Migración

A pleno rayo del sol, en medio de la explanada del Caracol de Morelia, en Chiapas, una mujer adulta, protegida solo por un rebozo azul, trata de seguir las palabras de otra mujer que habla, y aunque intenta no perder las ideas, tampoco lleva premura, así que lentamente desliza la pluma sobre su cuaderno para anotar cada letra, tratando de hacerla bien redonda o muy espigada.

Ella y otras mujeres, la mayoría con pasamontañas, van y vienen de un lado a otro con su cuaderno y pluma en mano para anotar lo que escuchan en los talleres y pláticas del “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultura de Mujeres que Luchan” organizado por las integrantes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena.

Durante la segunda jornada del encuentro que inició ayer y concluirá este sábado 10, las mujeres del mundo, mexicanas, europeas o latinas, continuaron una jornada de celebración que ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cerró con un homenaje a las mujeres rebeldes pero sobre todo a las que han sido asesinadas o que murieron mientras luchaban por una vida digna.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

La noche de este jueves las zapatistas suspendieron la música y apagaron las luces para que en todo el Caracol se vieran las veladoras que alumbraron el lugar y que por unos momentos permanecieron encendidas para recordar a quienes fueron asesinadas o ya no están vivas.

A partir de las ocho de la mañana de este viernes comenzaron los talleres y pláticas, sesiones donde las zapatistas llegaron dispuestas a aprender, y es que quienes no cargaron a sus hijos en brazos, llevaron sus libretas para recoger la palabra escrita que es una de las pertenencias más valiosas cuando se trata de comunicar la filosofía del movimiento zapatista.

A la par del baile y de las retas de fútbol o volibol, las reflexiones estuvieron presentes y aunque la tradición indígena ha hecho que las mujeres tengan precaución para hablar en público y con gente desconocida, entre ellas comentan las exposiciones donde se ha hecho ver las batallas de otros países pero también la violencia sistemática contra las mujeres.

Con frases como: "Hija sírvele a tu esposo, las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón... ya vas a chillar...pareces vieja... Para ser mujer no está mal... Como la van a respetar si se viste así ¿Y sí puedes o que te ayuden?..", un colectivo montó una propuesta dancística y sonora que puso el debate sobre la mesa.

Y mientras unas escribieron la palabra otras hablaron de la migración, del ser mujer, de expresar emociones; y otras más hicieron contacto con el cuerpo, con los movimientos de manos, caderas y pies porque resulta más efectivo cuando no todas hablan el mismo lenguaje y se entienden mejor que en tzotzil, español, italiano o inglés.

18/AGM/LGL

De 2011 a julio de 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió en Chiapas, 153 permisos para contratar a trabajadoras del hogar extranjeras, pues se estima que un tercio de quienes se quedan a laborar en esta entidad, son de origen guatemalteco (1,402).

Estas son las cifras que brindan las expertas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner en el artículo “México y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: Protegiendo a las trabajadoras migrantes”.

En él aseguran que a pesar de que el gobierno mexicano ha generado una serie de mecanismos para garantizar los derechos de las personas que migran a México en búsqueda de oportunidades laborales, las mujeres quedan fuera de estas políticas.

Las investigadoras señalan que cerca de un 20 por ciento de las 40 mil personas migrantes que cruzan anualmente de forma irregular son mujeres y que la migración femenina se incrementó a partir de 2012  (12 mil 500) alcanzando su punto más alto en 2014 (aproximadamente 25 mil) por el incremento de la violencia en Centroamérica.

No obstante, lejos de brindarles protección y garantizarles el derecho a la salud, educación y empleo, en un año aumentó al doble el número de mujeres migrantes detenidas en las estaciones migratorias (de 2013 a 2014) en México; de 13 mil 975 casos se incrementó a 28 mil 639 casos en 2014 y la deportación de niñas se triplicó de mil 800 a 5 mil 500 en el mismo período.

Esto a pesar de que México fue el primer país en signar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas en 1991; y el año pasado, en respuesta al tercer informe que rindió el Estado mexicano el Comité, pidió al gobierno mexicano garantizar que las mujeres laboren en espacios seguros, con contrato y servicios de salud, así como ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

El hecho de que la mayoría de las centroamericanas que por estatus migratorio irregular se emplean en el trabajo del hogar y las industrias del entretenimiento, hace que se enfrenten a abusos y constantes violaciones a sus derechos, precisan en el texto la directora de Imumi, Gretchen Kuhner y la investigadora Díaz Prieto.

Las expertas muestran que cada año la persecución contra las mujeres migrantes es mayor. Comparan que mientras el número de hombres migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos incrementó un 15 por ciento entre 2013 a 2014, en el mismo periodo el número de mujeres migrantes detenidas aumentó un 74 por ciento.

Asimismo se agravó la detención de la niñez migrante: tan sólo en 2014 se concedió el estatus de refugiado a 12 de las más de 23 mil niñas y niños que fueron detenidos en México.

Este contexto resulta preocupante si se considera que la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) en 2014 presentó pruebas qué más del 50 por ciento de la infancia que huye de Centroamérica tienen necesidades de protección internacional.

Pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de la capacidad de examinar a la niñez migrante que cruza el país en búsqueda de protección internacional ya que cuenta únicamente con tres oficinas en todo el país y 15 funcionarios, indican las expertas en migración.

Las autoras consideran que en temas migratorios México aún no cumple los estándares que refiere el Comité porque en “general la aplicación de leyes y políticas que promueven los derechos de las mujeres migrantes es limitado por un Estado de derecho débil, corrupto, impune y la falta de perspectiva de género”.

18/HZM/LGL

En México las mujeres migrantes centroamericanas se exponen al peligro de la detención y deportación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) pero prefieren emprender el viaje a vivir la violencia que persiste en Guatemala, El Salvador y Honduras, sus países de origen.

Sin embargo, en el informe “Personas ignoradas y sin protección”, la organización Amnistía Internacional encontró que el INM no toma en cuenta aquellas personas que huyen de la violencia recrudecida que viven en sus países de origen para solicitar asilo o refugio en México.

Tras levantar y analizar 500 encuestas a migrantes y solicitantes de asilo en 2017, Amnistía encontró que 17 por ciento de las personas encuestadas eran mujeres que trataban de escapar de la violencia en sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras; la mayoría tenía como destino final México.

De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) cada año 20 mil mujeres transitan la frontera sur de México con la finalidad de solicitar asilo por cuestiones de seguridad, mejorar las condiciones económicas o como paso para llegar a la frontera norte del país.  

La Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, reporta que 25 por ciento de personas detenidas en la frontera sur del país son mujeres, dato que se basa en las estadísticas oficiales del INM y el cual no reflejan las rutas precarias o clandestinas que las mujeres toman para evitar las deportaciones y que además son difíciles de evaluar.  

Por ejemplo, la presencia de maras (grupos organizados de delincuencia) y la impunidad con que estos actúan en los países afectados obligan a los residentes a solicitar refugio en un país que no cuenta con protocolos efectivos para acoger a las personas que corren peligro en sus lugares de origen.

Un caso que ejemplifica el informe, publicado en enero pasado, es el de Emilia, originaria de El Salvador, país clasificado como uno de los lugares más peligrosos con tasas de homicidio entre ocho y diez veces más altas que las que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este contexto violento orilló a Emilia a abandonar su país de origen tras perder a dos de sus hijos y a su hermano, asesinados por grupos de maras.

Emilia migró de su país de origen buscando asilo humanitario en México en compañía de sus siete hijos e hijas. Al llegar a Chiapas, su hija adolescente inició labores de parto y fue trasladada a un hospital; el resto de la familia se hospedó en un hotel.

Emilia fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando regresó al hospital en un autobús para tramitar la vacunación de su nieta recién nacida. El personal de migración ignoró por completo sus suplicas y después de unos días la deportaron.

Al llegar a El Salvador, Emilia localizó a uno de sus hijos y a una persona que le prestó dinero para regresar a México. Una vez en el país buscó al resto de su familia y hacinados en una habitación de la frontera esperaron la aprobación de asilo. En abril de 2017 la familia obtuvo protección internacional en México y se mudaron al norte del territorio mexicano donde dijeron sentirse seguros y a salvo.

Como en este caso, las personas encuestadas por Amnistía Internacional dijeron que los agentes migratorios del INM no respetan los lineamientos regionales para la identificación de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad al momento de la detención y omiten preguntar qué les orilló a abandonar sus lugares de origen, y cuando lo hacen, los agentes ignoran o se burlan de las respuestas proporcionados por las personas detenidas.

Amnistía Internacional recomendó al gobierno mexicano ordenar una revisión urgente de los procedimientos de identificación aplicados por el INM con la finalidad de garantizar que las personas detenidas en situación irregular sean informadas sobre su derecho a solicitar asilo en México, así como garantizar su acceso a los procedimientos para acceder al mismo.

Con esta información la organización internacional emitió una serie de recomendaciones, entre ellas instó a las autoridades mexicanas a detener las prácticas ilegales de deportación de personas y garantizar que los funcionarios que incurran en estas prácticas sean objeto de sanciones administrativas.

Al Instituto Nacional de Migración recomendó mejorar la integración de bases de datos y los procesos para la coordinación interna y garantizar los derechos de las personas detenidas, proporcionarles fotocopia de la documentación del expediente generado al ingresar a los centros de detención, así como la copia del documento de retorno asistido y de la resolución del procedimiento migratorio.

La situación de vulnerabilidad de las personas en tránsito por las fronteras de México, en especial la zona sur, expuso la organización, es una muestra de la urgencia de atención en materia de Derechos Humanos para las personas que abandonan su país de origen para buscar condiciones de seguridad y mejores ingresos económicos.

18/SRC

A doña Dilma del Pilar Medina Escobar le cayó la noche caminando hoy por las calles de Tuxtla buscando a su hija Olga Edelmira Romero Medina, quien hace ocho años salió de El Progreso Yoro, en Honduras, y desde entonces no ha visto.

Dilma del Pilar Medina es parte de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos, y las que este martes por la tarde llegaron a Tuxtla. Ingresaron al país el pasado viernes desde la frontera del Suchiate.

Ellas han hecho varias paradas públicas buscando a sus hijas e hijos en Tapachula, Huixtla, Motozintla, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y ahora en la capital del estado. Se trata de 45 mujeres que recorrerán 4 mil kilómetros en busca de sus parientes desaparecidos.

Vienen de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se han propuesto recorrer gran parte del país, desde el sur, el centro y hasta la región del Bajío.

Hoy doña Dilma del Pilar caminó varias calles buscando a su hija, aunque físicamente no la ha visto desde aquel 10 de octubre del 2009, cuando salió de su casa; sin embargo, sabe que ella vivía y trabaja en Tuxtla.

Por un tiempo su hija tenía contacto con ella, se comunicaba vía telefónica, pero hace ya mucho tiempo que dejó de llamar.

Doña Dilma del Pilar dice que su hija Olga Edelmira ahora tiene 36 años, sabe que vive con otra persona y que tiene dos hijos pequeños. Sin embargo, allá en Honduras le dejó cinco hijos que lloran y sufren su ausencia.

Unas personas le dieron una pista de su paradero: que vivía cerca de una línea de autotransportes ubicada en la 4ª Poniente, entre 9ª y 10ª Sur, cuatro calles hacia abajo, en Tuxtla.

Y hasta allá fue doña Dilma del Pilar a recorrer calle por calle, casa por casa.

Con la foto de su hija en el pecho, la mujer preguntó en tiendas, talleres, cantinas, fruterías y panaderías, así como con todas las personas que podía preguntar y vivían por ese rumbo donde presuntamente vive su hija.

Aunque fueron muchas personas las que le dijeron haberla visto en esas calles, nadie supo señalarle dónde vive o vivía la mujer hondureña.

Activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) acompañan a doña Dilma del Pilar, entre ellos Rubén Figueroa, quien va con la foto de Olga Edelmira en su celular también preguntando a quienes podrían haberla visto.

Esta noche ya paró su búsqueda, pero mañana muy temprano regresará a pegar carteles con la fotografía de su hija para decirle que su madre estuvo ahí buscándola.

Como doña Dilma del Pilar, otras madres van en la caravana a bordo de un camión. De Tuxtla se irán a Coatzacoalcos, Veracruz, y así seguirán su ruta. Pretenden llegar hasta Guadalajara, Jalisco, y luego regresar sus lugares de origen.

Rubén Figueroa dice que el suplicio de quienes migran buscando el sueño americano sigue su curso en este país, donde no se respetan los Derechos Humanos de los mexicanos y menos los de los indocumentados.

Figueroa señala que aún siguen los secuestros de migrantes, violaciones, extorsiones, abusos, asesinatos y muchos otros agravios que viven a diario.

Pidió al gobierno mexicano saldar su deuda con estos migrantes, e instó a las autoridades a dejar el doble discurso cuando claman por respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero poco o nada hacen por respetar y garantizar la vida y los Derechos Humanos de los indocumentados centroamericanos.

“Miles son los desaparecidos, pero hoy estamos acá, otra vez, para decirles que seguimos buscándolos”, subrayó Figueroa.

Desde hace 11 años la Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México, recorre diversos estados de la República Mexicana para encontrar a sus familiares desaparecidos. Iniciaron en 2006, cuando la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico derivó en un aumento de los asesinatos y desaparición de personas, incluidas las y los migrantes centroamericanos en su ruta para Estados Unidos.

17/IM/LGL

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW, por sus siglas inglés) reportó que la detención de menores de edad migrantes incrementó un 900 por ciento de 2011 a 2016 en el país.

En conferencia de prensa, para presentar las 30 recomendaciones al Estado mexicano en respuesta al tercer informe que éste rindió en mayo de 2017, el CMW manifestó su preocupación particularmente en la detención de mujeres, niñez y adolescencia migrante, y la urgencia de reintegrar a la población mexicana retornada de Estados Unidos.

El vicepresidente del CMW, Pablo Ceriani Cernadas criticó que el gobierno mexicano minimice la situación ya que en su informe alegó que se trata de “aseguramientos” y no los reconoce como privaciones de la libertad que constituyen una violación al interés superior de la niñez, se precisa en las recomendaciones.

Si bien, señaló Ceriani Cernadas, el CWM vio como positivo la aprobación en 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes (LGDNNA), esto no ha garantizado los derechos de esta población. Según información recabada por las organizaciones civiles en su “informe sombra” -que también entregaron al Comité- se llevaron a cabo 131 mil 22 detenciones de adolescentes y niñez de 2010 a julio de 2017.

Al CMW también le preocupa la presencia de mujeres embarazadas, familias y víctimas de trata en las estaciones migratorias, por lo que su vicepresidente ratificó la urgencia al gobierno mexicano de monitorear las 54 estaciones que hay en el territorio y asegurar que tengan las condiciones necesarias para atenderlas.

Además, también pidió al Estado “generar un modelo de política migratoria que pueda atender la complejidad de las migraciones a través de la visión de género, Derechos Humanos y acceso a la justicia”, especificó.

ADVIERTEN PREPARASE ANTE RETORNOS

En el informe también estuvieron representantes de organizaciones civiles como la directora adjunta de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Alejandra Nuño, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim) Fabianne Venet y la directora del Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kunher, quienes realizaron un balance de las recomendaciones que dio el Comité de Naciones Unidas al Estado mexicano el pasado 13 de septiembre, en el que destaca la reiteración –que ha hecho por 11 años desde que se unió al Comité- de terminar con la detención de personas migrantes.

Destacaron que a diferencia de anteriores recomendaciones por primera vez el CMW pidió al Estado asegurar la reintegración social de personas migrantes retornadas de Estados Unidos al país.

La directora de Inedim, Fabianne Venet, afirmó que esta indicación se da en un contexto de deportaciones masivas de personas mexicanas migrantes de EU, situación que se agravó en la administración de Barack Obama y continúa con el reciente electo presidente, Donald Trump.

El Comité recomendó que el Estado mexicano elimine las barreras burocráticas que impiden el acceso a la inscripción de la nacionalidad mexicana a hijas e hijos nacidos en EU con padres y madres mexicanas que son retornados; así como garantizarles “el acceso a la educación y otros servicios sociales –como la salud- sin prejuicio de su documentación o nacionalidad”, precisa el numeral 52 de las recomendaciones.

También pidió al gobierno preparar  a las madres y familias en el registro oportuno de la doble nacionalidad para sus hijos e hijas en los Consulados Mexicanos instalados en EU, y que brinde asistencia e información a las familias indocumentadas para registrar el nacimiento de sus hijas e hijas ante las autoridades estadounidenses.

DERECHOS LABORALES Y JUSTICIA

Otros temas que se discutieron fueron el acceso a la justicia y los derechos laborales de las personas migrantes. Fabianne Venet hizo hincapié en las investigaciones a delitos cometidos en contra de la población migrante que atraviesa el país.

Especificó que según cifras oficiales de 2014 a 2016, se cometieron un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes, como secuestros, extorsiones, robos y agresiones (especialmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila) y únicamente se tienen 49 sentencias, lo que representa un nivel de impunidad del 99 por ciento.

Asimismo, en materia laboral, la especialista en migración de mujeres, Gretchen Kunher, refirió que en las recomendaciones se hace un llamado a la ratificación del Convenio 189 de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), relativo a los derechos de las trabajadoras del hogar. Así como la garantía de que laboren en espacios seguros, con contrato y servicios de salud.

LLAMAN AL ESTADO A CUMPLIR

México ratificó su compromiso con la CMW de Naciones Unidas en marzo 1999, por lo que tiene la obligación de presentar cada seis años un reporte sobre los avances en la garantía de los Derechos Humanos de la población migrante. Esta es la tercera ocasión que rinde un informe, las anteriores se dieron en 2006 y 2010.

Sin embargo, el vicepresidente del Comité dijo que los diálogos con el gobierno mexicano para el cumplimiento de las recomendaciones han sido “incipientes” por lo que esperan que esta ocasión se dé un verdadero avance.

Para garantizar que se cumplan las recomendaciones el CMW propuso al Estado crear un espacio de monitoreo y seguimiento en las implementaciones de las acciones dictadas, que debe estar coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, además de contar con la partición activa de organizaciones civiles y agencias de Naciones Unidas.

Con ello el Estado mexicano tiene como fecha límite el primero de octubre de 2022 para rendir cuentas al CMW sobre el cumplimento de las 30 recomendaciones  que buscan  garantizar los derechos de las personas migrantes.

17/HZM/LGL

El 70 por ciento de las mujeres migrantes que llegan a México trabajan como empleadas del hogar donde reciben salarios bajos a cambio de largas jornadas y corren más riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal, alertó ONU Mujeres.

La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género instó al Gobierno mexicano a realizar cambios de política para proteger a las trabajadoras migrantes que llegan a México.

Esto como parte del proyecto “Promoción y protección de las trabajadoras migrantes y los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea para promover los derechos de las migrantes y su protección contra la exclusión y la explotación en el proceso de migración en México, Moldavia y Filipinas.

Con este proyecto ONU Mujeres hizo un informe donde dice que México se está convirtiendo en un país de tránsito y destino para migrantes. Entre 2000 y 2010 el número de migrantes en México paso de 499 mil a 726 mil. Las Naciones Unidas calculan que el 50 por ciento de estos migrantes son mujeres.

Muchas de estas migrantes vienen de países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellas huyen de sus países de origen por diversos motivos, entre ellos la pobreza, la violencia y la falta de opciones de empleo.

Al llegar a México, los investigadores encontraron que las mujeres migrantes enfrentaban discriminación debido a la falta de documentos de estancia legal en el país y a las leyes restrictivas. También documentaron que 70 por ciento de estas mujeres trabajan en actividades del hogar y muchas viven en las casas de sus empleadores donde corren riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal.

México ya tiene políticas establecidas para proteger a las mujeres migrantes, pero se puede hacer más, afirma el organismo internacional. Por ejemplo, la Ley de Migración de México reconoce el derecho a la libertad de tránsito, la salud, la educación, la justicia, la identidad, la unidad, la familia y los requisitos para los permisos de residencia y autorización de trabajo.

Sin embargo, la ley no propone la creación de estructuras que mitiguen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes; tampoco la ley propone una acción afirmativa para garantizar la igualdad sustantiva de los hombres y mujeres migrantes.

Otros aspectos de la Ley de Migración incluyen mayores dificultades para que las trabajadoras del hogar obtengan documentos legales, por ello ONU Mujeres cree que el gobierno necesita reevaluar las políticas ya existentes y examinarlas a través de una perspectiva de género para determinar cómo ayudar a las migrantes.

Las leyes nacionales deben proporcionar a las mujeres migrantes los mismos derechos que todos los trabajadores e igual acceso a la educación y los servicios de salud. “Es importante que la gobernanza de la migración sea sensible al género para garantizar que se fomenten los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes”, dijo ONU Mujeres.

17/EA

Estados Unidos (EU) tiene la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes, pero decidió ausentarse de los espacios donde organizaciones y sociedad civil discuten el problema, lo que evidencia la falta de compromiso de la administración de Donald Trump por proteger estos derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y niñas.
 
Así lo indican 14 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en una carta dirigida al secretario del Estado de EU, Rex Tillerson, quienes han insistido y destacado el riesgo que enfrentan mujeres y niñas en su trayecto hacia EU: pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral, incluso asesinadas.
 
En el documento critican la deserción de las autoridades estadounidenses para participar en las audiencias celebradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de marzo de 2017, lo que marca un “peligroso precedente” y contraproducente para abordar las violaciones de los derechos de personas migrantes en toda la región.
 
Las agrupaciones recordaron al Secretario de Estado que no debe eludir a estas responsabilidades, pues han pasado dos décadas consecutivas desde que EU participa en este proceso de la CIDH, hasta ahora.
 
El cierre de las fronteras, como la construcción del muro fronterizo con México, y la regulación de la participación política y económica de EU, tal como sucede con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), son acciones características de regímenes autoritarios, contrarias a naciones democráticas que velan por los derechos universales, cuestiones que se deben tomar con severa precaución, indicaron las organizaciones.
 
Entre los temas discutidos ante el organismo del Sistema Interamericano –donde el lugar reservado para las autoridades estuvo vacío- se destacó la participación de las mujeres y niñas en los procesos migratorios, quienes, dijeron las organizaciones especializadas, son las principales afectadas por las políticas migratorias ejecutadas por Trump.
 
De acuerdo con datos de Imumi, cerca de 20 mil mujeres cruzan cada año la frontera sur de México con intensión de llegar a EU, sin embargo, en su trayecto es peligroso, pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral.
 
De la misma manera, en la audiencia de la que se ausentaron autoridades estadounidenses, se planteó la falta de acceso al derecho de asilo en EU, lo que significa para ellas y sus familias, condenarlas a la muerte o desaparición, ya que se verían obligadas a retornar a los territorios de lo que huyeron por violencia como El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que en 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, a quienes, en su mayoría, se les niega el derecho al asilo a pesar de las razones por las que migraron.
 
Por último, en el documento hicieron un llamado a la administración estadounidense en general para  defender los Derechos Humanos y reafirmar su compromiso internacional ante instituciones como la CIDH.
 
17/HZM/GG
 

Las políticas de expulsión de personas migrantes del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se enfocarán en la frontera sur de México, advirtió la especialista en migraciones y género de la organización Fundación y Capacitación AC (Foca), Alejandra Elizalde Trinidad. El muro, dice, “no será de concreto, ni se construirá en la frontera norte, ya actúa con la militarización en la región sur de nuestro país”.
 
Con este escenario, es probable que México se convierta en un país donde se concentre el flujo migratorio, indicó en entrevista con Cimacnoticias Elizalde Trinidad, tan sólo de 2011 a 2016 el índice de solicitud de refugio creció un mil 60 por ciento de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y para este año, comentó la especialista, “esperan que se duplique”.  
 
En este flujo, la organización Foca ha detectado un aumento en el número de mujeres provenientes de Guatemala, Honduras y el Salvador, expulsadas a partir de la violencia pandilleril y la pobreza que impacta en sus países, “es una crisis migratoria vinculada a la violencia”, dijo Elizalde Trinidad.
 
A la par del fenómeno de feminización de la migración, Elizalde Trinidad señaló que la organización -ubicada en el estado de Chiapas, territorio clave en la entrada de migrantes- ha observado la intensificación de la militarización fronteriza desde 2014 con la entrada del Plan Frontera Sur.
 
“Este gran muro del que se habla ya está siendo operado en nuestro territorio en la frontera sur, y va a ser desde la militarización, desde la intención por la ruptura de tejidos sociales y posibilidades solidarias, la criminalización y estigmatización de las personas migrantes”, aseveró Alejandra Elizalde.  
 
La problemática se plantea entonces en dos ejes, el asilo y el retorno, explicó la especialista en migración. En primer lugar el gobierno mexicano deberá de atender las solicitudes de refugio de las personas migrantes, de las cuales, si se considera las condiciones establecidas por la ACNUR para acceder a este, la mayoría de las migrantes están calificadas.
 
Desde los tiempos de entrega, hasta las condiciones de vivienda y laborales en las cuales se establecerán las personas migrantes, deben ser modificados, señaló la también especialista en antropología, “la solicitud de refugio implica por lo menos 45 días de trámite, estas medidas no son sencillas”, y, luego, la mayoría de las mujeres sólo podrá acceder a empleos informales, donde son explotadas y mal pagadas.
 
Asimismo, con las políticas de expulsión del Plan Frontera Sur y las deportaciones masivas de Estados Unidos; los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, e incluyendo México, deberán generar políticas de retorno para atender a la población migrante, sobre todo a las mujeres y sus hijos e hijas, dijo Elizalde Trinidad, pues además, gran parte de su economía “está ligada a las remesas”.
 
MUJERES BUSCAN NUEVAS RUTAS MIGRATORIAS
 
Otro tema esencial que estudia la organización son las rutas migratorias por las cuales se desplazan las mujeres, indicó la antropóloga.
 
Con las políticas mexicanas de retención de personas migrantes, apoyadas por el país vecino, las mujeres se han visto obligadas a buscar nuevas rutas de migración poco vigiladas por las autoridades y organizaciones civiles, como es la ruta centro: Huehuetenango (Guatemala) - Comitán (Chiapas), dijo la especialista en migración y género.
 
Se exponen a mayores riesgos, continuó Elizalde, lidian con el crimen organizado, la violencia sexual y los riesgos de infecciones de transmisión sexual,  con las extorsiones, desapariciones o con el riesgo de ser  cooptadas por las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral; además tienen que proteger a sus hijas e hijos con quienes muchas de ellas viajan.  
 
Es un tema que también debe ser observado por el gobierno mexicano, dijo Alejandra Elizalde, pues son mujeres que transitan con zonas de vulnerabilidad, sin protección alguna. “El Estado mexicano en términos mediáticos está concentrado en lo que implica el retorno forzado”, sin visibilizar problemas ya latentes en el territorio, concluyó la especialista.
 
17/HZM/GG
 

Las mujeres y niñez migrante pueden estar condenadas a la muerte o a la desaparición si se les niega u obstaculiza su derecho humano al asilo, debido a los altos índices de violencia que viven en su región y ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de Donald Trump y por las políticas migratorias mexicanas.
 
Así lo advirtieron organizaciones civiles de México y Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el periodo 161 de Audiencia Públicas, que se lleva a cabo en Washington del 15 al 22 de marzo, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).
 
En la audiencia, las sillas reservadas para representantes de estados Unidos quedaron vacías, luego de que ese gobierno decidió no enviar a ningún funcionario para tratar el tema migratorio.   
 
Al exponer ante el órgano interamericano los obstáculos que enfrentan las personas migrantes solicitantes de asilo en la Frontera Norte, WOLA informó que entre 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, quienes huyeron de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador).
 
En su mayoría, indicó WOLA, tenemos testimonios de mujeres que han salido de sus países de origen debido a la violencia que viven por parte de sus parejas, su comunidad o el Estado. Y a esto se suma, explica el organismo, los impactos severos que tiene implica el traslado  en su integridad, salud física y emocional.
 
HUYEN POR VIOLENCIA FAMILIAR
 
De acuerdo con lo reportado por WOLA, la violencia familiar es uno de los principales factores en la decisión de migrar de las mujeres, ya que El Salvador, Honduras y Guatemala son algunos de los países más peligrosos para las mujeres a nivel mundial ante esta situación, por lo que se ven obligadas a huir hacia los países del norte en busca de seguridad.
 
A partir por los datos retomados por la organización, el Ministerio Público de Guatemala informó que en 2013 recibió más 50 mil casos violencia contra las mujeres, de los cuales el 76 por ciento de las víctimas vivían con el agresor, el cual era su esposo, pareja o expareja. Asimismo este delito queda en la impunidad, de todos los casos sólo 983 (dos por ciento) culminó en una sentencia de prisión para el agresor. 
 
La situación de violencia familiar para las mujeres es similar en toda la región, indica la agrupación; en Honduras 471 mujeres fueron asesinadas en 2015, una cada 16 horas; mientras en El Salvador, se han contabilizado casi mil 100 casos de violencia familiar y más de dos mil 600 casos de violencia sexual en 2016.
 
MÉXICO NIEGA ASILO  
 
Además, el gobierno mexicano ha participado en acciones que limitan el acceso al asilo de las migrantes centroamericanas, a través de los Grupos Beta (personal para auxiliar personas migrantes) en la frontera de Tijuana; “la detención se ha convertido en la regla y no la excepción”, resaltaron las organizaciones en audiencia con la CIDH.
 
Lo mismo sucede en la Frontera Sur, advirtieron, con el Plan Frontera Sur implementado en 2014 las detenciones de personas migrantes se incrementaron, aun cuando la mayoría tenía necesidades de asilo o protección internacional. Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de 2013 a 2016 aumentó en 120 por ciento la detención de personas migrantes.
 
Las organizaciones indicaron que el apoyo económico y la presión para implementar estas políticas para frenar el flujo migratorio de personas provenientes de Centroamérica en México, han venido en su mayoría por parte del país vecino, lo que constituye una violación a los derechos humanos internacionales. Muestras de ello sustentaron, es que no acudió ningún representante del gobierno estadounidense a la audiencia “lo que muestra su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo” dijeron.
 
17/HZM/GG
 

La mayoría de mujeres de Topolobampo, Sinaloa, que migran a Estados Unidos, a la industria del marisco o al sector servicios, utiliza visas para trabajo “no calificado” y temporal (H2-A y H2-B) que emite, regula y controla únicamente el país del norte. Hoy, en la “era Trump”, el gobierno prefiere esa forma de contratación porque implica casi nulas obligaciones para empleadores, aunque significa violación a los derechos de las trabajadoras.
 
Migran, porque hay pobreza y violencia contra las mujeres y porque, según los indicadores de bienestar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi) Sinaloa tiene una tasa de informalidad laboral de 50.27 por ciento, es decir, menos de la mitad de habitantes tiene un empleo fijo.
 
La mitad de los 6 mil habitantes de Topolobampo son mujeres y cada año migran alrededor de 2 mil personas, pero no se sabe cuántas de estas personas migrantes son mujeres porque el Gobierno mexicano no tiene cifras actualizadas y desagregadas por sexo y, por tanto, no se sabe cuántas mujeres reciben  visas para trabajo no calificado.
 
Las mujeres de Topolobampo cuentan a Cimacnoticias que tienen dos opciones: emplearse desde muy jóvenes en ocupaciones precarias de sus localidades, como la pesca o el trabajo del hogar, o migrar temporalmente a EU para trabajar en la industria del marisco y en el sector servicios, con los salarios mínimos de ese país.
 
Sin embargo, dicen que lo que se anuncia como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida puede convertirse también en  abusos y violaciones a sus derechos humanos laborales, con fraudes durante la contratación, abusos en los centros de trabajo, violencia sexual, acceso diferenciado al empleo, condiciones de alojamiento injustas, discriminación, represalias y hostigamiento.
 
Este sistema de visas tiene su antecedente en el “Programa Bracero” que inició en 1942 para que trabajadores mexicanos fueran a la industria agrícola en EU. El sistema de visas que impera actualmente tiene algunos cambios en las regulaciones laborales, pero sigue sin tener injerencia del Gobierno mexicano, subsiste bajo el argumento de que es una forma de controlar la migración irregular y garantiza la flexibilidad laboral y bajos costos de producción para los empleadores de ese país.
 
La directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), que desde 2007 acompaña a migrantes temporales en Sinaloa, Alejandra Ancheita Pagaza, explicó en entrevista que cada vez más mujeres están siendo incorporadas a este sistema de visas porque su condición de pobreza las lleva a aceptar con mayor facilidad más trabajo por menos paga, lo que conviene a las empresas estadounidenses.
 
Agregó que en Topolobampo difícilmente pueden conseguir una vida digna, derecho al salario digno y un empleo estable; por el contrario, aunque aún hay industrias en Sinaloa éstas ya no están contratando con todos los derechos, lo que mantiene a las mujeres en una “eterna subcontratación que no les permite ampliar el derecho a la salud o la vivienda para ellas y su familia”.
 
La también galardonada en 2014 con el premio Martin Ennals por su labor a favor de los DH dijo que “por ser un trabajo temporal y ser una visa de trabajo no dentro de un programa bilateral que establezca estándares mínimos de protección, estas visas de trabajo dan la posibilidad de empleo pero ninguna certeza ni en EU ni en México, lo que implica que las trabajadoras sean vistas como desechables.”
 
Estas visas, señaló, son socorridas por las industrias porque es trabajo barato y que en realidad sí es calificado, pero no proporciona a la trabajadora el mismo pago que daría si se tratara de un trabajo estable y con trabajadores de su propio país, lo que “ayuda en la lógica de la flexibilidad laboral, y ayudan a obtener mayores recursos”.
 
Estas condiciones impiden muchas veces que las personas denuncien ante su empleador o las autoridades estadounidenses. “Trabajadoras y trabajadores que son reclutados y contratadas en condiciones de respeto de sus DH, son trabajadores que llegarán a trabajar a EU en condiciones de certeza y seguridad para negociar sus condiciones laborales”, observó.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses,  actualmente integrad por 28 mujeres, de un total de 51 personas, cuyo objetivo es buscar que las y los trabajadores conozcan sus derechos. Es ahí donde las mujeres de Topolobampo han encontrado salidas ante contrataciones de este tipo.
 
MIGRAR, COMO ECHAR UNA MONEDA AL AIRE
 
Al respecto, las trabajadoras migrantes temporales entrevistadas por Cimacnoticias coincidieron en que cada temporada es como echar una moneda al aire, ya que no tienen ninguna certeza de cómo les irá una vez que inicie el reclutamiento, ni siquiera si tienen garantizado el trabajo.
 
Por ejemplo, los reclutadores -muchos que son de la misma comunidad- ofrecen trabajo a cambio de cobros ilegales que llevan a las familias a adquirir grandes deudas. Las listas de trabajo de los reclutadores están encabezadas por familiares y amigos. A veces estos reclutadores cometen fraudes y engaños. En algunos casos, incluso, piden favores sexuales a las mujeres.
 
Durante muchos años, el Gobierno mexicano se negó a reconocer su responsabilidad de erradicar estos abusos bajo el argumento de que los derechos de estas trabajadoras y trabajadores sólo eran justiciables en EU.
 
No obstante, fue gracias al empuje y la organización de las y los trabajadores migrantes de Sinaloa que se consiguió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevara a cabo, por primera, vez una inspección laboral a las agencias de reclutamiento. Actualmente, las y los trabajadores buscan que las empresas también se hagan responsables sobre los abusos que cometen sus reclutadores.
 
JOSEFA, JOVA…
 
Las historias de las trabajadoras demuestran en hechos cómo funciona en realidad este sistema de visas que las aleja por largas temporadas de sus familias. Por ejemplo,  “Josefa”, quien viaja a EU desde que tenía 28 años, aseguró que la migración es la única vía para no condenar a la pobreza a sus hijas e hijos, a quienes sólo podía garantizar una educación si viajaba a la industria del marisco.
 
En su experiencia como trabajadora migrante puede constatar muchos abusos, por ejemplo, que tiene que pagar 40 dólares de renta para el alojamiento (que generalmente es en “trailas” donde duermen hasta 12 mujeres, a veces sin gas ni aire acondicionado) y comprar el material de trabajo.
 
“Jova”, otra trabajadora migrante, explicó que ellas ganan por destajo y no por hora (como los hombres), lo que las orilla a evitar lavarse las manos y quitarse el ácido de los mariscos con tal de no perder tiempo de trabajo.
 
Muchas de ellas relatan que una vez que llegan a EU no saben exactamente en qué se van a emplear, no reciben capacitación, y a veces ni siquiera tienen garantizado el trabajo que se les promete, por lo que pasan varios días en otro país y sin poder laborar.
 
Una vez allá, algunas mujeres son acosadas por los reclutadores que se convierten en sus compañeros o mayordomos, quienes las someten a nuevas agresiones sexuales bajo la amenaza de ponerlas en listas negras o impedir que sigan trabajando. Se ven obligadas a trabajar horas extras para ganar más y poder pagar los gastos del transporte y de la visa.
 
Un diagnóstico del ProDESC A.C. recoge algunos testimonios de mujeres de Topolobampo, la Ciudad de los Mochis y El Colorado, del municipio Ahome y Gabriel Leyva de Solano, todas en Sinaloa, quienes aseguran que “trabajan como hombres pero ganan como mujeres”; “las mujeres trabajamos más fuerte que lo hombres, y nos cuesta más trabajo conseguir la chamba” o “es más difícil que se emplee a una mujer”.
 
DERECHOS INCUMPLIDOS
 
De acuerdo con las leyes laborales de ambos países, las y los trabajadores migrantes deben tener asegurado los siguientes derechos: vivienda, salario hasta terminar la temporada independientemente de si se puede asegurar el trabajo, pago de horas extras, jornadas de ocho horas, descansos, y ambiente libre de acoso y discriminación.
 
Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras no denuncian ni expresan que viven malos tratos en los centros de trabajo por temor a vivir represalias o por ser incluidas en listas negras, y es que las visas de trabajo están vinculadas directamente con el empleador que las contratan, por lo que si éste las despide, ellas ya no tienen oportunidad de emplearse en otra empresa y se les cancela el permiso.
 
ProDESC destaca que “desde hace varios años diversos actores se han beneficiado de este sistema, tales como: las empresas que demandan mano de obra barata, autoridades estadounidenses y mexicanas que relegan su responsabilidad en el cuidado y protección de los derechos de sus  trabajadores, y los reclutadores de ambas naciones (de origen y destino), que abusan de la necesidad de las personas migrantes y actúan, en ocasiones, en la informalidad e ilegalidad dejando una serie de acciones en total impunidad”
 
COALICIÓN, MÁS QUE NUNCA NECESARIA
  
La directora de ProDESC, Alejandra Ancheita Pagaza, explica que la única vía por la que las y los trabajadores han podido hacer frente a estos abusos es a través de la organización, sin embargo la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de asociación es muy pequeña en México y en EU ya que hay una tendencia de reducir los espacios de organización colectiva, a pesar de que éste es un derecho humano, y los Estados tienen que garantizar ese derecho en condiciones de libertad y sin coerción.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, que es un esfuerzo colectivo único en todo el país y que busca que cada vez más personas conozcan sus derechos humano. Actualmente, la Coalición está integrada por 51 personas, 28 de ellas mujeres, quienes además participan en la Coordinadora Nacional de Defensoras de DH Laborales.
 
Al respeto, la activista observó que “las posibilidades de que las y los trabajadores se organicen colectivamente se ven difíciles pero no imposibles, y eso es lo que ha demostrado la Coalición. Esta posibilidad hace que se reconozcan en un ejercicio real y concreto de avanzar frente a las violaciones a sus DH y de tener una voz sólida y con impacto concreto frente a las instancias de gobierno”
 
Y frente a la nueva administración del mandatario Donald Trump, Alejandra Ancheita agregó que una de las pocas certezas que se logran vislumbrar es que frente a la amenaza de deportación masiva de personas en situación irregular, los empleadores y la parte del Congreso más conservadora en EU ven como una alternativa ampliar el número de visas con trabajo temporal, ya que consideran que estos sistemas de trabajo son un control y son una fuente de trabajo barato y sin obligaciones para los empleadores.
 
Por eso, la organización de las trabajadoras migrantes temporales sigue siendo una prioridad, ya que –dijo la defensora- “lo que demuestra la lucha de las y los trabajadores organizados es que los sindicatos son figuras con poder de negociación y poder de representación y en ese posible contexto el trabajo de la Coalición es más que nunca necesario, vigente y visionario”.
 
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