Orfandad feminicidio

El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) propuso en el congreso de Guerrero reformar la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Víctimas estatal para otorgar protección y asistencia social a la niñez y adolescencia en orfandad por el feminicidio de sus madres.

El proyecto de reforma presentado el pasado 7 de noviembre por la diputada, Magdalena Camacho Díaz, busca incorporar los Artículos 57 Bis y 57 Ter a la Ley de Protección para menores de edad, con el objetivo de obligar al gobierno a entregar apoyos económicos, becas educativas en escuelas públicas y servicios de salud a los hijos e hijas de mujeres asesinadas, hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.

Guerrero es uno de los 12 estados que por los altos niveles de violencia feminicida tiene Alerta de Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de junio de este año para ocho de sus municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

La iniciativa busca que cada municipio de Guerrero impulse programas especiales de protección para la infancia y adicionar un último párrafo al Artículo 43 de la Ley de Víctimas local, para que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero sea la responsable de hacer un registro fidedigno de la niñez en orfandad por feminicidio y remita los casos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) la encargada por ley de reparar el daño integral a estas víctimas indirectas.

En 2016 la organización civil que solicitó la AVG, Alianza Feminista Guerrero, documentó 879 casos de feminicidio, mientras que ONU Mujeres indicó que en 2014 la entidad ocupó el primer lugar en la tasa de asesinatos de mujeres en el país, 9.4 casos por cada 100 mil mujeres, precisó la diputada, pero se desconocen los estragos que dejan estos asesinatos de mujeres y cuántos menores de edad quedaron al desamparo como consecuencia, resaltó.

Cimacnoticias realizó una investigación para conocer cuál era la situación de la niñez en esta situación y lo que se encontró es que no existía ninguna política pública para atenderlos. Posterior a la investigación, en Jalisco se presentó una propuesta en el congreso local que busca atender la situación, incluye que en caso de que el padre sea quien comete el feminicidio, éste pierda la patria potestad.

A esta iniciativa le queda camino por recorrer, actualmente fue remitida a las Comisiones unidas de justicia, Derechos Humanos y los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea votada y después se discuta en el pleno.

Mientras en el Estado de México, el gobierno ya entrega desde febrero de 2017, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente un estímulo económico de 800 pesos mensuales a hijos e hijas de madres o tutoras “desaparecidas, víctimas de feminicidio y homicidio doloso”.

También existe otra propuesta que espera ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados y es la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las 32 entidades federativas desarrollen programas enfocados en los niños y niñas en orfandad por feminicidio, una propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.

El reto es grande si se considera que siete mujeres son asesinadas diario en México de acuerdo con Naciones Unidas y se ha demostrado que la niñez y adolescencia que enfrentan la ausencia de su madre por un asesinato, requieren de atención psicológica especializada pues muchas veces presencian el crimen perpetrado por sus padres.

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A dos años de que se presentara el “Protocolo del programa de atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio” en República Dominicana, únicamente 57 menores de edad (de los 224) en esta condición, han accedido a él, por lo que organizaciones civiles hicieron un llamado al Estado a crear política pública que atienda sus necesidades.

Para dar una atención especializada a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio en República Dominicana y poner a su disposición la atención legal, económica, y psicológica a la que tienen derecho, el gobierno del país presentó en noviembre de 2015 dicho Protocolo.

El Ministerio de la Mujer encargado de cumplirlo, publicó un informe en el que precisa que a lo largo del funcionamiento del proyecto hasta julio de 2017, localizó a 101 familias responsables de la manutención de 224 menores de edad por el feminicidio de sus madres (130 son hombres y 94 mujeres).

Sin embargo, apenas 25 por ciento de estas víctimas indirectas (57 en total) reciben el apoyo económico, psicológico y legal que ofrece el programa, precisa el informe que consultó Cimacnoticias.

Datos de la organización civil Vida sin Violencia, revelaron que de 2016 a abril de 2017, 88 menores de edad están en orfandad por feminicidio, por lo que exhortaron al Estado a atender esta problemática.

EL PROTOCOLO

El protocolo gubernamental para estas víctimas indirectas se creó a partir de un estudio de 2014 que publicó la Procuraduría General de la República (PGR), titulado “Factores psicosociales en hombres internos por feminicidio en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en República Dominicana”, en el que se alertó que en promedio anual 300 niñas, niños y adolescentes quedaban en condición de orfandad por el asesinato de sus madres.

Así, el protocolo describe de manera precisa cómo actuar una vez que se denuncia un feminicidio: un equipo conformado por una abogada, una psicóloga y una responsable del personal de las Oficinas Provinciales de la Mujer (OPM) y de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) deben contactar a los familiares de la víctima.

Al hacerlo, están obligadas a registrar el número de adolescentes y niñez que quedó en la orfandad y su lugar de destino: en qué lugar vivirán tras la pérdida de su madre y quién será la persona responsable de su manutención.

Esta información debe ser enviada al Ministerio de la Mujer y al Programa Progresando con Solidaridad –institución que da apoyos sociales en el país del Caribe-, el personal de ambas instancias visita a las familias para conocer las condiciones en las que están viviendo los menores de edad y reconocer sus necesidades, para finalmente determinar si necesitan apoyos escolares, atención psicológica, apoyos económicos o legales.

En específico a las que se encuentran en condiciones de pobreza se les entrega un recurso económico por parte el Sistema Único de Beneficiarios del país, y a las familias sin seguridad social se les incorpora al sistema de salud. El personal debe contactar tres veces al año a los adolescentes, niños y niñas en orfandad y sus familias, indica el protocolo.

El Ministerio de la Mujer indica en su informe que además de esta atención imparte talleres de autocuidado y manejo del duelo para las víctimas y sensibiliza a las y los abogados que acompañan los casos para que sepan actuar en estos casos.

EN TANTO, EN MÉXICO…

Aunque la Ley General de Víctimas en México reconoce que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con las víctimas directas son víctimas indirectas y por lo tanto tienen el derecho a una ayuda provisional oportuna, la realidad es que las familias de las víctimas de feminicidio siguen costeando y sobrellevando la manutención y el apoyo psicológico de estos menores de edad.

En comparación con República Dominicana, no existen protocolos especializados para la atención y contención de las víctimas indirectas del feminicidio, tampoco un registro oficial certero que permita conocer las condiciones en las que están viviendo, apenas se comienzan a impulsar leyes que obliguen al Estado mexicano a atenderlos y visibilizarlos.

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