Altos de Chiapas

“No entienden nuestra situación ninguna de las autoridades, no quieren saber que estamos sufriendo como mujeres, niños… creen que ya no existe el problema”, denunció María, una de las mujeres indígenas de la comunidad de Chalchihuitán que desde noviembre de 2017 se tuvo que refugiar en los montes de los Altos de Chiapas por el ataque de grupos paramilitares.

A 4 meses de que más de 5 mil personas de las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a huir a los montes de Chiapas para protegerse de los grupos paramilitares, María recordó esta mañana en conferencia de prensa que el problema no ha cesado, permanecen en condiciones inhumanas, con enfermedades respiratorias y digestivas, falta de alimentos, medicamentos y reciben agresiones con disparos de arma, sin que el gobierno les proteja.

En su lengua tzotzil, María, quien permanece desde noviembre de 2017 en un campamento, brindó su testimonio de las condiciones que atraviesan a cuatro meses del ataque de grupos armados por la disputa del territorio que divide Chalchihuitán y Chenalhó: “Hemos sufrido mucho, padecemos hambre, se han muerto varios compañeros”, dijo.

Mientras traducían su testimonio, la mujer relató cómo el miedo sigue instalado en las comunidades por la presencia de grupos armados que les impiden retornar a sus hogares. “No podemos regresar a vivir a nuestras casas, cuando queremos verlas, cuando miran el humo por el fuego, vienen a espantarnos y querer matarnos”, dijo.

Esta situación continúa a pesar de que el gobierno chiapaneco aseguró que desde el 2 de enero de 2018 un 65 por ciento de la población desplazada había retornado a sus comunidades y había intensificado los patrullajes en ellas para garantizar la seguridad de las personas, además de brindarles servicios médicos, “despensas” y campamentos seguros.

“El gobierno y el presidente municipal –Martín Gómez Pérez- creen que ya no tenemos sufrimiento, el problema cuando salimos corriendo con nuestros hijos es que no podemos pero ellos no pueden caminar rápido”, dijo María y pidió al gobierno de Chiapas se le dé una pronto solución a este conflicto agrario que lleva más de 45 años según la población.

CIDH EMITÉ MEDIDAS CAUTELARES

La conferencia fue organizada esta mañana por las organizaciones civiles que han documento y demandado protección para las personas desplazadas; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), la Campaña Popular Permanente Contra la Violencia de Género y el Feminicidio en Chiapas y Melel Xojobal AC.

El 24 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la solicitud de medidas cautelares que presentó el Centro Frayba para la protección de los derechos de las personas indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó “por el riesgo de agresiones, hostigamiento y amenazadas por parte de grupos armados”.

Después de un análisis y recolección de información que reportó el Estado mexicano, la CIDH consideró que las acciones gubernamentales para mitigar al grupo de personas armadas, como el desarme voluntario y el fallo del Tribunal Unitario Agrario del 13 de diciembre de 2017, que favoreció el reparto de tierras al municipio de Chenalhó, no habían sido suficientes.

Ante ello, el pasado 5 marzo emitió las medidas cautelares número 882-17, en las que demandó la protección de 10 comunidades: Chalchihuitán, Cruzton, Tzomolto’n, Bojolochojo’n, Cruz Cacabanm, Tulantic, Bejelto’n, Pom, Chenmut y Kanalumtic.

Además del testimonio de María, estuvo presente el Comité Autónomo de Familias Desplazadas de Chalchihuitán –conformado tras el conflicto- quienes hicieron un llamado al gobierno de Chiapas para garantizarles: agua potable, salud, un plan de regreso para los desplazados, desarme de los grupos paramilitares, reconocerlos como desplazados forzados internos, paz y reparación integral de los daños.

De acuerdo con información de las organizaciones civiles a raíz de este conflicto han fallecido 11 personas (desde recién nacidos a personas mayores), tras vivir en la intemperie y climas extremos de frío continúan con enfermedades respiratorias, digestivas y problemas de estrés. 

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A 10 días de que miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas, la ayuda del gobierno comenzó a llegar a cuenta gotas pero para las más de 100 mujeres embarazadas aún es difícil acceder a la atención médica.

La coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Azalia Hernández, informó a Cimacnoticias que ayer llegaron las brigadas de salud del gobierno de Chiapas pero únicamente a la cabecera municipal de Chalchihuitán, “de entrada por salida”.

Debido a la disputa territorial entre ambos municipios (Chalchihuitán y Chenalhó) es imposible que las mujeres y niñez que se refugian en los montes, regresen a sus localidades, ya que los caminos se encuentran obstaculizados por personas armadas, “es absurdo que se les pida trasladarse a los municipios”, señaló la activista.

La situación se agrava día a día, la información que ha recibido el Frayba es que hay mujeres a pocos días de parir, en total tienen el registro de 114 mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos, por ejemplo, la asociación conoció un caso de un bebé de 20 días de vida.

“Médicos están  dispuestos a dar trabajo humanitario, pero es imposible ingresar. En la mañana nos informaron que las personas que bloquean las entradas comenzaron a quemar llantas. Tienen el territorio controlado”.

Según la información que publicó el gobierno estatal en su página web oficial, Protección Civil y paramédicos están atendiendo en Chalchihuitán a las mujeres embarazadas para llevarlas en helicóptero al municipio de Simojovel, pero la mayoría, como indicó la integrante del Frayba, están refugiadas en las montañas.

Lo mismo sucede para la niñez y adultos mayores que presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales por vivir en la intemperie. No hay registro de que las brigadas estén atiendo de forma directa a estos pueblos tzotzil, precisó Azalia Hernández.

“Las familias desplazadas huyeron de sus casas sin nada. Especialmente las mujeres se encuentran en extrema vulnerabilidad, en campamentos hechos con plásticos a temperaturas muy frías, sin alimentos. No pueden regresar a sus casas, les fueron quemadas, robaron sus animales y destruidas sus pocas pertenencias”, comentó.

La vulnerabilidad no sólo es en su salud física sino también mental. Azalia mencionó que en los campamentos las mujeres, niñas y niños están viviendo con un profundo temor de ser perseguidos y encontrados por los grupos paramilitares.

EL CONFLICTO

El conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó comenzó en los años setenta cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC). El municipio recibió hectáreas que eran parte de la localidad colindante.

Desde entonces se desató la problemática que aún sigue sin resolverse. Actualmente continúa en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez la denuncia de la población de Chenalhó por la distribución del territorio.

Asimismo el conflicto de grupos paramilitares en esta zona es añejo. Hace 20 se suscitó la masacre de Acteal en localidad de Chenalhó. Un grupo paramilitar conocido como “Máscara Roja” asesinó el 22 de diciembre de 1997, a 18 mujeres adultas, 7 hombres, 16 menores de 17 años y 4 niños entre los 15 y 2 años de edad.

Fue una masacre planeada en contra de los miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas” mientras hacían una jornada de paz para Chiapas. El caso llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La integrante del Frayba –asociación que acompañó el caso Acteal- afirmó que el conflicto armado continúa en estos municipios por la incapacidad del gobierno para desarmar a los grupos paramilitares y la impunidad de castigo a quienes participaron en ellos.

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO

Por ello las organizaciones y comunidades temen no sólo de otra masacre como la de Acteal, sino también del futuro de estos cientos de familias. Azalia Hernández explicó que en casos de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que ha documentado el Frayba, a muchas poblaciones les es imposible retornar a sus comunidades.

El asentamiento de grupos armados en sus localidades los orilla a comenzar su vida en lugares aledaños. Las familias pierden sus propiedades y terrenos de siembra. También hay una pérdida cultural (tradiciones, lengua) como parte del desplazamiento forzado.

Por ello, dijo, la acción del gobierno debe estar enfocada en cuatro ámbitos: la atención urgente a la población desplazada, el desarme de los grupos armados y la atención del problema estructural en la comunidad, y la reparación del daño integral para los habitantes.

De acuerdo con los registros del Frayba, en Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y de la comunidad de influencia zapatista, Chenalhó, la cifra aumentó a 900 personas.

NACIONES UNIDAS PIDE ATENCIÓN URGENTE

En tanto, en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades.

Indicó que “es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”. Pidió que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Centro de Derechos Humanos Ku’untik que ya integra la solicitud de medidas cautelares para las personas desplazadas que la organización solicitó. 

De acuerdo con el Centro, estas serán una extensión de las medidas cautelares (MC-361-17) que dictó la CIDH en octubre por el desplazamiento forzado de 248 personas del Ejido de Puebla localidad de Chenalhó, de la misma forma por parte de grupos paramilitares.

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En la montañas de los Altos de Chiapas al suroeste de México, en condiciones inhumanas y sobreviviendo a temperaturas extremas de frío, se calcula que más de 5 mil personas entre mujeres embarazadas, niñez y adultos mayores se escoden de los grupos paramilitares por el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

El pasado 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, fueron alertadas sobre el desplazamiento forzado de los pueblos tzotzil de Chalchihuitán y Chenalhó.

La disputa por el territorio entre ambos municipios comenzó hace más de 40 años, recordó el Centro de Derechos Fray: en 1975 el municipio de San Pablo Chalchihuitán obtuvo el reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) y fue beneficiado con 17 mil 948 hectáreas de terreno, y como complemento, en 1981 se entregaron 252 hectáreas más.

La población del municipio colindante, San Pedro Chenalhó se inconformó por el reparto de tierras porque no se respetaron los limites naturales del río Mashilhó y los antiguos documentos de los pueblos indígenas e interpuso una demanda en 2005, actualmente sigue en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez (expediente 181/2005).

Hasta ayer el Frayba informó en un comunicado que únicamente de la localidad de Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y  de Chenalhó –comunidad de influencia zapatista- se estima son al menos 300 personas.

De acuerdo con los registros de la asociación civil, el conflicto se agravó el 13 de noviembre tras el ingreso de grupos armados a la región de Chalchihuitán. Las familias huyeron de las balaceras y se reguardaron en los montes de los Altos de Chiapas, donde permanecen incomunicadas y con miedo de ser localizadas.

Al sobrevivir bajo temperaturas frías y condiciones inhumanas, hay personas enfermas, principalmente recién nacidos, niñez y personas adultas, además urge la atención médica para 114 mujeres embarazadas, según los registros del Frayba.

En las imágenes y entrevistas que han difundido las organizaciones que ingresaron a los montes, se observan a niñas y niños durmiendo en el pasto, a mujeres calentando la escaza comida en campamentos construidos con ramas y lonas, personas adultas y niñez reposando por alguna enfermedad. Los únicos médicos que hay son los chamanes de las comunidades.

La situación empeora porque el municipio de Chalchihuitán está sitiado y la única carretera que conecta con San Cristóbal de las Casas está bloqueada, por lo que es imposible proveer de ayuda, alimentos y medicinas sobre todo para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, reportaron las asociaciones.

El Frayba documentó las comunidades y personas que fueron desplazadas de Chalchihuitán: de Ch’en Mut 700 personas (8 mujeres embarazas); de Pom más de 2 mil personas y 100 mujeres embarazadas; Tzomolton son 800 personas y 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600 personas; Bejelton 150 personas; Tulantic 350 personas; Vololch’ojon 150 personas; Cruz c’ac’al nam 200 personas; y Cruz ton 73 personas desplazadas.

El Centro de Derechos Humanos informó que ha recurrido a las instancias internacionales, envío una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloka Beyani, ambos de Naciones Unidas.

Hasta el momento el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello no se ha pronunciado al respecto y tampoco se conoce sobre la intervención del gobierno, por el contrario, las organizaciones civiles alertaron que las personas de la comunidad refieren que ha habido cortes de energía eléctrica e intervenciones de otros grupos armados.

A 20 AÑOS DE MASACRE EN ACTEAL

El miedo de la población y de las organizaciones civiles es que el enfrentamiento culmine en otra matanza como la ocurrió casi 20 años atrás en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó.

El 22 de diciembre de 1997 –en la presidencia del priista Ernesto Zedillo- un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños, miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, cuando hacían una jornada de ayuno y oración por la paz de Chiapas.

El caso fue acompañado por el Centro Frayba y lo presentó en 2005 ante la CIDH. Cinco años después la Comisión Interamericana lo admitió (Informe 146/10 “Manuel Santiz Culebra y otros Masacre de Acteal”).

El director del Frayba, Pedro Faro Navarro, relató en una audiencia pública de la CIDH –un mes antes de ser aceptado- que en 1996 inició una nueva etapa del conflicto armado interno en Chiapas como respuesta a la creación del Municipio Autónoma Rebelde Zapatista de San Pedo Polhó.

Para minar el apoyo de la población civil a la guerrilla en las zonas de los Altos, el gobierno actuó a través de acciones paramilitares.

Según la información que dio la organización, la masacre fue planeada varios días antes por el Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo, la estrategia fue revelada en un documento conocido como “Plan Campaña Chiapas 94”.

El 22 de diciembre a las 11 horas en Acteal, en el campamento de desplazados “Los Naranjos”, los paramilitares del grupo "Máscara Roja" asesinaron a 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas, 7 hombres, 16 mujeres menores de 17 años de edad, y 4 niños entre los 15 y 2 años.

Sin embargo, el Estado mexicano sostiene que el conflicto se trató de una riña intercomunitaria e incluso interfamiliar. Hasta ahora no se ha sancionado o investigado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

ACUSAN INTERESES POLÍTICOS

Por su parte la asociación Centro de Derechos Humanos Ku’untik,  acusó en un pronunciamiento que los grupos paramilitares actúan por los intereses de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien dijeron, “disputa las tierras colindantes con Chalchihuitan y persigue a sus opositores”.

La parroquia de Chenalhó también se pronunció en un comunicado y dijo que el conflicto es parte de las acciones de los gobiernos estatales, por lo que pidió a las comunidades dialogar y permanecer en paz, e hicieron un recordatorio de la matanza de Acteal.

El Centro Frayba coincidió, “es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, concluyó.

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