Defensoras de DH

La periodista Eleana Borjas, de Radio Progreso y el defensor de Derechos Humanos Pedro Landa, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, fueron sometidos a registro por militares de las Fuerzas Armadas cuando desempeñaban sus respectivas labores, en horas de la mañana de este domingo 3 de diciembre de 2017, se informó en el sitio web www.pasosdeanimalgrande.com

Según la información, Honduras es considerado uno de los países más violentos en el planeta para ejercer el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos; más de 100 activistas han sido asesinados y alrededor de 71 periodistas y trabajadores de la comunicación perdieron la vida en circunstancias violentas, sin que hasta la fecha se haya castigado a los responsables.

Señala además que las manifestaciones populares contra el fraude electoral continúan en la medida que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se retrasa en dar los resultados de las actas computadas de las elecciones del domingo 26 de noviembre de 2017.

La periodista Eleana Borjas ha destacado en la cobertura de diferentes temáticas, como corresponsal de Radio Progreso en Tegucigalpa, especialmente las represiones masivas contra estudiantes en la Universidad Nacional y de otras acciones populares.

Por su parte, Pedro Landa es un defensor de Derechos Humanos muy respetado, que se concentra en la protección de personas defensoras en los territorios; ha sido amenazado por su labor en distintos momentos, por lo que su vida ha estado en alto riesgo.

Según el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra periodistas compromete los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión.

Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.

El ejército y la Policía Nacional han incrementado su accionar contra la población hondureña desde el domingo 26 de noviembre, y con más fuerza desde la implementación del toque de queda el 1 de diciembre, el cual fue aprobado a eso de las 10 de la noche e implementado de forma inmediata.

El escaso tiempo que se dio a la población que estaba masivamente en las calles dejó como resultado tres personas muertas en la capital entre ellas la joven Kimberly Alvarado, en Tegucigalpa, y detenciones masivas de ciudadanos y ciudadanas que sumaban más de un centenar.

La Coalición contra la Impunidad publicó en las últimas horas otro recuento de las acciones de movilización del pueblo hondureño y de la respuesta violenta que recibieron por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, el cual señala que se produjeron: 92 puntos de tomas / movilizaciones en 16 departamentos del país; 118 personas detenidas, la mayoría en Cortés producto de los saqueos; 9 lugares con represión policial y militar; 8 lugares donde han disparado a bala viva; 17 personas heridas; 4 personas muertas; 26 saqueos a tiendas comerciales y bancos.

17/RED/LGL

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigió a la Fiscalía de Guerrero, cesar la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación integrada por el caso de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval Sánchez, detenida y torturada sexualmente, por la policía municipal de Tlapa, en septiembre pasado.

En un pronunciamiento emitido la tarde de ayer, la RNDDHM condenó la estrategia orquestada por el gobierno de Guerrero que, señaló, busca restar fuerza y legitimidad a la denuncia interpuesta por tortura sexual de la defensora de los Derechos Humanos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez.

La Red señaló que al denunciar penalmente los hechos de que fue víctima, Sandoval Sánchez volvió a ser violentada ahora por las instituciones de Guerrero, quien carece de protocolos de atención a víctimas de violencia sexual y de una visión de género.

“Cabe destacar que, a más de un mes, no hay avances en la investigación y para justificar su falta de actuación y complicidad, el gobierno de Guerrero arguye que la denunciante no ratificó su alegato”, señala el pronunciamiento.

La Red precisa que la tortura sexual contra la defensora Sandoval Sánchez, es el inicio de una cadena de violencias. Agrega que el 4 y 5 de octubre, recibió amenazas de muerte, y los días 7 y 8 del mismo mes su domicilio particular fue allanado y su vehículo abierto por la fuerza en la Ciudad de México así como que tras la denuncia pública de estos hechos, realizada el 22 de octubre pasado, los ataques se recrudecieron.

Considera que la filtración de videos en medios de comunicación, responde a una acción ilegal y maquilada “desde una lógica evidentemente patriarcal y misógina”, cuyo fin es “manchar la imagen pública de la defensora y, con ello, a restar fuerza y legitimidad a su voz”.

“Las 225 defensoras y periodistas articuladas en esta Red expresamos nuestra indignación por el manejo el tendencioso de estos videos, que abona a la revictimización de Yndira, y señalamos que su contenido no invalida la denuncia por las graves violaciones a Derechos Humanos que padeció, ni mitiga su importancia”.

Denunciaron también “el manejo faccioso del caso ante la opinión pública, con la pretensión de que la sociedad se incline por una mujer o por la otra (la defensora que denunció versus la policía que la agredió), cuando para las integrantes de esta Red es claro que Yndira fue víctima de violencia sexual por parte de una agente del Estado y, en particular, de una institución con clara cadena de mando”.

La RNDDHM se pronunció también contra los actos violentos cometidos contra la periodista e integrante de esta Red, Sanjuana Martínez, quien publicó información sobre este caso en el periódico La Jornada y que ahora es atacada en redes sociales a través de mensajes con connotación sexual, que buscan desacreditar su labor periodística cuestionar su credibilidad e intimidarla.

Por todo ello, la Red de Defensoras exigió que se garantice la integridad física y psicológica de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval, y que cese la campaña que busca deslegitimar la demanda de justicia por la tortura sexual que vivió.

A la Fiscalía de Guerrero le exigió que actúe con debida diligencia y que cese la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación; en tanto que se garantice a la periodista Sanjuana Martínez, la continuidad de su labor periodística en condiciones de igualdad y seguridad.

La RNDDHM documentó que las agresiones a defensoras de Derechos Humanos (DH), de 2010 a 2014 sumaron 615: 118 en 2012, 189 en 2013, y 308 en 2014, entre ellas 36 asesinatos.

Entre las agresiones documentadas por la Red, destacan las amenazas contra ellas o sus familias, difamación, violaciones sexuales, acoso y hostigamiento en redes sociales, allanamiento a casa; allanamiento a organizaciones; amenazas de agresión física; de muerte; criminalización; incomunicación; intento de allanamiento; intervención de correo electrónico personal; intimidación; persecución; seguimiento; tortura psicológica; tortura sexual; y vigilancia de domicilios.

Muchos de los ataques, señala, culminan, en algunos casos, en el desplazamiento forzado y el exilio de las defensoras, así como en el cese de sus actividades.

17/LGL

La ex policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado García, sus familiares e integrantes de la Policía comunitaria de esa entidad y Defensoras de Derechos Humanos se entrevistaron este día con el relator especial sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, para detallarle la criminalización que viven.
 
En un comunicado, se informó que la ex presa política originaria de Olinalá, en Guerrero, sostuvo una reunión privada (a través de una video llamada) donde también le informó del estado que guarda la implementación de la Opinión 56/2015 (que la reconoce como presa política y sostiene que su detención fue arbitraria) del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, relativa a la criminalización contra la defensora comunitaria Nestora Salgado.
  
De acuerdo con el comunicado, la opinión emitida en el 74 periodo de sesiones que tuvo lugar  el 17 de diciembre del 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención  Arbitraria de la ONU, pidió al Estado Mexicano realizar una  investigación efectiva en torno a los actos de tortura y malos tratos  contra la defensora Nestora Salgado.
 
Además de pedir que los responsables de su tortura sean llevados ante la justicia, también pidieron la reparación integral del daño, entre las que se solicitaron medidas de restitución, rehabilitación y no repetición, entre otras.
 
En la video llamada, la activista Nestora Salgado, dijo al relator que el gobierno mexicano, tanto el federal como el estatal, han sido omisos para implementar dichas recomendaciones y pese a que obtuvo su libertad, el Fiscal de Guerrero, apeló la sentencia.
 
Ante esta situación, pidió al relator que durante la reunión que sostendrá en el contexto de esta visita a México, y concretamente con el Fiscal de Guerrero, le solicite información sobre su caso “y lo exhorte a  desistir de dichas apelaciones, pues como la ONU lo ha reconocido,  cuando Nestora Salgado fue detenida, se encontraba desempeñando sus funciones como Coordinadora de la Policía Comunitaria de su comunidad”.
 
En tanto, quienes integran la Policía comunitaria, expresaron, su preocupación y descontento por la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal y estatal para que Nestora García pueda regresar a México, “sin que su vida e integridad física corran peligro”.
 
El Coordinador actual de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, Bernardo Ayala, externó al Relator de la ONU su preocupación por la persistente criminalización contra la CRAC-PC pues además de que existen policías  comunitarios que permanecen en prisión, también tienen conocimiento de  que existen órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la  policía comunitaria, dice el comunicado.
 
Cabe recordar que Nestora Salgado fue detenida de manera arbitraria el  21 de agosto de 2013, permaneció en prisión durante 2 años y 8 meses. Actualmente reside en Estados Unidos desde donde, junto con  activistas de Latinoamérica, visibiliza las violaciones a los Derechos  Humanos en México y contra las personas migrantes en Estados Unidos.
 
17/LGL
 

Este lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 2 años, implican dos palabras que se dicen fácil. Dos palabras que para 43 familias son días sin horas, casi un tiempo interminable de dolor y angustia convertido en rabia.
 
Hace un año estas familias se reunieron con la máxima instancia del gobierno mexicano, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; pese a las promesas de Enrique Peña Nieto, de investigar para llegar a “saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, 360 días después de la promesa, aún no se sabe más de lo que antes se había dicho.
 
3 meses después de esta reunión, en diciembre de 2015, medio centenar de madres de personas desaparecidas se encontraron en el Cuarto encuentro de la Red Nacional de Defensoras, ahí también estuvieron dos de las madres de los jóvenes normalistas.
 
“¿Cuántos hijos ha perdido usted? -le dije al presidente- ¿Cuántos, dígame? ¿Ninguno verdad? Entonces ¿cómo me pide que lo supere? ¡Cómo me dice eso! si yo lo crié, lo crecí, lo llevé 9 meses dentro de mí, ¡y me lo quitaron!”, narró María Concepción Tlatempa Colchero, Madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa cuando estuvo en su encuentro con Enrique Peña Nieto, en 2015.
 
2 años en que estas madres han caminado más allá de lo que ellas mismas imaginaron, que se han sentado con autoridades que antes ni soñaban tener cerca. Mujeres que vieron transformar su vida a raíz de la desaparición de sus hijos. Ellas no lo decidieron, no pidieron convertirse en defensoras, fue el Estado el que las convirtió al arrebatarles a sus hijos.
 
Hoy volvieron a las calles a exigir justicia para que sus muchachos regresen a casa. Una y otra vez han reafirmado que no se detendrán hasta dar con su paradero, hasta obtener la justicia.
 
Como ellas, otras mujeres más se suman a la exigencia de justicia ante otros agravios cometidos por el Estado, pero esta vez no es en las instancias nacionales, ahí la buscaron pero no lo lograron, ahora se van más allá de nuestras fronteras: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a las 11 mujeres violentadas sexualmente durante la represión al pueblo de Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.
 
Ellas también han caminado una década para exigir su legítimo derecho a la justicia, no sólo para ellas sino para evitar que otras mujeres sean vejadas, para que el Estado mexicano cumpla con las víctimas, asuma su responsabilidad, castigue a los responsables tanto intelectuales, a los que dieron la orden, como a quienes ejecutaron la acción.
 
Dos historias, dos situaciones distintas, no sólo por el tiempo sino por los hechos que las han llevado a caminar rutas similares en la búsqueda de justicia. Mujeres todas que rompieron el silencio, que han puesto sus voces para evitar que el olvido se lleve sus historias, sus dolores, sus rabias y su exigencia de justicia.
 
Ante los 2 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto aseguró que seguirá investigando hasta dar con el paradero de estos jóvenes y que castigará a quienes estén involucrados en estos hechos sin importar jerarquías, ni si son de la delincuencia o de alguna instancia de gobierno local o federal.
 
Me pregunto si este mismo razonamiento será el que lleven las autoridades que representarán al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso de las mujeres de Atenco.

¿Será que el castigo llegará hasta quien hoy ocupa el Ejecutivo Federal?
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 

 
16/LLH/LGL