Morelos
VIOLENCIA
24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio con Alerta
Sin justicia, víctimas de feminicidio en entidades con AVG

El “Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, realizado por la asociación civil Articulación Ciudadana (Aced) para analizar el impacto de la AVG en el acceso a la justicia para las víctimas, reportó que no hay mejoras y continúa la impunidad.
La Aced presentó este diciembre dicho Observatorio en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.
Aunque hasta ahora hay 12 declaratorias en todo el país, este proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se enfocó en el impacto que ha tenido el mecanismo en estas seis entidades por estar activo desde hace un año o más.
Con las obligaciones que se desprenden de la AVG en algunos estados se han creado unidades especiales para investigar este delito y mesas de trabajo para revisar los casos de asesinatos de mujeres que permanecen en la impunidad, sin que se observen mejoras en el acceso a la justicia pronta y expedita para las víctimas, indica el reporte.
De acuerdo con datos proporcionados por las Fiscalías de Justicia sobre casos de feminicidio y el acceso a la justicia, se observa que en el Estado de México, la primera entidad en la que se decretó la AVG en 2015 para 11 municipios, de los 217 casos de feminicidio que registró la Fiscalía General de Justicia local de 2013 a 2016, 76 por ciento sigue sin sentencia, es decir, sólo 52 víctimas de feminicidio accedieron a la justicia.
En la investigación llama la atención que en estos cuatro años, la incidencia de casos de feminicidio ha aumentado en el Edomex. En 2013 la Fiscalía estatal registró 40 víctimas, para 2016 los asesinatos violentos de mujeres incrementaron a 69, en este año se obtuvo la menor cantidad de sentencias, únicamente nueve del total de casos.
Lo mismo ocurre en Morelos. En 2016 sólo seis por ciento de los 31 casos de feminicidio culminaron en una sentencia, es decir, dos. En años anteriores la tendencia fue similar; de las 64 víctimas reportadas de 2013 a 2015, sólo hubo 21 sentencias.
En el mismo periodo la Fiscalía de Justicia de Michoacán reportó a la organización 29 casos de feminicidio, de los cuales, únicamente tres obtuvieron una sentencia.
En Chiapas tan sólo 16 por ciento de las 142 mujeres asesinadas por razón de género accedieron a la justicia (23 sentencias). Respecto a Nuevo León, la Fiscalía únicamente informó a la organización de una sentencia por este delito desde 2013 a 2016, de un total 5 casos. Este estado tiene el conteo de 217 asesinatos de mujeres de 2014 a 2016 calificados como homicidios.
Estas entidades tienen ya más de un año con la AVG. Morelos fue la segunda en la que se decretó (agosto de 2015), después siguió Michoacán en junio de 2016; en Chiapas y Nuevo León se emitió el mismo día, 18 de noviembre de 2016.
Sin embargo, en todos se refleja la falta de acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y un incremento considerable de los casos. La investigación indica que entre los motivos de solicitud de la Alerta para estos estados se hacía referencia a la falta de justicia y simulación de las autoridades por investigar el feminicidio.
“Al no haber sanciones ejemplares para los feminicidas se envía un mensaje de impunidad y de permisibilidad frente a estos actos contra las mujeres”, señala el documento de Aced.
OTRAS VIOLENCIAS
El reporte de Aced contiene también otras modalidades de violencia de género en estos seis estados con AVG: desapariciones de mujeres, trata y violencia sexual.
Los números de estos tipos de violencia se incrementan año con año, por ello, subraya la organización han incrementado también las declaratorias de Alerta: en 2015 se decretaron dos, en 2016 cuatro, en lo que va de 2017 se han emitido seis más.
De acuerdo con el análisis que hace la asociación 24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio declarado en Alerta Violencia de Género.
Los otros estados con Alerta son Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit.
17/HZM/LGL
En dos años Morelos suma 170 casos de feminicidio
Este 10 de agosto se cumplieron dos años desde que está vigente la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de Morelos, sin embargo en un balance realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) se sustenta que los casos de feminicidio no cesan en la entidad: 170 mujeres fueron asesinadas desde que se activó la alerta.
La CIDH, organización peticionaria de la AVG para Morelos, señala en su informe del segundo aniversario del mecanismo que estas cifras son indicadores de la omisión del gobierno estatal, “así como de una inexistente política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y garantizar sus Derechos Humanos”.
Muestra de ello, precisan en el reporte, hasta julio de este 2017 suman 46 casos de feminicidio y 2016 se posicionó como el año más violento para las morelenses, cuando la Comisión registró 97 asesinatos violentos de mujeres.
El municipio de Cuernavaca, uno de los ocho en los que la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó el mecanismo de emergencia, registró el mayor número de casos de feminicidio, desde agosto de 2015 a julio de 2017, sumo 43, es decir, el 26 por ciento de los 170 ocurridos en dos años.
Otras de las localidades detectadas por la Comisión Independiente como “focos rojos” son: Temixco (13 asesinatos), Jiutepec (11), Tlaltizapán (9) y el municipio de Cuautla, Ayala, Jojutla, y Yautepec, que suman ocho casos de feminicidio cada uno en el mismo periodo.
“Si el feminicidio crece es porque no se aplica adecuadamente las medias de la AVG”, sentencia la organización en el documento y agrega “que es responsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad civil, preservar la vida la de las mujeres”.
CIDH RECOMIENDA ACCIONES
A partir del análisis que la agrupación hizo a dos años de la AVG, propusieron tres recomendaciones puntuales de temas que debe atender el Gobierno de Morelos: la restitución integral del daño a las víctimas de violencia de género, acceso pleno a la justicia y las garantías efectivas de no repetición.
En su reporte, la CIDH propuso al Gobierno estatal que se conformen mesas de trabajo con las autoridades de los municipios que tienen la declaratoria de la AVG. En las que participen de manera coordinada las organizaciones civiles y las dependencias del gobierno dedicadas a la atención de la violencia contra las mujeres, con el fin de dar un seguimiento puntual de las acciones que deben desarrollar.
Asimismo planteó que trabaje con el Tribunal Superior de Justicia para revisar los casos de feminicidio que están sin sentencia y actualizar las capacitaciones de los funcionarios para que juzguen desde la perspectiva de género.
La agrupación también consideró que la Coordinación Estatal de Seguridad Pública local debe realizar una investigación para detectar las zonas de riesgo para las morelenses, y en base a ello, generar políticas de seguridad pública.
También exhortó al Gobierno a crear la Base Estatal de Datos sobre Feminicidio y aplicar los protocolos especializados de investigación de los asesinatos violentos de mujeres.
La Comisión Independiente concluyó que las 16 medidas de acciones urgentes que tuvo que realizar el estado por la AVG, sólo una se cumplido en su totalidad, la reparación simbólica del daño a los familiares de víctimas de feminicidio.
Lo reportado por la CIDH contrasta con las declaraciones que dio en abril de este año el Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, quien indicó que la Segob ya “había levantado” la Alerta en un 80 por ciento, luego de que el gobierno entregó tres informes de cumplimiento. Cabe mencionar que el reglamento del mecanismo no fija que se pueda retirar una Alerta.
17/HZM
VIOLENCIA
Ha cumplido sólo dos de las 16 recomendaciones
Graco debe responder Informe Sombra de AVG: CIDHM

DERECHOS HUMANOS
MUJERES CAUTIVAS
“Nada que celebrar”, dijeron las madres al tomar la calle

El pasado 10 de mayo, cuando en muchos hogares mexicanos se celebraba el Día de las Madres, miles de madres en todo el país y cientos en el estado de Morelos tomaron las calles bajo la consigna “no tenemos nada que celebrar”.
En sus voces y su determinación se escuchaba: somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México y de las y los miles de asesinados, secuestrados, víctimas de la trata, que hoy salimos a las calles, en por lo menos 12 ciudades del país, a exigir la presentación con vida de nuestras hijas e hijos, a exigir justicia para nuestras hijas víctimas de feminicidio, nuestros hijos asesinados y que siguen esperando justicia.
En la Ciudad de México, la marcha inició en el Monumento a la Madre y se dirigió hacia la Victoria Alada en Reforma.
En Cuernavaca, Morelos, marcharon desde El Calvario, hasta la Plaza de Armas al grito de: “esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” e “Hija, escucha, tu madre está en la lucha, hijo escucha, tu madre está en la lucha”.
Y frente al Memorial de las Víctimas, en las Puertas del Palacio de Gobierno de Morelos, levantaron sus voces para decir: hoy, desde este lugar que es un homenaje a las víctimas de la indolencia de las autoridades de justicia de todo el país, y muy especialmente del Poder Judicial del Estado de Morelos, que deja libres a asesinos, secuestradores, tratantes, integrantes de la delincuencia organizada, o que permite que niñas de 10 a 14 años desaparezcan cotidianamente en Morelos y en todo el país y a quienes se les niegan las órdenes de restricción o el acceso a la justicia.
También convocaron a todos los colectivos y organizaciones que trabajan buscando desaparecidas y desaparecidos a que unan sus voces a las suyas para exigir que todas las Fiscalías Estatales abran e identifiquen todos los cuerpos que depositaron en las fosas comunes sin identificar, como se hizo en el Estado de Morelos en Tetelcingo y Jojutla. Ya que la ex procuradora, Marisela Morales, reconoció en su última Reunión Nacional de Procuradores, que cincuenta y cinco mil cuerpos fueron enviados a fosas comunes sin identificar. Las desapariciones no voluntarias se constituyen en desapariciones forzadas por inacción y negligencia de las autoridades que no les buscan.
Cuántas madres, más de treinta y un mil, encontrarían la paz sabiendo cuál ha sido el destino de sus hijas e hijos, dejarían de padecer la zozobra, la angustia que viven cotidianamente sin saber de sus hijas e hijos, sin saber si viven o están muertas o muertos, si comen, si pasan frío, una verdadera tortura alimentada por la esperanza de que un día abran la puerta y les digan ya llegué mamá, estoy bien.
Así mismo, exigieron al Gobierno de Morelos que, en coordinación con la PGR, la Policía Científica de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hagan un rastreo detallado en las tres fosas clandestinas que se han detectado en la zona Sur-Poniente, con el propósito de buscar a sus hijas e hijos.
También, exigieron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos en vida, no sólo sin vida.
Exigieron una “limpia” generalizada de los cuerpos policiacos y de las Fiscalías Generales Estatales y la Procuraduría General de la República para erradicar la corrupción, la infiltración de la delincuencia organizada, la complicidad que genera impunidad.
Exigieron la aprobación de la Ley General de Desapariciones Forzadas, con la participación de todos los colectivos y OSC que trabajan el tema, pero, sobre todo, se unieron a la consigna de que “sin las familias no”.
Las madres integrantes de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, como miles de madres en todo el país el 10 de mayo, dejaron claro que no tienen nada que celebrar, pero que salieron a las calles con el corazón roto, “para que sepan nuestras hijas e hijos que sus madres las y los siguen buscando, que siguen exigiendo justicia y que se actúe con la debida diligencia, hasta alcanzar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.
Una vez concluida la marcha y el acto político frente al Memorial de las Víctimas, las notas del mariachi surcaron el aire al tenor de “Amor Eterno” y “Señora”, en ese momento las madres y sus familias rompieron en llanto, que a duras penas habían controlado durante la marcha.
A las cuatro de la tarde, las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hicieron lo propio y al grito de ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! hicieron cimbrar el Paseo de la Reforma.
Y ese mismo día, 10 de mayo, un comando armado cegó la vida de una madre activista, en San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, a quien el Estado le falló cuando desapareció su hija Karen Alejandra Salinas, y le volvió a fallar cuando no la buscaron, ella la encontró en un fosa clandestina en San Fernando y también localizó a los culpables de su secuestro y feminicidio.
El Estado Mexicano le volvió a fallar cuando permitió que los culpables del secuestro y feminicidio de su hija huyeran de la cárcel y le falló por cuarta ocasión cuando no la protegió y permitió que un comando armado la privara de la vida.
#NiUnaMás
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
17/TCUZ/GG
VIOLENCIA
No quiere “numeralia”, sino medidas y resultados
Pide Senado a Segob informe detallado sobre AVG en el país

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca

Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
En cada acto, se ha dado lectura a un Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia.
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado.
17/AMM/GG
DERECHOS HUMANOS
Por la defensa de sus derechos, contra la violencia
8 de marzo: el Paro de Mujeres recorre el país

Por la defensa de sus derechos, contra la violencia, miles de mujeres a lo largo y ancho del país participan ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el Paro Internacional convocado en más de 50 países y en todo el territorio nacional. Estas son algunas de sus acciones.
Activistas piden alto a feminicidio en Minatitlán, Veracruz
Un grupo de mujeres del municipio de Minatitlán, Veracruz, realizaron un plantón para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género en aquella localidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer. Periodistas, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), empresarias y la ciudadanía en general pidieron mayor seguridad a los tres niveles de gobierno.
Concentradas en el Monumento a la Madre, recordaron agravios contra las mujeres: además del hallazgo de tres mujeres sin vida en fosas clandestinas hace una semana en Minatitlán, aún permanece privada de su libertad una empresaria de la tercera edad.
"En Minatitlán nos manifestamos a favor de la paz y de la seguridad, y en contra de la violencia, la inseguridad y los feminicidios. Este día no tenemos nada que celebrar como muchos seguramente", expresaron.
Las manifestantes reprocharon la falta de vigilancia y la misoginia que impera en la entidad. Recalcaron que en Minatitlán las recientes víctimas de la violencia e inseguridad del sexo femenino no eran delincuentes sino trabajadoras o estudiantes.
"Pamela Guadalupe tenía 20 años de edad, era originaria de Minatitlán, estudiante y no era una delincuente; Libia del Carmen Sánchez era originaria de Minatitlán, era trabajadora de Pemex y no era delincuente; Giovana Itzel tenía sólo 14 años, también era de Minatitlán, era estudiante de preparatoria y tampoco era delincuente.
El último día de febrero, una mujer de 61 años fue privada de su libertad, aun no aparece, también es de Minatitlán, comerciante, madre de familia y tampoco es delincuente", manifestaron.
Las mujeres minatitlecas lamentaron que al menos tres hogares hayan quedado enlutados durante los últimos días mientras que el resto del municipio se encuentra lastimado por la inseguridad. En tanto, miles de casos siguen en la impunidad en el resto de la entidad como simples cifras.
"Exigimos paz y seguridad para nuestros hijos e hijas, no queremos ser una cifra más, queremos un Minatitlán seguro, queremos paz y justicia para los minatitlecos. Ni una muerte más, ni una menos", agregaron.
Al término de la manifestación fue colocada una ofrenda en honor a las víctimas de la violencia y fueron liberados globos que llevaban consigo los deseos de las mujeres de la región.
Organizan paro activo con conferencias en Colima
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” fue motivo de una clausura simbólica y de un “paro activo”, con un programa de conferencias sobre feminicidio, trabajo doméstico, la historia del 8 de Marzo y los derechos de las mujeres.
Directivas, trabajadoras y usuarias del que históricamente fue el primer centro de atención a víctimas de violencia de género que abrió sus puertas a nivel nacional, manifestaron su rechazo a las diferentes violencias que desde los ámbitos público, institucional y privado se ejercen a diario contra el género femenino.
Ante integrantes de asociaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, en el CAM se leyó un comunicado donde se denunció la disparidad en los cargos públicos y en las representaciones populares de la entidad, y se demandó una efectiva paridad en los órganos de representación popular y de gobierno.
“En Colima queremos hacer patente que el 8 de marzo no es para festejar a las mujeres, ni sólo para recordar a las que nos antecedieron en la defensa de los derechos, lo cual es muy importante, sino para revisar cuánto se ha avanzado en la agenda social de las mujeres”, señala el manifiesto.
Entre los retrocesos, se hizo referencia a la violencia contra las mujeres, uno de los más graves problemas que tiene Colima en estos momentos, pese a lo cual no se ha emitido la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, solicitada por el propio CAM y otras asociaciones civiles en diciembre de 2014.
“Este 8 de marzo exigimos que se detengan los asesinatos de mujeres y los feminicidios en Colima”, fue la consigna.
Detienen a activistas en Chiapas por colocar bandera morada
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Agrupación Política Nacional (APN) hizo una intervención en el monumento a la Diana Cazadora, uno de los lugares más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, ubicado al oriente de la capital de Chiapas.
Las activistas colocaron una bandera de color morado en uno de los brazos del monumento con la leyenda #8M, que está siendo utilizado para unificar todas las movilizaciones del 8M que se realizan en diferentes partes del mundo.
Dos activistas fueron detenidas durante la intervención y llevadas a la cárcel municipal, salieron a las pocas horas después de haber pagado una fianza.
La bandera permanecía en el monumento hasta el mediodía de este jueves, en el que se están realizando diferentes acciones para visibilizar el movimiento de las mujeres para alcanzar la igualdad.
En Chiapas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son las que viven en peores condiciones. Son las que menos pueden acceder a la educación y la salud, así como a la participación a los espacios públicos.
Gobernador de Hidalgo se une a paro feminista
Desde las 11 de la mañana con el hashtag #8MParoHidalgo, cerca de 3 mil 500 mujeres hidalguenses entre activistas, colectivos y estudiantes, se unieron al paro internacional en la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma, para visibilizar la violencia que viven en la entidad.
La campaña contra las violencias machista en Hidalgo había arrancado desde la semana pasada cuando el Instituto Hidalguense de las Mujeres y las diputadas del Congreso local fueron las primeras en sumarse al movimiento internacional.
Días después, en un acto sorpresivo para las mujeres del estado, el gobernador Omar Fayad anunció que toda la administración del Poder Ejecutivo se unía al paro, esto a pesar de que su administración comenzó con una agresión hacia las mujeres, al decir, en un acto oficial en el municipio de Acaxochitlán, que las mujeres indígenas deben dormir con ropa porque “producen mucho chamaco”.
Asimismo, las mujeres participantes en el acto denunciaron otras agresiones por parte de funcionarios públicos, como la que comete contra las trabajadoras el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, ausente del acto, como la falta de protección social, bajos salarios y un ambiente laboral marcado por la discriminación de género y el acoso sexual.
En Pachuca, el paro se adelantó dos horas, por instrucciones de la presidenta municipal, Yolanda Tellería, quien no encabezó ningún acto simbólico y solo dio indicaciones para parar actividades por una hora en la alcaldía.
En contraste, la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Pachuca, y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se unieron al paro de actividades.
Y esta tarde se realiza una marcha de Plaza Juárez en Pachuca a Plaza Independencia, en el Reloj Monumental.
Reclaman alerta de género para todo el estado de Morelos
En Morelos organizaciones de mujeres pidieron que la Alerta de Violencia de Género (AVG) que se decretó en agosto de 2015 para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, se extienda para todo el estado, porque el feminicidio ocurre en todo el territorio.
En un pronunciamiento, las activistas dijeron que la AVG no ha funcionado porque los asesinatos continúan a pesar de que el gobernador Graco Ramírez está obligado a implementar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia de género.
Las morelenses también señalaron que en 2016 se registraron 61 casos feminicidio y en lo que va de 2017 se tiene un registro de 20 casos más. Recordaron que enero de 2015 fue asesinada la alcaldesa de Temixco, Morelos, Griselda Mota, en cuya memoria también se realizó el Paro de este 8 de marzo.
Banderas violetas ondean en la Ciudad de México
Las banderas violetas ondeaban fuerte con el viento que corría en la capital del país. Miles de mujeres pararon sus actividades; dejaron sus trabajados, hogares y escuelas para sumarse al Paro Internacional de Mujeres en 23 países del mundo. Porque si la violencia contra ellas no para, ellas lo hacen.
Este 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, no fue un día de flores, fue de lucha, de hacer valer la palabra y los derechos de las mujeres, quienes en punto de las 4 de la tarde se comenzaron a reunir en el Ángel de la Independencia, ubicado en una de las principales avenidas de la Ciudad, para denunciar todos los tipos de violencia que enfrentan día a día.
Los gritos y cánticos de justicia resonaron por el Paseo de la Reforma, se unieron académicas y estudiantes de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sindicatos de trabajadoras, artistas, activistas y jefas de hogar.
Las pancartas denunciaban múltiples violencias: el acoso callejero, la penalización del aborto y el derecho a decidir, los derechos laborales y salarios igualitarios, las víctimas de feminicidio.
¡Ya basta de tanta asesinada! gritaron con fuerza las madres de victimas de feminicidio enfrente del Hemiciclo a Juárez, ubicado en el Centro Histórico, donde concluyó la marcha. Denunciaron que a pesar de contar con todo un aparato jurídico para garantizar los derechos de las mujeres, el Estado sigue siendo omiso al garantizar justicia a todas las víctimas y la seguridad de todas las mexicanas, por lo que exigieron una actuación pronta de éste.
Y como la revolución también se hace bailando, a la marcha no faltó la batucadas con trompetas, guitarras, panderos y tambores mientras las mujeres marchaban para confluir al son de los instrumentos, porque la alegría también es parte de ellas comenta una de las estudiantes que acudió a la conmemoración.
Mujeres periodistas de otros países denuncian discriminación y ataques
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) se pronunció contra la discriminación y tipos de violencias a las que se enfrentan las periodistas de todo el mundo por ejercer su labor. Como ejemplo señalaron el incremento de la intimidación cibernética hacia las mujeres de esta profesión.
Por medio de un comunicado de la Coordinación Colegiada de la RIPVG, denunciaron que urge mejorar las condiciones de trabajo de las periodistas, exigencia que incluye erradicar la brecha salarial por género. Las periodistas señalan que, si bien la profesión periodística es ejercida por cada vez más mujeres, los puestos de poder en los medios son ocupados en mayor medida por hombres.
La RIPVG señaló la importancia de estar alerta frente al riesgo de que los derechos humanos de las mujeres sufran retrocesos, esto ante el contexto del nuevo orden de gobierno internacional en donde las políticas gubernamentales de diversos países amenazan con incumplir sus compromisos en la materia.
Tal es el caso de Estados Unidos, país encabezado por Donald Trump, en donde este año se implementó la “Ley Mordaza”, con la que se elimina el apoyo a económico a las organizaciones civiles internacionales enfocadas en los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el aborto. Mientras que en Argentina el presidente Mauricio Macri redujo 67 millones de pesos (casi 90 millones de pesos mexicanos) al presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer
Por ello, las periodistas del mundo que integran la Red demandan a los gobiernos internacionales tener cero tolerancia frente al feminicidio y las violencias por razones de género, no retroceder en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, así como detener la criminalización de personas migrantes y refugiadas, y terminar con el tratamiento estereotipado de todas las mujeres en los medios de comunicación.
La RIPVG exigió el cumplimiento de los instrumentos legales internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Entre ellos el Convenio de Estambul, la Resolución 1325 de la ONU, la CEDAW, Belém Do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y el apartado 5: Igualdad de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tan sólo en México, las periodistas ejercen en un contexto de violencia relacionada con su labor. En el periodo de 2014 a 2015, Comunicación e Información de la Mujer A. C. registró 147 casos de violencia contra mujeres periodistas, de acuerdo al informe “El Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”.
*Con información de la Red Nacional de Periodistas de Veracruz, Colima, Chiapas, Hidalgo y Morelos y de la RIPVG
17/RED/GG
DERECHOS HUMANOS
Atentan contra Derechos Humanos, dicen ONG
Conforman Movimiento Laico Nacional para frenar avance Provida

Luego de que el “Frente Nacional de Defensa de la Familia” entregó la “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia” a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, para modificar el artículo 4 de la Constitución Mexicana y establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, organizaciones civiles que promueven la defensa y respeto de los Derechos Humanos, se organizan para defender el Estado laico.
Actualmente el artículo 4 constitucional establece “el varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
También se refiere a que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Y sobre la familia señala “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Y complementa “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos y protección de los menores a cargo de las instituciones públicas”.
Apenas esta semana la diputada del Partido Encuentro Social (PES) Norma Edith Martínez Guzmán, hizo suya la propuesta Provida y la presentó en San Lázaro, lo que ya provocó diversas reacciones de organizaciones civiles, ciudadanía y Universidades, como la de Jalisco, Sonora y Morelos, quienes ya se organizan para hacer marchas y otras actividades y promover el respeto al Estado Laico y a los Derechos Humanos (DH) en lo que han llamado el “Movimiento Laico Nacional”.
Cabe recordar que el artículo 3 constitucional establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria serán obligatorias…”
Y agrega “garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Por último señala que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
JALISCO
La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), María Guadalupe Ramos Ponce, informó a Cimacnoticias que en Jalisco realizarán un foro sobre el Estado laico convocado por la Universidad de Guadalajara (UDG) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (de orden Jesuita).
Destacó que en el foro- que también fue convocado por el Colectivo Lésbico Tapatío, Colectivo Calle Sin Acoso y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo- se informará sobre la importancia de la laicidad en la elaboración de iniciativas de ley y con apego a los DH.
La activista criticó que el “Frente Nacional por la Familia” (movimiento religioso que presentó la iniciativa provida), manipule la información para ganar adeptos, puesto que muestra imágenes que no corresponden a los libros de texto de educación básica, para lograr que la gente firme su iniciativa de ley y apoye la “prohibición al Estado de promover ideologías en educación obligatoria, que atenten contra la familia”.
Cabe recordar que en Jalisco “la protección a la vida desde el momento de la concepción” se legisló en el año 2009.
SONORA
En Sonora, la colaboradora del Área Jurídica de Diverciudad, Luz Alba Carillo Kimball, dijo que al unirse al Movimiento Laico Nacional, realizarán marchas pacíficas en la ciudad de Hermosillo y jornadas informativas sobre la importancia del Estado laico y para explicar por qué la iniciativa atenta contra los DH de las mujeres, niñas y niños.
La primera marcha es este sábado 10 de septiembre, mismo día en el que el “Frente Nacional por la Familia” convocó a manifestarse en “defensa de la familia”.
La también abogada y secretaria técnica del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora, explicó que la propuesta Provida se basa en el modelo “único y heterosexual” y en preceptos religiosos, lo que atenta contra los derechos de las mujeres solteras heterosexuales y lesbianas, que educan solas a sus hijos.
Además enviarán una carta a la gobernadora de la entidad Claudia Pavlovich Arellano, para exigirle el respeto a la laicidad y que reforme el Código Civil de la entidad para incluir el matrimonio igualitario.
MORELOS
La integrante del Comité de Diversidad Sexual del estado de Morelos, Patricia Bedolla Zamora, informó en entrevista que grupos civiles en la entidad se unirán al movimiento Laico Nacional y que preparan un documento donde argumentan por qué las y los legisladores no deben aprobar la iniciativa presentada en San Lázaro, por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Coincidió con las otras activistas, en que existe una pretensión de la Iglesia Católica de imponer su ideología religiosa ante los DH, por lo que consideró importante sumarse a la exigencia de respeto al Estado laico.
Cabe recordar que el 18 de mayo del 2016, se aprobó el matrimonio igualitario en el estado de Morelos, en donde 18 municipios de los 33 que conforman el estado, votaron a favor de la iniciativa. Sin embargo los panistas Alberto Mujica Islas y Edmundo Javier Bolaños, diputados del congreso local, presentaron una acción de inconstitucionalidad.
No obstante, la SCJN la declaró (en días pasados) improcedente, con lo que queda vigente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La iniciativa recién presentada la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, está avalada por 6 fracciones parlamentarias de San Lázaro: el Partido Encuentro Social, PAN, PRI, PVEM, PRD y Morena, así como por 48 legisladores de los cuales 25 son mujeres y 23 hombres.
Cimacnoticias buscó una entrevista con la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género de San Lázaro, Laura Nereida Plascencia Pacheco, para conocer la postura de dicha comisión, pero no obtuvo respuesta.
16/GVV/LGL
VIOLENCIA
Presenta CIDHM informe sombra
A un año de AVG en Morelos, gobierno incumple acciones

A un año de haber sido declarada la Alerta de Violencia de Género en Morelos, suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios de esa entidad y las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, según el informe “sombra” de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
En conferencia de prensa efectuada en la Ciudad de México, integrantes de diversas asociaciones civiles, presentaron el informe “sombra” del primer año de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que elaboró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), en el cual indican que pese a la AVG los asesinatos de mujeres continúan.
La AVG fue declarada en Morelos el 10 de agosto del 2015, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
La coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz, dijo que desde el 10 de agosto del 2015 al 31 de julio del 2016, registraron un total de 86 casos de feminicidio, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.
Paloma Estrada Muñoz indicó que los casos documentados durante el primer año después de haberse declarado la AVG en Morelos, han sucedido en 22 municipios de los 33 que conforman el estado de Morelos, lo que indica que la violencia feminicida se presenta no sólo en los municipios en los que se declaró el mecanismo.

La activista explicó que el informe -de 90 páginas- detalla por autoridad y acción, lo que se ha cumplido y lo que no durante este primer año y agregó que lo que sí detectaron es que no es el mecanismo el que está fallando (la AVG) sino que existe un desconocimiento de la Alerta y falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.
La CIDHM destaca en su informe que la Fiscalía General del estado de Morelos, se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que explicó, muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.
Las activistas criticaron que a las sesiones de trabajo sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y la Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.
Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.
De acuerdo con las organizaciones, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidio.
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