Laura Nereida Plascencia Pacheco

En medio del proceso electoral 2018 y del despliegue de las precampañas para ocupar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó incluir el concepto de “violencia política de género” en cinco leyes generales, modificaciones que no aplicarán en estos comicios porque no se aprobaron en tiempo y forma y porque todavía deben ser avaladas por el Senado.

En el último día del periodo ordinario de sesiones, el pasado 15 de diciembre, la Cámara baja aprobó las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con un retraso de más de nueve meses desde que el 9 de marzo el Senado aprobó las reformas y envió la minuta al recinto de San Lázaro para su aval, finalmente en la maratónica sesión del viernes –donde también se aprobó la Ley de Seguridad Interior– las y los legisladores avalaron las modificaciones en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito político, campañas electorales y ejercicio de cargos públicos.

Desde 2012 se presentó la primera propuesta para prevenir y sancionar los actos de violencia contra políticas, candidatas o mujeres que participaran en política, la cual fue avalada por el Senado en 2013 pero tras la inactividad de diputadas y diputados tuvieron que pasar cinco años para que finalmente el tema volviera a presentarse en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, el proceso legislativo no ha concluido porque el dictamen realizado por las Comisiones de Gobernación, presidida por la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén, y de Igualdad de Género, encabezada por la también priista Laura Plascencia Pacheco, aprobaron reformas con cambios por lo que, nuevamente, el documento será enviado al Senado para otra revisión y votación.

En una sesión donde estuvieron presentes prácticamente la mitad de las y los diputados, por unanimidad de 263 votos a favor –y en medio de agradecimientos al coordinador de los priistas, César Camacho Quiroz, por hacer posible el dictamen, como lo dijo la diputada Plascencia Pacheco– se celebró el concluir este “complicado” tramo del proceso parlamentario. 

El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales, por lo que la violencia política no se podrá invocar en las elecciones de 2018.

En San Lázaro, la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, ejemplificó con su caso la violencia que viven las mujeres que buscan cargos de elección popular, recordó los señalamientos y denostaciones que vivió durante su campaña en este año y que incluso atrajo la solidaridad de un sector de las mujeres priistas.

“Viví acciones de misoginia, de gente que lamentablemente ocupa o ha ocupado cargos públicos, como es el caso de (Felipe) Calderón y del propio presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, que yo siento que tendrían que ser los que tenían que poner el ejemplo y que desde aquí digo, qué triste y lamentable para nuestro país tener este tipo de gobernantes”.

La diputada, a quien el expresidente Caldearon tildó de “títere” del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si esta minuta se hubiera aprobado en el periodo ordinario anterior, hubiera sido un logro para todas las mujeres que están en la política.

La minuta enviada por la Cámara de Senadores redefine la violencia política en razón de género como “la acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.

A partir de la reforma político-electoral de 2014, cuando comenzaron a salir a la luz casos de violencia, desde destituciones arbitrarias, campañas misóginas y hasta asesinatos de aspirantes a cargos de elección, las mujeres han llamado la atención sobre este tema pero ante la falta de una legislación en noviembre las autoridades electorales reeditaron el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” creado en 2016.

17/AGM/LGL

La Comisión de Igualdad de Género avaló un dictamen para reformar el Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de crear programas de desarrollo social para niñas y niños que quedaron en orfandad a causa del feminicidio de sus madres.

El 18 de octubre el organismo avaló la iniciativa elaborada por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, quien en abril de este año presentó la propuesta, un mes después de que Cimacnoticias publicara un reportaje sobre la falta de información y de políticas públicas para atender a niñas y niños que quedaron en orfandad por feminicidio.

La reforma es para señalar que “la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, se coordinaran para el diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida, y para las y los dependientes de las víctimas mortales de este delito”.

La iniciativa, que aún debe ser avalada por el pleno de la Cámara de Diputados, indica que muchas de las mujeres que fueron asesinadas o son sobrevivientes de feminicidio fueron atacadas por sus parejas. Como consecuencia, ellas o sus familias quedan en la indefensión porque muchas veces dependían económicamente del feminicida.

“Para atender la violencia en contra de las mujeres es necesaria una visión integral del problema. No basta con que los feminicidas sean procesados y, eventualmente, encarcelados. Se necesita una visión más comprensiva del problema y que se atiendan a las sobrevivientes, a sus víctimas y se erradique la violencia hacia y contra las mujeres”, destacó la diputada en su propuesta.

La legisladora priista señaló que durante 2014 se registraron 2 mil 408 defunciones de mujeres a causa de agresiones intencionales y para 2015 se registraron 2 mil 383, lo que representa alrededor del 12 por ciento del total de los homicidios registrados en esos años: 20 mil 10 en 2014 y 20 mil 525 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Como lo documentó Cimacnoticias en su investigación, la legisladora destacó que no existen datos para documentar los casos de niñas y niños que han quedado en la orfandad por causas de delitos como el feminicidio. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólo tiene el registro de 65 casos de orfandad por feminicidio en un periodo de tres años.

Ante el creciente número de casos de mujeres sobrevivientes de feminicidio, destacó en su momento Plascencia Pacheco, es urgente la creación de programas de desarrollo social y económico que les permitan el acceso efectivo a recursos para salir de ese estado de emergencia en el que se encuentran.

A esta iniciativa se sumó la de la diputada priista Paola Iveth Gárate Valenzuela, quien en mayo pasado presentó una basada en la investigación hecha por Cimacnoticias. La legisladora propuso reformar el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el artículo 97 de la Ley General de Víctimas.

La propuesta de Gárate Valenzuela propone reformar la ley para que el Registro Nacional de Víctimas integre el número de niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de feminicidio que se encuentren en cualquier institución o entidad federal o de las entidades federativas o municipales, así como de las Comisiones de Derechos Humanos en los casos donde se hayan dictado recomendaciones o medidas precautorias; o bien, se hayan celebrado acuerdos de conciliación en este tema.

17/AGM/LGL

La Comisión de Igualdad de Género tratará de incidir en las fracciones parlamentarias de la Cámara Baja, para que voten en contra de la iniciativa Provida presentada por el Partido Encuentro Social (PES), que busca modificar el artículo 4 de la Constitución Mexicana para “proteger la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Nereida Plascencia Pacheco, dijo que iniciarán un trabajo de argumentación legal para solicitar que se “vote en negativa” la iniciativa de reforma al Artículo 4 constitucional -la cual ya cuenta con el apoyo de 48 legisladores de 6 fracciones parlamentarias- y buscarán incidir en el “dictamen único” de la Comisión de Puntos Constitucionales, a donde fue turnada la iniciativa presentada por el PES.
 
Contrario al exhorto que hiciera la senadora priista y presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, Lisbeth Hernández Lecona, para enviar cartas a la Comisión que ella preside, para solicitar “respeto” al concepto de “matrimonio y la familia natural”, la diputada Plascencia Pacheco, señaló que la Comisión de Igualdad de Género “es respetuosa de las creencias religiosas”, pero reiteró que no “se debe legislar con dogmas religiosos”, en este caso, indicó, se debe legislar para proteger los Derechos Humanos de las mujeres.
 
“En México tenemos una cifra negra de abusos sexuales contra las mujeres de 900 mil casos al año, es por eso que debemos asegurar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres”, dijo la diputada.
 
Indicó que la iniciativa del PES sería un retroceso para las mexicanas y explicó que la reforma al Artículo 1 de la Constitución Mexicana del 2011, “abre la puerta a la convencionalidad”, lo que indica que México debe atender y armonizar sus leyes conforme a los acuerdos que firma a nivel internacional en materia de Derechos Humanos.  
 
El Artículo en mención establece en el segundo párrafo: “Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia”.
 
Y señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad”.
 
Cabe mencionar que el pasado jueves 22 el Movimiento Laico Nacional, conformado por agrupaciones civiles de diferentes estados del país, le entregó a la Comisión de Igualdad de Género un documento en el cual argumentan por qué no debe aprobarse esta iniciativa que atenta, dijeron, contra los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
16/GVV/LGL