presupuesto etiquetado

Tras el trabajo de incidencia de las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, el pleno de la Cámara baja aprobó este fin de semana un presupuesto de 47 mil 918 millones de pesos (mdp) para los programas de igualdad, mientras el Ejecutivo había propuesto 28 mil 93 millones de pesos para cerrar las brechas de género.

Este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó otorgar 28 mil mdp para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobado para este año cuando recibió poco más de 27 mil mdp.

El proyecto planteaba un incremento de apenas 2 por ciento lo que llevó a legisladoras y mujeres organizadas a denunciar la disminución real de los recursos etiquetados, creados desde 2008 para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas.

En octubre las diputadas Laura Plascencia Pacheco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hortensia Aragón Castillo, de la Revolución Democrática (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano (MC), llamaron a unir esfuerzos para recuperar el objetivo de los recursos etiquetados.

En una reunión con organizaciones civiles las legisladoras señalaron que a una década de que se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para fomentar la igualdad, este mecanismo no estaba cerrando las brechas de desigualdad.

En 2008 se destinaron 9 mil 631.4 mdp para dicho Anexo y para 2017 la cifra ascendió a 27 mil 424.6 mdp, lo que representa una tasa media de crecimiento anual real de 12.3 por ciento, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado.

Las diputadas destacaron que había programas que no estaban enfocados en promover la igualdad, como los apoyos sociales otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o los cursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Finalmente este 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2018 con un incremento de 68 por ciento al propuesto para programas que impulsan la igualdad entre mujeres y hombres.

Así el monto se duplicó al pasar de 28 mil 93 mdp propuestos por el Ejecutivo a 47 mil 918 mdp. El mayor presupuesto de igualdad de género.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Plascencia Pacheco, declaró que este presupuesto beneficiaría a las mexicanas porque considera incrementos a los montos para garantizar una vida libre de violencia y el empoderamiento económico, entre otros temas.

El decreto de PEF, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, especifica que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revisará las Reglas de Operación de los programas del Anexo 13, a fin de verificar su alineación con los compromisos internacionales ratificados por México.

Con las modificaciones realizadas por el Legislativo, incrementan montos a programas como el de “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que tenía proyectado 144 mdp y que ahora recibirá 256 mdp.

Con ello deberá diseñar la política pública en materia de igualdad; encargarse de la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

El programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, también tuvo incremento, contará con 2 mil 321 mdp. Con estos recursos el Centro deberá disminuir la mortalidad por cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, cáncer de ovario y cáncer de pulmón a través de la atención, la investigación y la adquisición de material; también deberá capacitar en servicios de planificación familiar y compra de anticonceptivos así como en acciones a favor de la salud perinatal y durante el embarazo, entre otras.

En contraste, el Ramo 20 de Desarrollo Social, criticado por organizaciones civiles por enfocarse en programas asistencialistas, seguirá concentrando el presupuesto de igualdad pues de tener una proyección de 11 mil mdp ahora recibirá casi el doble, con 20 mil mdp.

Los recursos de la Sedesol han ido incrementando. Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, detalla que de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento. Para 2018 el programa con más recursos de Sedesol será el de Pensión para Adultos Mayores que recibirá una bolsa de 14 mil 658 mdp.

Según el dictamen del PEF, se recibieron 58 peticiones para incrementar 5 mil 345 mdp en materia de igualdad de género. Durante la discusión del decreto se presentaron por lo menos cuatro reservas para aumentar recursos a programas de salud y violencia contra las mujeres; sin embargo ninguna fue aprobada.  

Por ejemplo la diputada de Morena, Concepción Villa González, presentó una reserva para aumentar 103 millones 676 mil 903 pesos al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva y 11 mdp a la prevención del embarazo en adolescentes. Ambas fueron rechazadas.

La legisladora también planteó aumentar 8 millones 240 mil 206 pesos en el programa para el Desarrollo de Profesional de Docentes, enfocado a sensibilizar y formar al personal de servicio profesional docente para contribuir y mejorar las prácticas educativas con perspectiva de género, pero también fue descartada.

El diputado de Morena, Renato Molina Arias, criticó que para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres se propuso destinar solo 144 mdp, menos que hace un año, cuando se destinaron 171 mdp a este rubro, por ello propuso un incremento de 150 millones de pesos adicionales a los dictaminados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero la reserva no se admitió.  

A fin de transparentar el destino de los recursos el decreto también señala que una vez publicado el documento, el Inmujeres debe comunicar a cada dependencia y entidad los montos detallados por programa presupuestario y unidad responsable del ejercicio de los recursos.

17/AGM/LGL

El próximo año la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría concentrar 39 por ciento de los recursos destinados a la igualdad de género toda vez que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone otorgarle 11 mil 50 millones de pesos (mdp).

Desde 2008 cuando se creó el gasto etiquetado para cerrar las brechas de desigualdad, Sedesol es la secretaría de Estado que recibe más recursos del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tendencia que podría continuar el siguiente año. 

En el proyecto de presupuesto que analiza la Cámara de Diputados  contemplan 11 mil 50 millones de pesos (mdp) para el Ramo de Desarrollo Social, es decir, 434 mdp más que los que recibió este año cuando obtuvo 10 mil 615 mdp.

Estos recursos se ejercen en la operación de seis programas destinados a mejorar la vida de las mexicanas: Articulación de políticas integrales de juventud; fomento a la economía social; coinversión social; el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y pensión para adultos mayores.

Sedesol ha ido incrementando su presupuesto año con año, por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento.

MÁS RECURSOS A PENSIONES

La bolsa destinada a Desarrollo Social se concentra en el programa “Pensión para Adultos Mayores” y “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, los cuales en 2017 representaban 87.5 por ciento de los recursos del Ramo.

La primera de estas políticas apoya a las personas, mujeres y hombres, de 65 años de edad en adelante que no reciban pensión mayor a mil 92 pesos mensuales por jubilación o de otro tipo.

La dependencia estima que en 2017 había aproximadamente 6.8 millones de personas que estaban en esta condición, de las cuales 3.1 millones eran mujeres y 3.7 millones hombres.

De acuerdo con el padrón de beneficiarios, 2 millones 54 mil 84 son hombres y 3 millones 98 mil 440 son mujeres, es decir, ellas conforman 60.13 por ciento de la población atendida por Sedesol.

Por otra parte, se proyectan recortes al PAIMEF, programa que otorga recursos a los institutos de las mujeres de los estados a fin de que operen y promueven acciones a nivel estatal y municipal para erradicar la violencia de género. Aun así se proyecta un monto de 263 mdp, una reducción de 40 mdp con respecto al año pasado cuando recibió 303 mdp. 

17/AGM/LGL

A una década de que se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para fomentar la igualdad, este mecanismo no está cerrando las brechas ni mejorando la vida de las mujeres por lo que diputadas de distintos partidos políticos coincidieron en la necesidad de replantear cómo se distribuyen estos recursos.

Las diputadas Laura Plascencia Pacheco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hortensia Aragón Castillo de la Revolución Democrática (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos de Movimiento Ciudadano (MC) llamaron a unir esfuerzos para recuperar el objetivo de los recursos etiquetados, así lo señalaron durante una reunión que realizaron con integrantes del Frente Feminista Nacional.

En 2008 la Cámara de Diputados comenzó a asignar recursos para dar cumplimiento a las demandas feministas que señalaban la necesidad de destinar dinero a las acciones para fomentar el ejercicio de derechos como salud o vivienda, combatir la violencia de género y fomentar la participación económica de las mujeres, entre otros temas marcados en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con la investigación “Evolución del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres”, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, desde 2008 el Anexo específico para igualdad ha ido en aumento.

En 2008 se destinaron 9 mil 631.4 millones de pesos (mdp) para igualdad y para 2017 la cifra ascendió a 27 mil 424.6 mdp lo que representa una tasa media de crecimiento anual real de 12.3 por ciento.

Sin embargo, destaca el estudio, estas erogaciones representan apenas 0.6 por ciento del gasto neto total aprobado en este lapso; a esto se suma el subejercicio de recursos, eliminación de programas o programas sin indicadores que midan su impacto. Sin embargo, el decreto de presupuesto de cada año indica que el Instituto Nacional de las Mujeres debe entregar reportes trimestrales del gasto en igualdad a la Cámara de Diputados.

Después de 10 años de recursos etiquetados la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Plascencia Pacheco, dijo que el objetivo se ha desvirtuado pues desde hace algunos años el proyecto que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados para su aprobación, incorpora programas que no están relacionados con la igualdad.  

La legisladora dijo que hay programas sin indicadores que midan el impacto real de los montos aunque en general el presupuesto tiene indicadores de gestión que no evalúan los resultados. Por ejemplo, en su opinión el programa de guarderías que opera la Secretaría de Desarrollo Social es un derecho social y no una acción afirmativa por lo consideró que no debería estar en el Anexo 13.

Otra dependencia que recibe recursos del Anexo 13 es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que en el proyecto de presupuesto de 2016 presentó un incremento nominal de 28.39 por ciento respecto al presupuesto asignado en 2015 cuando recibió poco más de 2 mil 891 millones mdp.

Plascencia Pacheco señaló que falta mucho por hacer porque todavía se siguen etiquetando recursos para programas que no están relacionados con la igualdad mientras que otros programas que sí están encaminados a combatir la violencia de género no alcanzan ni 10 por ciento del total del Anexo 13, aunque no mencionó cuánto dinero representa esté porcentaje ni a qué programas se refería. 

En la reunión con activistas que se realizó a finales del mes de octubre, la diputada Hortensia Aragón señaló que el Anexo 13 ha perdido el sentido por el cual fue creado, por ello destacó que hay que recuperar su versión original encaminada a compensar la falta de perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

A decir de la legisladora perredista hay que mantener el presupuesto etiquetado para la igualdad pero también es necesario repensar hacia dónde se destinan los recursos y dejar de especular que estos montos deben ser distribuidos en programas que atienden a mujeres y hombres, sólo deben estar las acciones enfocadas en las ciudadanas, consideró.

Sin embargo señaló que lo más difícil es dar seguimiento al ejercicio de los recursos porque una vez asignados la Cámara de Diputados tiene una capacidad limitada para revisar el impacto en la vida de las mujeres, y es que si bien reciben reportes trimestrales, estos documentos deben ser cotejados por un equipo experto.

Es de destacar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2018 tiene previsto alrededor de 28 mil millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobada para este año. Sin embargo en términos reales, es decir, tomando en cuenta la variación de los precios de un año a otro, es un incremento de sólo 2 por ciento.

Al respecto la diputada Candelaria Ochoa dijo que hace 10 años se logró crear el Anexo específico dentro del presupuesto federal pero advirtió que actualmente, como sucede con los Institutos de las Mujeres, no está respondiendo a la necesidad de combatir la desigualdad.

Según un análisis de la legisladora el actual Anexo 13 representa apenas 0.5 presupuesto general a pesar de que las mexicanas son el 52 por ciento de la población.

Ochoa Ávalos señaló además que las Secretarias de Estado son quienes deciden cuánto destinan a cada programa o proyecto y allí no hay intervención de las legisladoras, quienes tienen que cabildear con otros diputados y comisiones para evitar los recortes.

En este caso el PPEF aún debe ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados el próximo 15 de noviembre.

La diputada de MC señaló que hay que hacer un análisis serio y puntual de en qué se ejerce el Anexo 13 y revisar cuales son las razones para dar más dinero a ciertas acciones, a fin de verificar, por ejemplo, por qué la Sedatu recibe recursos de este Anexo para realizar capacitaciones sobre violencia de género cuando su tarea es el desarrollo urbano.

Las legisladoras coincidieron en que es necesario tener una contraloría ciudadana, como lo propuso el Frente Feminista Nacional, propuesta que está en análisis ahora que se revisa la integración del presupuesto para 2018.

17/AGM

Mientras el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que analiza la Cámara de Diputados, contempla recortes a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, también propone incrementos a dependencias que no fueron creadas para promover la igualdad de género.

El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF propone aumentos a programas operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por las Secretarías de Energía (Sener) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencias que no tienen como mandato principal cerrar las brechas de género.

De acuerdo con el documento, que debe ser aprobado el próximo 15 de noviembre, el DIF recibiría de la Secretaría de Salud 52 millones 112 mil 370 pesos para el programa de Apoyos para la “protección de las personas en estado de necesidad”, política pública que otorga apoyos económicos o en especie a la ciudadanía.

En 2017 este programa recibió 19 millones 58 mil 443 pesos y para 2018 podría recibir 25 millones 112 mil 370 pesos, es decir, un incremento de 173 por ciento.

Sin embargo las acciones de este programa tampoco se enfocan en las mujeres toda vez que tiene una población objetivo de 2 mil 620 mujeres y 2 mil 620 hombres. Según los informes que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), al primer trimestre de este año se atendió a 621 mujeres y 528 hombres.

Destaca que en el Anexo 13 -creado en 2008 para promover el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres- contempla aumentar los recursos para el programa de Infraestructura de Sedatu, una dependencia encargada de atender las demandas de vivienda y urbanización.

A través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios y la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, Sedatu opera este programa que en 2017 recibió 397 millones 531 mil 191 pesos y que tiene planeado recibir una bolsa de 475 millones 394 mil 841 pesos.

Aunque el objetivo de esta política es mejorar las condiciones en las que viven las mujeres, en realidad los recursos se utilizan (de acuerdo con la información que la dependencia entrega en sus informes trimestrales a la SHyCP) para dar cursos y talleres sobre el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias; para prevenir la violencia en el noviazgo, la violencia familiar y prevención de embarazos en adolescentes, actividades que también realizan los institutos estatales de las mujeres; el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud.

Otra de las dependencias con un aumento de recursos para operar dos programas, es la Sener: el de Actividades de apoyo administrativo y el de Coordinación de la política energética en electricidad.

A través del primer programa se realiza capacitación “que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género”, el cual obtuvo 8 mil 649 pesos y que ahora recibiría 25 mil pesos. El segundo programa consiguió 286 mil 371 pesos este año y ahora se le otorgaría un millón de pesos.

Estos recursos se ejercen para la operación de la Unidad de Igualdad de Género de la dependencia y en acciones para fomentar una cultura institucional de igualdad y capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.

Mientras el Ejecutivo a través de la SHyCP propone estos incrementos, otros programas tienen recortes, como el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que pasará de 171 mdp en 2017 a 144 mdp en 2018.

Por medio de la operación de este programa la Conavim tiene la tarea de diseñar la política pública en materia de igualdad; la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

Este año el gasto para las “Acciones de coadyuvancia para las Alertas de Género” tuvieron un presupuesto de 23 millones 100 mil 216 pesos pero para 2018 tendrían 8 millones 245 mil 84 pesos, es decir un recorte de 64 por ciento a pesar de que hasta el tercer trimestre de este año la Conavim admitió seis solicitudes de declaratoria de AVG.

17/AGM/LGL

El 15 de octubre pasado, la señora Margarita, llegó al Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán en la Costa Chica de Guerrero, porque llevaba cuatro días con diarrea y estaba en sus últimos días de embarazo. En el hospital, le dicen que su bebé aún no va a nacer y a la familia le solicitan la compra de medicamentos para la atención estomacal y una bata desechable, condicionando el derecho a la atención y poniéndola en una situación de riesgo.

Cuando se piensa en el presupuesto público, muchas veces parece un asunto lejano, en el que las y los diputados lo aprueban tal y como lo presentó el gobierno, o hacerle modificaciones fueran decisiones que no afectan a las personas que habitamos o transitamos por el país.

Sin embargo, agregar o quitar genera impactos, y uno de los ámbitos más sensibles es el sistema público de salud. Contar con más o menos recursos financieros y en insumos, incide en que haya una atención en salud de calidad, en el tiempo y de manera pertinente para que las personas se sientan bien, y se evite a toda costa que haya secuelas, con un trato respetuoso y digno. Propicia que el personal de salud labore también con dignidad, y tome las mejores decisiones en la atención.

Por ejemplo, a la familia de la señora Margarita se le pidió que gastara dinero de su bolsillo, para contar con insumos que están en el Cuadro Básico del Sector Salud (es decir, para todas las instituciones de salud) y también en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, esto implica que son insumos mínimos con los que obligatoriamente debe contar un hospital, por muy sencillo que sea.

Finalmente fue atendida en la Casa de Salud de la Mujer Indígena (CAMI), allí nació el bebé, y como el malestar continuó, las compañeras de la Casa la llevaron al hospital para que la atendieran del estómago y revisaran al recién nacido.

Esta situación de carencia de insumos esenciales, conlleva a que las familias se empobrezcan por gastar más de sus posibilidades económicas reales. También arrastra a que las personas dejen de acudir a los servicios, y evidentemente coloca en peligro la vida de las pacientes, como claramente lo refleja el caso de la señora Margarita, quien contó con la atención de un modelo comunitario en salud que logró resolver en forma la atención del momento antes, y durante el parto. Al esquema comunitario, igualmente el Estado mexicano tiene la obligación de asignarle presupuesto para su desarrollo y preservar los saberes de los pueblos indígenas.

A pesar de la existencia de estos compromisos constitucionales del Estado (Artículos 1, 2 y 4), en muchas ocasiones no se ven reflejados en los montos del presupuesto público, y aún menos en el proyecto del presupuesto para el año 2018.

Por ello las organizaciones agrupadas en la Coalición por la Salud de las Mujeres, presentamos a la H. Cámara de Diputados, propuestas de mejora en la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el cual incumple el principio de progresividad e irreductibilidad del presupuesto en salud, al establecer una disminución de un -4.49 por ciento del gasto en salud transferidos mediante la Secretaría de Salud federal a los 32 servicios estatales de salud, hospitales e institutos de especialidad; de -4.20 por ciento al Seguro Popular (principal fuente de financiamiento de los centros de salud y hospitales comunitarios), de -4.00 por ciento a acciones para asegurar la atención permanente en VIH a mujeres.

Es de llamar la atención la relevancia del presupuesto para el VIH en mujeres. Pese a que el VIH se presenta mayoritariamente en hombres, estos recursos son cruciales para que las mujeres con VIH continúen acudiendo a los establecimientos donde controlan su salud y proveen de antirretrovirales, al recibir un apoyo monetario para el traslado a los mismos (recordemos que las mujeres tienden a cuidarse en último lugar, y que el VIH las estigmatiza), asimismo, es un recurso para que organizaciones conocedoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desarrollen proyectos de prevención directamente en terreno.

Otro recorte de suma gravedad, es la propuesta de disminuir en un -5.17 por ciento para implementar mínimos para la promoción, prevención y atención en salud sexual y reproductiva. Recurso distribuido entre los programas en salud, que atienden a una enorme cantidad de mujeres a lo largo de su vida: Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Integral para la Mujer, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Salud Materna y Perinatal, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, y Prevención y Control de Cáncer de la Mujer (Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino).

La desigualdad en el acceso efectivo al derecho a la salud y los derechos reproductivos, se profundiza en las mujeres pobres indígenas, urbano marginales, transgénero, trabajadoras sexuales, privadas de su libertad, discapacitadas y migrantes.

Para fortalecer las acciones en salud hacia mujeres indígenas —mediante estrategias desarrolladas desde sus organizaciones, como son las CAMI—, se destinaba un recurso específico a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no obstante lo valioso de este recurso, se decidió reducirlo a un mínimo, dejando a la Comisión con la mitad de su presupuesto, al pasar de 12 mil millones en 2016 a 6 millones de pesos en el proyecto 2018, debilitando su capacidad de coordinar y vigilar los presupuestos destinados a población indígena.

En resumen, la propuesta del ejecutivo federal, sólo profundizará la precariedad en los servicios en salud sexual y reproductiva, y más inequidades y sufrimiento en las mujeres pobres, y en las mujeres indígenas. Todavía es inexistente la asignación de presupuesto en salud, considerando la diversidad de mujeres.

La Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, elaboró una propuesta de aumentos en los presupuestos, para revertir los graves retrocesos en el presupuesto para VIH en mujeres, y salud sexual y reproductiva, ya que esta disminución presupuestaria, amplía las brechas en el acceso a la salud a una población que ya de por sí sufre una atención deficiente al acudir a servicios con una serie de rezagos en la calidad de la infraestructura, en insuficiencia de personal de salud capacitado por 24 horas los 365 días del año, traslados oportunos y la disponibilidad de equipamiento, medicamentos e insumos médicos.

La Coalición por la Salud de las Mujeres nos adherimos a esta propuesta y exigencia a que las y los diputados de la Comisión de Presupuesto las aprueben y sea votada satisfactoriamente por el pleno del Congreso. Propuesta a la cual sumamos adhesiones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con el fin de una mayor transparencia de estos recursos, se identifique claramente para qué se destinaron y cómo se gestionaron hasta el nivel más local.

Es así que en el Decreto 2018 proponemos en:

Artículo 34. A. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, llevará a cabo lo siguiente: … La Comisión Nacional de Protección Social en Salud reportará en su portal de transparencia, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.

Capítulo IV De la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
Artículo 21. V. El Instituto Nacional de las Mujeres dará a conocer el ejercicio del gasto por Acción correspondiente a los Programas Presupuestarios de las Unidades Responsables del Anexo 13.

TRANSITORIOS
Quinto. Los recursos del Ramo Administrativo 12 Salud y del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes a la Subfunción Protección Social en Salud, destinados a la prestación de servicios de salud a la persona, deberán ser considerados en la integración de la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal a la que hace referencia el artículo 77 bis 13, fracción II, de la Ley General de Salud. A la par la Secretaría de Salud federal deberá publicar en su portal de transparencia y en el formato de Datos Abiertos, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.

*Responsable del proyecto de Partería y presupuesto público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

17/DDE/LGL

Durante los cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto se han recortado cerca de 40 mil millones de pesos (mdp) al presupuesto del sector salud por lo que organizaciones civiles pidieron a la Cámara de Diputados que no avale un recorte más en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF).  

La Red de Acceso para la defensa del presupuesto de salud, integrada por 15 organizaciones que representan a pacientes y trabajan por el derecho a la salud, advirtió que el proyecto de PEF del próximo año propone un recorte de por lo menos 13 mil mdp en comparación con el monto aprobado hace dos años, en 2015, cuando se asignaron casi 135 mil mdp.

En una reunión realizada la semana pasada con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las organizaciones dijeron que es necesario fortalecer el sistema nacional de salud para que pueda actuar de manera rápida ante cualquier contingencia y para que día a día garantice el bienestar de la ciudadanía.

La Red de Acceso, integrada por organizaciones como Trasplante y Vida, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística o la  Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide,  recordó que la salud es un derecho garantizado por los Artículos 1 y 4 constitucional.

Para estas asociaciones la falta de recursos se transforma en graves deficiencias en la atención de la ciudadanía ya que clínicas y hospitales rebasan su capacidad o pasa mucho tiempo para que las personas sean atendidas por médicos especialistas a pesar de que requieren de atención inmediata.

Precisaron que los montos son necesarios para garantizar personal, material, instrumental, medicamentos e infraestructura por lo que exhortaron al legislativo federal a garantizar que el presupuesto aprobado en salud para 2018, por lo menos no disminuya y se sostenga cada año.

Si bien el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, documento que contempla los montos destinados a cerrar las brechas de desigualdad, proyecta alrededor de 5 mil 287 mdp para salud, también incluye recortes a áreas como salud materna, sexual y reproductiva.

En este contexto, la Red de Acceso señaló que debido al crecimiento poblacional y la demanda epidemiológica, los recursos planteados en el proyecto de PEF 2018 son insuficientes para atender las necesidades, más cuando México es de los países que menos invierten en salud, ya que en este rubro de inversión ocupa el lugar 32 de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las organizaciones también plantearon que en México el gasto de bolsillo, es decir lo que la gente paga por atención médica, representa 45 por ciento de total del gasto en salud, lo que significa que ante la falta de inversión del gobierno, las personas gastan más para cuidar su vida y la de sus familias.

La Red de Acceso también apuntó la urgencia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los recursos destinados a salud cubran la demanda epidemiológica y calidad en los servicios.

17/AGM/LGL

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 prevé alrededor de 28 mil millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobado para este año.

Aunque al parecer hay un ligero aumento del presupuesto etiquetado para promover la igualdad y hacer frente a la violencia de género, el PPEF enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también contempla recortes a rubros como Gobernación y Salud.

En 2016 la Cámara de Diputados aprobó en el Anexo de igualdad un monto de 213 millones 185 mil 374 pesos para la Secretaría de Gobernación. Esos recursos se usarían para seis programas enfocados a prevenir la violencia de género y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

Para el próximo año este mismo rubro tiene previsto un recorte al contar con 179 millones 754 mil 388 pesos. Entre los programas afectados está el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y que tendría 144 mdp cuando este año obtuvo 171 mdp.

La Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación, tiene entre sus tareas la construcción  y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, la atención de casos de violencia a través de una línea telefónica y la tramitación de las solicitudes de Alertas de Violencia de Género.

Otro programa afectado será el de Derechos Humanos que este año contó con 19 mdp y que tiene previsto 12 millones 972 mil pesos. En este programa presupuestario está involucrada como dependencia coordinadora la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob.

En el rubro de salud de las mujeres también hay recortes toda vez que en este 2017 se aprobaron 5 mil 132 millones 523 mil pesos y aunque para el siguiente año se prevén 5 mil 287millones 655, dos de los programas que tendrán menos recursos son el de Rectoría en Salud y el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva.

Este año el programa de Rectoría en Salud, que se enfoca en la planeación y desarrollo de infraestructura en salud, obtuvo mil 739 mdp pero para 2018  se prevé una reducción al pasar a  mil 663 mdp.

También con recortes está el programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), pues para el siguiente año se consideran dos mil 128 mdp mientras que este año recibió dos mil 129 mdp.

Desde 2003 el CNEGySR coordina los programas relacionados con salud reproductiva, salud materna y perinatal, Cáncer de Mama y Cérvico Uterino, planificación familiar y salud reproductiva de adolescentes.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano que puede opinar sobre el diseño del PPEF a fin de que en la discusión y aprobación del presupuesto se hagan recortes o ampliaciones.

17/AGM