personas desplazadas

“No entienden nuestra situación ninguna de las autoridades, no quieren saber que estamos sufriendo como mujeres, niños… creen que ya no existe el problema”, denunció María, una de las mujeres indígenas de la comunidad de Chalchihuitán que desde noviembre de 2017 se tuvo que refugiar en los montes de los Altos de Chiapas por el ataque de grupos paramilitares.

A 4 meses de que más de 5 mil personas de las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a huir a los montes de Chiapas para protegerse de los grupos paramilitares, María recordó esta mañana en conferencia de prensa que el problema no ha cesado, permanecen en condiciones inhumanas, con enfermedades respiratorias y digestivas, falta de alimentos, medicamentos y reciben agresiones con disparos de arma, sin que el gobierno les proteja.

En su lengua tzotzil, María, quien permanece desde noviembre de 2017 en un campamento, brindó su testimonio de las condiciones que atraviesan a cuatro meses del ataque de grupos armados por la disputa del territorio que divide Chalchihuitán y Chenalhó: “Hemos sufrido mucho, padecemos hambre, se han muerto varios compañeros”, dijo.

Mientras traducían su testimonio, la mujer relató cómo el miedo sigue instalado en las comunidades por la presencia de grupos armados que les impiden retornar a sus hogares. “No podemos regresar a vivir a nuestras casas, cuando queremos verlas, cuando miran el humo por el fuego, vienen a espantarnos y querer matarnos”, dijo.

Esta situación continúa a pesar de que el gobierno chiapaneco aseguró que desde el 2 de enero de 2018 un 65 por ciento de la población desplazada había retornado a sus comunidades y había intensificado los patrullajes en ellas para garantizar la seguridad de las personas, además de brindarles servicios médicos, “despensas” y campamentos seguros.

“El gobierno y el presidente municipal –Martín Gómez Pérez- creen que ya no tenemos sufrimiento, el problema cuando salimos corriendo con nuestros hijos es que no podemos pero ellos no pueden caminar rápido”, dijo María y pidió al gobierno de Chiapas se le dé una pronto solución a este conflicto agrario que lleva más de 45 años según la población.

CIDH EMITÉ MEDIDAS CAUTELARES

La conferencia fue organizada esta mañana por las organizaciones civiles que han documento y demandado protección para las personas desplazadas; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), la Campaña Popular Permanente Contra la Violencia de Género y el Feminicidio en Chiapas y Melel Xojobal AC.

El 24 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la solicitud de medidas cautelares que presentó el Centro Frayba para la protección de los derechos de las personas indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó “por el riesgo de agresiones, hostigamiento y amenazadas por parte de grupos armados”.

Después de un análisis y recolección de información que reportó el Estado mexicano, la CIDH consideró que las acciones gubernamentales para mitigar al grupo de personas armadas, como el desarme voluntario y el fallo del Tribunal Unitario Agrario del 13 de diciembre de 2017, que favoreció el reparto de tierras al municipio de Chenalhó, no habían sido suficientes.

Ante ello, el pasado 5 marzo emitió las medidas cautelares número 882-17, en las que demandó la protección de 10 comunidades: Chalchihuitán, Cruzton, Tzomolto’n, Bojolochojo’n, Cruz Cacabanm, Tulantic, Bejelto’n, Pom, Chenmut y Kanalumtic.

Además del testimonio de María, estuvo presente el Comité Autónomo de Familias Desplazadas de Chalchihuitán –conformado tras el conflicto- quienes hicieron un llamado al gobierno de Chiapas para garantizarles: agua potable, salud, un plan de regreso para los desplazados, desarme de los grupos paramilitares, reconocerlos como desplazados forzados internos, paz y reparación integral de los daños.

De acuerdo con información de las organizaciones civiles a raíz de este conflicto han fallecido 11 personas (desde recién nacidos a personas mayores), tras vivir en la intemperie y climas extremos de frío continúan con enfermedades respiratorias, digestivas y problemas de estrés. 

18/HZM/LGL

Ante la permanencia de más de dos meses de grupos paramilitares en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, brigadas de salud de organizaciones civiles mantienen la atención médica para mujeres y sus familias desplazadas por el conflicto territorial.

Las brigadas de “Salud y Desarrollo Comunicatorio” (Sadec) y “Casa de la Mujer Ixim Antsetic” (Cam), documentaron en su visita a las comunidades desplazadas, la defunción de una mujer adulta de 57 años de edad por neumonía; dos mujeres menores de 18 años y una muerte fetal hasta diciembre.

En tanto, la agrupación Médicos Sin Frontera informó en un comunicado que un equipo de ocho profesionales ofrece desde el 17 de enero consultas médicas y de atención psicológica en nueve comunidades involucradas en el desplazamiento.

Las organizaciones mantienen el esfuerzo de ofrecer atención médica y recaudación de víveres para estas personas desplazadas, quienes comenzaron el retorno de las montañas de los Altos de Chiapas –donde se refugiaron- a sus comunidades desde el 2 de enero de este año, orillados por las condiciones de precariedad en las que vivían.

Estas brigadas de salud coinciden que las enfermedades crónicas que padecía la población tzotzil (como la hipertensión, problemas respiratorios, mala alimentación, entre otras) se agravaron tras las condiciones extremas de frío y escasez de alimentos en las que se encontraban expuestas en las montañas sobre todo mujeres, niñez y personas adultas.

En relación a las mujeres embarazadas desplazadas, el Sadec y Cam, precisaron que se han evitado muertes maternas por el seguimiento médico que tienen con parteras comunitarias.

Asimismo, destacan que las mujeres y personas adultas, viven con algún grado de ansiedad derivado de la incertidumbre y el miedo por la permanencia de los grupos paramilitares.

De estos grupos armados, el Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó a Cimacnoticias que han recaudado testimonios de mujeres sobre los constantes disparos de armas de fuego que hay en la zona, sin que las medidas de protección otorgadas por el gobierno chiapaneco para las personas que regresaron sean suficientes.

En medio de un conflicto armado que no cesa, el Frayba y diversas agrupaciones de mujeres denunciaron que la población femenina que retornó a sus hogares de Chalchihuitán y Chenalhó, no tuvieron la oportunidad de participar en la toma de decisión de regresar a la zona de conflicto.

Ante el riesgo, organizaciones como la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), apelando que la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género abarca las dos comunidades desplazadas.

Sin embargo, reportaron en un comunicado que no recibieron respuesta a su petición para asegurar la vida de las niñas y mujeres de estas comunidades indígenas.

El conflicto que causó el desplazamiento de más de 5 mil personas, se desató el pasado 13 de noviembre de 2017, luego de que grupos paramilitares de Chenalhó realizaran balaceras, saqueos y quemas de viviendas en varias localidades de Chalchihuitán, debido a la disputa de más de 40 años de antigüedad, por el territorio que divide a estas comunidades.

18/HZM/LGL

Personas desplazadas de las 8 comunidades de Chalchiuitán afectadas por este problema de límites con Chenalhó, rechazaron el dictamen del Tribunal Agrario dado a conocer el pasado 13 de diciembre, en el que se les quita su derecho a la tierra donde vivieron hasta antes de su desplazamiento forzado.

Insisten en que de acuerdo a los títulos primordiales de principio de siglo XX, esa tierra en la que tienen sus viviendas y sus campos de cultivo, ha sido parte de Chalchiuitán, aún cuando ahora legalmente el Tribunal Unitario Agrario le da la titularidad de la tierra a Chenalhó.

Las personas que tuvieron que desplazarse de sus comunidades, dijeron que no aceptarán la reubicación ni el dinero que les ofrece el gobierno (hay que señalar que se trata de no más de 50 mil pesos por familia). Informaron que impugnarán el dictamen del Tribunal Unitario Agrario ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una asamblea realizada en la plaza central de ese municipio, explicaron que “las autoridades afirmaron que es mentira que haya ganado Chenalhó, que hay un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro, pero la gente se rió”, aseguraron los pobladores consultados. Agregaron que otro acuerdo tomado es que cambiarán de abogado, con el argumento de que “no ganaron el caso porque el defensor no hizo bien su trabajo”.

DEPRESIÓN Y EFECTOS EMOCIONALES

Raymundo Luna Pérez, de 18 años de edad, originario de la comunidad Chenmut, Chalchiuitán, ingirió un herbicida para suicidarse luego que cayó en depresión a causa del desplazamiento forzado que enfrentaban junto con otras 5 mil personas a las que el Tribunal Unitario Agrario les negó el derecho a la tierra que habitaron hasta el día de su expulsión, ocurrida el 18 de octubre pasado.

La salud física y emocional de los desplazados se agrava cada día, explicaron organismos defensores de Derechos Humanos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes dan asistencia médica y llevan alimentos que ciudadanos y comunidades han donado, a las personas desplazadas.

El pasado 17 de diciembre, a 3 meses de que tuvieron que abandonar sus viviendas, la muerte de Raymundo Luna se sumó a la de otras 10 personas que han fallecido tras el desplazamiento al que han sido sometidos, como consecuencia de la disputa por la tierra que sostienen con sus vecinos de Chenalhó.

En el caso de Raymundo, de acuerdo a su padre, Mariano Luna, estuvo sometido al estrés y depresión producto del desplazamiento, hasta que el pasado 3 de diciembre intentó suicidarse al ingerir el herbicida. Su padre lo localizó momentos después, y logró que médicos lo atendieran. Sin embargo no se recuperó, y tras dos semanas de convalecer, el pasado domingo falleció.

También han fallecido Catarina Sánchez Pérez, por sufrimiento fetal; Ernestina Sánchez Pérez, recién nacida, su madre se encontraba viviendo bajo lonas; Adriana de Jesús Pérez Pérez, de dos años y Maura Pérez Luna, de un año, por enfermedades respiratorias y hambre.

Domingo Girón Luna de 70 años, Marcelino Gómez López de 80 años, María Domínguez Gómez de 57 años y Mariano Pérez Aguilar de 67, han muerto por enfermedades respiratorias y por hambre. A estas muertes se suma la de Samuel Luna García, quien murió asesinado el 18 de octubre, cuando inició el desplazamiento forzado.

Diversos organismos humanitarios que trabajan en Chiapas exigieron a los gobiernos federal y estatal el urgente reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno para que eso obligue a las instituciones a la utilización y aplicación de protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad personal a las personas desplazadas.

Piden de manera urgente la instalación de campamentos específicos para desplazados, condiciones de seguridad para evitar que sigan siendo amedrentados por los civiles armados que los expulsaron de sus comunidades, y para garantizar ayuda humanitaria integral y la búsqueda de garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

El gobierno de Chiapas, por su parte, informó ayer a través de un comunicado de prensa, que solicitó ayuda de la ONU para asistir a las personas desplazadas. En el mismo comunicado anunció que “para inicio de 2018” llegará a esta región, personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que buscará poner en marcha la producción de alimentos en la zona donde están los desplazados.

17/AM/LGL