Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Con el objetivo de que las autoridades tengan más elementos para integrar una carpeta de investigación, el Senado analiza reformar la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para que se incluya si las víctimas tuvieron antecedentes de violencia de género.

La iniciativa, avalada por las Comisiones de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la Cámara alta, señala que el registro que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe incluir, además de datos básicos como nombre, sexo, edad y nacionalidad de la víctima, si las mujeres tenían antecedentes de violencia.

La idea es mejorar la respuesta judicial como lo han recomendado informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a fin de prever garantías para que las víctimas puedan denunciar.

La propuesta, avalada en febrero del año pasado por la Cámara de Diputados, también busca responder al contexto de violencia y desaparición de mujeres y niñas pues, afirman integrantes de las Comisiones del Senado, mientras más elementos tenga la autoridad encargada de hacer la investigación, la búsqueda y localización se hará de manera más pronta y expedita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el número de víctimas (reportadas por instancias locales) va en aumento año con año. En 2012, por ejemplo, había 3 mil 266 personas desaparecidas; en 2013 la cifra aumentó a 3 mil 646; en 2016 alcanzó 4 mil 703 y para el 31 de octubre de 2017 se registraron 4 mil 115 carpetas de investigación o averiguaciones previas por estos hechos.

Los datos del fuero local revelan que de 2007 a 2017 han desaparecido 24 mil 722 hombres y 8 mil 791 mujeres. En el mismo periodo pero a nivel federal, el registro indica que han desaparecido 970 hombres y 191 mujeres.

Por su parte organizaciones de la sociedad civil señalaron en noviembre de 2017 que con la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, norma que entró en vigor en enero pasado, el Estado mexicano tiene que elaborar registros fieles que permitan visibilizar la magnitud real del problema y actuar para erradicarlo.

Es de recordar que en diciembre de 2017 el Observatorio Nacional Ciudadano (OCN) manifestó su inconformidad con la metodología del Secretariado Ejecutivo porque en 2016 anunció que renovaría el registro y clasificación de incidencia delictiva para incluir delitos como feminicidio pero al cierre del año pasado no tenía esas estadísticas, las cuales se dieron a conocer en enero pasado.

El 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que en tres años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México.

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Más de la mitad de las 8 mil 456 mujeres desaparecidas en México durante los últimos 11 años fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, la mayoría tenía entre 14 y 17 años de edad.

Los familiares de estas mujeres lidian no sólo con la pérdida, sino con un Estado que también las desaparece, pues no facilita sus nombres completos ni fotografías en los registros oficiales para que cualquier persona interesada en buscarlas las encuentre.

De 2000 a julio de 2017 las niñas y adolescentes fueron las principales víctimas de desapariciones forzadas en el país ya que 52 por ciento (4 mil 321) del total de mujeres alejadas de sus círculos cercanos tenían entre cero y 20 años de edad, esto evidenció el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) consultado por Cimacnoticias.

A nivel nacional 30 por ciento de las mujeres víctimas de desaparición, es decir 2 mil 540, tenían entre 14 y 17 años de edad.

En el Estado de México, Puebla y Tamaulipas se registraron más desapariciones, no sólo de niñas y adolescentes sino de mujeres de todas las edades. En los tres estados las autoridades están obligadas a crear y aplicar políticas públicas que garanticen la seguridad y los derechos de las mujeres, y con mayor énfasis el Estado de México, pues ahí la Segob emitió desde 2015 la Alerta de Violencia de Género (AVG) por los altos índices de violencia contra las mujeres.

De acuerdo al RNPED en los últimos 11 años el Estado de México desaparecieron más mujeres que en otros estados del país: fueron mil 887, de las cuales 64 por ciento (mil 216) correspondieron a niñas y adolescentes de cero a 20 años de edad. A esa entidad le siguió Tamaulipas con mil 261 casos, en 393 de ellos fueron niñas y jóvenes en el mismo rango de edad.

De 2000 a 2017 Puebla ocupó el segundo lugar como el estado con más desapariciones de mujeres menores de edad, adolescentes y jóvenes pues las víctimas tenían entre cero y 20 años de edad en  65 por ciento de los 822 casos que se cometieron en total.

A Puebla organizaciones como la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) la han calificado de peligrosa para las mujeres por ser una zona de origen, tránsito y destino de víctimas trata de personas.

DESAPARECER DOS VECES

En México la desaparición de una mujer trae consigo una serie de violencias institucionales en contra de la afectada, de sus familiares y seres queridos: las víctimas indirectas. A estas personas el Estado debería garantizarles justicia y la reparación del daño, como establece la Ley General de Víctimas, pero en la práctica retrasan la búsqueda basándose en estereotipos de género y no llevan un registro fiel de los casos.

Ejemplo de ello fue lo que ocurrió con Cruz Alejandra Peña Beltrán de 24 años, quien desapareció en 2013 en Sinaloa junto con una amiga. Su mamá, Bertila Beltrán Cabanillas, se enfrentó a omisiones y errores por parte las autoridades sinaloenses desde que denunció la desaparición, lo que retrasó y obstaculizó la búsqueda.

A Bertila Beltrán la Procuraduría general de justicia estatal trato de hacerle creer que su hija fue la culpable de su desaparición pues recibió excusas como “se fue con su novio y después va a regresar” para no buscarla. Además, la instancia de justicia imprimió en las hojas de reconocimiento con las características físicas de Cruz Alejandra una fotografía que no era de ella.

Tres años después, en 2016, fue Bertila Beltrán, y no las autoridades, quien encontró a su hija en una fosa clandestina en Sinaloa, había sido víctima de feminicidio y en el mismo lugar se encontraron a otras tres mujeres asesinadas.

“La policía de Sinaloa me decía que la foto no importaba, que eso no era relevante para encontrarla, pero sí lo es. Sin ella, ¿cómo otras personas iban a identificar a mi hija?”, denunció esta semana durante la presentación del programa “Personas no renglones” de la organización Data Cívica.

A un año de haber sido localizada, Cruz Alejandra aún forma parte del RNPED, lo que evidencia la falta de organización y transparencia en los criterios de la Segob para registrar los casos, afirmó en entrevista con esta agencia la directora ejecutiva de Data Cívica, Mónica Meltis.

La defensora denunció que la Segob no transparenta en el RNPED “datos básicos y esenciales” (nombres completos, características físicas y fotografía) para la búsqueda de las 32 mil 277 personas desaparecidas de 1968 a julio de este año registrados como delitos del fuero común en su base de datos.

Además, cada tres meses la Segob actualiza el número de registros, pero no explica qué criterios se siguen para borrar a alguien de la base; incluso muchas de las personas cuya desaparición ya fue denunciada tardan meses en ser dadas de alta en el registro, denunció en entrevista con esta agencia Michael W. Chamberlin, director del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización que acompaña casos de desapariciones en Coahuila.

Por esa razón Data Cívica presentó esta semana el portal “Personas Desaparecidas”, donde reconstruyeron los nombres y características físicas de las y los incluidos en el RNPED con la intención de que las personas suban a la plataforma digital la foto de sus seres queridos desaparecidos.

Mónica Meltis y Michael Chamberlin coincidieron en que con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, promulgada hoy por el titular del ejecutivo Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano tendrá que comprometerse a elaborar registros fieles que permitan visibilizar la magnitud real del problema y actuar para erradicarlo.

Pues en estados como Nayarit la Segob no registró ninguna desaparición de mujeres en los últimos 11 años; mientras en Tlaxcala, en el mismo periodo, el RNPED sólo contabilizó 11 desapariciones pese a que sólo de 2016 a agosto de 2017 organizaciones civiles documentaron 35 casos.

17/MMAE