Quintana Roo

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

Una persistente demanda al Estado Mexicano es la protección de la vida de las mujeres que denuncian violencia. Se exigieron medidas y órdenes de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que vivían amenazas de violencia y se implementaron mecanismos para demandar prevención del feminicidio.  Esas medidas se adoptaron con resistencias y estas, en la mayoría de los casos, se traducen hoy en mujeres que fueron asesinadas aún después de pedir protección al Estado.
 
Como pocas veces, he perdido la capacidad de hablar y escribir sobre la violencia, se trata de los tiempos, los momentos y los golpes que recibimos cada día con la noticia de que han matado a una mujer, una más en la cuenta que sólo nosotras llevamos.
 
Pero la realidad que vivimos nos obliga a mirar objetivamente o al menos tratar de ver las partes del todo, nos lleva a poner sobre la mesa un matiz grave de una problemática añeja: el Estado es incapaz de garantizar el más elemental derecho a la vida para las mujeres en México. No bastan las medidas o las órdenes de protección, en tanto no haya voluntad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
 
Algunos casos de feminicidio, triste y desgraciadamente, terminan por convertirse en casos paradigmáticos que sirven para evidenciar la grave omisión del Estado en garantizar la protección de la vida de las mujeres. Y no solo es una autoridad, ni una sola falta, sino una cadena de sucesos que ocurren a los ojos de muchas personas y que, como un tren que avanza hacia el precipicio, todos ven y saben cuál será el destino final si algo no cambia esa ruta. Pero aun así y a los ojos de toda la sociedad ocurren esos casos de feminicidio.
 
La semana pasada dos eventos cimbraron a la opinión pública, muy especialmente a la Península de Yucatán, y evidenciaron que pese a todo lo que se informa y se dice en números positivos sobre el otorgamiento de las órdenes de protección, que aún falta por entender el sentido de la protección y la prevención de la violencia.
 
Casi en  forma simultánea, en los últimos días se registraron dos feminicidios en la Península, los cuales tenían en común que se trataba de mujeres que habían solicitado la protección al Estado mexicano a través de sus instituciones, ambas mujeres vivían acosadas por la violencia de sus ex parejas.
 
Gabriela y Aracely son los nombres de las mujeres que tuvieron en común que la autoridad no logró garantizarles el derecho fundamental a vivir libre de violencia, una violencia que en México cobra 7 vidas de mujeres diariamente, que se acumulan en un largo listado en el que advertimos cierta intención de que la resignación y el olvido las alcance a todas.
 
Pero el olvido no llega para las madres de estas mujeres que no mueren sino que son asesinadas después de meses o años de lucha por defender su vida.
 
Y todas nos duelen, todas y cada una. Que no vengan a decirnos que unas nos importan más que otras. Nos duele la joven asesinada en Quintana Roo que había pedido medidas de protección y no se las dieron, como Dahine en Ciudad del Carmen, hace 2 años, y a quien no olvidamos y por quien seguimos clamando justicia.
 
Nos duele Gaby, a quien sin conocerla la nombramos así para hablar de ella y llevar su voz pidiendo justicia, protección, nos unimos muchas, hablamos muchas mujeres, defensoras, periodistas, abogadas, intentamos darle voz, pero todas nuestras voces juntas no pudieron hacer que fuera escuchada.
 
Nos duele, nos pesa, nos arde en el cuerpo y en el alma el dolor de su madre, doña Ligia.
 
Nos duele y compartimos el dolor en el corazón de la compañera defensora que las ha acompañado desde el primer momento, sin importar si alguien más les creía y les cerraban todas las puertas y las dejaban solas.
 
Hoy el pueblo de Mérida se ha unido al reclamo de justicia, justo es abrigar y abrazar a quien dio su vida exigiendo justicia frente a un sistema corrupto en el que prevalece la impunidad. En un país en donde quien tiene dinero es quien compra jueces y conciencias.
 
El asesinato de otra mujer en similares condiciones ocurrió el 25 de marzo pasado, en Chetumal, Quintana Roo. Ella fue víctima de su esposo, un agente de la policía estatal y también había solicitado y obtenido una Orden de Protección. Pero a pesar de contar con esta medida, no se tomaron las acciones para prevenir, debido al riesgo  evidente, ya que el policía portaba armas y  agudizaba el contexto de riesgo y violencia feminicida.
 
Quizá parezca exagerado, pero nosotras sentimos que al matar a Gaby nos han matado un poco a todas. Y lo han hecho porque todas sabemos que a pesar de la lucha, a pesar de la valentía y la resistencia, a pesar de pedir y exigir protección al Estado mexicano, puede venir alguien mandado por la ex pareja y pague por asesinar a una mujer que peleaba y defendía sus derechos, y eso nos muestra la vulnerabilidad e incapacidad del Estado por proteger la vida de las mujeres.
 
La pregunta es: ¿si el Estado y sus instituciones, si las órdenes de protección, si la policía no puede proteger ni garantizar el derecho a una vida libre de violencia, entonces qué nos queda a las mujeres que vivimos en este país feminicida?
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 

Alguna noche de hace años, cuando yo aún no sabía que existían los feminismos en México, vi un documental donde Lydia Cacho hacía un “statement” poderoso al enunciarse una mujer que, al luchar contra la pederastia en el estado de Quintana Roo, enfrentaba las consecuencias impuestas por la corrupción mexicana.
 
Hoy, después de años, recuerdo esa noche gracias a la designación para la Fiscalía General del estado de Quintana Roo. En octubre de 2004, un juez giró la orden de aprehensión contra Jean Succar Kuri, que huyó a los Estados Unidos alertado por una red de políticos, misóginos por obligatoriedad de clase y género en este país.
 
Miguel Ángel Pech Cen, propuesto por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar el cargo de fiscal en Quintana Roo, es uno de los políticos que conformaron esta red de corrupción en la que se asentó uno de los antecedentes más dolorosos para las mujeres mexicanas, en términos de corrupción ante la pederastia, la esclavitud sexual y la persecución criminal y hostigamiento de periodistas.
 
Con 24 votos a favor: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Encuentro Social (PES), Partido Nueva Alianza (Panal), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y un diputado independiente nos han recordado que los derechos de las mujeres son una cosa secundaria en los temas políticos, que no nos alcanza la preparación, la perspectiva de derechos humanos cuando somos mujeres, que pase lo que pase en este país, seguiremos siendo relegadas de los puestos de toma de decisión cuando competimos contra un hombre corrupto. El compadrazgo que siempre será más que suficiente para ocupar los cargos en México.
 
Se designó a Miguel Ángel Pech Cen como fiscal general de Quintana Roo, omitiendo sus graves antecedentes, y desde luego, ignorando la demanda ciudadana de transparencia en la elección.
 
Una vez más, uno de los hombres vinculado con las administraciones que fueron evidenciadas en “Los Demonios del Edén”, ocupa un lugar donde la toma de decisiones afectará a toda la población.
 
¿Y si no era a él, a quién? Entérese, estimada lectora, de que el gobernador de Quintana Roo tenía la posibilidad de incluir en la terna a Araceli Andrade, una abogada que, además de cubrir el perfil que el puesto exige, es una de las mujeres que incidieron para lograr una de las sentencias más importantes en la lucha contra la pederastia y la violencia machista en México.
 
Gracias a ella y a otras mujeres, fue posible impartir justicia y castigar al pederasta Jean Succar Kuri por el delito de pornografía infantil con una sentencia histórica de 112 años. Sin embargo a Araceli Andrade la dejaron fuera de la terna.
 
En cambio, repentinamente y con la gracia de la violencia política hacia las mujeres en México, incluyeron en esta terna, al abogado Miguel Ángel Pech que como funcionario fue sospechoso de obstruir la ley y la justicia también en el caso de Succar Kuri.
 
La negligencia y el entorpecimiento al caso relativo del tráfico de menores de edad conocido como La Casita no le bastaron a los diputados para tener algo de vergüenza esta vez.
 
¿Cuál es el argumento de dejar a mujeres capaces como Araceli Andrade fuera de la terna para fiscal? Argumentos no hay, pero sí un mensaje lleno de violencia política, misoginia normalizada en la oligarquía mexicana, machista por excelencia que ha vetado a Araceli Andrade.
 
Necesitamos instituciones que garanticen un ejercicio pleno de los derechos tanto para hombres como para mujeres y particularmente para los niños y niñas sumamente desprotegidos y violentados en nuestro estado.
 
Se necesitan instituciones donde se puedan investigar, perseguir y juzgar a sus antecesores, encabezadas por personas imparciales, sin intereses partidarios, que garanticen estar del lado de la ciudadanía y no del lado de políticos, delincuentes o trasgresores de los Derechos Humanos.
 
Vemos con profundo pesimismo como se desvanecen las esperanzas de seguridad y justicia para hombres y mujeres quintanarroenses, siendo nuevamente espectadores de aquellos tiempos de simulaciones y abusos, en las que se omiten las necesidades de atención a problemáticas.
 
La ciudadanía organizada del estado afirma que ninguna administración, ni secretaria de seguridad o Fiscalía en Quintana Roo ha logrado prevenir la grave violencia feminicida que azota al estado (uno de los primeros lugares a nivel nacional, como ocurre con el delito de violación).
 
Así las cosas en Quintana Roo, después de una sentencia histórica. Y es que los caballeros no tienen memoria.
 
*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
 
@CynthiaHijar
 
16/CH/KVR

Del 2010 a abril de 2016 fueron asesinadas en Quintana Roo, 97 mujeres y el gobierno local continúa sin brindar garantías de seguridad a las quintanarroenses, por lo que es urgente decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), consideró la legisladora federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ivanova Pool.
 
La legisladora del Sol Azteca criticó la incapacidad del gobernador de la entidad Roberto Borge para contener la crisis de inseguridad que azota al estado y la falta de coordinación entre autoridades para hacer frente a la violencia que cobra cada vez más la vida de más mujeres, incluso extranjeras que van de vacaciones a esa entidad.
 
“Es preocupante que Quintana Roo sea uno de los estados más inseguros del país y no muestra avances en la coordinación de autoridades para atender este flagelo, por lo que es urgente se emita la declaratoria de la AVG para la entidad, pues tres de cada 10 mujeres que padecen de violencia extrema están expuestas a la muerte, como lo señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)”, dijo la legisladora.
 
Cabe recordar que en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de Mujeres solicitó conjuntamente con el OCNF, la AVG; se conformó un Grupo de Trabajo para realizar la investigación el cual determinó que existían suficientes elementos para decretar la Alerta, y emitió 11 recomendaciones al gobierno estatal para cumplirse en un plazo de 6 meses (que se cumplen en el mes de noviembre).
 
A 3 meses de vencer el plazo, el gobierno de Borge no ha cumplido las 11 recomendaciones las cuales contemplan 13 modificaciones al Código Penal de Quintana Roo; 7 al Código Civil; y una revisión y cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal; la Ley estatal de Trata de Personas; la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación; y a Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
 
Destacan también la elaboración y aplicación de protocolos para investigar con Perspectiva de Género el delito de feminicidio y las medidas de protección para víctimas de violencia.
 
Hasta el momento los horarios para restringir la venta de bebidas alcohólicas en ciertas zonas no se ha hecho, como tampoco reforzar los patrullajes preventivos, mientras que en tan sólo un mes (junio a julio) 6 mujeres fueron asesinadas.
 
16/AF/LGL