ejecuciones extrajudiciales

Abogada de profesión, Asma Jahangir comenzó a defender Derechos Humanos a los 18 años de edad, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní. Después de una vida de lucha, reconocimientos y amenazas, este domingo, a los 66 años de edad, murió en su natal Lahore, Pakistán.

Numerosas organizaciones civiles alrededor del mundo, entre ellas la pakistaní y premio Nobel de Paz 2014, Malala Yousafzai, y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaron el fallecimiento de la defensora.

“El mundo pierde una giganta de los Derechos Humanos”, dijo Guterres, y ofreció sus condolencias a la familia de Jahangir, quien fuera Relatora de las Naciones Unidas en tres ocasiones: para los derechos humanos en Irán (2016-2018); para la libertad de religión (2004-2010) y de ejecuciones extrajudiciales, cargó que en 1999 le permitió visitar México.

En un pronunciamiento público Amnistía Internacional, organización asesorada por la defensora, advirtió que Jahangir dejó un “potente legado de Derechos Humanos”. Empezó a liderar protestas a sus 18 años, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní.

Abogada de profesión, Asma Jahangir y su hermana, Hina Jilani, establecieron el primer despacho jurídico de mujeres abogadas de Pakistán en Lahore. Entre sus clientes hubo cristianas y cristianos condenados a muerte por cargos de blasfemia, trabajadora y trabajadores cautivos que habían huido del opresivo dominio de terratenientes feudales y mujeres que sufrían la violencia en el hogar.

Por su trabajo fue amenazada, detenida y sometida a arresto domiciliario; se vio obligada a mandar sus dos hijas al extranjero, por razones de seguridad. Una de las luchas más decididas de Asma Jahangir, según Amnistía Internacional, fue contra la práctica de la desaparición forzada.

Durante seis años, de 1998 a 2004, fue Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y no tuvo inhibición de usar palabras fuertes para denunciar los delitos que le habrían sido relatados. En 1999, Asma visitó a México y el informe que derivó de esta visita, “desafortunadamente aún guarda vigencia”, así lo lamentó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México en un mensaje de Twitter.

En esta visita la defensora obtuvo información sobre la masacre de 45 indígenas, entre ellas cuatro mujeres embarazadas, en Acteal,  Chiapas, en 1994; la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995 y los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, documentados desde 1993.

La entonces Relatora Especial sobre las Ejecuciones Sumarias Arbitrarias de la ONU, concluyó que estos crímenes eran problemas “profundamente arraigados con respecto a la impunidad de los infractores de los derechos humanos, la total ineficacia del sistema judicial y una falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones estatales que afectan al país y a toda su población.”

Aunque Jahangir reconoció que los asesinatos en Ciudad Juárez no encuadraron estrictamente dentro de su mandato, visitó al lugar de los hechos y llegó a una conclusión devastadora para el gobierno:

“Los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. La conducta

arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida”, escribió en su informe para la ONU.

Asma Jahangir murió cuando ejercía el cargo de Relatora sobre los Derechos Humanos en Irán.

Cabe mencionar que su entierro desató toda una controversia entre liberales y musulmanes fundamentalistas de su país, Pakistán, porque contrario a leyes estrictas islámicas, mujeres y hombres participaron juntos en la ceremonia, algunas, como sus dos hijas, en primera fila. En redes sociales, paisanas y paisanos liberales opinaron que esto era justo la libertad religiosa y de las mujeres por la que ella había luchado Jahangir en vida.

18/SG

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG

Para conmemorar el segundo año de la detención-desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, sus familiares y diversas organizaciones sociales reivindican estas consignas de verdad y justicia. Ambos reclamos son vigentes porque la institucionalidad mexicana sigue sin esclarecer plenamente este hecho en el que están involucradas fuerzas de seguridad pública y del crimen organizado, tampoco hay indicios que apunten a que todos los responsables materiales e intelectuales serán castigados.
 
Este caso se ha mantenido en la esfera mediática nacional e internacional gracias a la actividad intensa de los familiares, entre ellos, las madres de los jóvenes, quienes han demostrado gran fortaleza y claridad política, sus voces son conocidas en múltiples lugares. Sin duda representan un ejemplo por su tenacidad y valentía, al dejar su entorno cotidiano para realizar un activismo intenso en estos 24 meses.
 
Imposible describir en este espacio las irregularidades cometidas en el proceso de investigación, sólo queda anotar el hecho más reciente dado a conocer sobre el posible encubrimiento de un funcionario que alteró evidencias del caso. Familiares de los 43 estudiantes exigen al gobierno federal investigar y sancionar a Tomás Zerón, quien ahora tiene un cargo de mayor rango en el Consejo Nacional de Seguridad, aún y cuando fue integrante de la Agencia de Investigación Criminal hizo un recorrido en Cocula, cercano a Ayotzinapa, con uno de los integrantes del grupo de narcos “Guerreros Unidos”, y fue separado de ese cargo tras conocerse que esa diligencia no fue consignada en el expediente de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, en opinión de los familiares, se debe aclarar de inmediato ya que puede existir manipulación por parte de ese funcionario público.
 
El caso Ayotzinapa ha hecho evidente cómo al gobierno mexicano presidido por Peña Nieto no le interesa llegar a la verdad, ha desestimado las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada e ignora las recomendaciones que desde abril pasado le entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Si la demanda de justicia por los 43 normalistas ha rebasado el ámbito nacional y continúa resonando en espacios internacionales, cabe preguntar: ¿será la verdad de Ayotzinapa más grave que el desgaste que tiene el presidente de México? Ello sin olvidar que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad pública y narcotraficantes se multiplican, en un contexto en el que se exige la renuncia de Peña Nieto.
 
Ayer ,26 de septiembre, frente a la Embajada de México en Guatemala (2ª. Ave. 13-5, zona 10) se realizó un mitin a las 12:30, donde entregaron una carta que dice: “Como víctimas y sobrevivientes del genocidio en Guatemala, como herederas y herederos de una sociedad que a casi 20 años de firmar la paz sigue exigiendo justicia por nuestros desaparecidos, nos solidarizamos con quienes hoy libran luchas importantes en México contra la impunidad… Los 43 nos faltan a todos”.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/LGL