transparencia

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
16/GVV/LGL

Bajo el argumento de que algunos programas “tienen escasos resultados”, el gobierno federal prefiere recortarles fondos, cuando en realidad, requieren lo contrario: más recursos. Eso ocurre con el fondo de Transversalidad que en todo el país atraviesa por una crisis ante el inminente recorte que, se espera, se haga efectivo en 2017.
 
Lo que se necesita, en todo caso, son parámetros de transparencia, rendición de cuentas y por supuesto reglas de operación que permitan medir de manera eficaz el impacto de estos programas.
 
Pero para quienes no están familiarizadas con el nombre, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), se constituyó en el año 2008 con el nombre de Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género y, a partir del 2010, adquirió el carácter de programa sujeto a Reglas de Operación. Dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM).
 
El Fondo se creó como parte de un ejercicio de “descentralización” de los recursos que hasta ese momento se ejercían plena y directamente por el Instituto Nacional de las Mujeres, autorizados por la Cámara de Diputados y que eran destinados a la reducción de la brecha de desigualdad de género y fundamentalmente para acciones de empoderamiento, difusión, igualdad, entre otras.
 
Tan solo este año, Transversalidad autorizó proyectos por alrededor de 4 millones de pesos, algunas entidades alcanzaron casi los 5 millones. Aunque no haya forma de comprobar qué hacen con ese recurso, salen bien libradas de las auditorías y revisiones porque no están orientadas a verificar y a constatar el costo-beneficio, sino a evaluar la comprobación del gasto.
 
El PPEF 2016 plantea 25 mil 648 millones, 525 mil 508 pesos para los programas integrados en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” (algunos cambian de nombre, desaparecen o se sectorizan) apenas mil 300 mdp más que en 2015, luego de que para este año la Cámara baja aprobara 24 mil 308 millones 185 mil 225 pesos.
  
¿Indicadores? No hay manera de corroborar cómo están midiendo los impactos ni de monitoreo y mucho menos de impacto y/o seguimiento.
 
Hay entidades en las que no están visibilizando un impacto a mediano plazo y el programa anualmente se constituye por acciones repetitivas que tampoco están siendo evaluadas ni en impacto, ni contribución.
 
En algunas entidades se ha entendido que los recursos para Transversalidad pueden y deben destinarse a la nueva prioridad: los hombres agresores, es decir canalizar recursos para nuevas masculinidades, prevención con agresores, atención jurídica a hombres víctimas de violencia “porque la violencia también afecta a los hombres”.
 
No se ha entendido que estos recursos deberían ser para atender aspectos prioritarios de desigualdad, brecha de género y no sabemos cómo es que se aprueba destinar fondos que no tienen ninguna viabilidad de impacto en la reducción de la brecha de desigualdad y que sí contribuyen a favorecer y mejorar las condiciones de los “hombres agresores”.
 
Pierden de vista que todo el presupuesto público tiene una visión androcéntrica y hay un enorme gasto destinado a la prevención de la violencia social y el crimen organizado en el que por supuesto no hay perspectiva de género; y la violencia contra las mujeres, el feminicidio, no constituye una prioridad.
 
Fundamentalmente el programa es una prioridad ya que no hay otros fondos que tengan como eje la atención a la desigualdad, así que no hay manera de justificar “recortes”. Mejor que recorten otros gastos de verdad superfluos que no tienen ningún impacto en la población y fundamentalmente en la reducción de la violencia contra las mujeres.
 
Urge que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas incorporen mecanismos de Transparencia, Rendición de Cuentas y que todos los proyectos se sujeten cada año, a la revisión de las organizaciones de la sociedad civil que puedan aplicar los modelos de Evaluación a Políticas Públicas con Perspectiva de Género.
 
Falta que los recursos dejen de utilizarse como “caja chica” de la política para la promoción personal de las titulares que en algunos estados se “perfilan” con esos dineros a ser candidatas a diputadas locales, federales, entre otros cargos.

Sólo hay una salida y es que en los estados se incorpore la perspectiva feminista, se sujeten a evaluaciones puntuales sobre el impacto con indicadores diseñados objetivamente.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL