Defensora de Derechos Humanos

La defensora yucateca Sandra Peniche Quintal y presidenta de la Clínica de Servicios Humanitarios en la Salud Sexual y Reproductiva (SHSS), organización con más de 17 años de trabajo en beneficio de la salud reproductiva de las mujeres, fue atacada en su domicilio la mañana de ayer.

En un comunicado, la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en México (RNDDHM), de la cual también es integrante Sandra Peniche, advirtió que la defensora “sufrió un intento de homicidio: un sujeto la atacó con arma blanca”.

Peniche Quintal ha sido violentada de manera continua por integrantes de la campaña internacional “40 Días por la Vida” -un grupo Provida- por su trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El pasado 9 de marzo fue hostigada por policías municipales, tras una queja interpuesta por los integrantes de la campaña Provida, quienes han mantenido “una actitud hostil” frente a la Clínica, señala el comunicado.

Esta campaña “por la vida” inició en 2014- previo a las festividades por la cuaresma- frente a la Clínica que preside Peniche, a donde asisten personas “a favor de la vida” para rezar por 40 días por “los no nacidos”

Debido a que nuevamente iniciaría esta campaña, la defensora yucateca conjuntamente con 255 mujeres integrantes de la RNDDHM pidieron al gobierno de Yucatán y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad  emitir medidas cautelares que garantizaran el pleno desarrollo de su labor en condiciones de seguridad y el acceso de la población al libre ejercicio de sus derechos sexuales.

Sin embargo, desde 2014 las autoridades de la entidad no han dado repuesta a los reportes levantados por el personal que labora en la Clínica sobre la situación de violencia, lo cual ha provocado que las “manifestaciones antiabortistas” sigan perdurando y aumente la hostilidad, denunciaron en una carta pública.

La Red Nacional destaca que el personal de la Clínica ha sido fotografiado, videograbado así como a sus vehículos, sin su consentimiento y a través de “sus rezos, plegarias y cánticos incitan al odio y a ejercer la violencia contra los y las defensores”.

La Clínica es considerada importante en Yucatán debido a los servicios que brinda a las mujeres: control del embarazo, anticonceptivos para mujeres, consejería sexual, interrupción legal del embrazo, entre otros. Hasta la fecha ha atendido a aproximadamente 11 mil personas, bajo la dirección de Sandra Peniche.  

De acuerdo con el Informe presentado en 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los DH, Michel Forst, de su visita a México, de 2010 a 2014 fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos y periodistas mujeres en México y los principales agresores fueron las empresas privadas y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de las comunidades.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, ya que existe un gran número de defensoras  que han sufrido intentos de asesinatos y ataques de violencia sexual o campañas de difamación.

Asimismo, el Relator expresó que las defensoras de los DH que buscan justicia se ven enfrentadas a actos de discriminación, intimidación y obstáculos de justicia. Por estas violaciones, aseguró que las defensoras de DH corren un mayor riesgo de ser “blanco de ataques y agresiones”

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A dos años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos hondureña, Berta Cáceres, el Ministerio Público de aquél país sigue impidiendo el acceso a documentos, diligencias y pruebas que acreditan la participación de cuatro personas más, además de las ocho ya procesadas por el crimen  de Cáceres.

Berta Cáceres, quien era víctima de persecución, intimidación y criminalización por actores estatales y no estatales debido a su labor de defensa del pueblo Lenca, era Coordinadora General del Consejo Indígena hondureño (Copinh). Dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y culturales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Además, fue reconocida por su lucha en defensa de los territorios y los bienes naturales con el Premio Goldman en 2015.

El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en la Ciudad de Esperanza, y desde entonces sus familiares y compañeros defensores de Derechos Humanos esperan justicia por su crimen.

El informe presentado en 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas (GAIPE) -creado a partir de las demandas de familiares de la defensora y organizaciones ante la ineficiencia de las investigaciones realizadas por el MP- confirmó que éste sí ha cometido irregularidades en el caso de Berta Cáceres al concluir hipótesis sin fundamento como que se trató de un “crimen pasional”.

En el informe, consultado por Cimacnoticias, el GAIPE afirmó que pese a las pruebas que ha presentado que acreditan ataques contra integrantes del Copinh, y de las comunidades indígenas por parte de empleados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) quien tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta Cáceres luchaba, éstas no han sido investigadas como un móvil del asesinato.

El GAIPE documentó que la empresa DESA, estableció estrategias como campañas de desprestigio, infiltración, amenazas, seguimiento y sabotaje al equipo de comunicaciones del Cophin con el fin de controlar y eliminar cualquier resistencia hacia su proyecto.

Desde el 2009, Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo en el informe se evidenció que la Secretaría de Seguridad de la entidad sólo protegió al personal de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca y omitió a la lideresa, pese a conocer el riesgo que corría.

Según el GAIPE, de acuerdo con la información recabada el asesinato de la defensora fue planeado desde 2015 durante las movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh que se oponían al Proyecto Agua Zarca.

El informe “Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica 2012-2014”, registró un aumento en las agresiones a mujeres defensoras de DH, donde Honduras ocupó el tercer lugar con más defensoras agredidas, después de Guatemala, con un total de 318 agresiones.

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