derecho a la salud

En Chile, a seis meses de que entró en vigor la Ley 21.030 que permite la interrupción del embarazo por tres causales, 99 mujeres han accedido al servicio, cerca de la mitad (47 casos) porque estaba en riesgo su vida de continuar el embarazo, revelaron las primeras cifras del Ministerio de Salud (Minsal).

Mientras organizaciones civiles y partidos políticos se alían para frenar y echar atrás las modificaciones hechas al protocolo de “objeción de conciencia”, que facilita a las instituciones públicas y privadas de salud, así como su personal médico negar el servicio de aborto cuando es producto de una violación, inviabilidad fetal y pone en riesgo la vida de la mujer (las tres causales aprobadas); el Minsal mostró por primera vez los beneficios que ha dado esta Ley hasta ahora a 99 mujeres.

La Ley de aborto por tres causales la impulsó la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pasaron tres años para su aprobación en septiembre de 2017 y hasta marzo de 2018, han sido 47 mujeres quienes decidieron interrumpir el embarazo porque su vida estaba en riesgo; la segunda causa fue la inviabilidad de la vida del feto, con 27 casos; y la tercera, que representa un 22 por ciento, fue porque era producto de una violación (25 casos).

Esta información oficial que difundió la agrupación civil, Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), muestra que en estos seis meses el servicio de aborto se ha ofrecido a 111 mujeres, de estas 89 por ciento lo aceptaron y otras 12 mujeres que calificaban para interrumpir el embarazo dentro de las tres causales, optaron por continuar con la gestación (3 por peligro de vida de la mujer, 8 por inviabilidad fetal y una por violación).

La organización Miles consideró que estas cifras vienen a romper el mito que rodeó la discusión de la Ley de Aborto, que una vez aprobada las mujeres irían a abortar “de forma masiva”.

Sin embargo, la Ley 21.030 ha enfrentado obstáculos para que sea ejercida efectivamente por las chilenas debido a que el Minsal y el nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una decisión repentina, modificaron en marzo el Protocolo que regula la objeción de conciencia, reduciendo los requisitos que necesitan las instancias (privadas y públicas) y personal sanitario para volverse objetores.

Ahora, las instituciones y el personal médico, no deben explicar al Ministerio de Salud las razones por creencias o valores por las que se declaran objetores, y los centros de salud privados, aunque reciban fondos del Estado dirigidos a servicios gineco-obstétricos, pueden negarse a practicar un aborto.

En defensa, el pasado 2 abril, la organización Miles, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Guido Girardi, la y los parlamentarios Ximena Órdenes, Pedro Araya y Felipe Harboe, informaron en un comunicado que presentaron ante la Contraloría General de la República, un requisito para que se declare ilegal y nulo el protocolo que regula la objeción de conciencia institucional al aborto por tres causales.

Ello, dijeron, “porque ningún servicio de salud, ya sea público o privado, debe privar a las mujeres de derechos consagrados legalmente, menos cuando se trata de organismos que reciben recursos públicos de todos los chilenos y chilenas”.

18/HZM/LGL

Más de cinco mil personas, la mayoría mujeres, participaron de una marcha que recorrió cerca de un kilómetro en la carretera a Masaya, ubicada en el centro de la capital Nicaragüense, en donde demandaron al Estado y a la sociedad un alto a la violencia machista.

En lo que va del año 11 mujeres han sido asesinadas entre ellas una mujer de 92 años y una niña de 12 años, lo que ha generado indignación de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

La escritora Gioconda Belli, participante de la marcha, dijo que las mujeres en Nicaragua necesitan el poder real, para poder cambiar la situación en el país, aunque el gobierno celebre que Nicaragua está en el sexto lugar en el mundo en equidad de género, esto es ridículo, porque en la realidad las mujeres que ocupan cargos en el Estado, no responden a los Derechos Humanos de las mujeres.

“Es lamentable que la vicepresidenta de la república diga que en Nicaragua tenemos los niveles más bajos de violencia de las mujeres en comparación con Honduras, El Salvador o Guatemala, es absurdo, eso no quiere decir que estemos bien, es como decir, mal de muchos consuelo de tontos”, dijo la escritora.

Falta voluntad política del Estado, cerraron las Comisarías de la mujer, no se ven políticas reales para bajar la violencia contra las mujeres, le quitaron contenido a la ley 779, (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres), sin embargo las mujeres nicaragüenses “somos arrecha, seguiremos luchando”, dijo Belli.

Contrario al pasado 25 de noviembre del año pasado cuando las autoridades impidieron la marcha de las mujeres en Managua, esta vez la movilización se desarrolló de manera normal, ni siquiera hubo agentes policiales de tránsito para regular la circulación, pese a que la carretera a Masaya es una de las avenidas más transitadas en la capital nicaragüense.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez, dijo que cada día se observa que el Estado ya no puede impedir las marchas de las mujeres, “sería el colmo que además de permitir los feminicidios reprimieran también esta movilización”, agregó.

“El Estado de Nicaragua tiene una deuda histórica con las mujeres, las mujeres aportaron a la lucha revolucionaria, sin embargo no se les reconoce esto”, señaló Núñez, agregó que la mayor deuda la tienen con las víctimas de la violencia machista.

La directora del “Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra”, Sandra Ramos, que participó en la marcha, denunció las violaciones a los derechos de las obreras de las maquilas.

En un encuentro reciente, las trabajadoras denunciaron que cada vez que hay aumento del salario mínimo los empresarios les aumentan las metas de producción, las mujeres jóvenes están quedando con graves secuelas en su salud a temprana edad al no tener las condiciones adecuadas para trabajar.

Por día realizan 21 mil movimientos repetitivos por 22 días hábiles por los 12 meses del año, por lo que tres de cada 10 mujeres presentan problemas en sus músculos ante esta situación, señaló Ramos.

La marcha concluyó en la Avenida Universitaria en donde llamaron al Estado a frenar la violencia machista, a través de sus instituciones, aplicando las leyes, atendiendo las denuncias de las mujeres, aplicando las medidas preventivas y sancionando con todo el peso de la ley a los agresores.

Mientras se desarrollaba la marcha en Managua y en otras ciudades del interior del país,  se conoció de un nuevo feminicidio en el municipio de Santa María de Pantasma, en el norteño departamento de Jinotega, en donde la joven Johana Meza de 30 años de edad fue asesinada por su pareja Noel Cruz de 34 años, quien después del crimen huyo del lugar.

18/NR/LGL

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), reprobó la criminalización de la enfermera de Chiapas, María de Jesús Espinosa de los Santos, luego de que fuera acusada del delito de motín por emprender dos huelgas de hambre en abril y mayo de 2017 en defensa del derecho a la salud y cese de irregularidades administrativas en este sector.

El Observatorio, con presencia en más de 80 países del mundo, expuso en comunicado que la criminalización de la enfermera de Chiapas, Jesús Espinosa, se desarrolla en un contexto de dificultades y criminalización de las personas que defienden los Derechos Humanos (DH) en México, sobre todo en Chiapas donde se calcula que en el sexenio de Peña Nieto -según datos de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)- han ocurrido 18 por ciento de las agresiones contra personas defensoras.

Datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México también tienen el registro de 11 agresiones a mujeres defensoras en Chiapas entre 2012 a 2014.

El 29 de diciembre de 2017 el juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región Uno, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández, emitió cuatro órdenes de aprehensión por el delito de motín en contra de la enfermera y otros tres defensores que integran el sindicato de salud estatal; Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, Humberto Gutiérrez Medina y Límbano Domínguez, este último fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciado No.14 “El Amate” en el municipio de Cintalapa, donde aún permanece.

La denuncia la interpuso el Secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera (causa penal 627/2017), en el caso de la enfermera Espinosa de los Santos, la acusación se derivó de las dos huelgas hambre que sostuvo con otras cinco compañeras del hospital “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” entre abril y mayo de 2017, en exigencia del abastecimiento de insumos hospitalarios y una denuncia añeja (desde 2011) sobre la retención de sus aportaciones sociales.

Según informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) –organización que acompaña solidariamente a las enfermeras- a María de Jesús aún no se le otorga el amparo en contra de la orden de aprehensión, ya que el pasado 8 de febrero, fecha en la que fue citada a compadecer al penal de “El Amate”, la parte acusadora no se presentó y la cita fue aplaza hasta el próximo 8 marzo.

Por ello, el Observatorio en el comunicado dirigido al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, le hizo un llamado a poner fin a la criminalización y persecución contra Jesús Espinosa y los otros defensores, además de le exigen garantizarles de manera inmediata la seguridad y la integridad física.

La organización aseguró que la y los defensores, son víctimas por ejercer la legítima defensa de los DH y hacer visibles las condiciones de trabajo, violaciones a los derechos labores y la corrupción y mala administración del sector salud de Chiapas.

Además, indicó el Observatorio, estas represalias en sus actividades de defensa tienen el propósito de impedirles acceder a cargos de dirección en el sindicato de salud local, pues Jesús Espinosa, la vocera de las enfermeras, encabezaba la lista de candidatos para el relevo sindical, cuya convocatoria será emitirá el próximo marzo, fecha que coincide con su nueva fecha de comparecencia. 

Por último recordaron que a finales de mayo de 2017, al terminar la protesta de las enfermeras chiapanecas, el gobierno firmó con ellas una minuta en que la que se comprometió a no criminalizarlas ni hostigarlas y garantizar el abastecimiento de equipo médico en los hospitales de la entidad, hechos que deben acatarse, reclamaron.

18/HZM/LGL

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó que el Gobierno de Chiapas use el Poder Judicial para fabricar delitos y criminalizar las enfermeras de Chiapas que exigen sus derechos laborales y denuncian la corrupción entorno a los servicios de salud en su entidad.

En diciembre de 2017 la Fiscalía General de Chiapas liberó cuatro órdenes de aprensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Humberto Gutiérrez Medina y Líbano Domínguez, acusados de motín por el secretario de Salud de la entidad, Francisco Ortega Farrera.

Estas acusaciones derivaron de las huelgas de hambre que realizaron las enfermeras y los trabajadores del sector salud entre abril y mayo de 2017 con el fin de exigir condiciones dignas de empleo combatir la crisis de salud en el estado.

La movilización cesó  en abril del año pasado cuando el gobierno local se comprometió a abastecer de medicinas y equipo a los hospitales estatales, mejorar las condiciones de trabajo y no tomar represalias laborales, administrativas ni jurídicas contra el personal en huelga. Sin embargo la mayoría de las medidas no fueron cumplidas.

Ejemplo de ello, es la demanda interpuesta así como el acoso judicial constante en los domicilios y centros de trabajo de María de Jesús, quien ha jugado un papel importante como vocera del movimiento de enfermeras, y los otros tres integrantes, quienes encabezan una de las plantillas que aplicará apara el revelo sindical de los y las trabajadores de salud en Chipas, la cual será emitida en marzo de este año.

La Red de Defensoras consideró que las órdenes de aprehensión son una forma de limitar el derecho legítimo de las y los defensores de aplicar a cargos de dirección sindical. Por ello, la organización, conformada por 225 mujeres defensoras, demandó a la Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado, el cese definitivo de persecución y criminalización contra María de Jesús y sus compañeros.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Gobierno y al Ejecutivo local cumplir con los acuerdos firmados en abril y mayo del año pasado y asegurar un ambiente donde las personas puedan hacer uso pleno de su derecho a proteger sus Derechos Humanos.

18/ACEG