San Juan Cotzocón

REPORTAJE
POLÍTICA
   Aumentar número de magistradas, el reto
Necesario que perspectiva de género se consolide en TEPJF
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/09/2016

Los magistrados que integran los tribunales electorales deciden aspectos centrales en materia político-electoral y esa es la razón por la que las promotoras de los derechos femeninos aseguran que más mujeres en esos cargos, implicaría más controversias resueltas con perspectiva de género. 
 
Como ejemplo, en los últimos meses las y los magistrados de los tribunales electorales estatales y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron casos donde protegieron los derechos de mujeres electas para ocupar cargos públicos, que fueron víctimas de violencia política de género.
 
Es por ello que las activistas, académicas y políticas integradas en la Red Mujeres en Plural, no quitan el dedo del renglón, sobre todo cuando en el proceso de selección para elegir a siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, de 21 candidatos sólo 6 son mujeres.
 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Sala Superior del TEPJF, como máximo tribunal electoral, ha sentado precedentes para proteger los derechos de las mujeres; desde revocar el registro de candidaturas que no cumplen con la paridad de género (50-50), hasta ordenar la restitución de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos por el hecho de ser mujeres.
 
La magistrada y los magistrados de la Sala Superior han generado precedentes para que otros tribunales electorales hagan lo propio a la hora de conocer casos donde haya presuntas violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres.
 
En el caso de Chiapas, por ejemplo, la Sala Superior ha emitido dos sentencias relevantes para restituir los derechos de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos. La primera fue el 17 de agosto cuando ordenó la restitución de Rosa Pérez Pérez, como alcaldesa del municipio de Chenalhó.
 
El TEPJF consideró que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, luego de que el pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
 
La segunda sentencia similar la emitió el 1 de septiembre, cuando revocó el decreto del Congreso de Chiapas por el cual se aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez, como presidenta municipal de Oxchuc, quien se vio forzada a firmar el escrito de solicitud de licencia indefinida. 
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus salarios desde el inicio de la gestión municipal.
 
OAXACA
 
Ejemplo de la incidencia de esta autoridad electoral son las sentencias en Oaxaca, la primera entidad que incluyó el término de violencia política de género, aunque la definición todavía no aparece en las leyes locales.
 
Por ejemplo, el 25 de agosto de 2014, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, declaró la invalidez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, al considerar que al no haber integrado el órgano edilicio de manera igualitaria, se violó el principio de igualdad, por lo que ordenó una nueva elección de concejales.
 
En muchas ocasiones los tribunales electorales estatales resuelven considerando las directrices marcadas en el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres (el cual entró en vigor en marzo de este año) pero en otras ocasiones la Sala Superior, como máxima instancia, debe resolver los casos cuando hay inconformidad por las sentencias. 
 
Así sucedió cuando la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Xalapa y modificó la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
 
El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, por medio de una Asamblea Comunitaria, pero un grupo opositor las señaló por supuestas fallas, desvío de recursos, y esparció rumores para demostrar que las mujeres no podían gobernar, lo que derivó en su destitución.

Luego de un largo proceso judicial, por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria que se realizó el pasado 28 de abril para destituir a las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
Al resolver el juicio, la Sala Superior señaló que en la Asamblea de destitución, las mujeres no tuvieron derecho de audiencia pues no se les informó del tema a tratar, ni había constancia de que se les permitiera defenderse ni aportar las pruebas a su favor.
 
Además de estos casos, también pueden promover cambios internos como sucedió con Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
 
El 30 de marzo la Sala Superior del TEPJF, determinó dar vista del caso al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de ese estado para su revisión argumentando violencia, acoso, discriminación e inequidad política, caso que sigue en investigación.
 
Las mujeres en los tribunales también promueven el desarrollo de estrategias externas, como lo hizo el TEPJF que en 2014 creó una Agenda Indígena para difundir el conocimiento de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y comunidades, y los derechos de la ciudadanía indígena.
 
16/AGM/LGL
 








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Alcalde dice “no querer a una mujer en ese puesto”
Impiden a indígenas oaxaqueñas ejercer cargo de agentes municipales
Agustina Castellanos Zaragoza | Foto retomada del sitio primeralinea.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/08/2016

En diciembre de 2015 la indígena mazateca Agustina Castellanos Zaragoza fue electa para ser agente municipal de San Felipe Zihualtepec, una localidad ubicada en el municipio de San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca; sin embargo, sólo ejerció el cargo 109 días porque el alcalde, Eleazar Poblano Celis, “no quiso a una mujer en ese puesto”.  
 
Ante la violencia en su contra, desde mayo pasado, Agustina junto con las integrantes de su planilla, su suplente Cecilia Fermín Bautista y la alcalde municipal propietaria Estela Muñoz Rubio, y su suplente Petra Martínez Marcelino, acudieron a las instituciones electorales para solicitar su reinstalación, un proceso que ya lleva cuatro meses. 
 
Así lo expone en una relatoría de hechos que entregó al Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y según se deprende del juicio que presentó ante las autoridades electorales estatales y federales, a quienes pide que se haga valer su derecho a realizar las funciones para las cuales fue electa.
 
En marzo de este año, el Tribunal Electoral de Oaxaca resolvió el juicio a favor de las mujeres y señaló que debían seguir en sus cargos, pero eso no sucedió, por lo que las agraviadas ahora acudieron a la recién creada Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, es decir, por medio de una Asamblea Comunitaria. Ellas fueron designadas para ejercer el cargo durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, pero ni siquiera cumplieron la mitad de su gestión.
 
De acuerdo con la información que la también profesora jubilada– dio al IMO, en esa elección participaron cuatro planillas: dos integradas por hombres, otra mixta y la que ella encabezó, conformada por cuatro mujeres. Al resultar triunfadoras, por primera vez en la localidad hubo cuatro gobernantes mujeres.
 
A decir de Agustina, desde el inicio de la campaña el presidente municipal de San Juan Cotzocón, Eleazar Poblano Celis, formó su propia planilla para que compitiera por la agencia, aquella encabezada por Heraclio Uriarte Gaspar, pero al ver que las cuatro mujeres eran apoyadas por la población comenzaron las agresiones con rumores que cuestionaban que una mujer “fuera a mandar”.
 
Aún así resultó triunfadora y el 16 de enero tomó protesta del cargo. A finales del mes organizó la primera Asamblea General para informar los horarios de atención de la agencia municipal, quiénes participarían como policías, quién sería la secretaria y cómo se organizarían los cobros, además de invitar a la gente a participar en las actividades de faena (trabajo comunitario).
 
La primera faena se realizó el 13 de febrero cuando la gente acudió al campo de futbol donde se hizo limpieza y se cercó con postes de madera, además se levantó el alambrado de una clínica que está abandonada.
 
Al siguiente día se realizó una segunda asamblea para informar de las acciones realizadas pero algunos pobladores le reclamaron que no estaba resolviendo problemas de la comunidad como falta de orden en el panteón y en las cantinas del pueblo.
 
Después de ese día hubo personas que reiteradamente le señalaron supuestas fallas y esparcieron rumores para hacer ver que una mujer no podía gobernar. En ese mes, el presidente municipal le llamó por teléfono para decirle que no estaba haciendo buen uso de los recursos; como consecuencia el 26 de abril le llegó un oficio donde le comunicó la suspensión del financiamiento.
 
Lo que motivó la suspensión de los recursos fue un escrito de inconformidad firmado por un grupo de vecinos de la agencia, en la que manifestaban un supuesto mal manejo de una donación de 150 mil pesos que la cervecería Cuauhtémoc- Moctezuma dio a la agencia municipal, y que ella asegura, fue invertido en beneficio de la comunidad.
 
La tarde del 28 de abril se celebró una Asamblea comunitaria en la agencia de San Felipe Zihualtepec, en la que el pueblo exigió saber dónde estaba el dinero. Tras los reclamos, los gritos se convirtieron en insultos y luego en amenazas de muerte. A ella intentaron golpearla y desnudarla por lo que tuvo que salir huyendo del lugar.
 
Ese mismo día mientras la gente del pueblo tomó la oficina de la agencia, el Consejo Municipal determinó desconocer a Agustina y a su cabildo, y solicitar la intervención del presidente municipal Poblano Celis, para elegir a su nueva autoridad.
 
DERECHO A EJERCER EL CARGO
 
Después de los hechos Agustina intentó interponer una denuncia penal pero en la Fiscalía General de Oaxaca no la atendieron por lo que se dirigió con el presidente municipal –mismo que considera está atrás de los ataques– quien le dijo que intervendría y le aclaró que si la agencia no tenía recursos es porque ella no había pasado por los cheques.
 
Así Poblano Celis convocó a una Asamblea extraordinaria el 4 de mayo en la localidad, en la que los asistentes informaron a Agustina y a su equipo de trabajo que fueron destituidas y que en la Asamblea del 29 de abril se eligieron nuevas autoridades.
 
Ante el acto de ilegalidad, las mujeres interpusieron un juicio (29/2016 y 31/2016) ante el Instituto Electoral de Oaxaca, institución que las ratificó en su nombramiento, sin embargo en junio pasado la resolución fue impugnada por los nuevos funcionarios ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF.
 
En este nuevo proceso los magistrados electorales revocaron la sentencia anterior para proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas que destituyeron a la agente municipal y su equipo.
 
Al conocer la resolución Agustina pidió asesoría a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas TEPJF, encargada de apoyar o defender los derechos político electorales de las comunidades indígenas.
 
Ahora el caso fue enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral que esta semana podría resolverlo, en esta ocasión considerando los derechos de los pueblos indígenas que se rigen por usos y costumbres pero también aplicando el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
 
16/AGM/LGL








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