCRETAS
 
La académica expresó la necesidad de que el Gobierno mexicano dé a conocer medidas concretas ante la violencia diferenciada que enfrentan las inmigrantes mexicanas en Estados Unidos por cuestiones de género. “Ellas son agredidas sexualmente porque, históricamente, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un botín de guerra; además de recibir salarios menores a los hombres”, dijo. 
 
Sin embargo,  “el Gobierno en función no tiene la preparación para enfrentar la crisis económica del país y de incidencia en la atención a las inmigrantes que son deportadas”.
 
Recalcó que no basta con proponer protección para las migrantes que regresan al país y que, según el Consejo Nacional de Población, se emplean mayormente como trabajadoras del hogar y en servicios de limpieza, en 41 por ciento.  También se necesita atender las demandas de mejor salario que hacen trabajadoras del hogar aquí en México, para poder ofrecer mejores salarios  a las que regresan”, dijo.
 
En cuanto a la incidencia que las académicas y académicos del país pueden tener para hacer frente al contexto de tensión entre las relaciones con Estados Unidos, Lau Jaiven mencionó que “como docentes e investigadoras podemos aportar desde el análisis de los sucesos, pero corresponde al Gobierno federal garantizar resultados y actuar”.
 
17/MAE/GGQ

Con la llegada del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump y sus recientes órdenes ejecutivas que atentan contra los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes, resulta imperante que el gobierno mexicano tenga un estrategia política para la protección de las mujeres que podrían ser deportadas a nuestro país, concuerdan especialistas.
 
Durante el 25 y 26 de enero académicas, especialistas en DH y las organizaciones ONU Mujeres, Sin Fronteras, el Instituto de Migrantes Mexicanas (Imumi) y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), se reunieron en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para debatir los retos que enfrenta el país en este escenario.
 
Las especialistas de las agrupaciones refirieron que las políticas públicas para atender a las mexicanas que regresen a México deberán estar enfocadas en los rubros de salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades tanto de ellas como de sus hijos o hijas, pues se calcula que el número de deportaciones aumenté, de 2011 a 2016 se deportaron 42 mil 928 mexicanas según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
 
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, manifestó en entrevista con Cimacnoticias, su preocupación ante la falta de acción del gobierno para atender a las mexicanas, “existe un gran vacío, no se han intencionado, ni siquiera retomado en el discurso de nuestro presidente”.
 
A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la migración de las mujeres hacia EU aumentó en busca de mejores oportunidades laborales, ya que el tratado genero grandes cantidades de desempleo y empobrecimiento sobre todo en el campo.
 
Ahora las mexicanas tendrán que regresar a sus estados de origen que se encuentran en con condiciones totalmente precarias, señaló Pérez, pues llegarán a un lugar “que no cuenta con las condiciones mínimas de arraigo”; sin empleo, servicios básicos de salud y sobre todo, en un clima de violencia por el crimen organizado.
 
En el caso de las mexicanas que en su mayoría se emplea como trabajadoras del hogar y servicios de limpieza -41 por ciento según el Consejo Nacional de Población- y corren mayores riesgos de ser deportadas, la directora de Imumi, Gretchen Kuhner, dijo que podrían retomar sus trabajos en el país pero con pagos que les permitan apenas “la sobrevivencia mínima” en comparación con los que tenían en el país vecino.
 
Por otra parte, a las madres mexicanas que podrían ser separadas de sus hijos e hijas se les deberá dar apoyo tanto legal como emocional, señaló Kuhner. En 2016, 890 mexicanas dejaron a sus hijos o hijas y otros familiares en EU, reporta el informe de Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaria de Gobernación.
 
Cabe destacar que estas madres que fueron deportadas regresaron a entidades con altos niveles de violencia como es: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
 
“Necesitan ser abordados desde un política pública para evitar el riesgo de adiciones al crimen organizado, de suicidios, intentar cruzar la frontera de nuevo o que se agudice la violación a derechos porque se tengan que colocar en empleos donde no hay la menor regulación y se les explote descaradamente”, añadió Pérez.
 
La directora de Sin Fronteras destacó que estas políticas deberán de ser coordinadas tanto por el gobierno federal, como estatales y locales para su ejecución, y tendrán que generar programas a largo plazo, pues podrían estar en lucha los pocos recursos disponibles y empleos, para las personas que ya habitan en las comunidades y las que regresen.
 
TAMBIÉN A MIGRANTES DE CENTROAMERICA
 
México también se tendrá que hacer cargo del flujo de mujeres migrantes de Centro América en la frontera sur del país, asimismo en caso de construirse el muro si no avanza el flujo de personas migrantes, el gobierno tendrá que proveerles asilo, concluyeron las especialistas.
 
Imumi calcula que cerca de 20 mil mujeres transita esta frontera cada año para llegar a EU, la directora del Instituto señaló que el país tiene la obligación legal de proteger a las mujeres que transitan por el -independiente de su condición migratoria- y brindar los derechos básicos según la Constitución y los instrumentos internacionales que ha ratificado.
 
Sin embargo, las especialistas concordaron que esta medida se torna casi imposible ya que las autoridades mexicanas no cuentan con recursos e infraestructura para convertir a México en un país de asilo para las migrantes.
 
Por el contrario, las organizaciones apuntaron que han detectado en la frontera sur casos de violaciones de DH, como discriminación hacía las mujeres, problemas para comprar su identidad, para acceder al sistema de justicia, y servicios de salud.
 
ONGS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR TRUMP
 
El panorama también se dificulta para las organizaciones civiles, la directora de Sin Fronteras informó que en las próximas semanas Trump podría aprobar un recorte de presupuesto para las Naciones Unidas, que ayuda de posicionar a nivel mundial la defensa de los DH de personas migrantes.
 
“A estos gobiernos les causa cierto tipo de recelo que se les señale como violadores de derechos humanos. Si estos espacios se reducen, no tendremos quien nos apoye a nosotros para visibilizar lo que estamos pasando”, dijo Nancy Pérez.
 
Tan sólo en la primera semana de su gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que afectan a las organizaciones civiles que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con Ley Mordaza o “La Política de Ciudad de México” como se le conoce, EU que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto, tiene prohibido recibir fondos del gobierno.
 
También el 23 de enero en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, Trump reafirmó su decisión al firmar la orden de construcción del muro fronterizo con México.
 
Está medida incluye la adición de 10 mil oficiales de inmigración y 5 mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. Aunque aún necesita la aprobación del Congreso para su financiamiento -oscila entre los 15 y 20 millones de dólares-, que se encuentra dominado por republicanos.
 
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Ante los discursos contra las personas migrantes, xenófobos y racistas emitidos por el presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, académicas, ONU Mujeres, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Sin Fronteras, pidieron al gobierno mexicano una estrategia política para proteger los Derechos Humanos de las mujeres migrantes y sus familias en Estados Unidos.
 
A través de un manifiesto emitido en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” que se realizará hoy y mañana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las agrupaciones recalcaron que las futuras políticas de Donald Trump podrían afectar a las 5.5 millones de mujeres migrantes mexicanas que viven en el país vecino.
 
Sobre a todo, apuntaron, a las que se emplean en el trabajo del hogar, las que están en peligro de separación familiar, o bien, que están en situaciones de violencia familiar y tienen miedo de denunciarlo.  
 
La directora de la organización civil Sin Fronteras, Nancy Pérez, recordó que México enfrenta un momento de “debilidad y falta de respuestas” por parte del Estado mexicano, sin embargo, recalcó que será obligación de Enrique Peña Nieto aclarar la posición que tomará con este panorama mundial, ya que una de las agendas que se colocará de manera central en las discusiones internacionales y nacionales es la migratoria.
 
“México tiene una gran oportunidad, en primer lugar, resarcir el daño que desde nuestro país se ha provocado a esta población y en segundo, generar condiciones para que el país pueda convertirse en un santuario para las y los migrantes”, declaró Nancy Pérez.
 
La Coordinadora de Proyectos en Materia de Migración de ONU Mujeres, Mónica Corona, dijo que las autoridades mexicanas deben prestar especial atención a las trabajadoras del hogar, quienes en su mayoría no cuentan con la protección de sus derechos laborales, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) 41 por ciento de las migrantes mexicanas se dedican a labores del hogar y limpieza.
 
Mónica Corona señaló que México tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) -adoptada por el país en 1999- y su recomendación general número 26 que busca proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.
 
Agregó que si bien las mujeres siempre han estado presentes en los flujos migratorios, en los últimos años su participación se incrementó. En el mundo, de las 150 millones de personas migrantes, 44 por ciento son mujeres, de éstas, más del 70 por ciento son empleadas del hogar.
 
Por último, las organizaciones hicieron un llamado a construir políticas nacionales de reinserción y arraigo que incluyan acceso pleno a servicios de salud, educación e identidad para las mujeres y sus familiares.
 
Recomendaron a las autoridades mexicanas reconstruir relaciones de respeto con países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de favorecer acciones comunes en la agenda migratoria frente a EU.
 
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Este 20 de enero el republicano Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos (EU) y con ello iniciará un gobierno que ha prometido implementar una política migratoria de persecución a personas sin documentos de estancia legal; y deportaciones masivas.
 
Ante este panorama, 5.5 millones de mujeres mexicanas  indocumentadas –cifra que representa 46 por ciento de la población mexicana que viven en el país vecino– corren el riesgo de ser deportadas, ser obligadas a separarse de sus familias, perder sus empleos, o trabajar en la clandestinidad.
 
En su campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump propuso una política migratoria y aunque lo que llamó la atención mediática fue la construcción de un muro fronterizo con México, la propuesta también incluye deportaciones, la cancelación de “amnistías” otorgadas por el gobierno de Barack Obama, y el bloqueo de fondos para las ciudades “amigables” con estas poblaciones, entre otras acciones.
 
De concretarse, la medida afectará no solamente a las mexicanas que radican en aquel país –que representan 26 por ciento de la población femenina migrante, de acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) – sino a mujeres migrantes de otras nacionalidades, y a las familias que emplean migrantes para realizar tareas domésticas y de cuidado.  
 
MIGRACIÓN FEMENINA EN EU
 
Las mexicanas van a EU en busca de empleos. Principalmente se ocupan en sectores como la industria empacadora y procesadora de alimentos, pues la mayoría de ellas tiene niveles escolares bajos y su condición de indocumentadas les impide desempeñar ocupaciones calificadas con mayor remuneración, indica el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
 
La directora de este Instituto, Gretchen Kuhner, dijo en entrevista con Cimacnoticias, que ante la situación demográfica de aquél país, con un aumento de personas de la tercera edad, las migrantes se emplean como cuidadoras y con ello contribuyen a sostener a las familias en las labores de cuidado para que las mujeres y hombres estadounidenses puedan trabajar.
 
A 2012, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, 41.3 por ciento de las migrantes se dedicaba a trabajos de servicio de baja calidad, esto incluye ocupaciones relacionadas con la preparación de comida, mantenimiento y limpieza de inmuebles, y trabajo en el hogar.
 
Estudios del Imumi destacan que las condiciones laborales que enfrentan las mexicanas migrantes son deplorables y negligentes; reciben pagos menores a los salarios establecidos por las industrias, los despidos injustificados son recurrentes, y en la mayoría de los casos se niegan a acudir a servicios de atención médica por temor a perder su trabajo.
 
HERENCIA DE OBAMA
 
Si bien el año que inicia enciende una alerta por la situación que vivirán las personas migrantes, el incremento en el número de deportaciones se ha dado desde años atrás. Datos de 2012 de la organización Pew Hispanic Center (dedicada a la investigación sobre población hispana en ese país) indican que de 1995 a 2010 bajó el número de extranjeros que ingresaron a EU y aumentó el número de deportaciones.
 
Luego de las amenazas de Trump, organizaciones civiles recordaron que de acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la gestión de Obama -de 2009 a 2016- fueron expulsadas de EU más de dos millones de personas sin estancia legal.
 
Obama tampoco logró una reforma migratoria pero impulsó programas a favor de esta población como la Acción Diferida por la Llegada de Infantes (DACA, por sus siglas en inglés) para autorizar a la juventud migrante tener un trabajo y estudiar sin ser deportados; beneficio que Trump promete derogar.
 
La también abogada destacó que está en riesgo esta política que permitió a las y los jóvenes (conocidos como dreamers) “salir de la sombra”, registrarse ante el gobierno y aumentar sus posibilidades de estudiar y trabajar.
 
RETOS DE DOS NACIONES
 
“Preocupa la amenaza del presidente electo Trump que está diciendo que va a deportar a muchos migrantes indocumentados, tiene muchas formas de hacerlo”, y alerta que todos sus dichos se deben tomar en serio.
 
Muchas de las decisiones del próximo mandatario tendrán que ser aprobadas por el Congreso (dominado por los republicanos). Por si fuera poco Jeff Sessions –conocido por su postura anti inmigrante, sería Procurador General de EU; y para ocupar el Departamento de Seguridad Nacional se nominó a John Kelly, quien habla de refugiados, una postura que parece ser más moderada.  
 
En este escenario Kuhner advierte que la comunidad mexicana y en general migrante que radica en el país vecino, debe conocer sus derechos y estar informada para saber qué hacer en caso de una deportación. Por ejemplo, si son víctimas de violencia intrafamiliar pueden solicitar una visa; o en caso de separación familiar, si dejan a sus hijas e hijos o los llevan consigo. El Imumi estima que al menos 75 por ciento de los 5.5 millones de menores de edad con padres y madres indocumentados en EU son ciudadanos.
 
“Hay muchas cosas que se pueden hacer para planearlo: firmar cartas de custodia temporal; saber que tienes el derecho de que si te agarran en una redada en el trabajo y tus hijos están en la escuela, puedes arreglar la cuestión de cuidado”, expone.
 
Tan sólo en el periodo de enero a septiembre de 2016, 890 madres mexicanas dejaron a sus hijos e hijas, y familiares directos o indirectos en Estados Unidos, de acuerdo con el informe de “Migración y Movilidad Internacional de las Mujeres en México” de la Secretaría de Gobernación.  
 
A la probable oleada de deportaciones Kuhner dice que el gobierno mexicano tendrá que contemplar acciones para recibir a estas  familias con políticas públicas enfocadas en garantizar trabajo, vivienda, acceso a salud, educación y su reintegración.
 
“El reto es muy grande. Hay muchas cosas que el Estado podría hacer para asegurar que las personas tengan acceso a servicios públicos pero lo que más va a costar es buscar trabajo y sobrevivir. Debe ser el primer paso”, dijo.
 
También avizora una sinergia de movimientos sociales: la población LGBTTTI, feministas, mujeres afroamericanas y trabajadores, entre otros, organización que será clave para hacer frente a la campaña anti-inmigrante de Trump.
 
17/AGM/HZ/LGL