mujeres alcaldesas

Cada vez más mujeres participan en los procesos político-electorales pero su presencia en los gobiernos municipales apenas alcanza 14 por ciento por lo que senadoras de los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una propuesta para garantizar la paridad (50-50) en la integración de los ayuntamientos.  

Las legisladoras presentaron la iniciativa este martes 14 para sugerir que se modifique el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que “la elección para la integración de los ayuntamientos deberá garantizarse los principios de paridad vertical y horizontal entre mujeres y hombres”.

Con este agregado las senadoras quieren que los partidos políticos estén obligados a postular a 50 por ciento de mujeres como candidatas a las presidencias municipales y que ellas también ocupen la mitad de las candidaturas a cargos edilicios en cada plantilla que presenten las agrupaciones políticas.

Esta propuesta, que se analizará en las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, segunda, del Senado, buscará aumentar la cantidad de mujeres alcaldesas, ediles y regidoras, los cargos más cercanos a la población y donde aún es precaria la presencia femenina.

Desde hace cuatro años, el 10 de febrero del 2014 en México se publicó una reforma que hizo obligatoria la paridad en candidaturas a senadurías y diputaciones locales y federales. El resultado de esta norma es que actualmente en el Senado hay 48 mujeres, lo que representa 37.5 por ciento de los escaños; y en la Cámara de Diputados hay 112 mujeres, igual a 42.4 por ciento de presencia femenina.

A la par se ha mejorado el diseño del financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres; así los partidos deben invertir 3 por ciento de su gasto ordinario a actividades para formar mujeres líderes en sus partidos.

Con todos los avances y si bien en México siete mujeres han gobernado alguna entidad; todavía falta equilibrar la participación de las mujeres en el ámbito local.

En 2014 había entre 175 y 180 alcaldesas en el país (alrededor de 7 por ciento); en 2015 subió a 232 (9.4 por ciento); y en 2016 la cifra aumentó a 346, lo que significa 14 por ciento de presidentas municipales en toda la República mexicana, de acuerdo con información de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalitas y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres que manejan cifras similares.

Las alcaldesas siguen siendo minoría, entre otras razones, porque no todas las entidades federativas han incorporado la paridad como parte de la elección y conformación de los ayuntamientos, de tal forma que las senadoras afirmaron que es imperante establecer mecanismos  idóneos para aumentar la participación femenina en los ayuntamientos.

De acuerdo con información parlamentaria, de las 32 entidades federativas, 9 no han incluido plenamente las reglas de paridad horizontal y vertical en los municipios. La primera implica la mitad de las candidaturas a presidencias municipales y la paridad vertical asegura que las planillas para la integración de un ayuntamiento, las regidurías y sindicaturas sean registradas de manera alternada entre hombres y mujeres.

Debido a que las leyes electorales dependen de las legislaturas de cada estado, las senadoras consideraron necesario reformar la Constitución para garantizar que todas las entidades federativas armonicen  su marco legal para incorporar la paridad en los ayuntamientos.

Esta medida que no aplicará en el actual proceso electoral, afirman en la iniciativa, abonaría a mejorar la calificación de la participación política de las mujeres y contribuirían a mejorar la representación de las mujeres en el ámbito público.

La iniciativa es encabezada por las senadoras priistas Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum,  Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu,  Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, el priista José Marco Antonio Olvera Acevedo y la senadora del Partido Verde, María Elena Barrera Tapia; sin embargo esperan se sumen mujeres de otros partidos.

18/AGM

Desde que Samantha Caballero Melo asumió el cargo como alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto, en enero pasado, recibió amenazas para declinar el cargo a favor del síndico Pablo Anica Valentín, quien nunca se ha presentado a laborar pero quien recientemente fue considerado víctima por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).  

En el proceso electoral de 2016 Caballero Melo fue postulada como candidata a presidenta de su municipio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como resultado de la contienda ganó la elección y tomó protesta el 1 de enero, día en que el síndico electo, también priista, tomó el Palacio Municipal a fin de que ella no rindiera protesta.

Desde entonces, Pablo Anica Valentín ha hecho todo lo posible para que la presidenta municipal no pueda realizar las funciones para las cuales fue electa. Por ejemplo, se llevó a su domicilio la patrulla, la ambulancia, el camión para recoger la basura y otro vehículo, todos propiedad del Ayuntamiento y utilizados para dar servicios a la comunidad.

Sumado a esta violencia, el síndico destituyó a la tesorera nombrada por la alcaldesa, acción que fue avalada por la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca, por lo que de enero a mayo Samantha Caballero no recibió recursos públicos destinados al municipio, lo que provocó que denunciara estas acciones ante las autoridades electorales para que éstas garantizaran sus derechos como funcionaria pública. 

Esta mañana, acompañada por el “Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres”, la alcaldesa se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el TEEO el pasado 11 de octubre y en la cual se favorece a su principal agresor.

La integrante del Colectivo, Anabel López Sánchez, expuso a Cimacnoticias que la sentencia de la autoridad electoral obedeció a un juicio presentado por el síndico, quien se quejó porque la alcaldesa llamó a su suplente para ejercer funciones de gobierno cuando al parecer esa acción es facultad exclusiva del Congreso del estado.

Caballero Melo explicó que después de tres sesiones de cabildo, a las cuales los síndicos y regidores no se presentaron, la ley municipal la faculta para llamar a los suplentes con el objetivo de no detener las labores y continuar los trabajos de gobierno, lo que acató pues sus agresores no estaban dispuestos a ejercer sus respectivos cargos.

Además de Anica Valentín, los regidores Eloi Bernardo Vargas, María Elena González Arellanes y María Rentería Silva, nunca se presentaron a laborar en el municipio.

Después de ser prácticamente destituido, Anica Valentín presentó un juicio ante el Tribunal Electoral estatal alegando que él fue quien ganó la contienda y debería tener el cargo. El 11 de octubre el TEEO le dio la razón al determinar que el Ayuntamiento no tiene facultades para llamar a los suplentes y ordenó invalidar las actas de sesión de cabildo donde se les tomó protesta así como pagar los sueldos caídos al síndico y regidores.

En este proceso, que Caballero Melo y López Sánchez consideran violencia política, la alcaldesa presentó una controversia constitucional en contra de la autoridad del estado argumentando que en su sentencia invade competencias porque como órgano electoral no puede pronunciarse por actos administrativos como las actas de sesión y mucho menos invalidarlas. 

Además agregan que el pasado 24 de marzo la presidenta municipal presentó un juicio ante el Tribunal Electoral local por los actos de violencia que padeció. En aquella ocasión, el organismo emitió una sentencia en la que reconoció la existencia de violencia política de género, consideración que fue ratificada el 27 de abril por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las activistas también denunciaron la inacción del Congreso de Oaxaca que desde marzo recibió una solicitud de revocación de mandato en contra del síndico Pablo Anica Valentín, petición firmada por más de 500 ciudadanos; y desde mayo tiene otra solicitud de la alcaldesa también pidiendo la destitución de su principal agresor. Hasta la fecha no hay respuesta. 

17/AGM/LGL