asesinatos dolosos de mujeres

El primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por día; y a siete meses  de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la Montaña, de acuerdo con el registro de la  “Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este periodo, un total de 156 casos.

En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

De acuerdo con el informe presentado por la organización para la solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49) José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16) Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81 municipios.

El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio, expareja sentimental.

Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el  Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar durante 2006 y 2007.

LEGISLACIÓN

Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.

El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.

Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos”.

IMPUNIDAD

Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento.

Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como “preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia o bien su indebida justificación”.

Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen organizado”.

Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa. 

En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no están exentas de esta violencia.

Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y  “José María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen 18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y orientación a las víctimas.

De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos continúan impunes.

18/SA/LGL

El estado de Sonora se ubicó en 2017, en el quinto lugar del país en feminicidio, con una tasa de 2.13, muy por encima de la media nacional que fue de .06 por cada 100 mil, de acuerdo con datos del reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte consultado por esta agencia destaca que el municipio de Cajeme aparece en tercer lugar de entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio. Al 31 de diciembre de 2017, se registraron 13 casos de feminicidio, mientras que su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Cabe recordar que en 2015, las organizaciones civiles solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG), sin embargo ésta se rechazó con el argumento de que “no había elementos para declararla”.

En lo que concierne a los llamados “incidentes”, derivados de las llamadas de emergencia a la línea 911, Sonora se coloca en primer lugar en Violencia familiar con 82 mil 331 llamadas. Mientras, la tasa de violencia familiar por cada 100 mil mujeres, conserva a Sonora en primer lugar con 5 mil 470.9.

En tanto las llamadas de emergencia con “incidentes” de violación colocan a Sonora en el séptimo lugar nacional con 168 casos de enero a diciembre de 2017.

Esos eventos de violación reportados al 911, indican que la tasa por cada 100 mil mujeres eleva a Sonora al sexto lugar nacional con 11.2, en tanto la nacional es de 5.7.

Los incidentes reportados al 911 incluyen violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Por otra parte, el homicidio doloso contra mujeres, clasificado así por las autoridades investigadoras y juzgadoras, tuvo una incidencia de 37 casos, que sumados a los 32 casos de feminicidio  reportados en el informe, hacen un total de 69 asesinatos de mujeres durante 2017.

El informe sobre violencia contra las mujeres da cumplimiento al acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) con el objetivo de poner a disposición del público en general en una sola plataforma, datos estadísticos sobre el tema.

Las cifras se obtienen de la incidencia delictiva reportada por las procuradurías y fiscalías de los estados, mientras que los incidentes de violencia contra las mujeres, son tomados de los registros de los Centros de atención de llamadas de emergencia en las entidades federativas.

Todo lo relativo a incidencia delictiva es tomado con base en denuncias presentadas o tomadas de oficio, y a partir de este año se publicará un reporte actualizado cada día 25 de cada mes.

El reporte de violencia contra las mujeres del SESNSP puntualiza que la información es resultado de una nueva metodología para el  registro y clasificación de los delitos y las víctimas, la cual está alineada con la Norma Técnica para la clasificación nacional de delitos del fuero común para fines estadísticos y al catálogo de delitos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, especifica que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 32 entidades federativas.

No obstante, en su apartado V, hace notar la obligatoriedad de las autoridades ministeriales de toda la república de seguir puntualmente los protocolos de investigación del delito de feminicidio, pero no así el registro como tal en el sistema que este 20 de enero se dio a conocer.

18/SNE/LGL