Despenalización del aborto

A más de una década de que la Ciudad de México despenalizara la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación se comprobó que implementar una política pública integral salva la vida de las mujeres, garantiza el derecho a decidir sobre la maternidad y fomenta la anticoncepción informada. 

El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó reformar los Artículos 144 al 147 del Código Penal y el Artículo 16 Bis de la Ley de Salud para impedir que las capitalinas fueran acusadas penalmente por tener un aborto y evitar que aquellas sin recursos económicos se atendieran en servicios inseguros.

A 11 años de este cambio normativo la ginecóloga e integrante de la organización Ipas México, Claudia Martínez López, sostiene que la reforma se convirtió en una política pública integral para atender a las capitalinas. Hoy, además, hay evidencia para echar abajo los mitos sobre este proceso: que obliga a las mujeres a abortar y que provoca que tengan abortos continuos.

La especialista destaca los beneficios que está reforma trajo a las mujeres: la oportunidad de acceder a procedimientos seguros, redujo la tendencia a criminalizar la interrupción del embarazo y llevó a reconocer la libertad y autonomía de las mujeres y su derecho a decidir sobre su maternidad.

MITOS DEL ABORTO

Un mes después de aprobadas y promulgadas, las reformas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio de dos acciones de inconstitucionalidad. El debate llevó a escuchar las posiciones de expertos en Bioética, feministas, académicas, juristas y grupos religiosos.

Estas discusiones y el hecho de que el aborto en sí mismo sea un tema tabú provocaron que grupos conservadores alertaran del peligro de una política que permitiera la interrupción de la gestación. Entre los argumentos de esta postura estaba que las mujeres serían obligadas a abortar y que una vez que lo hicieran se convertiría en una práctica recurrente.

No obstante, desde que una mujer llega a solicitar el servicio en alguna de las clínicas especializadas habilitadas en 2007, se le explica el proceso, se confirma el embarazo y las semanas de gestación a través de estudios de laboratorio y se le da consejería, es decir, se le explican todas las opciones aun cuando es probable que ya se decidió por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A este procedimiento se le llama consentimiento informado.

Una vez que la persona toma una decisión, se le brinda consejería anticonceptiva a fin de que opte por un método anticonceptivo. El personal médico debe identificar  si la mujer necesita  un tipo de atención extra para referirla a otro centro de atención, por ejemplo, si requiere de análisis como Papanicolaou  o colposcopia o si debe ser atendida por violencia de género.

En conclusión, de acuerdo con Claudia Martínez esta reforma a la Ley de Salud y al Código Penal capitalino permitió ver a las mujeres como sujetas de derechos y garantizar su derecho a la libre autodeterminación reproductiva, respetar su derecho a la dignidad, al acceso a la información, el respeto a la libertad de creencias y religión y procurar su salud.

De acuerdo con los registro del Programa ILE, a 11 años de vigencia (abril 2007 – de abril 2018) un total de 194 mil 153 mujeres han accedido al servicio; un 30 por ciento de ellas vienen de diversos estados de la República; y la mayoría (73 por ciento) acude en las primeras 8 semanas de gestación.

Los datos también indican que 65.3 por ciento de las mujeres ya tenían hijos, lo que también demuestra que es falso que el aborto provoque que las mujeres no quieran ser madres, sino que les da oportunidad de decidir sobre su reproducción. Así, 93.7 por ciento eran mayores de edad a la hora solicitar el servicio. 

En este tema, destaca la ginecóloga, hay una red de clínicas que cuenta con personal multidisciplinario que tiene capacitación y sensibilidad para atender a las mujeres y que usa tecnología adecuada para realizar el procedimiento, ya sea con medicamentos o con el método de aspiración manual endouterina.

Si este servicio es uno de los mejores que presta la capital del país, en parte se debe al acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que están vigilantes del funcionamiento.

RETOS

Las mujeres que accedieron a la ILE, explica Laura Andrade Campos, también integrante de Ipas, ejercieron su libertad de conciencia sin poner en riesgo su vida y su salud; sin embargo de acuerdo con organizaciones como Ipas aún falta eliminar los obstáculos que enfrentan quienes buscan un aborto legal en otras entidades.

Por ejemplo, las estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital indican que de las mujeres que se atendieron en las clínicas especializadas en estos 11 años, 50 mil 284 eran del Estado de México, mil163 de Puebla, 716 de Morelos y otras llegaron desde entidades más lejanas o incluso desde el extranjero.

La despenalización, afirma Andrade Campos, también evidenció las diferencias entre las mujeres que viven en la Ciudad de México o que pueden acceder a los servicios de la capital y las que no tienen este derecho por residir en otros estados de la República donde solo se puede tener un aborto por ciertas causales.

Hasta antes de 2007 en la capital del país las mujeres que tenían la necesidad de interrumpir la gestación eran estigmatizadas, criminalizadas, enjuiciadas y enviadas a prisión; ahora, uno de los retos es hacer llevar esta información a más mujeres y que conozcan que en caso de requerir el servicio tienen opciones.

También deben saber que pueden acceder a servicios seguros, públicos o privados, como las clínicas del recién creado Colectivo de Asociaciones Mexicanas para la Interrupción del Embarazo, integrada por servicios privados como Marie Stopes y Medieg; y que en caso de no tener recursos económicos para viajar a la capital pueden buscar apoyo en iniciativas civiles como el Fondo María.

Para otras agrupaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el desafío es garantizar este derecho a todas las mexicanas, pues consideran fundamental que el Estado cumpla con la legislación nacional vigente que permite el aborto por diversas circunstancias y garantice que todas accedan a la ILE.

Esto porque a pesar de que en todo el país las mujeres pueden acceder a un aborto si fue producto de violación, la norma no siempre se cumple, como lo demuestran dos casos que en abril llegaron a la SCJN.

18/AGM

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, solicitaron a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género (AVG) del Congreso Federal, llamar a comparecer a los cuatro diputados del congreso estatal que rechazaron la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Despenalizar el aborto del Código Penal de Veracruz fue una de las recomendaciones que dictó el Grupo de Trabajo por la solicitud de AVG por Agravio Comparado que hizo la asociación civil Equifonía en abril de 2016, ante las leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo los diputados del congreso veracruzano, Gregorio Murillo Uscangan, Bigen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y la diputada Teresita Zuccolotto Feito, firmaron el pasado 22 de septiembre en negativo el dictamen de esta iniciativa y argumentaron que era un acto “inconstitucional” porque el Artículo 4o de la constitución veracruzana “protege la vida desde el momento de la concepción”.

Finalmente seis días después en una sesión extraordinaria el pleno discutió la reforma y terminó desechándola con 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Por ello en un comunicado de prensa el OCNF y el Frente Veracruzano –conformado para seguir el proceso del mecanismo- exigieron al Congreso Federal la comparecencia de estos cuatro legisladores y legisladora ante su “evasión en el proceso de la AVG por Agravio Comparado”.

De la misma manera pidieron al Congreso Federal la rendición de cuentas del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues el Grupo de Trabajo le presentó  una propuesta de reforma sobre la despenalización del aborto pero él nunca dio una respuesta a las expertas.

En su lugar la propuesta fue presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros Cházaro.

Esta no es la única presión para el congreso de veracruzano por sus omisiones legislativas, por la misma razón –incumplir con la despenalización de la interrupción del embarazo- la organización peticionaria de la Alerta, Equifonía, interpuso en octubre un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal.

IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES

Las organizaciones también demandaron a las autoridades locales explicar los alcances que tuvo la implementación de las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo, ya que únicamente conocen la creación de un plan de atención para las víctimas de violencia sexual.

Pidieron al gobierno que se respete la laicidad del Estado debido a la alineación de jerarcas de la Iglesia católica que han impulsado con el gobierno iniciativas como “la protección de la vida” en la Constitución local.

En tanto la expectativa está en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ya rebasó el tiempo con el que cuenta para decidir la procedencia de la declaratoria de AVG por Agravio Comparado.

En caso de que Segob resuelva declarar esta alerta en Veracruz, sería la segunda del estado pues cabe recordar que se cumplió un año de la vigencia de la AVG por violencia feminicida que hay en 11 de sus municipios.

17/HZM/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) interpondrá un amparo en contra de la resolución del Congreso de Veracruz, que determinó no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ni ampliar las causas establecidas en el Código Penal local, en una sesión extraordinaria el pasado 28 de septiembre. 

En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora el OCNF, María de la Luz Estrada, detalló que la próxima semana la organización presentará un amparo por las violaciones y anomalías que cometieron los y las legisladoras de Veracruz en el proceso de despenalización del aborto, como lo mandó el Grupo de Trabajo encargado de atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravios a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Entre las irregularidades, está que la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, quien presentó la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, no tuvo acceso al dictamen negativo que firmaron el 22 de septiembre las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso. Razón  por la cual se ausentó durante la sesión de ayer la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece la diputada.

Otra violación grave que precisarán en el amparo, señaló la coordinadora del OCNF, es que el dictamen negativo del Congreso coarta los Derechos Humanos (DH) de las mujeres como la garantía del acceso a la salud reproductiva, tal como lo dictan los instrumentos nacionales e internacionales firmados por México.

Tratados que ignoró el congreso, denunció Luz Estrada, pues sólo se argumentó en el pleno que la modificación del Código Penal era un “acto inconstitucional” porque desde 2016 el artículo cuarto “protege la vida a partir del momento de la concepción”. Cabe mencionar que esta reforma la impulsó en su momento el ex gobernador Javier Duarte apoyado por la Iglesia Católica local.

DAN EVIDENCIAS A CONAVIM PARA DECRETAR AVG

La defensora de DH recordó además, que ayer concluyó el periodo de seis meses que tuvo el estado para cumplir con las recomendaciones del grupo de expertas de la alerta, por lo que deberá quedar asentado en el informe que rinda la próxima semana el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a Conavim, que el Poder Legislativo no cumplió con las recomendaciones de la AVG.

Cabe recordar que la Alerta fue solicitada por la organización Equifonía en abril de 2016 y denunciaba tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; el segundo, la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y por último, el referente a la protección de la vida desde el momento de la concepción.

“En el caso específico del Poder Legislativo de Veracruz, la discriminación porque el aborto sigue siendo punitivo en el Código Penal era el principal agravio de la AVG. Ahora no podemos avanzar en las demás políticas públicas de salud si el marco legal no lo permite”, denunció Luz Estrada.

La responsabilidad, señaló la coordinadora del Observatorio, recae también en Miguel Ángel Yunes, pues la organización cuenta con una carta dirigida a Conavim por parte del Grupo de Trabajo, donde este, le entregó al gobernador una propuesta de reforma para la despenalización del aborto con el fin de que él la presentara, sin embargo la ignoró.

Por lo tanto será inminente que la entidad sume su segunda alerta, destacó Luz Estrada, pues cuenta desde noviembre de 2016 con una por violencia feminicida en 11 municipios.

El OCNF entregará también un reporte a Conavim en el que se puntualizan las acciones que incumplió el gobierno estatal, para que esta instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, realice un dictamen crítico en el que argumente por qué –en caso de decirlo- declara la segunda AVG en la entidad.

17/HZM/LGL

Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, rechazaron la iniciativa para terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, por tratarse de una “acción inconstitucional”, argumentaron.

En una sesión extraordinaria del Congreso estatal, el pasado 22 de septiembre se discutió la propuesta hecha por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro que buscó modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto; derogar el plazo de 90 días para interrumpir un embarazo en caso de violación; y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

La y los legisladores determinaron como improcedente la iniciativa pues argumentaron que desde el 23 de agosto de 2016 el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz protege la vida desde el momento de la concepción, por lo que “no es posible modificar una norma secundaria como es el Código Penal, si contraviene la Carta Magna Veracruzana”, señaló en un comunicado el congreso estatal.

El freno de esta propuesta hecha el 27 de julio por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dio a pesar de ser una obligación que debe cumplir el gobierno veracruzano como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, es decir, porque existen leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La petición de esta AVG a la Secretaría de Gobernación (Segob) la realizó en abril de 2016 la asociación civil Equifonía. Su directora, Araceli González Saavedra explicó en entrevista telefónica con Cimacnoticias que la postura de los legisladores carece de fundamentos, pues en el artículo constitucional 4to se indica que “hay excepciones establecidas dentro de la ley”, por lo tanto, sí es posible la reforma al Código Penal local, indicó.

“Nos parece que nuevamente los legisladores se dejan llevar más por sus creencias personales y por las alianzas que hacen con sectores, que no tendrían que estar interviniendo en la política pública de nuestro estado, que por los derechos de las mujeres”, denunció González Saavedra.

Los diputados que firmaron el dictamen negativo durante la sesión fue el presidente de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina y el secretario, Carlos Antonio Morales Guevara; además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gregorio Murillo Uscanga.

De acuerdo con el comunicado del congreso, el dictamen será presentado para su votación ante el Pleno del Congreso en la sesión extraordinaria del 28 de septiembre, justo en la última semana de los seis meses que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con la AVG, recordó peticionaria de la alerta.

YUNES DEBE IMPULSAR PROPUESTA

Ante el rechazo de los diputados, la directora de Equifonía señaló que la obligación recae en el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien sí tiene el compromiso en garantizar los Derechos Humanos (DH) de las veracruzanas y de cumplir con la AVG, él debe presentar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, precisó.

“Toca al gobernador del estado en cumplir con la recomendaciones de Segob. Él –Miguel Ángel Yunes- debe presentar la iniciativa, esa sería la vía por la cual el poder legislativo pueda hacer las modificaciones pertinentes”, indicó la directora de Equifonía.

En la petición de la AVG fueron tres obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos que las organizaciones civiles denunciaron: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza el aborto en caso de violación; la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y la protección de la vida desde el momento de la concepción que impulsó el ex gobernador, Javier Duarte y grupos de conservadores de la Iglesia Católica.

Araceli González recordó que a pesar de los avances en los rubros de acceso a la salud para las veracruzanas, en caso de que no se cumpla con la modificación al Código Penal sobre el aborto, exigirán a Segob que decrete la segunda AVG en Veracruz, pues cabe recordar en noviembre de 2016 la Secretaría declaró en alerta por violencia feminicida a 11 municipios de la entidad.
Por su parte en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Salud y la Vida de las Mujeres –articulado para dar seguimiento a la AVG por agravio comparado- hicieron un llamado al Congreso de Veracruz para que cumpla sus “responsabilidades jurídicas” y el respeto de los derechos sexuales de las niñas y mujeres conforme a los estándares internacionales de DH.

Asimismo, indicaron que México es un Estado laico por lo que “los derechos de las mujeres no pueden estar condicionados por creencias religiosas”, y recordaron a los legisladores de Veracruz que no pueden desaprovechar una oportunidad histórica, ser la segunda entidad en el país que despenalice el aborto como la Ciudad de México.

17/HZM/LGL

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

17/HZM

La reciente condena de Evelyn, una joven que acaba de cumplir los 19 años, pone de nuevo en evidencia que en El Salvador, las mujeres se enfrentan a graves situaciones de misoginia, y que, en determinadas circunstancias, son sometidas a procesos de estigmatización que cierran sus proyectos de vida, debido a severas condenas y criminalización.
 
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
 
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
 
Pese a que Evelyn ha reiterado que no sabía que estaba embarazada y que no hizo nada para provocar la muerte de su hijo, la Fiscalía General de la República y la Jueza se niegan a aceptar su versión, le han condenado, sin pruebas directas, a una pena de 30 años de cárcel.
 
En El Salvador desde hace 20 años existe una de las leyes de mayor rigor en materia de aborto en el mundo, sin excepción alguna considera el aborto como un delito, y aunque el aborto tiene penas que van de 2 a 8 años de cárcel, la estigmatización, el ambiente punitivo y de persecución que provoca, tiene otras graves consecuencias.
 
El personal sanitario en hospitales públicos se ve presionado a denunciar cualquier sospecha de aborto y a violentar su deber de secreto profesional con sus pacientes, ya que aún sin tener suficiente evidencia y una investigación previa les denuncian para no ser acusados de complicidad de delito. Esta situación ha generado que más de la mitad de mujeres acusadas de aborto y la mayoría de mujeres condenadas por homicidio agravado en sus hijos e hijas recién nacidos, hayan sido denunciadas en las salas de emergencia de hospitales del sistema público de salud.
 
Una consecuencia todavía más grave, es la pérdida de la presunción de inocencia que las mujeres enfrentan cuando se les considera sospechosas de haberse provocado un aborto, pues de inmediato son consideradas asesinas. Son criminalizadas independientemente que no existan pruebas de su actuación, se les acusa y condena de la muerte de sus criaturas. Incluso cuando los peritajes científicos explican causas de muerte indeterminada o no provocada como en el caso de Evelyn.
 
La experiencia de defensa de “Las 17 y más” (Campaña por la Libertad de Mujeres impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador) ha mostrado que son numerosas las sentencias contra mujeres que reflejan el alto grado de misoginia y el estigma que provoca la penalización absoluta del aborto. El caso de Evelyn es similar al de otras mujeres que han tenido que pasar años en la cárcel hasta que los Tribunales, después de revisar sus sentencias o mediante otros recursos como el indulto, han debido reconocer que sus condenas estuvieron basadas en errores judiciales.
 
Las luchas de organizaciones sociales y estrategias de defensa jurídica a nivel nacional e internacional, han permitido que algunas mujeres recuperen su libertad, pero a pesar de que instancias como la Corte Suprema de Justicia han reconocido el error al condenarlas, ninguna institución pública se ha comprometido hasta ahora a reparar nada del daño que les han causado.
 
Evelyn al igual que otras mujeres, ha sufrido una cadena de desprotección estatal y violación a sus Derechos Humanos. No se le protegió debidamente frente a un ambiente de amenazas y violencia sexual, no tuvo información y educación integral en sexualidad pues el sistema público de educación no la incluye, acudió a un establecimiento de salud en búsqueda de atención médica y fue denunciada y encarcelada, no se le respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, finalmente ha sido condenada, sin pruebas directas, que demuestren el dolo o su intención de matar.
 
Lo paradójico es que El Salvador ahora se presenta en foros internacionales como un Estado que respeta los derechos de las mujeres dando a conocer la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Pero la vida cotidiana que enfrenta la mayoría de mujeres, especialmente si son jóvenes y viven en situación de pobreza, es aún muy lejana de los propósitos que se plantea esta moderna legislación.
 
Múltiples factores de marginación y discriminación marcan las distancias entre ese país seguro del que habla la ley, con las realidades concretas que enfrentan las mujeres. Uno de estos obstáculos, es la persistencia de estereotipos sexistas en el razonamiento jurídico y la argumentación de sentencias judiciales basadas en indicios que condenan a las mujeres por crímenes que no cometieron.
 
Por otro lado, desde hace unos años, El Salvador también aprobó la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), y las instituciones reiteran su especial preocupación por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Evelyn cuando empezó a vivir esta cadena de violaciones aún era una adolescente, pero su vida y su integridad no han sido protegidas, pese al reconocimiento de la “obligación del Estado, a brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita para su pleno desarrollo”.
 
Evelyn tiene ahora 19 años y enfrenta desde el 5 de julio una condena de 30 años de cárcel, pero su situación no se considera violencia estatal, pese a que el Estado de El Salvador reconoce como “Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley”.
 
La injusta condena de Evelyn ha impactado a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional que de nuevo señala a El Salvador como un país que no respeta plenamente los derechos de las mujeres. Por ello, Evelyn es un nombre que ahora va unido a la indignación, a la lucha por la justicia y la libertad para las mujeres.
 
* Este artículo fue retomado del boletín de la Fundación Heinrich Böll Stiftung
 
17/MH

Organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Amnistía Internacional, el encuentro-debate sobre el aborto en la agenda legislativa desbordó la sala del Congreso, donde se realizó el martes pasado. 
 
El encuentro fue convocado para tratar el panorama del aborto en la región y por qué en Argentina no se trata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo; el rol de las organizaciones y los números que revelan un grito urgente: #AbortoLegalYA. Esta es la crónica:
 
El auditorio está lleno, tanto que traen sillas de otras salas para que se sienten las mujeres que están paradas. No alcanza: siguen llegando, el auditorio desborda para escuchar este encuentro debate: “Es la violencia de género, que se extiende en toda la región, la que sigue siendo uno de los fracasos más deplorables de los Estados en las Américas”, dice Erika Guevara Rosas, directora Ejecutiva de la Oficina Regional para las Américas en Amnistía Internacional, en la conferencia inaugural.
 
Sigue: “Los Estados de la región no sólo tienen una deuda pendiente para atender la violencia contra las mujeres y las niñas en manos de terceros, sino que sus legislaciones, sus políticas públicas y prácticas están causando daños y sufrimiento a millones de mujeres y niñas en toda la región, constituyendo una de las más graves formas de violencia estructural”.
 
FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
 
Erika anuncia la fortificación de alianzas con movimientos de mujeres para apoyar la lucha por la despenalización del aborto en toda la región y traza un mapa de la situación:
 
Más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados en América Latina o El Caribe, tasa que se mantiene sin cambios desde los años 80.
 
El 97 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y El Caribe viven en países donde el aborto está severamente restringido por la ley o, en muchos casos, penalizado totalmente y bajo cualquier circunstancia.
 
En el año 2016, al menos el 10 por ciento de todas las muertes maternas en la región se debieron a abortos clandestinos e inseguros.
 
El Salvador es uno de los países en el mundo donde las muertes maternas no han disminuido, sino que se han incrementado desde el 2013.
 
En Argentina, las complicaciones relacionadas con el aborto siguen siendo la primera causa de muerte materna directa desde los años 80.
 
Alrededor de 760 mil mujeres fueron hospitalizadas el año pasado por complicaciones de aborto inseguro en toda la región.
 
Se calcula que alrededor de 2 mil mujeres latinoamericanas mueren cada año debido a abortos inseguros.
 
Agrega Erika Guevara: “Tradicionalmente, las recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres están centradas en una serie de medidas que el Estado debe tomar para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres perpetradas por terceros, sin embargo hoy en día son los propios Estados de la región los que promueven y facilitan un ambiente regresivo de Derechos Humanos para las mujeres y las niñas, y su causa más próxima es la existencia de leyes, políticas públicas o practicas violatorias de los derechos sexuales y reproductivos”.
 
La situación, alarmante, tiene de la vereda de enfrente la organización y lucha. Erika rescata la experiencia  de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como un “hito importantísimo en las formas de organización de las mujeres por la demanda de sus derechos” y concluye: “El Estado no sólo debe aprender de la fuerza de este movimiento, sino asegurarse de que sus demandas se conviertan en políticas claras”.
 
PROYECTO EN ARGENTINA
 
En Argentina, el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presentó por sexta vez el 30 de junio de 2016. El recorrido legislativo que debe hacer para convertirse en ley empieza por la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado nacional, Daniel Lipovetzky, quien en diálogo con lavaca se manifestó a favor, pero aún no trató el proyecto.
 
Desde el panel de debate que comenzó con Susana Chiaroti, miembro del Comité de Expertas en violencia contra la mujer (OEA), se recalcó la necesidad del tratamiento urgente del proyecto. Edurne Cárdenas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue la encargada de continuar con el debate, planteando a cinco años del caso FAL los avances y obstáculos de la implementación del fallo.
 
Mario Sebastiani, director de obstetricia del Hospital Italiano fue contundente: “No se puede permitir decir que hay salud pública en un país donde el aborto está penalizado. Es inadmisible que cuando estoy en la función pública lleve mis creencias en vez de poner en marcha políticas públicas que beneficien a la población. Quitémosle a los que tienen cargos públicos la inmoralidad de traer acá sus creencias”.
 
La encargada de cerrar el panel fue Ruth Zurbrigen, quien explicó el trabajo de Socorristas en Red, que en los últimos tres años acompañaron en su decisión de abortar a 7 mil 958 mujeres.
 
*Este artículo fue retomado del portal lavaca.org
 
17/RED/GG

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas el congreso local debe aprobar la reforma a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y respetar la separación que debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado ante los esfuerzos de grupos conservadores que buscan frenar la propuesta, denunciaron organizaciones civiles. 
 
A pesar de las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” (leyes que transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) las organizaciones peticionaras Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, pidieron en un comunicado que se cumpla con la última recomendación del Grupo de Trabajo: la despenalización del aborto.
 
El pasado 27 de julio la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros y 13 diputados adscritos, presentaron la propuesta de reforma de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y suprimir los 90 días que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo producto de una violación.
 
Se prevé que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones en septiembre, cuando se terminan los seis meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes para presentar su reporte de cumplimiento al Grupo de Trabajo que atiende la AVG.
 
Por ello, las agrupaciones pidieron que se respete el principio de laicidad del Estado, ante “la intromisión por parte de grupos conservadores” para frenar la propuesta, mismos que impulsaron en colaboración con el ex gobernador Javier Duarte, la modificación al Artículo 4 de la constitución local, que desde agosto de 2016 “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
Cabe mencionar que otras ocasiones, a pesar de que el reglamento de la AVG no establece dar mayor tiempo a los estados para cumplir con las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado prórrogas de seis meses argumentando que se observan avances significativos por parte de las autoridades.
 
Por ello las agrupaciones insistieron que “es impostergable el cumplimiento de todas las recomendaciones, incluida la reforma al Código Penal, de otro modo exigiremos que se decrete la segunda alerta”, demandaron en el comunicado.
 
En caso de que el grupo de expertos determine que las acciones no fueron suficientes, la Segob podría decretar la segunda alerta en la entidad, pues está vigente desde noviembre de 2016 en 11 municipios de Veracruz la AVG por violencia feminicida.
 
AVANCES EN CUATRO MESES
 
Hace cuatro meses el estado de Veracruz aceptó las propuestas contenidas en el informe del Grupo de trabajo, con ello Equifonía y el Comité Promotor han hecho un seguimiento puntal de las acciones gubernamentales entre las que destacan la realización de campañas por parte de la Fiscalía General del estado sobre la difusión de la interrupción legal del embarazo en las causales que establece la ley, y la realización de una base de datos para conocer cuántas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo.
 
Hasta ahora sólo se ha conseguido liberar a una mujer indígena que por interrumpir un embarazo estuvo 11 años en prisión. Sin embargo desde 2015 al 30 de abril de 2016, la Fiscalía conformó siete carpetas de investigación por el delito de aborto y recibió 15 denuncias por la misma razón, informaron las agrupaciones peticionarias.
 
En cuanto a la Secretaría de Salud estatal, las organizaciones señalaron que se avanzó en el diseño de una primera capacitación al personal médico para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y campañas de difusión de la norma dirigidas a la sociedad civil.
 
Sin embargo consideraron que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la implantación y sostenimiento a largo de plazo de la medidas derivadas de la Alerta, por lo que exigieron al gobierno que destine mayor recurso público y lo aplique de forma transparente.
 
Por último las organizaciones civiles recordaron que la solicitud por AVG por agravio comparado se trata de un asunto de “justicia social” y de proteger la salud y vida de las mujeres.
 
Esta petición de la alerta por agravio comparado es la primera que se hace en el país y se presentó en abril de 2016 por tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y negativa por aplicar la NOM-046; la tipificación del aborto que en el Código Penal se castiga con un “tratamiento educativo y de salud”; y “la protección de la vida desde el momento de la concepción”.
 
17/HZM

El Tribunal Constitucional de Chile (TC) determinó que el personal médico y las instancias de salud pueden abstenerse de practicar un aborto si previamente externan no estar de acuerdo al titular de la institución y que sólo estarán obligados a realizarlo cuando la vida de la mujer esté en riesgo por el embarazo.
 
Ayer el TC publicó un fallo donde expuso que la objeción de conciencia, es decir la libertad de decidir si interrumpen o no un embarazo (el personal médico), se extenderá a las instancias de salud. El proyecto de ley originalmente contemplaba solo al personal que labora en el “pabellón quirúrgico durante la intervención”.
 
Lo anterior tras la discusión desde el pasado 16 de agosto de dos recursos de impugnación interpuestos por senadores de la coalición política Chile Vamos donde calificaban de “anticonstitucional” el proyecto de ley propuesto por la presidenta Michel Bachelet en 2015, y solicitaban analizar la objeción de conciencia.
 
El TC rechazó que fuera “anticonstitucional” la ley que considera legal el aborto por tres causales: cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada, por la actividad fetal incompatible con la vida; y cuando el  embarazo sea producto de una violación sexual.
 
Aún cuando el proyecto establece que el centro de salud está obligado a reasignar a la paciente con personal que no haya objetado, incluso cuando no se encuentre dentro de la instancia médica, falta que el Ministerio de Salud chileno publique los protocolos específicos para que el principio de objeción de conciencia se aplique.
 
Solo se estipula que habrá excepciones en la aplicación de la objeción de conciencia cuando la mujer embarazada “requiera atención médica inmediata e impostergable” por riesgo de vida cuando no exista otro médico para atenderlas.
 
 
Antes del fallo, el proyecto de ley contemplaba como obligatorio que aún cuando el médico hubiera externado su objeción de conciencia y en caso de no existir otro médico para atenderla, las mujeres podrían acceder al aborto antes de las 12 semanas de gestación, y en el caso de las niñas, hasta las 14 semanas, siempre y cuando el embarazo fuera producto de una violación; sin embargo esta excepción quedó fuera del proyecto.
 
Cifras de Poder Judicial de 2016 de aquél país, revelaron que 66 por ciento de los embarazos producto de una violación fueron presentados por niñas menores de 18 años.
 
El fallo del Tribunal también plantea que las instancias médicas decidirán si mantienen dentro de su plantilla laboral a personal que no comparta la objeción de conciencia. 
 
Organizaciones chilenas se han pronunciado en cuanto al principio de objeción de conciencia. Días antes del fallo la vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, externó en una columna “Entonces, el personal de salud puede tener objeción de conciencia respecto de hacer un procedimiento, pero las mujeres no podemos tener el mismo nivel de conciencia a efectos de poder tomar una decisión tan determinante para nuestras vidas”.
 
Y en entrevista con esta agencia, la defensora destacó que si bien la despenalización del aborto “significa un avance para el derecho a decidir de las mujeres en su cuerpo”, la ley aún es restrictiva porque no contempla que las mujeres “puedan decidir libremente” acceder a un aborto.
 
Una de las limitantes del proyecto de ley es, por ejemplo, que aún y cuando las mujeres cumplan una de las tres causales, deberán manifestar previamente por escrito que es su voluntad interrumpir el embarazo, con excepción de las que lleguen por emergencia para su salud.
 
 17/MMAE

El Senado de la República Dominicana aprobó el miércoles 31 de mayo el Código Penal, en el cual mantiene la penalización del aborto y rechaza las observaciones del Poder Ejecutivo que establecían excepciones en caso de peligrar la vida de la mujer, cuando se tratara de violación o incesto y por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
 
Con la votación de 27 senadores de 29 presentes, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que según el procedimiento el Código Penal ya es Ley, actuación que ignoró por completo la solicitud de organizaciones defensoras de la mujer en el país, como la Coalición por los Derechos y la Vida, que pidieron "no conocer el proyecto de Código Penal en estos momentos, ya que todos los ojos están puestos sobre el caso Odebrecht y los procesos que se siguen contra funcionarios sobornados por la constructora brasileña".
 
Simultáneamente al desarrollo de la sesión, grupos feministas protestaron frente a la sede del Congreso y portaron pancartas en las cuales exigían que cumplieran la observación hecha por el Poder Ejecutivo, "en la cual se plasma el Artículo 38 de la Constitución, referido a la Dignidad Humana: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos", expresaban.
 
"La sociedad dominicana sigue esperando la aprobación de un Código Penal que dé respuestas a la realidad social en que vivimos. Esta no será una pieza legislativa sólida si la observación del Poder Ejecutivo no está incluida", declaraban mujeres participantes en la protesta.
 
"Exigimos la aprobación del Artículo presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional relativo a la despenalización del aborto por causales que se refieren a: cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto o incesto, siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que el mencionado hecho punible hubiese sido denunciado, o sea manifiesto que la víctima ha estado en la imposibilidad de hacer la denuncia y cuando debido a una malformación congénita, clínicamente establecida, la vida del concebido se considere inviable".
 
"Cada día que pasa, sin que se apruebe el Código Penal con las causales es una sentencia de muerte", concluyeron las participantes ante esta decisión que ignora por completo las altas cifras de mortalidad materna que van en aumento, ante la mirada indolente e irreflexiva de quienes velar y defender la integridad y respeto de las mujeres.
 
17/MAR/GG