mujeres y política

En México sólo tres estados no atienden la violencia política contra las mujeres en ninguna de sus legislaciones, uno de esos es Puebla, los otros dos son Guerrero e Hidalgo, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero aunque a nivel local no esté tipificado el delito, a nivel federal la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) reportó cuatro casos de violencia política en el estado durante 2017 y siete desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016.

Con ello Puebla se ubica entre las cinco entidades donde más se violenta a las mujeres en los contextos políticos y electorales.

Para la integrante del Observatorio de la Paridad de Género en Morelos, Ariadna Urbina Ayala, el hecho de que no se tipifique la violencia política de género es una forma de invisibilizarla y obstaculiza su erradicación.

PUEBLA SIN LEGISLACIÓN

La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

En el “Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”, de la CNDH, se indica que en Puebla la violencia política no está contemplada ni en la Constitución estatal, ni en la Ley electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal.

A nivel nacional cinco estados incluyen este tipo de violencia en su Constitución, otras 18 en su Ley electoral, 21 en la ley general de acceso y cuatro en el Código Penal.

Elaboración Samantha Páez

La CNDH destacó el caso de Oaxaca, donde no sólo está tipificada la violencia política, sino que también impone dos a seis años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien o a quienes la cometan en contra de las mujeres.

Para Ariadna Urbina la ausencia de tipificación de la violencia política de género es una forma en la que el patriarcado oculta o minimiza este tipo de violencias estructurales, esto con la finalidad de limitar la participación de las mujeres en la vida política y pública.

“La violencia política contra las mujeres por rasgos de género (…) es sistémica e histórica arraigada en la cultura, que tiene muchos años y se ha manifestado de muchas formas. (…) Esto al final del día se vuelve un factor trascendental que limita las intenciones de que las mujeres queramos participar en el ámbito de lo público”.

Aunque si bien es importante que haya una legislación, no basta con ella, ya que se debe modificar el Código penal para que allí se diga cómo, a quiénes sancionar y bajo qué criterios.

En su diagnóstico la misma CNDH considera necesario “que se reconozca jurídicamente que la violencia política ejercida por razones de género contra las mujeres menoscaba sus derechos y desincentiva la participación de las mujeres, pese a que el marco normativo prevea la paridad y reconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

DETECTAN VIOLENCIA POLÍTICA

La tipificación de la violencia política de género en Puebla es necesaria pues según estadísticas de la FEPADE es uno de los estados del país con más casos.

Elaboración Samantha Páez

El “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2012-2017” menciona que ya con el nuevo sistema penal –que entró en vigor a mediados de 2016- se abrieron siete carpetas de investigación en Puebla.

Por arriba de la entidad sólo se encuentran: Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13, y Oaxaca, con ocho.

En total de 2012 a agosto de 2017, la FEPADE abrió 610 expedientes por violencia política de género, las cuales derivaron en 193 investigaciones. Sin embargo, sólo ha consignado seis averiguaciones, después de lo cual se liberaron cuatro órdenes de aprehensión y dos más están en proceso de judicialización.

Elaboración Samantha Páez

La Fiscalía especializada reconoció en ese mismo periodo a 37 víctimas, de las cuales se solicitaron órdenes de protección para 28, otras ocho cuentan con medidas de protección especial y seis han obtenido acompañamiento ministerial en sesiones públicas.

Las denuncias por violaciones a sus derechos político-electorales que recibió la FEPADE fueron principalmente de: mujeres en el ejercicio de algún cargo público (42), candidatas en procesos electorales (23) y funcionarias electorales (18).

Uno de los casos relevantes que la dependencia señaló en su informe 2012-2017 es el de la regidora María Ruth Zárate Domínguez, de Tecamachalco, a la cual el edil Inés Saturnino López Ponce le retuvo su dieta y humilló públicamente durante la sesión de Cabildo.

Recientemente la exdiputada federal y posible aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres, debido a que el columnista de “Contraparte”, Fabián Gómez la agredió verbalmente.

OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA

Algunas de las recomendaciones sobre violencia política que hizo la CNDH en su diagnóstico son:

• Atacar los estereotipos y roles de género que limitan las posibilidades de las mujeres, y vulneran sus derechos.
• Promover la capacitación sobre la violencia política por razones de género en las instituciones vinculadas con el tema.
• Promover la obligación de los partidos políticos de procurar igualdad de oportunidades para sus candidatas y candidatos.
• Hacer partícipes a los medios de comunicación de la erradicación de los estereotipos de género que constituyen violencia política contra las mujeres.
• Continuar con los esfuerzos de la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
• Impulsar el fortalecimiento de los observatorios para que coadyuven a la identificación de buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género y en el impulso de la participación de las mujeres en la vida política.

La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres.

A nivel nacional desde el 14 de octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo en Puebla el observatorio estatal se instauró el 30 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no tiene datos respecto a la violencia política contra las mujeres en el estado.

El pasado jueves 22 de febrero se presentó el “Observatorio 33 Mujeres”, para monitorear los casos de violencia política que se presenten en el estado con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero también para promover que se tipifique la violencia política de género y hacer conciencia de la gravedad de este tipo de violencia.

La presidenta del Observatorio, Edurne Ochoa, dijo que desde hace cinco semanas están realizando un monitoreo de medios de comunicación. Aunque al momento no tiene datos preliminares sobre los casos de violencia política de género, sí detectaron que 60 por ciento de las agresiones provienen de otras mujeres y 40 por ciento de los hombres.

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* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

18/SP/LGL

La agenda de género de los 3 últimos presidente se enfocó en crear programas de desarrollo social para dar dinero a las mujeres, que lejos de abrirles mejores oportunidades de empleo, salario, salud y educación, las sigue mirando como “grupo vulnerable” que debe recibir “ayuda económica”.

Los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos han dejado de lado propuestas para atender temas prioritarios de la agenda feminista como la violencia de género y el derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad.

A propósito del presente proceso electoral, Cimacnoticias revisó las agendas políticas de género de las últimas 3 administraciones: los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en los periodos 2000-2006 y 2006-2012 y el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2012 a 2018.

LOS CLAROSCUROS DEL CAMBIO DE RÉGIMEN

Si bien en el 2000 el triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, significó un contrapeso político y la “esperanza de democratizar la política”, las mujeres estaban ausentes de las propuestas presidenciales.

Aún con ello con Fox se inició la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. El movimiento de mujeres y el feminista en alianza con diputadas y senadoras del Congreso de la Unión lograron avances en normativas para los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, de discriminación y para garantizar la igualdad o erradicar la trata de personas.

En este periodo se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para dirigir la política nacional de igualdad; se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Otros avances de la agenda de género en los gobiernos panistas fueron los programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; y el Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Ambas administraciones se comprometieron a incluir un enfoque de género transversal en materia de empleo, educación y vivienda.

Aún cuando el movimiento amplio de mujeres logró concretar aspiraciones legislativas en materia de violencia, Vicente Fox se negó a reconocer la situación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegurando que era un problema local.

Fueron feministas y diputadas quienes exigieron a Fox reconocer el feminicidio en Juárez y a los funcionarios llegar a la verdad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la frontera norte del país. En materia de violencia, un paso importante para los DH de las mujeres fue la creación de la LGAMVLV y su reglamento, que hizo posible el decreto de la Alerta de Violencia de Género en 12 entidades del país.

DSyR, LOS INNOMBRABLES

Pese a que el PAN se apropió del discurso feminista sobre la igualdad de género, éste fue reelaborado desde la tradición conservadora del partido, manteniendo a las mujeres en el rol reproductivo y como pilares de la familia “tradicional”. Fox y Calderón reafirmaron su postura en contra de la maternidad voluntaria y otros temas en Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).

Cuando en 2007 el movimiento amplio de mujeres y feminista en el entonces Distrito Federal lograron la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los panistas cerraron todas las vías para que este derecho se replicara en otros estados del país. Así, en el periodo calderonista, 17 entidades reformaron sus Constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”.

Con el triunfo del PRI en la elección de 2012, el tema del acceso al aborto continuó sin tocarse y ausente en la agenda. Si bien Peña Nieto en su campaña aseveró que no se puede criminalizar a las mujeres por tener un aborto, no se comprometió a legalizarlo y aclaró que los Congresos de cada estado debían decidir “en razón de sus costumbres y tradiciones”.

PROGRAMAS SOCIALES

Las agendas de género se reducen a la creación de programas sociales que no se traducen en un cambio en la condición social, educativa y económica de las mujeres. Los panistas crearon el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (antes llamado Progresa y creado por Ernesto Zedillo) para garantizar la entrega de dinero en efectivo y acceso a servicios de salud y educación a “familias en extrema pobreza”. Los apoyos económicos se entregaban a las jefas de familia.

Lo mismo sucedió en 2012 con Enrique Peña Nieto quien prometió generar políticas de desarrollo social; dar créditos a mujeres emprendedoras, erradicar la pobreza alimentaria, crear un seguro de vida para las jefas de familia y mantener el programa Oportunidades, que más tarde cambiaría de nombre a Prospera.

Cuando asumió el poder, se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo que incluyó la perspectiva de género como eje transversal pero en términos reales sólo destacó una política que supuestamente favorecía a las mujeres: la creación de un fondo para otorgar dinero a los hijos de amas de casa que murieran.

PARIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Una demanda añeja del movimiento de mujeres fue conseguida en este sexenio. En octubre de 2013 Peña Nieto presentó ante el Senado una iniciativa para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de eliminar la cuota de género del 40 por ciento e instaurar la paridad (50-50) en candidaturas a diputaciones federales, locales y senadurías.

Aunque el mandatario presentó la propuesta fueron las legisladoras y las defensoras de la participación política quienes debatieron en el Congreso para defender este derecho. Durante la discusión de la reforma político-electoral entre 2013 y 2014, diputadas y senadoras enfrentaron a sus compañeros varones para insistir en la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de dar la mitad de las candidaturas a las mujeres.

Para estas campañas presidenciales -que comenzarán el 30 de marzo y cerrarán el 27 junio próximos- los candidatos tendrán la oportunidad de crear propuestas acordes a las necesidades reales del 52 por ciento de la población que son las mujeres quienes constituirán 48 por ciento del padrón electoral.

18/AGM/HZM/LGL

Desde el 2015, los partidos políticos están obligados a respetar la paridad de género en las elecciones, es decir, 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres. La medida en el proceso electoral pasado en Chiapas (en 2015), agarró a los partidos políticos “en curva”, tuvieron que hacer cambios “cuarto para la hora”, pero en el proceso electoral de este año tuvieron tiempo para formar cuadros, buscar con calma a las mejores opciones, sin embargo todos los institutos políticos poco o nada hicieron al respecto.

En el proceso electoral pasado, en 38 municipios resultaron ganadoras mujeres. Actualmente ese número disminuyó a 35 y en más de la mitad de ellos las presidentas municipales solo están en el cargo en el papel, pero no ejercen. La paridad de género en Chiapas fue una simulación.

En los municipios donde resultaron ganadoras mujeres son: Aldama, Altamirano, Angel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Benemerito de las Américas, Berriozabal, Catazajá, Chanal, Chenalhó, Copainalá, Francisco León, Frontera Hidalgo, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Las Rosas, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Metapa de Dominguez, Mezcalapa, Mitontic, Ocotepec, Osumacinta, Oxchuc, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tapilula, Tila, Villa Comaltitlan y Yajalón.

En los municipios de Chanal y Tila las alcaldesas renunciaron y subieron al cargo de presidentes municipales sus respectivas parejas. Aunque solo en estos dos lugares se dio el hecho de manera abierta y con la aprobación del congreso del estado, en la mayoría del resto de los municipios, supuestamente gobernados por mujeres, está sucediendo lo mismo.

Hay casos documentados en donde las alcaldesas no están fungiendo en la práctica como tal,  en los municipios de Altamirano, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozabal, Frontera Hidalgo, Huitiupan, Las Rosas, Marqués de Comillas, Rayón, San Andrés Duraznal, San Lucas, Santiago el Pinar, Suchiapa y Yajalón.

En todos los casos son hombres, familiares directos de las presidentas municipales, los que ejercen el cargo en la práctica. Se presentan ante los poderes de gobierno como autoridad, encabezan actos protocolarios, se reúnen en público y en privado a cabildear temas de su interés.

En algunos municipios ahora se pretenden candidatear los hombres de manera abierta con lo que estarían repitiendo periodo.

La simulación en la paridad de género no es un secreto para ninguno de los tres poderes y niveles de gobierno, pero ninguno ha hecho algo para obligar que se respete la Ley. Han sido cómplices de esta práctica.

Lo que es peor es que esta práctica ahora parece extenderse en las dependencias del gobierno estatal. Muestra de ello es el reciente nombramiento de Dulce Gallegos -esposa del dirigente del partido político Mover a Chiapas, Enoc Hernández- como directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. El primer día que se presentó en las instalaciones del sistema fue con su pareja y fue él quien dio las indicaciones. En el papel sigue siendo una mujer quien está al frente de la dependencia, pero en la práctica es un hombre.

En los municipios la simulación se dio no solo en el caso de las alcaldesas, sino también en regidoras y sindicas municipales. El trienio empezó con mayor número de regidoras en Chiapas y concluye a la inversa porque muchas renunciaron para que ocupara el cargo algún hombre.

En algunos municipios en donde las regidoras reclamaron ocupar su puesto sufrieron violencia. Uno de esos casos es la síndica municipal de Amatenango del Valle, Margarita González, que se desplazó de su comunidad debido a las amenazas de su esposo, quien en la práctica ejercía el cargo.

La paridad de género es una medida afirmativa para lograr que más mujeres puedan participar en la política y obligar a los partidos políticos a postularlas y también realizar acciones que ayuden a incrementar la participación de la población femenina en la toma de decisiones.

Tanto a nivel nacional como estatal el padrón electoral en su mayoría está conformado por mujeres, sin embargo el número de ellas en cargos públicos está muy lejos de ser paritario.

El pretexto de los partidos políticos para no inscribir a mujeres es que ellas no quieren participar, sin reparar que no están generando las condiciones para que las mujeres puedan estar en el espacio público político sin problemas.

Las dobles y hasta triples jornadas laborales de las mujeres, el acoso sexual, el escarnio público, el machismo, hace que se dificulte la participación política para las mujeres.

Los institutos políticos tienen un recurso destinado para la capacitación de los cuadros femeninos ¿Qué han hecho con ese fondo? ¿En qué lo destinaron? ¿Han aumentado los cuadros de mujeres en los partidos políticos?

¿Qué es lo que harán los partidos políticos para cumplir la paridad de género en las candidaturas? ¿Repetirán la fórmula de postular a mujeres en el papel, pero que en la práctica ejerzan el cargo los hombres? ¿Pondrán candidaturas femeninas en los municipios en donde tengan posibilidades reales de ganar?

Las autoridades electorales deben de ser garantes de la paridad de género en las candidaturas, los partidos políticos deben de cumplir con la obligación de Ley en el papel y la práctica,  la ciudadanía organizada debe de estar pendiente del tema.

El derecho a la participación política es uno de los derechos por los que han pugnado las mujeres a lo largo de la historia y el mundo, convertir este derecho en una simulación es una burla que no se debería de permitir.

18/SS/LGL