Yndira Sandoval

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigió a la Fiscalía de Guerrero, cesar la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación integrada por el caso de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval Sánchez, detenida y torturada sexualmente, por la policía municipal de Tlapa, en septiembre pasado.

En un pronunciamiento emitido la tarde de ayer, la RNDDHM condenó la estrategia orquestada por el gobierno de Guerrero que, señaló, busca restar fuerza y legitimidad a la denuncia interpuesta por tortura sexual de la defensora de los Derechos Humanos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez.

La Red señaló que al denunciar penalmente los hechos de que fue víctima, Sandoval Sánchez volvió a ser violentada ahora por las instituciones de Guerrero, quien carece de protocolos de atención a víctimas de violencia sexual y de una visión de género.

“Cabe destacar que, a más de un mes, no hay avances en la investigación y para justificar su falta de actuación y complicidad, el gobierno de Guerrero arguye que la denunciante no ratificó su alegato”, señala el pronunciamiento.

La Red precisa que la tortura sexual contra la defensora Sandoval Sánchez, es el inicio de una cadena de violencias. Agrega que el 4 y 5 de octubre, recibió amenazas de muerte, y los días 7 y 8 del mismo mes su domicilio particular fue allanado y su vehículo abierto por la fuerza en la Ciudad de México así como que tras la denuncia pública de estos hechos, realizada el 22 de octubre pasado, los ataques se recrudecieron.

Considera que la filtración de videos en medios de comunicación, responde a una acción ilegal y maquilada “desde una lógica evidentemente patriarcal y misógina”, cuyo fin es “manchar la imagen pública de la defensora y, con ello, a restar fuerza y legitimidad a su voz”.

“Las 225 defensoras y periodistas articuladas en esta Red expresamos nuestra indignación por el manejo el tendencioso de estos videos, que abona a la revictimización de Yndira, y señalamos que su contenido no invalida la denuncia por las graves violaciones a Derechos Humanos que padeció, ni mitiga su importancia”.

Denunciaron también “el manejo faccioso del caso ante la opinión pública, con la pretensión de que la sociedad se incline por una mujer o por la otra (la defensora que denunció versus la policía que la agredió), cuando para las integrantes de esta Red es claro que Yndira fue víctima de violencia sexual por parte de una agente del Estado y, en particular, de una institución con clara cadena de mando”.

La RNDDHM se pronunció también contra los actos violentos cometidos contra la periodista e integrante de esta Red, Sanjuana Martínez, quien publicó información sobre este caso en el periódico La Jornada y que ahora es atacada en redes sociales a través de mensajes con connotación sexual, que buscan desacreditar su labor periodística cuestionar su credibilidad e intimidarla.

Por todo ello, la Red de Defensoras exigió que se garantice la integridad física y psicológica de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval, y que cese la campaña que busca deslegitimar la demanda de justicia por la tortura sexual que vivió.

A la Fiscalía de Guerrero le exigió que actúe con debida diligencia y que cese la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación; en tanto que se garantice a la periodista Sanjuana Martínez, la continuidad de su labor periodística en condiciones de igualdad y seguridad.

La RNDDHM documentó que las agresiones a defensoras de Derechos Humanos (DH), de 2010 a 2014 sumaron 615: 118 en 2012, 189 en 2013, y 308 en 2014, entre ellas 36 asesinatos.

Entre las agresiones documentadas por la Red, destacan las amenazas contra ellas o sus familias, difamación, violaciones sexuales, acoso y hostigamiento en redes sociales, allanamiento a casa; allanamiento a organizaciones; amenazas de agresión física; de muerte; criminalización; incomunicación; intento de allanamiento; intervención de correo electrónico personal; intimidación; persecución; seguimiento; tortura psicológica; tortura sexual; y vigilancia de domicilios.

Muchos de los ataques, señala, culminan, en algunos casos, en el desplazamiento forzado y el exilio de las defensoras, así como en el cese de sus actividades.

17/LGL

Feministas, personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, condenaron enérgicamente la violencia sexual ejercida contra la antropóloga social y defensora Yndira Sandoval Sánchez, quien el pasado 16 de septiembre fue detenida arbitrariamente y víctima de violación sexual por parte de policías del municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.

El sábado 16 de septiembre, la activista, líder de la iniciativa “Todas Mx” se encontraba en esa entidad para dar talleres y una conferencia sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ese día tuvo un accidente con un clavo por lo que ella y un compañero, Amaury Navarrete Cruz, acudieron a una clínica, como lo relató al periódico La Jornada.

Cuando salió del lugar, su compañero era detenido por policías por supuestamente negarse a pagar la cuenta de la clínica, cuando ella preguntó las razones de la  agresión y dijo que era defensora, también fue detenida y posteriormente agredida sexualmente por una mujer policía. 

Después de que la denuncia se hiciera pública este 22 de octubre, organizaciones y personas defensoras emitieron un comunicado donde condenan la violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Tlapa, uno de los ocho municipios con Alerta de Violencia de Género.

“Yndira Sandoval logró sobrevivir, sin embargo, la violencia de género institucional en su contra no ha cesado, pues continúa siendo víctima de amenazas e intimidaciones y su casa y auto en la Ciudad de México han sido allanados”, señalan en el comunicado.

De acuerdo con las organizaciones, la casa de la activista en la Ciudad de México fue allanada, aunque no precisaron la fecha, delito que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 790/10/2017

A más de un mes de estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero no ha vinculado a los agresores a proceso, ni ha generado a través de un juez de control ninguna orden de aprehensión contra la persona agresora directa, quien fue reconocida por la víctima, con nombre y apellido; tampoco ha removido a los policías de sus cargos a pesar de estar plenamente identificados.

Sandoval Sánchez es autora y coautora de distintas iniciativas para fortalecer el marco jurídico; también fue funcionaria pública en la Ciudad de México y coordinadora de feminismo del Comité Americano de la Internacional Socialista de Jóvenes (IUSY), según difundió el colectivo Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. 

Esta agrupación también difundió detalles de la violencia institucional que enfrentó Ynidra Sandoval. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales con sede en Tlapa, estaba cerrada al momento que intentó denunciar, minutos después de las agresiones; el Ministerio Público se negó a tomar la denuncia y la amenazó e intimidó con llevarla a la policía si no se retiraba.

Según este colectivo, el director de Seguridad Pública (aunque el comunicado no precisa si era el director estatal Pedro Almazán Cervantes o el director municipal Neftalí León González) “casualmente” se encontraba afuera de la Fiscalía Especializada cuando Yndira Sandoval se presentó nuevamente a denunciar, ya que el día anterior no pudo hacerlo.

Sumado a estas irregularidades, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada no dictó medidas cautelares pese a la solicitud expresa de la víctima, violó en todo momento los protocolos de atención a víctimas y no ordenó la realización de dictámenes tales como el legista, psicológico, ginecológico y toxicológico tal y como lo marca la ley en tiempo y forma.

La defensora tampoco contó con disposiciones de seguridad como víctima y fue hasta al tercer día de las violencias ejercidas en su contra y bajo permanente riesgo, que fueron dictadas medidas de protección en su carácter de defensora de Derechos Humanos. 

Todos estos agravios obran en la carpeta de investigación 12080470200090170917 que se inició en la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la Unidad de Investigación número 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Región Montaña. 

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) inició  una investigación a través de la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/ 0000634/2017 donde están las denuncias generadas tanto en Guerrero como en la Ciudad de México.

A más de un mes de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya realizó el Protocolo de Estambul para acreditar tortura (protocolo que no se realizó en Guerrero), además de que este organismo se encuentra realizando sus propias diligencias para garantizar un debido proceso.

Actualmente Yndira cuenta con las medidas cautelares y  de protección dictadas por la PGR a través de FEVIMTRA en coadyuvancia con el Mecanismo federal y local de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Organizaciones feministas, de Derechos Humanos y personas de la academia exigieron la detención de la policía que la agredió sexualmente, la reparación integral del daño, y sanciones, penales, administrativas y legales contra todas las personas involucradas y responsables de los hechos.

A los pronunciamientos posteriores a la denuncia pública se sumó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de una declaración de la secretaria general Beatriz Mojica Morga, quien este domingo exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General de Guerrero, se castigue a los responsables de la agresión sexual.

La líder perredista pidió que la PGR atraiga el caso y se agilice la investigación para castigar a los responsables de la violencia sexual contra la activista, quien además ha sido simpatizante del PRD.

"Es inaceptable que los encargados de cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos, con total abuso de poder, agredan física y sexualmente a una mujer que lucha por erradicar la violencia de género en nuestro país", reclamó.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG) por su parte, informó que el jueves 28 de septiembre recibió una queja contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García; el director de Seguridad Pública municipal, Neftalí León González; así como del agente titular y agente del Ministerio Público en turno del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, con sede la ciudad de Tlapa, por presuntos actos violatorios a sus Derechos Humanos.

La queja la presentó Amaury Navarrete Cruz, quien denunció la falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación sexual y abuso de autoridad, por lo que la delegación regional de la CDHEG en la Montaña registró la queja bajo el número de expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.

Según la información del organismo ya se pidió un informe a los funcionarios públicos involucrados, así como los nombres completos de los servidores públicos que estuvieron en funciones durante los días 16 y 17 de septiembre; pidió a las víctimas que presenten las pruebas que consideren pertinentes a fin de acreditar responsabilidades.

Cabe mencionar que en enero de este año, al finalizar una misión en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, dijo que encontró muchos casos de criminalización a personas defensoras que denunciaban violaciones por parte de las autoridades públicas.

El Relator expresó que se criminaliza a las y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, por ello llamó al gobierno mexicano a comprometerse en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Leer el comunicado aquí

17/AGM/LGL