Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Las medidas de protección ordenadas por la autoridad jurisdiccional en casos de violencia política de género pueden mantenerse hasta que la víctima lo requiera, aun cuando se tenga por cumplido el fallo que les dio origen, señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la Tesis X/2017sobre “Violencia política de género. Las medidas de protección pueden mantenerse, incluso después de cumplido el fallo, en tanto lo requiera la víctima”, aprobada por el pleno del TEPJF, se expone la necesidad de garantizar que las mujeres electas a un cargo de elección popular puedan acceder a éste y ejercerlo.

Significa que cuando exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que es razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, la protección se mantenga hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que fue electa.

La tesis, informó la autoridad en un comunicado, se fundamenta en la interpretación de los tratados internacionales y las leyes locales sobre violencia de género y deriva de la obligación del Estado mexicano de reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución.

Después de la reforma político-electoral de 2014, cuando se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, comenzaron a salir a la luz casos de violencia política, algunos de mujeres que fueron electas y obligadas a renunciar a sus cargos o que no podían ejercer sus funciones, por ejemplo, María Gloria Sánchez, alcaldesa de Oxchuc en Chiapas y Samantha Caballero Melo, alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto.

Sin embargo, es de recordar que en la legislación nacional no se ha legislado el concepto de violencia política de género toda vez que apenas el pasado 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó incluir este tipo de violencia en cinco leyes generales pero las reformas aún deben ser avaladas por el Senado para ser publicadas y entra en vigor.

A pesar de este vacío normativo en noviembre las autoridades electorales reeditaron el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” creado en 2016 por las autoridades como el TEPJF, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

17/AGM

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
 
Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.
 
En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular. 
 
Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las  candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.
 

Adriana Favela Herrera, consejera electoral | imagen retomada del twitter del INE.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.
 
También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.
 
Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.
 
El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.
 
En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.
 
17/AGM/GG

En las campañas electorales, los medios de comunicación reproducen estereotipos de género o dejan de lado la participación política femenina, como sucedió durante el proceso electoral de 2016, cuando 70 por ciento de las notas periodísticas sobre los comicios omitió a las candidatas.
 
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), las mujeres políticas todavía enfrentan obstáculos para aparecer en los medios.
 
Al participar en el foro Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación, que se realiza hoy y mañana, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que de acuerdo con el monitoreo de medios que realizó la autoridad electoral, en las campañas de 2015 y 2016, sólo 13 por ciento de las notas incluyó a las mujeres.
 
El consejero expuso que, de acuerdo con este estudio, a las mujeres no se les presenta aludiendo a su experiencia profesional o capacidades, sino en relación con su aspecto físico, sus relaciones familiares, los hombres cercanos a su vida personal y laboral, y sus características emocionales.
 
Córdova abundó que hay una creciente influencia de los medios de comunicación en la vida pública del país, lo que llevó al Poder Legislativo a diseñar un modelo de comunicación política que reglamentó el acceso equitativo de los partidos a los tiempos en la radio y la televisión con fines electorales.
 
A 10 años de la reforma constitucional de 2007, que confeccionó el modelo de comunicación política vigente, y a ocho años de que se puso en marcha, Córdova destacó que hay libertad de expresión de quienes compiten por cargos públicos pero todavía se reproducen estereotipos de género en la propaganda política.
 
La consejera electoral del INE, Beatriz Galindo, dijo que es increíble que a más de 10 años de aprobarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia subsistan prácticas que tiendan a disuadir el interés de las mujeres de votar y ser elegidas y en condiciones equitativas respecto al hombre.
 
La consejera Galindo dijo que no se pueden justificar los casos de sindicas y demás representantes populares acosadas y agredidas verbal y físicamente por desempañar su cargo; ni la inequidad en la distribución de tiempos en radio y televisión entre mujeres y hombres, o  asignarla en distritos perdedores.
 
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó que de acuerdo con datos del INE tan sólo durante el periodo de campañas electorales del proceso electoral 2015, por cada 10 horas dedicadas en radio y televisión a hombres, las mujeres solamente tenían 6.8 horas.
 
Agregó que la distribución de recursos y cobertura mediática de las campañas está estrechamente vinculada con la discriminación de género, por lo que exhortó a todos los medios de radio y televisión a que en las elecciones de 2017 realicen una cobertura de campañas con un enfoque igualitario.
 
En tanto el fiscal de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo que en tiempos electorales, en los medios de comunicación también se pueden violar derechos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, al honor o de réplica; y además son espacio para promover estereotipos de género.
 
Es por ello que llamó a discutir cuál debe ser el alcance de la libertad de expresión cuando se encuentra un derecho en juego enfrente, como el derecho a la igualdad sustantiva, a la no discriminación y, el derecho del ejercicio y el acceso a los cargos públicos y al voto.
 
17/AGM/GG
 

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en la elección realizada en el municipio de San Pedro Mártir, Ocotlán, no se garantizó la participación igualitaria de las ciudadanas.
 
Constató que se vulneraron los derechos a la igualdad y no discriminación de las mujeres para ser postuladas como candidatas en la elección de concejales.
 
En una primera elección, que se realizó el 25 de septiembre de 2016, el cabildo quedó conformado sin la elección de mujeres.
 
EL SERVICIO DEL ESPOSO
 
Tras las mesas de mediación y diversas manifestaciones de las mujeres de la comunidad, se celebró una segunda asamblea el 16 de noviembre del mismo año. Sin embargo, se estableció que para acceder a la Presidencia Municipal era necesario cumplir con el sistema de cargos y se determinó que, en el caso de las mujeres, se tomaría en cuenta el servicio que el esposo hubiese prestado a la comunidad.
 
Ante tales hechos, por las inconformidades presentadas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y por los distintos elementos probatorios, el Consejo General del Instituto determinó que no existían elementos para establecer que las autoridades municipales y la Asamblea General Comunitaria de San Pedro Mártir, hayan realizado las acciones suficientes, necesarias y razonables para que las mujeres ejercieran su derecho político electoral de ser votadas.
 
Se calificó entonces como no válida dicha elección y se ordenó su reposición.
 
En el mismo sentido, la Sala Regional Xalapa, el pasado 26 de enero, determinó que en el municipio de San Pedro Mártir se violó el derecho de partición política de las mujeres en condiciones de igualdad, ya que el requisito impuesto para que las mujeres dependan de lo que ha hecho su esposo en la comunidad no garantiza la participación en un plano de igualdad entre ellas mismas y menos aún respecto al género masculino.
 
PRECEDETE POSITIVO
 
El Observatorio Electoral de Género de Oaxaca celebró la sentencia emitida por la Sala Xalapa, pues sienta un precedente en favor de la participación igualitaria entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales.
 
“Las mujeres deber tener la posibilidad de poder competir en cualquier cargo de elección dentro de sus comunidades, incluidas las posiciones de presidencias municipales y sindicaturas, y dejar que sean las y los integrantes de la comunidad quienes decidan si son electas o no, pero jamás vulnerar su derecho a participar”, destacó.
 
Así, en la comunidad de San Pedro Mártir, tal como lo señala la Sala Regional Xalapa, se restringió esta posibilidad al imponer un requisito que viola los derechos políticos de las ciudadanas.
 
Las instituciones integrantes del Observatorio Electoral de Género anunciaron que darán seguimiento al caso y, en el ámbito de sus competencias, apoyarán para que la comunidad respete y garantice los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la elección de las autoridades. También para que reponga su elección, tomando en consideración este principio.
 
17/JG/GGQ
 

El magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, presentó su renuncia a la presidencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo permanecerá en funciones, informó en un comunicado el Tribunal.
 
Luego de las críticas que recibió por diversas instancias y grupos de mujeres Juan Manuel Sánchez, por sus comentarios sexistas realizados el pasado 7 de noviembre durante la mesa de diálogo “La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, realizada en Villahermosa, Tabasco, donde el funcionario dijo que las mujeres deben ocupar cargos por su inteligencia y no por sus atributos físicos, ayer presentó su renuncia.
 
Ante los comentarios, el TEPJF se deslindó de las declaraciones del magistrado y señaló que no reflejaba la postura de este organismo el cual ha mantenido su compromiso por erradicar la violencia política contra las mujeres.
 
Asimismo, las integrantes de la Comisión de Equidad y  Género de la Cámara de Diputados al presentar un dictamen que pretende reformar diversas disposiciones sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, exigieron la renuncia inmediata del funcionario.
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su indignación ante el acto y manifestó que las expresiones misóginas son discriminatorias y atentan contra la dignidad de las mujeres.
 
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló que el vocabulario sexista se trata de un acto de violencia política que atenta a los derechos de las mujeres y añadió que estas actitudes son evidencia de la necesidad de seguir trabajando contra este tipo de violencia que enfrentan las mujeres por su condición de género.
 
Tras la renuncia de Sánchez Macías, será el magistrado Adin Antonio de León Gálvez quien presida la sala Xalapa hasta el 6 de marzo de 2019, informó el TEPJF.
 
16/HZM/LGL

Esta vez no fue un error, ni pifia, no darse cuenta que el micrófono estaba abierto y dejaba al descubierto lo que realmente es un servidor público. No, en esta ocasión fue totalmente consciente y  hasta puedo asegurarles que, orgulloso, creyó que dio toda una cátedra. Y de alguna forma sí, mostró de manera genuina de qué está hecho el hombre que ocupa el cargo de Presidente de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías.
 
Si yo fuera hombre, me daría vergüenza saber que tal personaje sea funcionario, que haya llegado al Tribunal Electoral y que su periodo concluya hasta 2019, que sea invitado a participar en un Diálogo sobre Paridad de Género, y sin el menor pudor hable sobre las mujeres de la manera más vulgar y soez como lo hizo en Villahermosa, Tabasco, el pasado lunes 7 de noviembre.
 
Cabe hacer notar que el foro “Diálogo sobre Paridad de Género”, en el que participó el Presidente de la Sala Regional, Sánchez Macías, fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco con el propósito de contribuir a generar los lineamientos en materia de paridad para las candidaturas de  alcaldías y diputaciones locales para el 2018.
 
Juan Manuel Sánchez Macías, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático en diversas universidades, nos pone el espejo del patriarcado machista cotidiano que se resiste a morir. Con frases denigrantes contra las mujeres se convirtió en noticia. ¿De ese tamaño son los hombres que ocupan el poder? tan pequeños para el encargo que se les encomienda.
 
Si yo fuera hombre después de escucharlo me daría vergüenza, pues sus palabras ponen en tela de juicio la idea de que todos los hombres que llegan al poder lo hacen por sus capacidades (lo machista y misógino no se les elimina con los grados académicos que logran).
 
¿Cuál es la capacidad de señor Presidente de la Sala Regional, Juan Manuel Sánchez Macías? ¿Ser un lenguaraz que llega a un foro sin una mínima preparación a decir lo que piensa, porque el tema Paridad de Género le merece poca relevancia y porque está convencido que sus creencias son fantásticas y brillantes?
 
Pero no sólo está convencido que sus ideas son brillantes, sino que es una autoridad en la materia, por lo que asegura que las mujeres llegan al poder no por sus capacidades intelectuales  y sí por su físico, cuando en el mismo foro se encontraban mujeres sobresalientes que han demostrado con un discurso argumentativo sólido la razón de la paridad de género.
 
Si yo fuera hombre, tras el discurso del magistrado Juan Manuel Sánchez -quien en 2012 obtuvo la medalla al Mérito Judicial Electoral- saldría con un letrero deslindándome de él y exigiría a las autoridades que revisen las formas en que son electos personajes como éste, que pone en vergüenza a la humanidad, por lo menos al 48 por ciento que está conformada por el sexo masculino.
 
Le exigiría su renuncia por demostrar que no tiene la capacidad para ocupar un cargo que exige solidez intelectual y moral. Claro, esto lo haría si fuera un hombre convencido en el respeto a la dignidad humana de las mujeres, en la urgente necesidad de una democracia completa para nuestro país porque ya varios personajes masculinos han hecho lo suyo para estar avergonzados.
 
Sino, dejaría pasar esto como un comentario de “mal gusto”, no le daría la importancia que tiene, porque en el fondo, en el mundo privado, ahí, donde bromeó con mis cuates, creemos lo mismo que Sánchez Macías y no sólo lo creemos, sino que actuamos en consecuencia. Exigimos favores sexuales a nuestras trabajadoras o colegas, denigramos la creatividad femenina y su talento asegurando que llegan a los encargos por sus atributos físicos, porque ese es el camino que les exigimos a las mujeres cuando los hombres tenemos el poder.
 
Claro, si yo fuera hombre podría decir lo que sea sobre las mujeres prácticamente sin consecuencias que pusieran en riesgo mi carrera política, y además, sería noticia.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL

La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, denunció que a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc.
 
En el contexto del “Foro Democracia Paritaria”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa dio la conferencia sobre “Mujeres indígenas y violencia política de género” donde expuso los casos ocurridos en Chiapas, de mujeres alcaldesas que fueron removidas de los cargos para los que fueron electas en 2015.
 
Dijo que las sentencias no han podido ser notificadas a quienes están ejerciendo indebidamente el cargo, y que hasta ahora ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni Seguridad Pública, han informado qué medidas adoptaron para cumplir con la sentencia.
 
El TEPJF resolvió el 17 de agosto restituir en su cargo de alcaldesa del municipio de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez y el 30 de agosto resolvió de forma similar a favor de la alcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez.
 
La magistrada expuso que en los casos de Oxchuc y Chenalhó el TEPJF inició acciones nunca antes tomadas por un Tribunal Electoral, como órdenes de protección, y que los juzgadores deben tener responsabilidad para que se cumplan las sentencias sin que se ponga en riesgo a nadie.
 
Señaló que como autoridad jurisdiccional, el Tribunal cumplió con su obligación constitucional, y ahora es tarea de las autoridades locales trabajar intensamente en la implementación de las sentencias.
 
Destacó la importancia de la ejecución de las sentencias sobre Oxchuc y Chenalhó para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Rosa Pérez y María Gloría Sánchez.
 
“Queremos presidentas municipales, síndicas, regidoras ejerciendo sus cargos en un contexto libre de violencia y discriminación”, dijo Alanís Figueroa.
 
El Foro “Democracia Paritaria” fue organizado por el IEPC, con el objetivo de elaborar un paquete de reformas legislativas que garanticen la no violencia política contra las mujeres, e igualdad de oportunidades; y es el primero de 8 foros titulados “Diálogos para  fortalecer el marco constitucional y legal del proceso electoral en Chiapas 2017-2018”.
 
El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, llamó a las mujeres a no rendirse en su lucha por la igualdad de género y les garantizó que en las consejeras y consejeros electorales tienen un aliado, porque como funcionarios electorales tienen la responsabilidad de garantizar los derechos político- electorales de todas y todos los ciudadanos.
 
En su participación la académica y doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flavia Freidemberg, expuso que en México, únicamente 12 por ciento de alcaldías son ocupadas por mujeres.
 
Señaló que la violencia política contra las mujeres siempre ha existido, pero con la paridad de género como rango constitucional, es que se han visibilizado más los casos de este tipo de violencia.
 
“Chiapas es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se respetan las candidaturas en el registro, por eso este foro es ideal para trabajar en el tema pues lo que urge es tipificar en una ley cuáles son los actos de acoso y violencia de género. Estaría muy bien que Chiapas tuviera una ley al respecto y con los trabajos de hoy se desarrollará una propuesta para conocer las  vías de denuncia y sus sanciones”, expresó Freidemberg.
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal la maestra Dania Paola Ravel Cuevas; la integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles; y la doctora Inés Castro Apreza, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coincidieron en que debe promoverse el liderazgo femenino desde el ámbito local y que se elaboren nuevas normas que garanticen que las mujeres que participan en política no serán violentadas.
 
También señalaron la necesidad de tipificar la violencia política como un delito para que bajo ninguna circunstancia exista violencia de género.
 
16/IM/LGL