militarización

La organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) interpuso un amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerar que su aplicación afectaría a las mujeres y en particular a las defensoras de Derechos Humanos que defienden la tierra y el territorio y se oponen a la instalación de megaproyectos en sus comunidades.

Este amparo interpuesto antier en los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México tiene el objetivo de impugnar la ley y evitar que se aplique porque a decir de las litigantes podría traer graves consecuencias a la vida y seguridad de las mujeres e impedir o limitar su derecho a defender Derechos Humanos, según informaron en un comunicado.

De acuerdo con ProDESC hay antecedentes que muestran que las fuerzas armadas amenazan o acosan a las mujeres al realizar labores de seguridad; lo que se suma a la violencia que viven las defensoras que se oponen a megaproyectos de extracción, energía e infraestructura que atenta contra sus derechos a la tierra, al agua y a un ambiente seguro.

El informe que en 2017 realizó en el Relator Especial de las Naciones  Unidas sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, tras su visita a México, indica que las comunidades indígenas, frecuentemente se han enfrentado a acusaciones penales y detenciones por protestar contra esos proyectos.

Con estos antecedentes, ProDESC consideró que la Ley de Seguridad Interior es omisa porque no señala cómo garantizar los Derechos Humanos, en específico de las mujeres, en las tareas de seguridad y tampoco establece la obligación de los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior, de evitar cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres.

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, es un riesgo para el derecho al respeto de la vida de las ciudadanas, su integridad física, psíquica y moral; y su libertad y seguridad personal. Ello porque la situación de violencia en México impacta de manera diferenciada a las mujeres, y ellas son víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres, especialmente los vinculados a la violencia sexual.

Con este amparo ProDESC buscará evidenciar que esta ley que privilegia el enfoque de militarización al de los Derechos Humanos es inconstitucional porque no cumple el principio de proporcionalidad, no resulta idónea, necesaria ni es igualmente adecuada para todas las personas; y porque contiene ambigüedades en la definición de conceptos como seguridad interior, y amenazas y riesgos a la seguridad interior.

Frente a este contexto, la organización señaló que resulta inadmisible que una medida legislativa como esta carezca de las garantías mínimas para asegurar la protección de los derechos de las personas, la prevención y sanción de conductas de este tipo, así como la erradicación de prácticas ilícitas de las fuerzas militares.

18/AGM/LGL

El 30 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Ley de Seguridad Interior que permitiría que el presidente de México pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, esos que fueron negados a las mujeres. Cabe recordar que en 1789 se redactó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dos años después Olympia de Gouges parafrasea esta declaración cambiando la palabra “hombre” por “mujer” en exigencia del reconocimiento de las mujeres, lo que le costó la vida en 1793, fue aguillotinada. Fue hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se reconoce “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”

La ley impulsada por el PRI es contraria a los Derechos Humanos, pues es la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de Derechos Humanos.

La ex representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón Artieda señaló: “La historia y las estadísticas nos han demostrado que cuando irrumpen en una población fuerzas regulares o irregulares, que generalmente son masculinas y entran a un área, tienden a elevarse los abusos contra las mujeres y las niñas, violaciones que ponen en riesgo su integridad”.

El primero constitucional señala “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.”

La experiencia mexicana nos ha enseñado que cuando el Ejército sale a las calles, lo que sigue no será el cumplimiento de ese mandato constitucional.

La presencia de tropas militares y fuerzas irregulares a lo largo y ancho del territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres y niñas mexicanas: cabe recodar a las tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4, 1994); 2 tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3, 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); 2 mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21, 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16, 2002); una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22, 2002), 13 víctimas de violación en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Todas ejercidas ejercida por militares. Las víctimas siguen sin acceder a la justicia

A las 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica, Veracruz, registradas por el centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en su informe 2002, se suman el caso que llegó este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Atenco y las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

O los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, que huyen de la violencia en su comunidad como las miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas.

A todas se les ha negado la justicia. El sacerdote chileno Pierre Dubois lo dijo: “La Justicia que no llega cuando corresponde, ya es injusta” y además de negar la justicia, se promueve una ley que abre infinidad de posibilidades de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los Derechos Humanos, afirmó el ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En el marco del día por los Derechos Humanos exigimos que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger y brindar seguridad a las personas, respeto a la integridad humana, seguridad con sentido de humanidad, necesitamos seguridad feminista, donde la ciudadanía se sepa protegida en su dignidad, que su cuerpo será respetado, que su palabra será escuchada, que su vida vale en condiciones de igualdad.

El común denominador, el trasfondo de las luchas de las mujeres de ayer, de hoy y de siempre –feministas o no-  es la lucha por la vida y por la paz. Como la sociedad está muy atomizada por el poder neoliberal, también lo están las peleas o defensa de sus derechos.

Buscando a sus familiares desaparecidos en las instancias gubernamentales o escarbando la tierra para encontrar a los miles de desaparecidos. En las marchas para reclamar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, contra la impunidad de este gobierno que su característica más relevante es no escuchar y tampoco dar respuestas. 

Ya sea el derecho a su vida en la política con equidad de género y sin violencia; el derecho a su cuerpo o sus derechos económicos y laborales, contra la violencia laboral y en el reclamo de un salario digno. En síntesis sus Derechos Humanos.

Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Derechos Humanos, las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0 por ciento), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5 por ciento) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4 por ciento). Con este panorama NO se puede estar de acuerdo con la militarización del país y la cancelación de los Derechos Humanos.

Ver gráfica aquí

Se aclara que en renglón de la negativa a los créditos tiene un porcentaje muy bajo (0.6 por ciento), pero la realidad es que de acuerdo a los informes de Banco de México más del 70 por ciento de las empresas viven de los créditos de sus proveedores y no de los bancos.

De acuerdo a la gráfica y al Inegi la “Omisión de protección contra la violencia y el maltrato a las mujeres” representa 43.8 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. Eso es ahorita, ya se puede imaginar lo que sucedería dándoles a los militares suprapoderes, por encima del poder civil y de la sociedad.

Porque eso es lo que propone la Ley de Seguridad Interior, obviamente las más afectadas son las mujeres.

Se han levantado varias voces de los líderes de opinión, de la sociedad civil y también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Afortunadamente su discurso fue en presencia de Peña Nieto y parte de su gabinete, fue muy claro:

La Ley de Seguridad Interior (LSI) “propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dio a conocer los mayores peligros que implica autorizar esta Ley:

1. Dar a las Fuerzas Armadas facultades de policía (como permitirles acciones preventivas a su criterio)
2. No genera centrales para verificar el respeto de los Derechos Humanos
3. Permite a las fuerzas federales (militares) intervenir contra protestas sociales
4. Ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial
5. Fomenta la intervención militar en áreas de la sociedad civil

No permite que se fortalezcan las policías civiles ya sean federales, estatales o municipales.

Desde luego que existe una enorme y legítima preocupación por la seguridad, como revertir la ola de violencia que en la última década quizá rebase los 250 mil homicidios. Peña Nieto no cumplió su promesa de campaña: reducir la violencia, menos la pobreza.

Lorenzo Meyer en su artículo: “La Ley de Seguridad Interior”, publicado en el periódico Reforma el 7 de diciembre se pregunta: Con la LSI aprobada ¿qué papel jugaría entonces el Ejército?

En la encuesta sobre corrupción publicada por el Inegi, claramente se privilegia la inseguridad y la delincuencia (66.4 por ciento), como el principal problema; le siguen en orden de importancia la corrupción y por último el desempleo (a pesar de las malas cifras que publica el Inegi sobre este tema).

Luchar por la vida es y será tarea de las mujeres. Por lo mismo no podrán nunca apoyar este proyecto de Ley de Seguridad Interior que está contra la vida, porque esa delincuencia y violencia no se resolverán con esa Ley, por el contrario, sólo se militarizará el país y las luchas sociales como las que emprenden las mujeres, serán combatidas por el Ejército.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL