Informe

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, realizará una visita oficial a México del 16 al 24 de enero para conocer la situación que se vive en el país y evaluar los esfuerzos de las autoridades mexicanas. La finalidad es que realice recomendaciones sobre la protección de los Derechos Humanos y su empoderamiento.
 
“La pregunta a la que nos enfrentamos es hasta qué punto los Defensores de Derechos Humanos se sienten seguros y empoderados en México”, dijo el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para monitorear e informar sobre la promoción y protección de quienes defienden los Derechos Humanos en el mundo.
 
“La respuesta es inevitablemente compleja, sin embargo es fundamental el papel que ejercen estos defensores de los DH, así como el desempeño que realiza la sociedad civil en garantizar un futuro próspero y democrático para México”, aseguró el relator a través de un comunicado que difundió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
 
La visita se dará después de la insistencia de agrupaciones civiles que pidieron al gobierno mexicano oficializar una gira de trabajo del experto.  En mayo de 2016, Michel Forst estuvo en el país como invitado por organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19 y Brigadas Internacionales de Paz.
 
En enero del año pasado, el relator presentó un informe ante la ONU y en el apartado que dedicó a México, aclaró que el gobierno solicitó que su visita como relator (la cual pidieron desde 2015) no se realizara en 2016 debido a la cargada agenda de trabajo gubernamental.
 
Forst visitará por nueve días el país y estará algunos días en la Ciudad de México y en estados como Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
 
Tendrá reuniones con autoridades estatales y federales, así como con organizaciones de Derechos Humanos y personas defensoras, para discutir las medidas que se tomarán para asegurar que éstas lleven a cabo su labor en un ambiente seguro y adecuado.
 
“Espero con gran expectativa este momento oportuno para recibir información de primera mano y sostener un diálogo imparcial y genuino con el gobierno mexicano, la sociedad civil y otras contrapartes”, dijo el relator especial.
 
Luego agregó: “Mi objetivo es tomar el pulso de quienes defienden los Derechos Humanos en México, entender su situación, escuchar sus retos y realizar propuestas concretas para reforzar los esfuerzos del gobierno”.
 
En las reuniones con organizaciones no gubernamentales se prevé que reciba información sobre las agresiones y asesinatos de personas defensoras, que de acuerdo con un recuento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) llegó a 47 crímenes, entre ellas seis mujeres, sólo en 2016.
 
Información de Front Line Defenders indica que en 2015 fueron asesinados ocho activistas: Alberto Almeida, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, Julián González Domínguez Miguel Ángel Jiménez Blanco, Norma Angélica Bruno Román, José Isabel Cervantes Ángeles, el periodista Rubén Espinosa Becerril y Nadia Dominique Vera Pérez, estos dos últimos asesinados junto con tres mujeres más.
 
Al final de su misión, el martes 24 de enero, Forst presentará sus hallazgos y recomendaciones preliminares en una conferencia de prensa y el informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018.
 
17/AGM/ KVR

Las acciones de emergencia y de coordinación para decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG) se demoran por un proceso de “chance” a los gobiernos estatales para que atiendan lo que en 9 años han dejado de lado: política pública y presupuestos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
 
En un encuentro de los organismos de la sociedad civil promotores y solicitantes de las Alertas en 20 entidades de la República con el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizado el 5 de agosto en Guadalajara, se coincidió en que más que atender a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ha dedicado a administrar procesos que postergan la demanda de las Alertas.
 
En dicho encuentro y en razón de la serie de cuestionamientos y propuestas, se acordó por unanimidad, abrir el diálogo sobre las Alertas con el Ejecutivo Federal a través de una solicitud que haría la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SNPASEVIM); seguimos a la espera de respuesta.
 
La LGAMVLV señala claramente en su artículo 24 que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
 
Los tres preceptos se cumplen en el caso de Cajeme, Sonora, pero también se cumplen en el resto del país. Se posterga 6 meses más después de 15 meses y 24 días que han transcurrido desde que fue solicitada por la Red Feminista Sonorense. Y en vez de instrumentar las acciones de emergencia y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Estatal lanza una campaña perniciosa “Sonora libre de Alerta”.
 
A ello se suma el hecho de que México pospuso la presentación de su informe- la cual debió ser en junio pasado- al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a 2018.
 
En ese informe, el Estado mexicano debió informar sobre las acciones que implementó a raíz de las recomendaciones hechas por el mismo Comité en 2012 referentes a la violencia y a la AVG como lo que establece el numeral 14 y que tiene que ver con la Armonización Legislativa y derogación de leyes discriminatorias.
 
El numeral 16 que se refiere a la Aplicación y cumplimiento con la Ley General de Acceso y el mecanismo de Alerta de Género; el 18 que tiene que ver con la Actuación ante Desapariciones de mujeres y niñas; el  21 que hace recomendaciones sobre la trata de personas, el numeral 33 sobre la actuación ante el aborto y aplicación de la NOM-046.
 
Es evidente que la actuación de la Secretaría de Gobernación –Conavim- y el Gobierno federal, ha inhibido la aplicación de la Ley y desatendido a CEDAW.
 
*Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense.
16/LBO/LGL

A un año de haber sido declarada  la Alerta de Violencia de Género en Morelos, suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios de esa entidad y las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, según el informe “sombra” de la Comisión Independiente  de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
 
En conferencia de prensa efectuada en la Ciudad de México, integrantes de diversas asociaciones civiles, presentaron el informe “sombra” del primer año de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que elaboró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), en el cual indican que pese a la AVG los asesinatos de mujeres continúan.
 
La AVG fue declarada en Morelos el 10 de agosto del 2015, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
 
La coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz, dijo que desde el 10 de agosto del 2015 al 31 de julio del 2016, registraron un total de 86 casos de feminicidio, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.
 
Paloma Estrada Muñoz indicó que los casos documentados durante el primer año después de haberse declarado la AVG en Morelos, han sucedido en 22 municipios de los 33 que conforman el estado de Morelos, lo que indica que la violencia feminicida se presenta no sólo en los municipios en los que se declaró el mecanismo.
 

Paloma Estrada Muñoz, coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos | CIMACFoto: Gema Villela Valenzuela

La activista explicó que el informe -de 90 páginas- detalla por autoridad y acción, lo que se ha cumplido y lo que no durante este primer año y agregó que lo que sí detectaron es que no es el mecanismo el que está fallando (la AVG) sino que existe un desconocimiento de la Alerta y falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.
 
La CIDHM destaca en su informe que la Fiscalía General del estado de Morelos, se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que explicó, muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.
 
Las activistas criticaron que a las sesiones de trabajo sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y la Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.
 
Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.
 

 
De acuerdo con las organizaciones, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidio.
 
16/GVV/LGL