Violencia política

A partir de la legislación de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, todos los partidos políticos están obligados a postular a la mitad de mujeres para cargos de elección y garantizar que no sean candidatas exclusivamente en distritos donde el partido tiene posibilidades de perder.

El objetivo de esta regla, establecida en las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales y de Partidos Políticos, es tener a más candidatas participando en los comicios, generar condiciones para que sean electas, y estén en los espacios donde se gobierna.

Sin embargo de cara a las elecciones de julio próximo y ante el panorama político, las mujeres que quieran participar en esta contienda para ocupar un cargo de elección popular enfrentarán condiciones de desigualdad en la competencia porque a pesar de esta legislación, aún hay actores que no están comprometidos con la paridad de género, y la posibilidad de vivir violencia política es latente.

Tan sólo durante los comicios de 2015, 2016 y 2017, las mujeres electas en ellos vivieron amenazas e intimidación; y en lo que va de este año, ya se cometieron 2 asesinatos contra aspirantes políticas. El pasado 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio guerrerense de Chilapa la ex aspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 del mismo mes fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

Cabe recordar que el próximo 1 de julio se renovará la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados; 30 entidades Congresos, presidencias municipales, y se elegirán 8 gubernaturas.

El desafío de estas elecciones, aseguraron a Cimacnoticias investigadoras e integrantes de la Red Politólogas #NoSinMujeres, Flavia Freidenberg y Adriana Báez Carlos, será apoyar realmente a las militantes y sus campañas, no sólo darles candidaturas.

NUEVAS REGLAS, MISMOS ACTORES

En entrevista con Cimacnoticias la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad, Flavia Freidenberg, explicó que a pesar del marco legal los partidos políticos aún se “resisten a cumplir con las reglas del juego que ellos mismos se impusieron”.

Recordó que hoy los partidos no pueden postular mujeres y después obligarlas a renunciar cuando ganan para ceder su cargo a un suplente varón -como ocurrió en la elección de 2009-; tampoco pueden hacerlas candidatas donde el partido va a perder o argumentar la postulación mayoritaria de hombres como resultado de procesos de selección internos.  

En opinión de la investigadora Flavia Freidenberg, todo el tiempo se crean nuevas estrategias de resistencia a la paridad, y ejemplificó que ahora los partidos no eligen a militantes, invitan a mujeres a ser candidatas dependiendo de su pertenencia a grupos o sus lazos familiares, económicos o de sumisión y hasta hacen “pactos de caballeros” intercambiando mujeres.

Es por ello que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han actuado a través de acuerdos y sentencias que según la investigadora Freidenberg, servirán para que este año, las mujeres estén más presentes en la política.

Para estas elecciones el INE acordó que 50 por ciento de las listas de candidaturas al Senado de cada partido o coalición por los principios de mayoría relativa (voto directo) deben ser encabezadas por mujeres y que las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional (pluris) deben encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.  

En estas elecciones también existe otra novedad, habrá candidaturas independientes y reelección, por lo que la también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que no sólo las leyes garantizan el principio de paridad, hay gente que trabaja en el monitoreo constante de que estas reglas se cumplan.

Mencionó que en México ha sido fundamental las redes de mujeres, observatorios creados por organismos electorales locales, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres que están comprometidas con impulsar la participación de las mujeres, algo que hace la diferencia con otros países que buscan la construcción de una democracia paritaria.   

VIOLENCIA FRENA IGUALDAD  

Para la socióloga y doctora en Ciencia Política, Adriana Báez Carlos, la paridad implica violencia directa contra las mujeres como se registró en 2015, particularmente en localidades donde compitieron por cargos edilicios.

Entre los casos de violencia contra aspirantes o candidatas que salieron a la luz, está el del municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde en 2013 se impidió que las mujeres fueran candidatas para integrar el Ayuntamiento de ese municipio; o la amenaza contra la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, que en 2016 recibió una corona fúnebre con la leyenda “descansa en paz”.

La también docente del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó que estos casos hicieron que en 2016 las autoridades electorales elaboraran un protocolo para atenderlos, instrumento que en 2017 se actualizó para hacer frente a la violencia en el contexto electoral.

A la fecha 29 de las 32 entidades (75 por ciento) incluyeron en su legislación electoral o en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término de violencia política contra las mujeres, pero sólo en Oaxaca, Estado de México y Veracruz es un delito penal.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), de 2013 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 416 expedientes de violencia política por razones de género (averiguaciones previas y carpetas de investigación).

Pero las dificultades para las mujeres no terminan en las elecciones, afirmó la doctora Adriana Báez, quien señaló que una vez superada esta etapa, deberán inspeccionarse las condiciones que enfrentan cuando llegan a los puestos de elección.

18/AGM/HZM/LGL

En tres entidades, Oaxaca, Estado de México y Veracruz la violencia política de género es un delito definido en el Código Penal estatal aunque a la fecha no hay ninguna persona sancionada por cometer este ilícito.

De los 32 estados de la República Mexicana, 24 han incorporado este concepto en su legislación: cinco en su Constitución Política, 21 en su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y 18 en su Ley o Código Electoral.

Estas entidades son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Sin embargo solo tres consideran estos actos un delito. El pasado 30 de enero el Congreso de Veracruz reformó al artículo 367 Ter del Código Penal para sancionar a quienes violenten a mujeres que buscan cargos de elección popular o puestos de responsabilidad pública, reforma que se publicó el pasado 22 de febrero.

En Veracruz se sanciona con prisión de 2 a 6 años y multa a quien cause daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole en contra de una o más mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

En el caso del Código Penal del Estado de México, el Artículo 280 Bis del Código Penal dice que se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y multa a quien por cualquier medio impida u obstaculice a una mujer el acceso a los cargos de elección popular, su debido desempeño o la induzca a la toma de decisiones en contra de su voluntad. 

En Oaxaca, en febrero de 2016 el Congreso aprobó adicionar el artículo 401 Bis al Código Penal local, lo que convirtió la entidad en la primera del país en tipificar la violencia política de género aunque las impugnaciones en materia electoral la redacción fue derogada en agosto de 2017.

El decreto número 672, aprobado por el Congreso del estado el 9 de agosto del 2017 y publicado en el Periódico Oficial el 20 de septiembre del 2017, los delitos electorales son los que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2017, elaborado por organismos electorales, aunque es alentador que 75 por ciento de las entidades haya incluido en su legislación alguna consideración sobre el tema, la mayoría se ha centrado en la conceptualización de esta violencia.

Según este documento, son muy pocos los estados que establecen una sanción, esto es, los que identifican las conductas como una infracción o un delito.

Solo Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Puebla no tienen previsto este concepto en ninguna legislación, a pesar de que en estas entidades se han registrado casos de violencia contra aspirantes a un cargo de elección.

Por ejemplo, en marzo de 2015, en Guerrero, fue asesinada Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja.

Además en este mes ocurrieron dos crímenes más en la misma entidad. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del Partido Revolucionario Institucional a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

La síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Yareli Cariño López, denunció que el viernes 23 de febrero un grupo de hombres acudieron a su oficina a agredirla física y verbalmente presuntamente por órdenes del presidente municipal, Guillermo García Cajero.

Los hombres llegaron a violentarla a empujones porque la acusan de tomar posición a favor de priistas en un conflicto entre grupos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la región.

Sin embargo la violencia en su contra ha sido constante desde 2016 cuando compitió por el PRD y fue electa; incluso durante la primera sesión de Cabildo, en enero de 2017 fue “destituida” y nombrada Regidora de Desarrollo Social y Económico.

A este cambio le siguieron amenazas telefónicas, intimidación y aislamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones y aunque denunció el clima de hostilidad ante su partido no hubo acciones para sancionar a los perredistas que la violentaron.

En enero de 2017 Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral, mismo que ganó en febrero de ese año y posteriormente una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque a pesar de la sentencia a su favor no podía ejercer el cargo.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, organismo que en 2017 conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad.

Desde marzo de 2015 el Código Penal de la entidad establece el delito de violencia política de género e impone una sanción de 2 a 6 años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sin embargo, en la investigación que se sigue al caso de Yareli Cariño no hay avances

El año pasado renunció al PRD y se sumó a las filas del PRI con el objetivo de realizar las labores para las cuales fue electa pero las agresiones continuaron, por ejemplo, hace tres meses dispararon frente a su casa.

En opinión de la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, ante la omisión de los partidos políticos que son quienes violentan a las mujeres, las síndicas, regidoras y alcaldesas son obligadas a ocupar su tiempo en defenderse y no en gobernar.

Cabe recordar que este mes suman dos homicidios de mujeres políticas en el estado de Guerrero. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

En México sólo tres estados no atienden la violencia política contra las mujeres en ninguna de sus legislaciones, uno de esos es Puebla, los otros dos son Guerrero e Hidalgo, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero aunque a nivel local no esté tipificado el delito, a nivel federal la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) reportó cuatro casos de violencia política en el estado durante 2017 y siete desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016.

Con ello Puebla se ubica entre las cinco entidades donde más se violenta a las mujeres en los contextos políticos y electorales.

Para la integrante del Observatorio de la Paridad de Género en Morelos, Ariadna Urbina Ayala, el hecho de que no se tipifique la violencia política de género es una forma de invisibilizarla y obstaculiza su erradicación.

PUEBLA SIN LEGISLACIÓN

La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

En el “Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”, de la CNDH, se indica que en Puebla la violencia política no está contemplada ni en la Constitución estatal, ni en la Ley electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal.

A nivel nacional cinco estados incluyen este tipo de violencia en su Constitución, otras 18 en su Ley electoral, 21 en la ley general de acceso y cuatro en el Código Penal.

Elaboración Samantha Páez

La CNDH destacó el caso de Oaxaca, donde no sólo está tipificada la violencia política, sino que también impone dos a seis años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien o a quienes la cometan en contra de las mujeres.

Para Ariadna Urbina la ausencia de tipificación de la violencia política de género es una forma en la que el patriarcado oculta o minimiza este tipo de violencias estructurales, esto con la finalidad de limitar la participación de las mujeres en la vida política y pública.

“La violencia política contra las mujeres por rasgos de género (…) es sistémica e histórica arraigada en la cultura, que tiene muchos años y se ha manifestado de muchas formas. (…) Esto al final del día se vuelve un factor trascendental que limita las intenciones de que las mujeres queramos participar en el ámbito de lo público”.

Aunque si bien es importante que haya una legislación, no basta con ella, ya que se debe modificar el Código penal para que allí se diga cómo, a quiénes sancionar y bajo qué criterios.

En su diagnóstico la misma CNDH considera necesario “que se reconozca jurídicamente que la violencia política ejercida por razones de género contra las mujeres menoscaba sus derechos y desincentiva la participación de las mujeres, pese a que el marco normativo prevea la paridad y reconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

DETECTAN VIOLENCIA POLÍTICA

La tipificación de la violencia política de género en Puebla es necesaria pues según estadísticas de la FEPADE es uno de los estados del país con más casos.

Elaboración Samantha Páez

El “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2012-2017” menciona que ya con el nuevo sistema penal –que entró en vigor a mediados de 2016- se abrieron siete carpetas de investigación en Puebla.

Por arriba de la entidad sólo se encuentran: Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13, y Oaxaca, con ocho.

En total de 2012 a agosto de 2017, la FEPADE abrió 610 expedientes por violencia política de género, las cuales derivaron en 193 investigaciones. Sin embargo, sólo ha consignado seis averiguaciones, después de lo cual se liberaron cuatro órdenes de aprehensión y dos más están en proceso de judicialización.

Elaboración Samantha Páez

La Fiscalía especializada reconoció en ese mismo periodo a 37 víctimas, de las cuales se solicitaron órdenes de protección para 28, otras ocho cuentan con medidas de protección especial y seis han obtenido acompañamiento ministerial en sesiones públicas.

Las denuncias por violaciones a sus derechos político-electorales que recibió la FEPADE fueron principalmente de: mujeres en el ejercicio de algún cargo público (42), candidatas en procesos electorales (23) y funcionarias electorales (18).

Uno de los casos relevantes que la dependencia señaló en su informe 2012-2017 es el de la regidora María Ruth Zárate Domínguez, de Tecamachalco, a la cual el edil Inés Saturnino López Ponce le retuvo su dieta y humilló públicamente durante la sesión de Cabildo.

Recientemente la exdiputada federal y posible aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres, debido a que el columnista de “Contraparte”, Fabián Gómez la agredió verbalmente.

OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA

Algunas de las recomendaciones sobre violencia política que hizo la CNDH en su diagnóstico son:

• Atacar los estereotipos y roles de género que limitan las posibilidades de las mujeres, y vulneran sus derechos.
• Promover la capacitación sobre la violencia política por razones de género en las instituciones vinculadas con el tema.
• Promover la obligación de los partidos políticos de procurar igualdad de oportunidades para sus candidatas y candidatos.
• Hacer partícipes a los medios de comunicación de la erradicación de los estereotipos de género que constituyen violencia política contra las mujeres.
• Continuar con los esfuerzos de la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
• Impulsar el fortalecimiento de los observatorios para que coadyuven a la identificación de buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género y en el impulso de la participación de las mujeres en la vida política.

La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres.

A nivel nacional desde el 14 de octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo en Puebla el observatorio estatal se instauró el 30 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no tiene datos respecto a la violencia política contra las mujeres en el estado.

El pasado jueves 22 de febrero se presentó el “Observatorio 33 Mujeres”, para monitorear los casos de violencia política que se presenten en el estado con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero también para promover que se tipifique la violencia política de género y hacer conciencia de la gravedad de este tipo de violencia.

La presidenta del Observatorio, Edurne Ochoa, dijo que desde hace cinco semanas están realizando un monitoreo de medios de comunicación. Aunque al momento no tiene datos preliminares sobre los casos de violencia política de género, sí detectaron que 60 por ciento de las agresiones provienen de otras mujeres y 40 por ciento de los hombres.

Violencia política, derecho político-electorales, política, mujeres y política, violencia política en Puebla, FEPADE, elecciones 2018

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

18/SP/LGL

La ex aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello fueron encontrados asesinados alrededor de las 7:30 de la mañana de este domingo 25 de febrero en la carretera Chilapa-Atzacoaloya.

De acuerdo con medios locales, el 24 de febrero ambas víctimas desaparecieron cuando viajaban con dos familiares más, un hombre que también fue hallado asesinado y una mujer de quien se desconoce el paradero. Antes de la desaparición ella tomó protesta como coordinadora del PRI en Chilapa.

La joven actualmente era directora de Investigación y Evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes del Gobierno de Guerrero y coordinadora regional de la organización priista Movimiento Territorial en Chilapa.

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Álvarez, dijo a la presan local que Dulce Rebaja, de 27 años, compitió en la selección de precandidatos a diputaciones locales pero el lugar lo obtuvo la ex alcaldesa de Chilapa, Alicia Zamora Villalba.

Al respecto ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió un comunicado para condenar el crimen, expresar su pésame a los familiares, exhortar a que se investigue y castigue el asesinato y pronunciarse en contra de los actos de violencia política contra las mujeres.

Este crimen ocurrió el mismo día que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera, presentaron el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, en su partido.

Este asesinato se dio cuatro días después del de Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local por Chilapa, asesinada por hombres armados cuando estaba en un restaurante de su propiedad.

18/AGM/LGL

Las mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que buscan un cargo de elección popular en estos comicios están en riesgo de vivir violencia política, advirtió la secretaria de Igualdad de Géneros del partido, Rogelia González Luis.

En entrevista con Cimacnoticias, la perredista condenó el asesinato de la exregidora de Chilapa y precandidata a una diputación local en Guerrero por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, quien ayer por la tarde fue asesinada cuando estaba en su negocio, un restaurante de aquel municipio.

Rogelia González Luis dijo que hasta ahora no tienen más información de lo sucedido ni si el crimen está relacionado con el crimen organizado pero destacó que Jaimes Moctezuma era una reconocida líder de su comunidad, no estaba involucrada en ninguna denuncia y tampoco se sabe de amenazas o acoso político en su contra.

Antes de ser asesinada Jaimes Moctezuma era precandidata por el Distrito 25 a una diputación local en la entidad y era reconocida porque formaba parte de la corriente perredista Movimiento Alternativo Social (MAS) y por su experiencia como regidora de Comercio y abasto popular en el municipio de Chilapa de 2012 a 2015.

La secretaria de Igualdad de Géneros del PRD señaló que su partido tiene comunicación con la Fiscalía de Guerrero que informó que está investigando para dar con los responsables; sin embargo, aclaró que hasta ahora no hay evidencia para señalar cuál fue el móvil.

En opinión de González Luis se trata de un caso de violencia en el ámbito político porque se trataba de una militante en activo que estaba participando en un proceso interno para contender por una diputación local pero señaló que las autoridades tienen que aclarar qué sucedió.

En este contexto destacó que las precandidatas y candidatas del PRD y de otros partidos políticos están en riesgo de vivir violencia ante el clima de inseguridad en varias regiones del país.

En los comicios de 2018 se renovarán tres mil 416 cargos de elección popular, entre los que se encuentran la Presidencia de la República y la gubernatura de 8 estados, además del Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con las normas electorales de 2014 todos los partidos están obligados a reservar la mitad de sus candidaturas a diputaciones locales, federales y senadurías a las mujeres; además se espera que este año más mujeres compitan para obtener una alcaldía o ser regidoras o síndicas. 

Es por ello que la militante del PRD criticó que este asesinato se diera a plena luz del día y el mismo día que ocho de los nueve partidos políticos se reunieran con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, para acordar estrategias de seguridad para las y los candidatos en este proceso electoral.

Con Jaimes Moctezuma suman tres homicidios de mujeres perredistas. En marzo de 2015 fue secuestrada y asesinada la precandidata del PRD a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja de Guerrero, Aidé Nava González. En enero de 2006, un día después de tomar protesta como alcaldesa de Temixco, en Morelos, fue asesinada la perredista Gisela Raquel Mota Ocampo.

18/AGM/LGL

La tarde de este miércoles la ex regidora de Chilapa y precandidata a una diputación local en Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonia Jaimes Moctezuma, fue asesinada por hombres armados cuando estaba en su negocio, un restaurante ubicado en aquel municipio.

Al conocer la noticia, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD condenó el crimen contra la integrante de la corriente perredista Movimiento Alternativo Social (MAS) quien fue precandidata por el Distrito 25 a una diputación local en la entidad; al tiempo que exigió al gobierno municipal, estatal y federal, investigar a fondo y castigar a los responsables.

En un pronunciamiento, el PRD dijo que este tipo de hechos violentos contra militantes partidistas no debe permitirse, por lo que hizo un llamado a las autoridades para garantizar seguridad.

Según cifras del PRD, desde finales del 2017 y principios del 2018 se estima alrededor de 12 asesinatos de dirigentes perredistas.

En Guerrero, en marzo de 2015 fue secuestrada y asesinada la precandidata del PRD a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja, Aidé Nava González.  

En enero de 2006, un día después de tomar protesta como alcaldesa de Temixco, en Morelos, fue asesinada la perredista Gisela Raquel Mota Ocampo.

Hasta ahora no hay más información del crimen de Jaimes Moctezuma, quien fue regidora de Comercio y abasto popular en el municipio de Chilapa de 2012 a 2015. Cabe decir que en el proceso electoral de 2015 fue asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional a esa alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.

El PRD reprobó el asesinato de la dirigente política que, dijo, tenía una trayectoria intachable, de lucha, trabajo y convicciones a favor de su pueblo y exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) su inmediata intervención para llevar a cabo una investigación a fondo y castigar a los responsables materiales e intelectuales.

A su vez esta mañana el titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida y los dirigentes de ocho de los nueve partidos políticos a excepción de Movimiento Regeneración Nacional) acordaron iniciar trabajos para garantizar la seguridad de las y los candidatos en este proceso electoral.

A partir de la próxima semana se realizará un diagnóstico sobre la seguridad en cada región y se establecerá un mecanismo para recibir alertas tempranas a fin de brindar auxilio y respuesta a los riesgos o incidentes que se identifiquen.

Cabe decir que el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado en noviembre de 2017 por autoridades electorales, enlista las acciones que deben realizar los organismos para atender los casos y brindar seguridad o acceso a la justicia.

18/AGM/LGL

El Congreso del estado de Veracruz reformó al artículo 367 del Código Penal de la entidad para incluir el delito la violencia política en razón de género y sancionar a quienes violenten a mujeres que buscan cargos de elección popular o puestos de responsabilidad pública.

El pasado 25 de enero, con 24 votos a favor y 16 abstenciones, se adicionó el Artículo 367 Ter al Código Penal para sancionar con penas de dos a seis años de prisión así como una multa de siete mil a quince mil pesos, a quien realice o busque causar daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, en contra de las mujeres con el fin de restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Con esta reforma se pretende hacer frente a la violencia de género en el ámbito político ya que de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) en el proceso electoral 2014-2015 se registraron 38 casos de violencia política contra las mujeres en esa entidad.

La reciente modificación convierte la violencia política en un delito penal y es que cabe decir que en julio del año pasado el Congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que de acuerdo con las y los diputados permitiría imponer sanciones administrativas a quien ejerciera violencia de este tipo.

La reforma fue resultado de la propuesta presentada el 9 de abril de 2017 por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Krisch Sánchez, una propuesta en la que señaló que la violencia política “es originada cuando existen amenazas, coacción, insultos, humillación en contra de las mujeres que participan en la política”.

En julio de 2017 el Congreso también agregó el concepto de violencia política de género en la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre los supuestos señalaba el hecho de impedir u obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.

La reforma también se aprobó de cara al actual proceso electoral: en 1 de junio de 2018 en Veracruz se renovará la gubernatura, 30 diputaciones locales de mayoría relativa y 20 diputaciones locales de presentación proporcional.

Destaca además que hasta noviembre pasado Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género señalaba que en México sólo 19 de las 32 entidades reconocían la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones.

18/ EGAC

A una década de que los partidos políticos fueran obligados a destinar un porcentaje de su financiamiento público para capacitar a mujeres –y con ello allanar el camino para que accedan a cargos de elección– la medida ha funcionado paulatinamente pero todavía falta transparentar el ejercicio de esos recursos.

Desde 2008 este recurso otorgado a todos los partidos políticos con registro nacional, ha alcanzado una cifra de 919 millones 011 mil 673 pesos, presupuesto que se considera prioritario pues es una medida afirmativa que permite la participación de más mujeres en la toma de decisiones y en las estructuras de poder.

Durante los primeros años de esta disposición, las agrupaciones políticas derrocharon este recurso utilizándolo para pagar servicios de fumigación, seguridad, lavandería, aguinaldos e impuestos, bolsas, mandiles, gabardinas, pulseras bordadas, pero tras el escándalo y la denuncia pública del hecho, las mujeres diseñaron candados para que se cumpla el objetivo para el cual fue creado.

El éxito paulatino se observa al revisar que en 2008 las mujeres representaban 22.6 de las diputaciones locales y federales, 18.8 de las senadurías y 4.6 por ciento de las alcaldesas. Actualmente ellas representan 42.6 por ciento de las diputaciones locales y federales, 38 por ciento de las senadurías y aunque a nivel local la presencia femenina todavía es escasa, ya encabezan 14 por ciento de las presidencias municipales.

Con este panorama, las dirigentes de las Secretarías de Igualdad de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirman que pese a todo, debe continuar la inversión para formar liderazgos femeninos, aún cuando hay voces que exigen reducir el financiamiento público que reciben los partidos.

Actualmente, estos montos se usan para pagar tareas logísticas, traslados aéreos y terrestres, hospedaje, alimentos y material de trabajo de las sesiones de capacitación de las mujeres, pero las líderes de las Secretarías consideran que debería invertirse en campañas políticas, es decir en etiquetar una partida para que puedan hacer proselitismo igual que sus pares varones.

OBLIGACIÓN LEGAL

El financiamiento para la capacitación política de mujeres surgió como respuesta a dos argumentos recurrentes que los varones usaban para explicar la magra presencia femenina en el espacio político: “no hay mujeres que quieran participar” o “no están capacitadas para ejercer un cargo de alta responsabilidad”.

Para derrumbar este mito e impulsar el desarrollo de las habilidades de las mexicanas para ser oradoras en los congresos partidistas, alzar la mano en las tribunas parlamentarias o firmar documentos como responsables de instituciones, entre 2007 y 2008 el movimiento feminista junto con senadoras y diputadas insistieron en la necesidad de financiar la capacitación de las militantes para que avanzaran en las estructuras dentro y fuera del partido. 

Fue así que consiguieron, en 2008, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dispusiera que los partidos políticos deberían destinar dos por ciento de su financiamiento para la capacitación y promoción política de las mujeres, porcentaje que tras la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 se incrementó a tres.

En 2008 los ocho partidos políticos con registro recibieron 49 millones 513 mil 242 pesos. Aunque la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), revisó mediante pruebas selectivas que se reportaran los gastos de este rubro, sólo multó al PRD al encontrar que no ejerció el presupuesto etiquetado.

Dos años después, la consultora Natividad Cárdenas Morales, quien analizó el ejercicio de este presupuesto en 2008 y 2009, destapó el despilfarró millonario de los montos cuando al revisar los reportes de gastos encontró que estos recursos se utilizaron para cubrir viáticos, gratificaciones, propaganda y artículos promocionales pero no para fomentar los liderazgos femeninos.

La consultora destacó que si bien el artículo 78, párrafo V del Cofipe estableció la obligatoriedad de los partidos políticos para destinar un porcentaje a capacitación exclusiva de mujeres, en la práctica no existían especificaciones que permitieran determinar ni vigilar cómo se ejercerían esos recursos, lo que hizo que en 2011 las mujeres promovieran una reforma al Reglamento de Fiscalización del IFE para imponer candados legales.

DINERO Y POLÍTICA

Actualmente la disposición está legislada en el Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización del INE en los Artículos 186 al 189, los montos del tres por ciento se pueden utilizar para cubrir el gasto de cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados; la edición y producción de impresos; y la realización de audiovisuales o investigaciones que ayuden a la capacitación de las mujeres.

Sin embargo, la maestra-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, María del Rosario Varela Zúñiga, quien realizó un estudio sobre el tres por ciento en 2015, considera que los partidos aun improvisan el ejercicio de estos montos porque no diseñan sus planes de trabajo; o algunos proyectan gastar más de lo presupuestado o ejercen menos recursos de los que reciben.

En una revisión de los planes de trabajo de 2015, Varela Zúñiga encontró que 7 de los 10 partidos nacionales (el Partido Humanista perdió su registro a nivel nacional en noviembre de 2015) privilegiaron gastar en talleres y cursos al destinarle más de 50 por ciento de su gasto; MC equilibró su presupuesto al repartirlo en actividades de capacitación, investigación y difusión, mientras que el Panal gastó más en difusión.

La investigadora también señaló que un tema a revisar son los altos costos de las investigaciones que realizan los partidos porque los gastos son tan diferenciados que un partido puede gastar desde 270 mil pesos en un estudio pero otro puede llegar a erogar hasta un millón 510 mil pesos en una tarea similar.

Para este 2018, año de elecciones federales y locales, los nueve partidos nacionales: PAN, PRD, Morena, Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) sumaron 128 millones 889 mil 997 pesos para capacitación de mujeres.

APRENDER A PARTICIPAR

La reforma en materia político-electoral de 2014 que incrementó del dos al tres por ciento los recursos para fomentar liderazgos femeninos también hizo obligatoria la paridad (50-50) en candidaturas a senadurías y diputaciones locales y federales, una combinación que pretende incrementar el número de mujeres en cargos de decisión.  

En opinión de Marcela Torres Peimbert, senadora y titular de la Comisión de Promoción Política de la Mujer en el PAN, el éxito de ambas medidas normativas se puede medir revisando el número de mujeres que ganan elecciones.

Respecto a los recursos para la capacitación, la senadora explicó que de los 22 millones 783 mil 264 pesos que el PAN recibió en 2017, 15 millones se gastaron en un curso intensivo para 100 mujeres líderes del partido que participaron en una convocatoria pública y en un curso de selección para ser aceptadas.

Las elegidas tomaron cursos en instituciones académicas como el ITAM, Flacso y el CIDE y aprendieron cómo participar en elecciones, tuvieron conocimientos de Derechos electoral, oratoria y lenguaje incluyente, entre otras temáticas. El resto del recurso se utilizó para campañas a favor de la participación política e impresos como su Protocolo para investigar la violencia política de género al interior del partido.

Torres Peimbert consideró que la supervisión del INE ha sido puntual para que el PAN no use estos recursos para financiar campañas o proselitismo político y que las capacitaciones sean reales, incluso, dice, ahora tienen una fundación para la investigación y recopilación de la historia de las militantes panistas.

La legisladora aseguró que la capacitación logrará un desequilibrio de la lógica que indica que los hombres son los únicos que pueden participar en los procesos de selección. “Hay muchas mujeres ahora, alzando la mano, que no tienen la lógica de estos grupos (masculinos) de poder”.

Uno de los retos que quedan, expone la senadora, es que los partidos estatales también apliquen el tres por ciento pues agregó que las Secretarías de Promoción Política en los municipios y en los estados no cuentan con recursos etiquetados, algo importante considerando que en el nivel local se ha estancado la participación femenina.

Sin embargo, un estudio de ONU Mujeres sobre la paridad en el país, indica que de las 32 entidades federativas: 18 exigen a los partidos cumplir con tres por ciento para capacitación de mujeres, seis entidades obligan a ejercer cinco por ciento y cuatro entidades indican un dos por ciento.

Únicamente Yucatán aplica una fórmula distinta al establecer que del siete por ciento que los partidos están destinados a aplicar en actividades específicas un 25 por ciento es para liderazgo de las mujeres. Los estados de Baja California, Durango y Tlaxcala no han incluido en su legislación electoral un porcentaje para capacitación.

La titular de la Secretaría Nacional de Mujeres de Morena -partido creado en 2014 y que se ha convertido en una importante fuerza política- Carol Arriaga García, explicó que en 2017 su partido realizó varias actividades de capacitación y de difusión; sin embargo difiere de algunos criterios de la Unidad de Fiscalización del INE que limitan el trabajo de la Secretaría que encabeza.

Por ejemplo, explicó que el organismo electoral pide que promuevan información sobre violencia de género en el ámbito político pero para ella primero se debe hacer visible la violencia contra las mujeres. “Sí, es muy importante, pero cómo empoderar cuando tienes necesidades más apremiantes cuando son víctimas de violencia en su casa. Son cosas que también se tendrían que ir abordando”.

Arriaga García aseveró que cuando el partido entrega su plan de trabajo recibe observaciones del INE porque la unidad de género quiere abordar temas de Derechos Humanos de las mujeres en general y el organismo electoral les pide que los temas sean específicos en el terreno político-electoral, argumentando que para temas de sensibilización ya existen organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Habría que definir bien lo que van  a hacer las unidades de género de los partidos y los que va a hacer el Inmujeres, de cualquier forma creo que falta bastante y avanzar en el tema de capacitación no es sencillo”, señaló.

En su opinión, el tres por ciento debería enfocarse en los liderazgos políticos femeninos partidistas y no en mujeres en general pues, en su experiencia, el INE les impide capacitar solamente a las militantes. Aunque cabe decir que en el Reglamento de Fiscalización no hay ninguna prohibición al respecto.

Carol Arriaga consideró benéfico tener un presupuesto etiquetado para las mujeres pero advirtió que el siguiente paso es tener un monto etiquetado para la operación, es decir para que las militantes trabajen en territorio y ganen capital político porque desde su punto de vista para ganar un cargo hay que tener acercamiento con la población.

“Finalmente la  capacitación no te hace ganar una elección. Te ayuda, es un refuerzo, pero lo que más necesitas es vivir esa experiencia, y la experiencia se toma ejerciendo el poder, no solamente en las aulas”, dijo, al detallar que los gastos de operación permiten pagar otros rubros como viáticos o transporte, algo que no se puede hacer con el tres por ciento.

Sobre las reglas de la fiscalización de los recursos del tres por ciento, la morenista indicó que las normas se hicieron con buena intención pero los criterios no son adecuados porque aunque sean muy sofisticados, las cosas sólo salen bien si hay un cambio de mentalidad y si los organismos de mujeres de los partidos tienen independencia presupuestal, hecho que tampoco ocurre.

MÁS DINERO, MÁS LÍDERES

Una de las mujeres convencidas de que las medidas legales ayudan a que las mujeres avancen en la estructura partidaria es la actual dirigente de la Secretaría Nacional de Igualdad de Género del PRD, Rogelia González Luis, quien se dice beneficiaria de la formación derivada del tres por ciento.

Indígena zapoteca, originaria del municipio de Juchitán, en el estado Oaxaca, desde el 9 de diciembre es parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, una agrupación que, asegura, impulsa el liderazgo político de las mujeres.

Aunque se puede cuestionar el éxito de la inversión en foros, encuentros, conferencias y materiales impresos, para la también activista oaxaqueña, estos encuentros y libros sirven para hablar de los derechos y las agendas pendientes pero también para que más mujeres desarrollen su liderazgo.

A una década de que comenzara la política de recursos etiquetados para que las militantes se formen, Rogelia González consideró que el ejercicio de estos recursos ha mejorado, más, considerando que en 2008 el PRD fue el único partido multado por no gastar esta partida.

Es necesario, detalló, seguir impulsando que se respete y que se incremente el presupuesto y recordó que en 2017 los recursos destinados a su partido se utilizaron para talleres y encuentros, y se editó el Protocolo para atender violencia política de género.

TRANSPARENCIA

El PRI cuenta con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) a cargo de la senadora Hilda Flores Escalera, a quien no fue posible localizar para consultar su opinión. Sin embargo al consultar la plataforma de transparencia del partido para 2017, se observó que el PRI realizó actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de las mujeres, de las cuales destaca una plataforma tecnológica para enseñar competencias políticas y de gestión municipal.

Otra parte de los recursos para capacitación de mujeres se gastó en cursos de aprendizaje en diferentes estados, dirigidos especialmente a mujeres jóvenes, adultas mayores, indígenas y con discapacidades; y en un seminario internacional para lideresas que se realizó en la Ciudad de México, el cual duró dos días y costó 3 millones de pesos.

En materia de investigaciones, el PRI imprimió manuales sobre el discurso político y uso de redes sociales con perspectiva de género, causas de la violencia política contra las mujeres, y un manual para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

Pese a ello, académicas y activistas aseguran que falta un escrutinio puntual de estos montos para evitar que la norma sea burlada.

Lo anterior porque el 14 de diciembre de 2016 el INE revisó los informes de los partidos políticos sobre los recursos ejercidos en 2015 y acordó que en 2017 los partidos debían ejercer los que no gastaron en 2015; es decir, el subejercicio se compensaría dos años después, además de que en la fiscalización de 2016 el INE detectó que hubo partidos que entregaron modificaciones a su plan de trabajo sobre capacitación de mujeres de manera extemporánea u omitieron presentar los resultados, impacto y cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de los proyectos en la materia. 

18/AGM/SG/LGL

La precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, Patricia Azcagorta Vega, interpuso una denuncia por violencia política ante el Instituto Electoral de Sonora.

Acompañada por la coordinadora estatal del partido Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, la precandidata por ese partido presentó la denuncia por las agresiones sufridas a través de redes sociales, luego de que circulara un video erótico donde presuntamente ella aparece.

En entrevista  con Cimacnoticias  Azcagorta Vega refirió que en su actuación como titular del registro civil en Caborca fue evaluada con alta calificación por la ciudadanía usuaria y recordó que en 2013 le otorgaron un reconocimiento como la mejor funcionaria del gobierno del estado de Sonora.

Dijo que fue invitada por otros partidos a participar políticamente pero fue hasta finales de 2017 que decidió aceptar su ingreso a Movimiento Ciudadano con esta aspiración.

“Es lamentable que se utilicen las redes y otros medios para denostar a las personas y sus aspiraciones. Fue muy incómodo el hecho de que se empezó a especular, comentarios  muy agresivos desde cuentas falsas, la clonación y proliferación de páginas apócrifas, pero se entiende porque a quienes lo hacen, les molesta que yo quiera participar”, dijo al hablar sobre las agresiones en su contra.

Dijo confiar en que la gente de Caborca la conoce y conoce su trabajo, y si bien aseguró que sabía que al entrar a la política podría ser objeto de críticas y ataques, nunca imaginó que la agresión vendría cargada de estereotipos para sexualizarla y cosificarla.

Narró que se enteró de la circulación del video a través de gente cercana y cuando se hizo viral en todo el estado en donde se empezaron a titular notas como “Streeper quiere ser alcalde de Carborca”, entre otras.

“Se debe respetar a la gente, se dedique a lo que se dedique”, opinó.

Respecto a las fotografías personales tomadas de su cuenta de Facebook en donde aparece con ropa ajustada, la precandidata dijo “es mi cuerpo, así lo tengo y nadie debería dejar de participar debido a su físico. Yo así soy, es mi físico. Y lo que sí molesta es que me pregunten si uso mi físico para participar en política”, agregó.

Agradeció el apoyo de su partido y exhortó a las mujeres que participan en política a no quedarse calladas cuando son atacadas con cualquier tipo de violencia.

Confió en que las autoridades hagan su trabajo y den con los responsables de difundir el video y las fotografías. “Será el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien lleve a cabo la investigación para establecer quiénes son los responsables de la agresión, y en su caso definir la sanción”, precisó.

El Protocolo para atender la violencia política en Sonora establece que la violencia política comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

18/SNE/LGL