participación política

La Red Mujeres en Plural presentó la Agenda para la Igualdad en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres en México, una serie de propuestas dirigidas a la candidata y a los candidatos a la Presidencia de la República para que quien gane los comicios impulse la participación política de las mexicanas.

En el marco del actual proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y gobiernos estatales y locales, este 26 de abril las mujeres, entre académicas, consultoras y militantes de partidos políticos, presentaron su agenda en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acompañadas por las consejeras electorales, Dania Ravel y Adriana Favela, integrantes de la Red Mujeres en Plural, como Teresa Hevia Rocha y Janette Gongora destacaron la importancia de que quienes aspiran a gobernar México tengan estas propuestas que podrán impulsar una vez que ganen la elección.

La primera propuesta es transversalizar la perspectiva de género, es decir garantizar que este principio este en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2024 y además fortalecer las Unidades de Igualdad de Género en la administración pública federal.

La segunda es promover la armonización legislativa a favor de la igualdad sustantiva en materia electoral, realizando las reformas a la legislación nacional de conformidad con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos aprobada en 2011 y la normativa internacional.

En este tema también propusieron que la próxima persona que ocupe la Presidencia presente una iniciativa preferente para tipificar en la legislación federal la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La tercera propuesta es implementar acciones afirmativas y la paridad de género, por ejemplo, impulsar reformas legislativas, medidas administrativas y políticas públicas para que se garantice la participación de las mujeres en los tres poderes y órdenes de gobierno.

También sugirieron que el Ejecutivo federal implemente acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en los espacios de toma de decisión, en especial de mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad o de la comunidad LGBTTI.

En la cuarta propuesta la Red Mujeres en Plural llamó a aumentar la presencia de las mujeres en el Poder Ejecutivo y en la administración pública al garantizar una integración paritaria del Gabinete y ampliar las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres.

La quinta propuesta fue promover mayor presencia femenina en el Poder Judicial, esto a través de una reforma que incorpore el principio de igualdad sustantiva y la paridad para integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos del Poder Judicial.

Otra medida para logar este fin es el próximo gobierno establezca una defensoría de oficio en materia electoral para respaldar la ampliación de mecanismos de defensa y asesoría de los derechos políticas de las mujeres.

Las mujeres, promotoras de las reformas en materia electoral que en 2014 elevó a rango constitucional la paridad de género, se pronunciaron porque las próximas legisladoras también formen parte de comisiones relevantes y que organismos autónomos, como los electorales, se conformen por igual número de mujeres y hombres.

18/AGM

Las mujeres representamos 48 por ciento del padrón electoral de este país; sin embargo, en la agenda de las y los candidatos a puestos de representación popular, nos ofrecen tarjetas rosas, o láminas, o despensas. Otros, mandiles y trastos de cocina o legalizar la explotación y objetivización de nuestros cuerpos en los vientres de alquiler o en la prostitución.

Ni las candidatas mujeres, salvo sus honrosas excepciones, representan una garantía para defender los Derechos Humanos de las mujeres alcanzados hasta el día de hoy. Yo no he escuchado una sola propuesta ni de Alejandra Barrales, ni de Claudia Sheinbaum que se identifique con la agenda del movimiento feminista: igualdad sustantiva, oportunidades de trabajo, vivienda, salud, educación, las mujeres desaparecidas, por las víctimas de feminicidio, de acoso sexual, de violencia familiar y sexual, las víctimas de la delincuencia organizada, las desplazadas, las madres que buscan a sus hijas e hijos, las víctimas y sobrevivientes de la trata, de la prostitución y otras formas de explotación sexual, las víctimas del trabajo infantil y del turismo sexual y la pornografía infantil, fenómenos que crecen en total impunidad en nuestro país.

Es imprescindible tocar el tema de las alianzas, la del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, que tiene al partido tradicional de izquierda completamente desdibujado, con la menor membresía en su historia; la del PRI, el Verde y Nueva Alianza, a pesar de que sólo Morena ha garantizado revertir la reforma educativa. Y la alianza de Morena y el PT con el PES, que representa a la ultraderecha; por ejemplo, con un candidato al gobierno de Morelos, que aunque fue una estrella del fútbol, tiene fama de creído, alzado y golpeador de mujeres.

Esto es una muestra de lo vil que puede hacer ver a los políticos de izquierda, de derecha, de centro, cuando por un pedazo de poder, son capaces de renunciar a su identidad, a su ideología, con tal de no perder sus privilegios, las prerrogativas de que disfrutan y el registro.

Mención aparte se merece Morena, que aceptó a militantes del PAN, del PRI, del PRD, o sea de todos colores: verdes, tricolores, amarillos, blanquiazules, como Gabriela Cuevas o Eduardo Ramírez, y muchas otras personas más.

Y todo esto cobra especial relevancia cuando será el Senado de la República quien elija de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, al Fiscal General de la Nación para los próximos 7 años. No nos podemos permitir el lujo de una designación fallida como sucedió con el Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón.

Ojalá no suceda como la semana pasada en el estado de Morelos, donde el Congreso eligió a un Fiscal General del estado, Uriel Carmona Gándara, que es Notario Público, con una esposa Notaria Pública y una madre que también fue Notaria Pública y que seguramente no tendrá, a pesar de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Morelos, la experiencia para supervisar la integración de las carpetas de investigación, como tampoco estoy segura que conozca los entuertos del nuevo sistema penal.

Es necesario que en las campañas se encienda una luz de esperanza contra la impunidad que en nuestro país asciende al 98 por ciento y contra la injusticia que a menudo enfrentan las sobrevivientes. Una luz de esperanza que corrija las causas estructurales de la marginación, la exclusión social y la pobreza.

También es necesario que analicemos los discursos, las propuestas, que demos un voto consciente y razonado. Nuestro voto no debe ser moneda de cambio por una torta y un refresco; y aún después del voto debemos mantenernos en la exigencia de la rendición de cuentas.

En nuestro país, el más peligroso para ejercer el periodismo, el país del feminicidio, de las desapariciones forzadas y no voluntarias, del desplazamiento forzado interno, de las miles de fosas clandestinas, del encarcelamiento de activistas, de las más de 200 mil personas asesinadas por una guerra absurda, donde es peligroso defender los Derechos Humanos pero que es reconocido por la corrupción, es indispensable crear conciencia de nuestro derecho a exigir cuentas.

Sí, es cierto, hace años que no votamos por la mejor candidatura, sino por la menos peor, pero vale la pena recordar las palabras del político y filósofo francés Joseph de Maistre (1753-1821) quien sostuvo “que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”.

El francés André Malraux (1901-1976), la modificó y dijo que no es que “…los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”. De nuestro continente tenemos el aporte de  José Martí (1853-1895)  "Pueblo que soporta a un tirano, lo merece". Cualquiera de las tres modalidades resulta muy fuerte  para una sociedad que se precie de democrática y que cuente con ciudadanía social. Hagamos lo necesario para merecernos mejores gobernantes y representantes populares.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL

La agenda de género de los 3 últimos presidente se enfocó en crear programas de desarrollo social para dar dinero a las mujeres, que lejos de abrirles mejores oportunidades de empleo, salario, salud y educación, las sigue mirando como “grupo vulnerable” que debe recibir “ayuda económica”.

Los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos han dejado de lado propuestas para atender temas prioritarios de la agenda feminista como la violencia de género y el derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad.

A propósito del presente proceso electoral, Cimacnoticias revisó las agendas políticas de género de las últimas 3 administraciones: los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en los periodos 2000-2006 y 2006-2012 y el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2012 a 2018.

LOS CLAROSCUROS DEL CAMBIO DE RÉGIMEN

Si bien en el 2000 el triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, significó un contrapeso político y la “esperanza de democratizar la política”, las mujeres estaban ausentes de las propuestas presidenciales.

Aún con ello con Fox se inició la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. El movimiento de mujeres y el feminista en alianza con diputadas y senadoras del Congreso de la Unión lograron avances en normativas para los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, de discriminación y para garantizar la igualdad o erradicar la trata de personas.

En este periodo se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para dirigir la política nacional de igualdad; se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Otros avances de la agenda de género en los gobiernos panistas fueron los programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; y el Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Ambas administraciones se comprometieron a incluir un enfoque de género transversal en materia de empleo, educación y vivienda.

Aún cuando el movimiento amplio de mujeres logró concretar aspiraciones legislativas en materia de violencia, Vicente Fox se negó a reconocer la situación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegurando que era un problema local.

Fueron feministas y diputadas quienes exigieron a Fox reconocer el feminicidio en Juárez y a los funcionarios llegar a la verdad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la frontera norte del país. En materia de violencia, un paso importante para los DH de las mujeres fue la creación de la LGAMVLV y su reglamento, que hizo posible el decreto de la Alerta de Violencia de Género en 12 entidades del país.

DSyR, LOS INNOMBRABLES

Pese a que el PAN se apropió del discurso feminista sobre la igualdad de género, éste fue reelaborado desde la tradición conservadora del partido, manteniendo a las mujeres en el rol reproductivo y como pilares de la familia “tradicional”. Fox y Calderón reafirmaron su postura en contra de la maternidad voluntaria y otros temas en Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).

Cuando en 2007 el movimiento amplio de mujeres y feminista en el entonces Distrito Federal lograron la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los panistas cerraron todas las vías para que este derecho se replicara en otros estados del país. Así, en el periodo calderonista, 17 entidades reformaron sus Constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”.

Con el triunfo del PRI en la elección de 2012, el tema del acceso al aborto continuó sin tocarse y ausente en la agenda. Si bien Peña Nieto en su campaña aseveró que no se puede criminalizar a las mujeres por tener un aborto, no se comprometió a legalizarlo y aclaró que los Congresos de cada estado debían decidir “en razón de sus costumbres y tradiciones”.

PROGRAMAS SOCIALES

Las agendas de género se reducen a la creación de programas sociales que no se traducen en un cambio en la condición social, educativa y económica de las mujeres. Los panistas crearon el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (antes llamado Progresa y creado por Ernesto Zedillo) para garantizar la entrega de dinero en efectivo y acceso a servicios de salud y educación a “familias en extrema pobreza”. Los apoyos económicos se entregaban a las jefas de familia.

Lo mismo sucedió en 2012 con Enrique Peña Nieto quien prometió generar políticas de desarrollo social; dar créditos a mujeres emprendedoras, erradicar la pobreza alimentaria, crear un seguro de vida para las jefas de familia y mantener el programa Oportunidades, que más tarde cambiaría de nombre a Prospera.

Cuando asumió el poder, se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo que incluyó la perspectiva de género como eje transversal pero en términos reales sólo destacó una política que supuestamente favorecía a las mujeres: la creación de un fondo para otorgar dinero a los hijos de amas de casa que murieran.

PARIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Una demanda añeja del movimiento de mujeres fue conseguida en este sexenio. En octubre de 2013 Peña Nieto presentó ante el Senado una iniciativa para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de eliminar la cuota de género del 40 por ciento e instaurar la paridad (50-50) en candidaturas a diputaciones federales, locales y senadurías.

Aunque el mandatario presentó la propuesta fueron las legisladoras y las defensoras de la participación política quienes debatieron en el Congreso para defender este derecho. Durante la discusión de la reforma político-electoral entre 2013 y 2014, diputadas y senadoras enfrentaron a sus compañeros varones para insistir en la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de dar la mitad de las candidaturas a las mujeres.

Para estas campañas presidenciales -que comenzarán el 30 de marzo y cerrarán el 27 junio próximos- los candidatos tendrán la oportunidad de crear propuestas acordes a las necesidades reales del 52 por ciento de la población que son las mujeres quienes constituirán 48 por ciento del padrón electoral.

18/AGM/HZM/LGL

La precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, Patricia Azcagorta Vega, interpuso una denuncia por violencia política ante el Instituto Electoral de Sonora.

Acompañada por la coordinadora estatal del partido Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, la precandidata por ese partido presentó la denuncia por las agresiones sufridas a través de redes sociales, luego de que circulara un video erótico donde presuntamente ella aparece.

En entrevista  con Cimacnoticias  Azcagorta Vega refirió que en su actuación como titular del registro civil en Caborca fue evaluada con alta calificación por la ciudadanía usuaria y recordó que en 2013 le otorgaron un reconocimiento como la mejor funcionaria del gobierno del estado de Sonora.

Dijo que fue invitada por otros partidos a participar políticamente pero fue hasta finales de 2017 que decidió aceptar su ingreso a Movimiento Ciudadano con esta aspiración.

“Es lamentable que se utilicen las redes y otros medios para denostar a las personas y sus aspiraciones. Fue muy incómodo el hecho de que se empezó a especular, comentarios  muy agresivos desde cuentas falsas, la clonación y proliferación de páginas apócrifas, pero se entiende porque a quienes lo hacen, les molesta que yo quiera participar”, dijo al hablar sobre las agresiones en su contra.

Dijo confiar en que la gente de Caborca la conoce y conoce su trabajo, y si bien aseguró que sabía que al entrar a la política podría ser objeto de críticas y ataques, nunca imaginó que la agresión vendría cargada de estereotipos para sexualizarla y cosificarla.

Narró que se enteró de la circulación del video a través de gente cercana y cuando se hizo viral en todo el estado en donde se empezaron a titular notas como “Streeper quiere ser alcalde de Carborca”, entre otras.

“Se debe respetar a la gente, se dedique a lo que se dedique”, opinó.

Respecto a las fotografías personales tomadas de su cuenta de Facebook en donde aparece con ropa ajustada, la precandidata dijo “es mi cuerpo, así lo tengo y nadie debería dejar de participar debido a su físico. Yo así soy, es mi físico. Y lo que sí molesta es que me pregunten si uso mi físico para participar en política”, agregó.

Agradeció el apoyo de su partido y exhortó a las mujeres que participan en política a no quedarse calladas cuando son atacadas con cualquier tipo de violencia.

Confió en que las autoridades hagan su trabajo y den con los responsables de difundir el video y las fotografías. “Será el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien lleve a cabo la investigación para establecer quiénes son los responsables de la agresión, y en su caso definir la sanción”, precisó.

El Protocolo para atender la violencia política en Sonora establece que la violencia política comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

18/SNE/LGL

Desde el 2015, los partidos políticos están obligados a respetar la paridad de género en las elecciones, es decir, 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. La medida en el proceso electoral pasado en Chiapas (en 2015), agarró a los partidos políticos “en curva”, tuvieron que hacer cambios “cuarto para la hora”, pero en el proceso electoral de este año tuvieron tiempo para formar cuadros, buscar con calma a las mejores opciones, sin embargo todos los institutos políticos poco o nada hicieron al respecto.

En el proceso electoral pasado, en 38 municipios resultaron ganadoras mujeres. Actualmente ese número disminuyó a 35 y en más de la mitad de ellos las presidentas municipales solo están en el cargo en el papel, pero no ejercen. La paridad de género en Chiapas fue una simulación.

En los municipios donde resultaron ganadoras mujeres son: Aldama, Altamirano, Angel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Benemerito de las Américas, Berriozabal, Catazajá, Chanal, Chenalhó, Copainalá, Francisco León, Frontera Hidalgo, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Las Rosas, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Metapa de Dominguez, Mezcalapa, Mitontic, Ocotepec, Osumacinta, Oxchuc, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tapilula, Tila, Villa Comaltitlan y Yajalón.

En los municipios de Chanal y Tila las alcaldesas renunciaron y subieron al cargo de presidentes municipales sus respectivas parejas. Aunque solo en estos dos lugares se dio el hecho de manera abierta y con la aprobación del congreso del estado, en la mayoría del resto de los municipios, supuestamente gobernados por mujeres, está sucediendo lo mismo.

Hay casos documentados en donde las alcaldesas no están fungiendo en la práctica como tal,  en los municipios de Altamirano, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozabal, Frontera Hidalgo, Huitiupan, Las Rosas, Marqués de Comillas, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Suchiapa y Yajalón.

En todos los casos son hombres, familiares directos de las presidentas municipales, los que ejercen el cargo en la práctica. Se presentan ante los poderes de gobierno como autoridad, encabezan actos protocolarios, se reúnen en público y en privado a cabildear temas de su interés.

En algunos municipios ahora se pretenden candidatear los hombres de manera abierta con lo que estarían repitiendo periodo.

La simulación en la paridad de género no es un secreto para ninguno de los tres poderes y niveles de gobierno, pero ninguno ha hecho algo para obligar que se respete la Ley. Han sido cómplices de esta práctica.

Lo que es peor es que esta práctica ahora parece extenderse en las dependencias del gobierno estatal. Muestra de ello es el reciente nombramiento de Dulce Gallegos -esposa del dirigente del partido político Mover a Chiapas, Enoc Hernández- como directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. El primer día que se presentó en las instalaciones del sistema fue con su pareja y fue él quien dio las indicaciones. En el papel sigue siendo una mujer quien está al frente de la dependencia, pero en la práctica es un hombre.

En los municipios la simulación se dio no solo en el caso de las alcaldesas, sino también en regidoras y sindicas municipales. El trienio empezó con mayor número de regidoras en Chiapas y concluye a la inversa porque muchas renunciaron para que ocupara el cargo algún hombre.

En algunos municipios en donde las regidoras reclamaron ocupar su puesto sufrieron violencia. Uno de esos casos es la síndica municipal de Amatenango del Valle, Margarita González, que se desplazó de su comunidad debido a las amenazas de su esposo, quien en la práctica ejercía el cargo.

La paridad de género es una medida afirmativa para lograr que más mujeres puedan participar en la política y obligar a los partidos políticos a postularlas y también realizar acciones que ayuden a incrementar la participación de la población femenina en la toma de decisiones.

Tanto a nivel nacional como estatal el padrón electoral en su mayoría está conformado por mujeres, sin embargo el número de ellas en cargos públicos está muy lejos de ser paritario.

El pretexto de los partidos políticos para no inscribir a mujeres es que ellas no quieren participar, sin reparar que no están generando las condiciones para que las mujeres puedan estar en el espacio público político sin problemas.

Las dobles y hasta triples jornadas laborales de las mujeres, el acoso sexual, el escarnio público, el machismo, hace que se dificulte la participación política para las mujeres.

Los institutos políticos tienen un recurso destinado para la capacitación de los cuadros femeninos ¿Qué han hecho con ese fondo? ¿En qué lo destinaron? ¿Han aumentado los cuadros de mujeres en los partidos políticos?

¿Qué es lo que harán los partidos políticos para cumplir la paridad de género en las candidaturas? ¿Repetirán la fórmula de postular a mujeres en el papel, pero que en la práctica ejerzan el cargo los hombres? ¿Pondrán candidaturas femeninas en los municipios en donde tengan posibilidades reales de ganar?

Las autoridades electorales deben de ser garantes de la paridad de género en las candidaturas, los partidos políticos deben de cumplir con la obligación de Ley en el papel y la práctica,  la ciudadanía organizada debe de estar pendiente del tema.

El derecho a la participación política es uno de los derechos por los que han pugnado las mujeres a lo largo de la historia y el mundo, convertir este derecho en una simulación es una burla que no se debería de permitir.

18/SS/LGL

El incidente registrado recientemente contra la precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, por el Movimiento Ciudadano, fijó el nivel de violencia a la que podrían estar expuestas las mujeres durante el proceso electoral de 2018.

Patricia Azcagorta Vega denunció la violencia política de que fue blanco y aclaró que no se retirará porque la hayan atacado.

La agresión, que debe entenderse en el contexto de la participación política, fue de tipo sexual, psicológico, moral, con fuerte dosis de discriminación.

El modus operandi fue utilizar las redes sociales para difundir fotos individuales extraídas de su cuenta personal de Facebook, así como un video erótico a través de whatsapp del cual se pretendía hacer creer que la protagonista era ella, cuando en realidad es una modelo brasileña.

Armado como un paquete de fotos y video, pretendían establecer que por ser una mujer con un físico determinado, no era la persona adecuada para gobernar porque una mujer así no tiene la capacidad para hacerlo.

Tomando el esquema más rudimentario de los estereotipos de género, quienes están contratados para violentar a las mujeres que participan en la vida política pública, decidieron que una ropa ajustada y determinadas posiciones tomadas en contextos del ámbito personal, eran suficientes para desalentar a sus seguidores.

Sin embargo, la estrategia solo logró consolidar la preferencia del potencial electorado en Caborca, en donde las encuestas favorecen a la precandidata, ahora registrada como tal.

“Los ataques vienen de nuestros contrincantes porque nos tienen miedo, ya que Patricia Azcagorta va a cambiar el futuro de Caborca”, afirmó en rueda de prensa la precandidata.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, y ex directora del registro civil de Caborca, Azcagorta acudió a registrarse para contender internamente por la candidatura de su partido político para la alcaldía.

Lo hizo un día después de la campaña que pretendía mermar su ánimo y pretensiones, sin lograrlo.

Mostrando gran aplomo, y flanqueada por sus compañeras de partido, demostró que las mujeres pueden conservar el temple a pesar de saberse en el blanco de las violencias.

Este caso también probó al partido que la respalda, pues como primer ataque del presente proceso electoral, la postura de éste era fundamental.

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, calificó de imprudente y grosera la forma en que se trató de manipular la información, tratando de hacer creer que el video erótico era protagonizado por Patricia Azcagorta.

Consideró que esos ataques forman parte de la violencia política a la que están expuestas las mujeres. “A las mujeres se les acosa, lo del video falso es un mal mensaje para las mujeres”, indicó.

Parecería que se pretende desactivar su participación, y manifestó que le da mucho gusto que la precandidata haya mostrado valentía ante la situación.

La coordinadora estatal dio su respaldo incondicional y anunció que no quedará en incidente, sino que presentarán la denuncia correspondiente.

Por su parte, ante las descalificaciones que acompañaban a las fotos personales de Azcagorta, cuestionando su capacidad para gobernar, señalando que solo contaba con un físico atractivo, la coordinación nacional de Mujeres en Movimiento, emitió un pronunciamiento.

En el comunicado extendió su total apoyo a la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, a la vez que hizo un llamado a las autoridades a que se apeguen al protocolo de investigación de violencia política contra las mujeres, y se sancione a quien corresponda.

Fue víctima de violencia política en razón de género al ser juzgada no por su competencia, sino por sus atributos físicos, sin tomar en cuenta su capacidad para asumir el cargo como sí se enaltece en el caso de los varones.

En el comunicado expresan que demandan que, apegados a la segunda versión del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género presentado en noviembre pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE, coadyuven a este fin.

Se opusieron a la sexualización y cosificación de las mujeres, así como a ser violentadas en sus Derechos Humanos.

Hace tres años, en el proceso electoral intermedio varias candidatas sufrieron ataques principalmente de carácter comunicacional.

Sin embargo, ningún partido salió a defenderlas ni a respaldarlas.

Cierto, no había protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, pero nadie emitió ninguna postura, ni siquiera las candidatas.

Hoy contamos con uno nacional y otro estatal. Este incidente de violencia política marca el inicio de la guerra electoral contra las mujeres que hoy sí, por ley, van por la mitad de las posiciones. Este partido se pronunció listo para defender a sus candidatas. ¿Lo estarán todos los partidos, o callarán como lo han hecho antes?

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora

18/SNE/LGL

En la segunda etapa de su gira para recabar firmas que le permitan obtener la candidatura independiente al gobierno de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al que representa, plantearon que su objetivo es construir y articular a lo largo del país comunidades autónomas, proyecto que está más allá de las elecciones de julio de 2018.

La vocera indígena nahua, quien apenas en octubre pasado recorrió la zona de influencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en donde ya se llevan a la práctica procesos autónomos de gobierno, desarrollo y educación, visitó esta ocasión la costa del estado y la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

En este último lugar, frente a la Catedral de la paz, explicó que en el recorrido que emprende por México, llevarán “la palabra que nos han encomendado las comunidades (…) y si están de acuerdo, haremos una fuerte organización, no para aquí al 2018, sino más allá del 2018”.

Ante unas 4 mil personas que se reunieron, indígenas y no indígenas, reiteró la propuesta de organizarse entre grupos, comunidades y pueblos que deseen construir un sistema económico, de gobierno y sociedad anticapitalista. Consideran al sistema capitalista el causante de la desigualdad social, pobreza, violencia y corrupción que se vive actualmente en México.

“Sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo, si todos logramos poner algo de nuestra parte desde el lugar donde estamos”, dijo.

Uno de los integrantes del CIG, Nereo González López, indígena de Chiapas, al tomar la palabra puntualizó que “lo que se está buscando es formar una autonomía”, cuya construcción no dependa de la vocera Marichuy,  sino de cada una de las personas y comunidades que la integren.

“Cómo nos vamos a organizar, pues de manera así, autónoma. La invitación es que no esperemos que la compañera Marichuy nos va a solucionar el problema. Ella es nuestra vocera que llevará la voz del pueblo, más ella no es la solución. La solución somos todos.

Ella nunca nos va a dar la solución y arreglar nuestros problemas. No, nuestros problemas se van a solucionar solamente organizándonos”, reiteró el concejal.

Marichuy fue electa vocera del CIG, organismo del que hasta ahora forman parte más de 150 representantes de 63 pueblos indígenas del país. Este consejo fue formado a iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, y busca en este momento articular los movimientos de personas, grupos y comunidades rurales y urbanos.

Eligieron a Marichuy como su vocera y candidata para las elecciones de 2018, en las que desean participar de manera independiente a los partidos políticos, aún cuando su meta no es la elección en sí misma, sino la articulación y construcción de autonomías.

A fin de conseguir del Instituto Nacional Electoral (INE) el registro formal como candidata independiente a la presidencia de México, deben recabar 866 mil firmas de apoyo antes del mes de febrero.

17/AM/LGL

Al cierre de la gira que la candidata a la presidencia de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, emprendió a lo largo del territorio donde tienen presencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los pueblos indígenas que la recibieron dejaron claro que lo que se busca no es el cargo, sino “sacudir al país”.

Marichuy y las y los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno al que representa, cerraron la gira de seis días en la comunidad Oventic, ubicada en la zona tsotsil de Chiapas, y sede de los zapatistas en la región. Ahí, ante las miles de personas que se reunieron, la comandante Hortencia, del EZLN, planteó nuevamente el objetivo de la participación en el proceso electoral de 2018.

“No importa que los ricos y poderosos no reconozcan nuestro Concejo Indígena de Gobierno y a nuestra vocera. Para nosotros los y las zapatistas y muchos otros pueblos, la palabra y el oído y la mirada que valen son las del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, porque ella, y ellas y ellos no buscan el cargo. Lo que buscan es llamar al pueblo de abajo a organizarse”.

Dijo que “no importa que gane o no gane la candidatura, o en las elecciones, lo que importa es que todas y todos nos organicemos, cada quien según su modo, su tiempo y su lugar donde vive, trabaja, lucha, resiste.

Antes, Marichuy había señalado: Es la hora de sacudir este país y agitar en cada rincón de él, de organizarnos en cada espacio, en cada barrio, nación y tribu, en cada ciudad, en el campo y en las ciudades”.

La candidata y vocera del Concejo Indígena de Gobierno dijo que el objetivo es organizarse y “de gobernarnos de acuerdo a nuestras formas propias, ejerciendo y tomando el destino en nuestras manos sin esperar a que otros lo hagan por nosotros”.

Ello a semejanza del EZLN, quien a los pocos meses de 1994, empezó la construcción de sus gobiernos autónomos, que ahora, 23 años después, están constituidos formalmente y funcionan de manera paralela a las instituciones oficiales.

Durante los encuentros que tuvo con personas mestizas e indígenas tojolabales, choles, tseltales, tsotsiles, tuvo predominio la participación de mujeres de la región, zapatistas y no zapatistas, quienes plantearon su situación particular y las acciones que han emprendido para lograr mejores condiciones de vida.

Marichuy hizo énfasis en el peso que tienen las mujeres tanto en la candidatura para la presidencia, como en los procesos organizativos que busca fomentar.

“Es la hora de las mujeres que luchan y se organizan por nacer su libertad, por nacer su patria nueva con justicia, por nacer un mundo nuevo de paz y diferente sobre las ruinas que el sistema capitalista y patriarcal van dejando por todos lados. Es el momento de que las mujeres nos organicemos sí, por el respeto de nuestros derechos, pero también por todos y por todas porque en nosotras está la fuerza para empujar esta enorme lucha”.

La candidata explicó que a partir del mes de noviembre continuará el recorrido por el país para recabar las 866 mil firmas que de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), se requieren para suscribir su candidatura en el proceso electoral de 2018.

Antes, denunció que hasta el momento han tenido dificultades y trabas para este proceso, porque no ha funcionado la aplicación electrónica a través de la que deben suscribirse las adhesiones, y porque en las zonas indígenas la señal de internet es prácticamente nula.

Dijo que los detalles sobre su gira por el país los dará a conocer en los próximos días.

17/AM/LGL

El pasado 22 de julio se presentó a nivel nacional el Atlas de Género, iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El sitio interactivo recopila datos de distintas encuestas y censos del Inegi, que muestran las brechas de género en temas como educación y trabajo.
 
De toda la información que reúne el Atlas, LADO B presenta ocho puntos que reflejan la situación de las mujeres en Puebla, estado que está entre los primeros lugares de violencia y desigualdad.
 
Violencia física y sexual
 
Puebla es el primer lugar nacional en cuanto a violencia y física y sexual dentro de la pareja. Los datos del Inegi revelan que 9.92 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, casadas y/o unidas con sus parejas, han sufrido estos tipos de violencia.
 
Violencia total contra las mujeres
 
Respecto de la prevalencia de la violencia total contra mujeres de 15 años o más, son 62.83 por ciento de las poblanas quienes han sido violentadas. Aunque la entidad está en el lugar 12, el porcentaje rebasa la media nacional, que es de 62.77 por ciento.
 
Ingreso y salario
 
La brecha de ingresos entre mujeres y  hombres por hora trabajada es la menor del país, de apenas 0.11 pesos de diferencia. Sin embargo, el estado ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a ingreso más bajo por hora trabajada para mujeres: 25.92 pesos por hora.
 
La situación para los hombres en esta categoría es igual de precaria, siendo la entidad el segundo lugar nacional con menor ingreso, de 25.81 pesos por cada hora trabajada.
 
Participación económica
 
Sólo 43.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más participan activamente en la vida económica de la entidad.
 
Puebla está en el lugar 23 de todo el país en cuanto a participación económica de las mujeres, y es el séptimo estado con la brecha más amplia respecto a ocupación laboral.
 
Puestos públicos
 
En cuanto a diputaciones, presidencias municipales y regidurías, las mujeres ocupan menos puestos públicos que los hombres.
 
Apenas 36.4 por ciento del total de curules es ocupada por mujeres, mientras que sólo 28.6 por ciento de los puestos de regidores de ayuntamientos los ocupan mujeres. Y del total de presidencias municipales, sólo 6.5 por ciento son presididas por mujeres.
 
Pobreza
 
Las poblanas están en tercer lugar nacional en condición de pobreza multidimensional: 65.44 por ciento de las habitantes de la entidad viven con un conjunto de carencias tanto sociales como económicas.
 
Escolaridad
 
El estado es el quinto con una mayor brecha de escolaridad entre hombres y mujeres. El promedio de años de asistencia a la escuela de las mujeres es de 8.28, apenas hasta segundo de secundaria.
 
Trabajo del hogar no remunerado
 
89.77 por ciento de las poblanas de 12 años o más realizan trabajo del hogar no remunerado, lo que pone al estado en el lugar 14 de trabajadoras del hogar sin sueldo.
 
Puebla es el noveno estado con una mayor brecha en porcentaje de hombres y mujeres que realizan trabajo del hogar no remunerado, con una diferencia de 35.6 por ciento. El promedio nacional de la brecha en este rubro es de 31.68 por ciento.

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

17/AAM

La 63 Legislatura de la Cámara de Diputados es el parlamento con el mayor número de mujeres en México (212 legisladoras) y aunque su presencia es significativa no ejercen el poder político en igualdad de condiciones que sus pares varones toda vez que no ocupan la dirección de comisiones ni aprueban leyes y reformas.

Ese fue el resultado de una investigación realizada por la profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, Aidé Hernández García, quien analizó la preparación académica de legisladoras y legisladoras federales, su experiencia partidaria y su trabajo parlamentario en el primer año de la Legislatura.

La investigación titulada “Mujeres en la política” menciona que la paridad de género hizo que en 2015 más mujeres llegaran a la Cámara de Diputados, mujeres preparadas académicamente, con experiencia partidista y legislativa; por tanto, el argumento de que con la cuota de género llegan mujeres sin experiencia y que no son competitivas frente a los hombres es falso.

Como antecedente, la Cámara de Diputados comenzó funciones en 2015, integrada por 42.6 por ciento de mujeres legisladoras, quienes concluirán sus trabajos en 2018. La integración de la Cámara baja fue el resultado de la reforma constitucional en materia política-electoral promulgada en 2014 que legisló la paridad de género (50-50) en candidaturas.

Uno de los argumentos más recurrentes para cuestionar la incursión de las mujeres en política es que las mujeres electas, en este caso para ser diputadas federales, no están preparadas o no tienen experiencia en sus partidos políticos; sin embargo, el estudio muestra que la cultura machista no permite una igualdad sustantiva al interior de la Cámara de Diputados, a pesar de la cuota 50-50.

El trabajo de Hernández García señala que en general quienes fueron electas y electos para ser legisladores en San Lázaro durante el periodo 2015-2018 tienen un nivel académico similar. Sólo 11.7 por ciento de mujeres y 12.8 por ciento de varones no tienen grado académico.

Las diferencias de nivel educativo son mínimas; por ejemplo, 58.2 por ciento de mujeres y 61.6 por ciento de hombres tienen licenciatura; 26.2 por ciento de mujeres y 20.9 por ciento de hombres tienen maestría; y 3.7 por ciento de mujeres y 4.5 por ciento de hombres tienen doctorado.

En un trabajo previo la investigadora analizó el caso de las diputadas de Guanajuato y encontró que quienes participaban en política eran jóvenes o mujeres de mayor edad porque durante la crianza de hijas e hijos y en cierta edad no podían ser legisladoras o participar en política porque estaban encargadas del cuidado y las tareas domésticas.

Esto ayuda a entender, explica la investigadora, por qué las diputadas federales de la 63 Legislatura federal son, en comparación con los hombres, más jóvenes. Actualmente un 26 por ciento de diputadas federales tiene entre 31 y 40 años de edad; 15 por ciento tiene entre 51 y 60; y 9 por ciento entre 61 y años de edad, etapa donde ya cumplieron con su rol de género asignado socialmente.

Respecto a la experiencia política, Hernández García acotó que a las mujeres se les exige tener más experiencia en sus partidos y de acuerdo con la revisión de las trayectorias de los parlamentarios, la mayoría de las diputadas han ocupado cargos en el partido, mientras que los hombres no.

En el caso de la Cámara de Diputados los varones tienen menos experiencia partidaria que ellas pero los hombres tienen más experiencia en el legislativo, lo cual en opinión de la académica es lógico ya que los hombres son los que, principalmente, llegaban a estos órganos de representación política.

“Se confirma que mientras las mujeres tienen que demostrar trabajo en sus partidos, a los varones no se les exige tanta experiencia para ser candidatos, lo anterior deja ver la desconfianza que aún existe en las mujeres para ocupar estos cargos, lo cual es parte de la cultura patriarcal”, destaca Aidé Hernández.

Aunque solo 90 mujeres de 212 que fueron electas en 2015 tenían experiencia legislativa, las mujeres que se incorporaron al Congreso debido a la cuota 50-50, demostraron mayor trabajo en la creación de iniciativas que los hombres. En el primer año, 79 por ciento de varones y 84.5 por ciento de las mujeres presentaron iniciativas.

Sin embargo, la investigadora señaló que uno de los problemas es que las mujeres aún tienen más de desconocimiento, en general, de los procesos legislativos y sigue presente una cultura patriarcal de tipo machista que favorece a los varones en las redes y en el cabildeo, tanto para lograr la presidencia de la mayoría de las comisiones como en la aprobación de sus iniciativas.

La académica encontró que en el primer año de la Legislatura, los hombres acumularon mil 14 iniciativas, de estas sólo 8.5 por ciento fueron aprobadas, por el otro lado las mujeres lograron presentar 891 iniciativas pero de estas sólo se aprobaron 5.7 por ciento.

Es por ello que Hernández García destacó que la paridad llevó a que, contrario a lo que se cree,  al legislativo llegarán mujeres con experiencia y preparación académica, el reto, sostuvo, es que estén presentes en todas las comisiones y se siga combatiendo la cultura patriarcal para que mujeres y hombres tengan resultados parlamentarios similares.

17/AGM/