Presupuesto para la igualdad

Tras el trabajo de incidencia de las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, el pleno de la Cámara baja aprobó este fin de semana un presupuesto de 47 mil 918 millones de pesos (mdp) para los programas de igualdad, mientras el Ejecutivo había propuesto 28 mil 93 millones de pesos para cerrar las brechas de género.

Este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó otorgar 28 mil mdp para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobado para este año cuando recibió poco más de 27 mil mdp.

El proyecto planteaba un incremento de apenas 2 por ciento lo que llevó a legisladoras y mujeres organizadas a denunciar la disminución real de los recursos etiquetados, creados desde 2008 para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas.

En octubre las diputadas Laura Plascencia Pacheco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hortensia Aragón Castillo, de la Revolución Democrática (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano (MC), llamaron a unir esfuerzos para recuperar el objetivo de los recursos etiquetados.

En una reunión con organizaciones civiles las legisladoras señalaron que a una década de que se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para fomentar la igualdad, este mecanismo no estaba cerrando las brechas de desigualdad.

En 2008 se destinaron 9 mil 631.4 mdp para dicho Anexo y para 2017 la cifra ascendió a 27 mil 424.6 mdp, lo que representa una tasa media de crecimiento anual real de 12.3 por ciento, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado.

Las diputadas destacaron que había programas que no estaban enfocados en promover la igualdad, como los apoyos sociales otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o los cursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Finalmente este 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2018 con un incremento de 68 por ciento al propuesto para programas que impulsan la igualdad entre mujeres y hombres.

Así el monto se duplicó al pasar de 28 mil 93 mdp propuestos por el Ejecutivo a 47 mil 918 mdp. El mayor presupuesto de igualdad de género.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada Plascencia Pacheco, declaró que este presupuesto beneficiaría a las mexicanas porque considera incrementos a los montos para garantizar una vida libre de violencia y el empoderamiento económico, entre otros temas.

El decreto de PEF, que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, especifica que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revisará las Reglas de Operación de los programas del Anexo 13, a fin de verificar su alineación con los compromisos internacionales ratificados por México.

Con las modificaciones realizadas por el Legislativo, incrementan montos a programas como el de “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que tenía proyectado 144 mdp y que ahora recibirá 256 mdp.

Con ello deberá diseñar la política pública en materia de igualdad; encargarse de la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

El programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, también tuvo incremento, contará con 2 mil 321 mdp. Con estos recursos el Centro deberá disminuir la mortalidad por cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, cáncer de ovario y cáncer de pulmón a través de la atención, la investigación y la adquisición de material; también deberá capacitar en servicios de planificación familiar y compra de anticonceptivos así como en acciones a favor de la salud perinatal y durante el embarazo, entre otras.

En contraste, el Ramo 20 de Desarrollo Social, criticado por organizaciones civiles por enfocarse en programas asistencialistas, seguirá concentrando el presupuesto de igualdad pues de tener una proyección de 11 mil mdp ahora recibirá casi el doble, con 20 mil mdp.

Los recursos de la Sedesol han ido incrementando. Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, detalla que de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento. Para 2018 el programa con más recursos de Sedesol será el de Pensión para Adultos Mayores que recibirá una bolsa de 14 mil 658 mdp.

Según el dictamen del PEF, se recibieron 58 peticiones para incrementar 5 mil 345 mdp en materia de igualdad de género. Durante la discusión del decreto se presentaron por lo menos cuatro reservas para aumentar recursos a programas de salud y violencia contra las mujeres; sin embargo ninguna fue aprobada.  

Por ejemplo la diputada de Morena, Concepción Villa González, presentó una reserva para aumentar 103 millones 676 mil 903 pesos al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva y 11 mdp a la prevención del embarazo en adolescentes. Ambas fueron rechazadas.

La legisladora también planteó aumentar 8 millones 240 mil 206 pesos en el programa para el Desarrollo de Profesional de Docentes, enfocado a sensibilizar y formar al personal de servicio profesional docente para contribuir y mejorar las prácticas educativas con perspectiva de género, pero también fue descartada.

El diputado de Morena, Renato Molina Arias, criticó que para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres se propuso destinar solo 144 mdp, menos que hace un año, cuando se destinaron 171 mdp a este rubro, por ello propuso un incremento de 150 millones de pesos adicionales a los dictaminados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero la reserva no se admitió.  

A fin de transparentar el destino de los recursos el decreto también señala que una vez publicado el documento, el Inmujeres debe comunicar a cada dependencia y entidad los montos detallados por programa presupuestario y unidad responsable del ejercicio de los recursos.

17/AGM/LGL

El próximo año la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría concentrar 39 por ciento de los recursos destinados a la igualdad de género toda vez que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone otorgarle 11 mil 50 millones de pesos (mdp).

Desde 2008 cuando se creó el gasto etiquetado para cerrar las brechas de desigualdad, Sedesol es la secretaría de Estado que recibe más recursos del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tendencia que podría continuar el siguiente año. 

En el proyecto de presupuesto que analiza la Cámara de Diputados  contemplan 11 mil 50 millones de pesos (mdp) para el Ramo de Desarrollo Social, es decir, 434 mdp más que los que recibió este año cuando obtuvo 10 mil 615 mdp.

Estos recursos se ejercen en la operación de seis programas destinados a mejorar la vida de las mexicanas: Articulación de políticas integrales de juventud; fomento a la economía social; coinversión social; el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y pensión para adultos mayores.

Sedesol ha ido incrementando su presupuesto año con año, por ejemplo, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 2016 a 2017 tuvo un crecimiento real de 53.6 por ciento.

MÁS RECURSOS A PENSIONES

La bolsa destinada a Desarrollo Social se concentra en el programa “Pensión para Adultos Mayores” y “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, los cuales en 2017 representaban 87.5 por ciento de los recursos del Ramo.

La primera de estas políticas apoya a las personas, mujeres y hombres, de 65 años de edad en adelante que no reciban pensión mayor a mil 92 pesos mensuales por jubilación o de otro tipo.

La dependencia estima que en 2017 había aproximadamente 6.8 millones de personas que estaban en esta condición, de las cuales 3.1 millones eran mujeres y 3.7 millones hombres.

De acuerdo con el padrón de beneficiarios, 2 millones 54 mil 84 son hombres y 3 millones 98 mil 440 son mujeres, es decir, ellas conforman 60.13 por ciento de la población atendida por Sedesol.

Por otra parte, se proyectan recortes al PAIMEF, programa que otorga recursos a los institutos de las mujeres de los estados a fin de que operen y promueven acciones a nivel estatal y municipal para erradicar la violencia de género. Aun así se proyecta un monto de 263 mdp, una reducción de 40 mdp con respecto al año pasado cuando recibió 303 mdp. 

17/AGM/LGL

A una década de que se creó un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para fomentar la igualdad, este mecanismo no está cerrando las brechas ni mejorando la vida de las mujeres por lo que diputadas de distintos partidos políticos coincidieron en la necesidad de replantear cómo se distribuyen estos recursos.

Las diputadas Laura Plascencia Pacheco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hortensia Aragón Castillo de la Revolución Democrática (PRD) y Candelaria Ochoa Ávalos de Movimiento Ciudadano (MC) llamaron a unir esfuerzos para recuperar el objetivo de los recursos etiquetados, así lo señalaron durante una reunión que realizaron con integrantes del Frente Feminista Nacional.

En 2008 la Cámara de Diputados comenzó a asignar recursos para dar cumplimiento a las demandas feministas que señalaban la necesidad de destinar dinero a las acciones para fomentar el ejercicio de derechos como salud o vivienda, combatir la violencia de género y fomentar la participación económica de las mujeres, entre otros temas marcados en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De acuerdo con la investigación “Evolución del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres”, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, desde 2008 el Anexo específico para igualdad ha ido en aumento.

En 2008 se destinaron 9 mil 631.4 millones de pesos (mdp) para igualdad y para 2017 la cifra ascendió a 27 mil 424.6 mdp lo que representa una tasa media de crecimiento anual real de 12.3 por ciento.

Sin embargo, destaca el estudio, estas erogaciones representan apenas 0.6 por ciento del gasto neto total aprobado en este lapso; a esto se suma el subejercicio de recursos, eliminación de programas o programas sin indicadores que midan su impacto. Sin embargo, el decreto de presupuesto de cada año indica que el Instituto Nacional de las Mujeres debe entregar reportes trimestrales del gasto en igualdad a la Cámara de Diputados.

Después de 10 años de recursos etiquetados la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Plascencia Pacheco, dijo que el objetivo se ha desvirtuado pues desde hace algunos años el proyecto que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados para su aprobación, incorpora programas que no están relacionados con la igualdad.  

La legisladora dijo que hay programas sin indicadores que midan el impacto real de los montos aunque en general el presupuesto tiene indicadores de gestión que no evalúan los resultados. Por ejemplo, en su opinión el programa de guarderías que opera la Secretaría de Desarrollo Social es un derecho social y no una acción afirmativa por lo consideró que no debería estar en el Anexo 13.

Otra dependencia que recibe recursos del Anexo 13 es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que en el proyecto de presupuesto de 2016 presentó un incremento nominal de 28.39 por ciento respecto al presupuesto asignado en 2015 cuando recibió poco más de 2 mil 891 millones mdp.

Plascencia Pacheco señaló que falta mucho por hacer porque todavía se siguen etiquetando recursos para programas que no están relacionados con la igualdad mientras que otros programas que sí están encaminados a combatir la violencia de género no alcanzan ni 10 por ciento del total del Anexo 13, aunque no mencionó cuánto dinero representa esté porcentaje ni a qué programas se refería. 

En la reunión con activistas que se realizó a finales del mes de octubre, la diputada Hortensia Aragón señaló que el Anexo 13 ha perdido el sentido por el cual fue creado, por ello destacó que hay que recuperar su versión original encaminada a compensar la falta de perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

A decir de la legisladora perredista hay que mantener el presupuesto etiquetado para la igualdad pero también es necesario repensar hacia dónde se destinan los recursos y dejar de especular que estos montos deben ser distribuidos en programas que atienden a mujeres y hombres, sólo deben estar las acciones enfocadas en las ciudadanas, consideró.

Sin embargo señaló que lo más difícil es dar seguimiento al ejercicio de los recursos porque una vez asignados la Cámara de Diputados tiene una capacidad limitada para revisar el impacto en la vida de las mujeres, y es que si bien reciben reportes trimestrales, estos documentos deben ser cotejados por un equipo experto.

Es de destacar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2018 tiene previsto alrededor de 28 mil millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobada para este año. Sin embargo en términos reales, es decir, tomando en cuenta la variación de los precios de un año a otro, es un incremento de sólo 2 por ciento.

Al respecto la diputada Candelaria Ochoa dijo que hace 10 años se logró crear el Anexo específico dentro del presupuesto federal pero advirtió que actualmente, como sucede con los Institutos de las Mujeres, no está respondiendo a la necesidad de combatir la desigualdad.

Según un análisis de la legisladora el actual Anexo 13 representa apenas 0.5 presupuesto general a pesar de que las mexicanas son el 52 por ciento de la población.

Ochoa Ávalos señaló además que las Secretarias de Estado son quienes deciden cuánto destinan a cada programa o proyecto y allí no hay intervención de las legisladoras, quienes tienen que cabildear con otros diputados y comisiones para evitar los recortes.

En este caso el PPEF aún debe ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados el próximo 15 de noviembre.

La diputada de MC señaló que hay que hacer un análisis serio y puntual de en qué se ejerce el Anexo 13 y revisar cuales son las razones para dar más dinero a ciertas acciones, a fin de verificar, por ejemplo, por qué la Sedatu recibe recursos de este Anexo para realizar capacitaciones sobre violencia de género cuando su tarea es el desarrollo urbano.

Las legisladoras coincidieron en que es necesario tener una contraloría ciudadana, como lo propuso el Frente Feminista Nacional, propuesta que está en análisis ahora que se revisa la integración del presupuesto para 2018.

17/AGM

Mientras el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que analiza la Cámara de Diputados, contempla recortes a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, también propone incrementos a dependencias que no fueron creadas para promover la igualdad de género.

El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PPEF propone aumentos a programas operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por las Secretarías de Energía (Sener) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencias que no tienen como mandato principal cerrar las brechas de género.

De acuerdo con el documento, que debe ser aprobado el próximo 15 de noviembre, el DIF recibiría de la Secretaría de Salud 52 millones 112 mil 370 pesos para el programa de Apoyos para la “protección de las personas en estado de necesidad”, política pública que otorga apoyos económicos o en especie a la ciudadanía.

En 2017 este programa recibió 19 millones 58 mil 443 pesos y para 2018 podría recibir 25 millones 112 mil 370 pesos, es decir, un incremento de 173 por ciento.

Sin embargo las acciones de este programa tampoco se enfocan en las mujeres toda vez que tiene una población objetivo de 2 mil 620 mujeres y 2 mil 620 hombres. Según los informes que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), al primer trimestre de este año se atendió a 621 mujeres y 528 hombres.

Destaca que en el Anexo 13 -creado en 2008 para promover el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres- contempla aumentar los recursos para el programa de Infraestructura de Sedatu, una dependencia encargada de atender las demandas de vivienda y urbanización.

A través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios y la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, Sedatu opera este programa que en 2017 recibió 397 millones 531 mil 191 pesos y que tiene planeado recibir una bolsa de 475 millones 394 mil 841 pesos.

Aunque el objetivo de esta política es mejorar las condiciones en las que viven las mujeres, en realidad los recursos se utilizan (de acuerdo con la información que la dependencia entrega en sus informes trimestrales a la SHyCP) para dar cursos y talleres sobre el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias; para prevenir la violencia en el noviazgo, la violencia familiar y prevención de embarazos en adolescentes, actividades que también realizan los institutos estatales de las mujeres; el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud.

Otra de las dependencias con un aumento de recursos para operar dos programas, es la Sener: el de Actividades de apoyo administrativo y el de Coordinación de la política energética en electricidad.

A través del primer programa se realiza capacitación “que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género”, el cual obtuvo 8 mil 649 pesos y que ahora recibiría 25 mil pesos. El segundo programa consiguió 286 mil 371 pesos este año y ahora se le otorgaría un millón de pesos.

Estos recursos se ejercen para la operación de la Unidad de Igualdad de Género de la dependencia y en acciones para fomentar una cultura institucional de igualdad y capacitación que promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.

Mientras el Ejecutivo a través de la SHyCP propone estos incrementos, otros programas tienen recortes, como el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que pasará de 171 mdp en 2017 a 144 mdp en 2018.

Por medio de la operación de este programa la Conavim tiene la tarea de diseñar la política pública en materia de igualdad; la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y realizar acciones para la implementación de las Alertas de Violencia de Género.

Este año el gasto para las “Acciones de coadyuvancia para las Alertas de Género” tuvieron un presupuesto de 23 millones 100 mil 216 pesos pero para 2018 tendrían 8 millones 245 mil 84 pesos, es decir un recorte de 64 por ciento a pesar de que hasta el tercer trimestre de este año la Conavim admitió seis solicitudes de declaratoria de AVG.

17/AGM/LGL

Durante los cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto se han recortado cerca de 40 mil millones de pesos (mdp) al presupuesto del sector salud por lo que organizaciones civiles pidieron a la Cámara de Diputados que no avale un recorte más en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF).  

La Red de Acceso para la defensa del presupuesto de salud, integrada por 15 organizaciones que representan a pacientes y trabajan por el derecho a la salud, advirtió que el proyecto de PEF del próximo año propone un recorte de por lo menos 13 mil mdp en comparación con el monto aprobado hace dos años, en 2015, cuando se asignaron casi 135 mil mdp.

En una reunión realizada la semana pasada con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las organizaciones dijeron que es necesario fortalecer el sistema nacional de salud para que pueda actuar de manera rápida ante cualquier contingencia y para que día a día garantice el bienestar de la ciudadanía.

La Red de Acceso, integrada por organizaciones como Trasplante y Vida, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística o la  Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide,  recordó que la salud es un derecho garantizado por los Artículos 1 y 4 constitucional.

Para estas asociaciones la falta de recursos se transforma en graves deficiencias en la atención de la ciudadanía ya que clínicas y hospitales rebasan su capacidad o pasa mucho tiempo para que las personas sean atendidas por médicos especialistas a pesar de que requieren de atención inmediata.

Precisaron que los montos son necesarios para garantizar personal, material, instrumental, medicamentos e infraestructura por lo que exhortaron al legislativo federal a garantizar que el presupuesto aprobado en salud para 2018, por lo menos no disminuya y se sostenga cada año.

Si bien el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, documento que contempla los montos destinados a cerrar las brechas de desigualdad, proyecta alrededor de 5 mil 287 mdp para salud, también incluye recortes a áreas como salud materna, sexual y reproductiva.

En este contexto, la Red de Acceso señaló que debido al crecimiento poblacional y la demanda epidemiológica, los recursos planteados en el proyecto de PEF 2018 son insuficientes para atender las necesidades, más cuando México es de los países que menos invierten en salud, ya que en este rubro de inversión ocupa el lugar 32 de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las organizaciones también plantearon que en México el gasto de bolsillo, es decir lo que la gente paga por atención médica, representa 45 por ciento de total del gasto en salud, lo que significa que ante la falta de inversión del gobierno, las personas gastan más para cuidar su vida y la de sus familias.

La Red de Acceso también apuntó la urgencia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los recursos destinados a salud cubran la demanda epidemiológica y calidad en los servicios.

17/AGM/LGL

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 prevé alrededor de 28 mil millones de pesos (mdp) para el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es decir, 668 mdp más que lo aprobado para este año.

Aunque al parecer hay un ligero aumento del presupuesto etiquetado para promover la igualdad y hacer frente a la violencia de género, el PPEF enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también contempla recortes a rubros como Gobernación y Salud.

En 2016 la Cámara de Diputados aprobó en el Anexo de igualdad un monto de 213 millones 185 mil 374 pesos para la Secretaría de Gobernación. Esos recursos se usarían para seis programas enfocados a prevenir la violencia de género y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

Para el próximo año este mismo rubro tiene previsto un recorte al contar con 179 millones 754 mil 388 pesos. Entre los programas afectados está el de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y que tendría 144 mdp cuando este año obtuvo 171 mdp.

La Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación, tiene entre sus tareas la construcción  y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, la atención de casos de violencia a través de una línea telefónica y la tramitación de las solicitudes de Alertas de Violencia de Género.

Otro programa afectado será el de Derechos Humanos que este año contó con 19 mdp y que tiene previsto 12 millones 972 mil pesos. En este programa presupuestario está involucrada como dependencia coordinadora la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob.

En el rubro de salud de las mujeres también hay recortes toda vez que en este 2017 se aprobaron 5 mil 132 millones 523 mil pesos y aunque para el siguiente año se prevén 5 mil 287millones 655, dos de los programas que tendrán menos recursos son el de Rectoría en Salud y el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva.

Este año el programa de Rectoría en Salud, que se enfoca en la planeación y desarrollo de infraestructura en salud, obtuvo mil 739 mdp pero para 2018  se prevé una reducción al pasar a  mil 663 mdp.

También con recortes está el programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), pues para el siguiente año se consideran dos mil 128 mdp mientras que este año recibió dos mil 129 mdp.

Desde 2003 el CNEGySR coordina los programas relacionados con salud reproductiva, salud materna y perinatal, Cáncer de Mama y Cérvico Uterino, planificación familiar y salud reproductiva de adolescentes.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano que puede opinar sobre el diseño del PPEF a fin de que en la discusión y aprobación del presupuesto se hagan recortes o ampliaciones.

17/AGM

Ni una más, Ni una menos

Tal parece que no se quiere entender ni atender el grave problema de la violencia contra las mujeres. Decir que la provoca la cultura patriarcal y el machismo es decir todo y no decir nada, sobre todo no hacer nada para resolver esta problemática que va creciendo. Es como cuando se dice que la corrupción es “cultural”, significa impunidad y proteger la corrupción.

Se han vuelto afirmaciones “deterministas”, como si ese fuera el destino fatal de las mujeres, sin remedio. Por fortuna no es cierto.
Una de las principales causas de esta violencia rampante es la desigualdad de género. Desigualdad que abarca todos los ámbitos y esferas de las mujeres y que es nacional. Es económica, laboral, política; represiva si la mujer se atreve a tomar decisiones sobre su cuerpo; sin atención a su salud sexual y reproductiva; acompañada de discriminación social. En fin, una amplia brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas.

Pero las medidas correctivas para esta desigualdad -que aplica el Estado- son muy limitadas y a todas luces insuficientes, o simplemente inexistentes.

El mejor ejemplo de esta situación es el Gasto Público etiquetado en programas para la “igualdad de género” que año con año presenta al Congreso el Ejecutivo, en el Paquete Económico, el llamado Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que comprende y abarca a todas las entidades del Sector Público.

Los recursos que se destinan a las mujeres son muy escasos y además crecen anualmente muy poco, definitivamente no se quiere resolver la brecha de género y eso es responsabilidad del Estado, involucra a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Del poder Judicial es mejor no hablar porque la cuestión empeora.

Con el agravante de que en este país esa desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y el feminicidio se dan en un entorno de una amplísima desigualdad de ingresos, acompañada de pobreza feminizada.

Sin duda eso debilita y ha debilitado a la sociedad civil y desde luego a las organizaciones de mujeres. Pero aún así no dan tregua y pelean por sus derechos (el de una vida libre de violencia). Para que estos recursos del gasto público crezcan, lleguen efectivamente a los programas para los que fueron etiquetados.

Una breve revisión de estos presupuestos (2012-2018) indica que su crecimiento anual cada vez es menor, como se aprecia claramente en la gráfica. En el período 2012-2014 tuvo incrementos anuales importantes. Sin embargo a partir de 2015 su tendencia ha sido decreciente, al punto de que para 2018 se proyecta un aumento de este gasto de únicamente el 3.0 por ciento, con 28 mil 093 millones 091 mil 287 pesos.

Ver gráfica aquí

Este proyecto para la igualdad propone para el próximo año más de cien líneas programáticas. Ya sea por su importancia para alcanzar la igualdad o por el monto de los recursos asignados destacan:
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, cuya asignación es menor en 27 millones de pesos a la que se ejerce en este año, a pesar de la trascendencia que reviste para las mujeres este programa que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

A juzgar por los resultados que mostró recientemente la encuesta sobre las relaciones en los hogares que aplicó Inegi, -donde se dice que más del 60 por ciento de las mujeres es o ha sido víctima de violencia-, y después de ver en los medios las que han sido y son asesinadas, es más que evidente que este programa no está dando resultados; si bien tiene muy pocos recursos (179 millones 754 mil 388 pesos), seguramente no debe ser la única razón.

Los primeros en aplicar violencia y desapariciones o secuestros de mujeres es la policía federal, que justamente depende de Gobernación, no predica con el ejemplo el Secretario de esa dependencia.

También está el programa de apoyos a pequeñas productoras, a cargo de Sagarpa, básico para la mujer rural. En la Secretaría de Educación el programa nacional de Becas, aquí la propuesta para 2018 contempla un crecimiento en su asignación, afortunadamente.

En el caso de Salud no se puede decir lo mismo. Salud materna, sexual y reproductiva, así como las estancias infantiles para apoyar a las mujeres trabajadoras están con asignaciones menores a las que tienen actualmente. Ambos programas son fundamentales para la igualdad de género, ya de por sí sus recursos son muy bajos (237 millones 423 mil 927 pesos en estancias). Estos programas lo que necesitan es crecer, por lo menos en la programación de sus recursos para el próximo año.

Cabe aclarar que el total del estimado para guarderías a cargo de: Salud, Desarrollo Social y el IMSS asciende a 16 mil 215 millones 908 mil 406 pesos, implica un crecimiento del 10 por ciento respecto al presupuesto actual, gracias al IMSS.

Igual son insuficientes, entre otras razones porque la mayoría de las mujeres trabajadoras con hijos pequeños no tienen acceso a esta institución de Seguridad Social.

En conclusión, ni los recursos ni las acciones están acordes con las necesidades actuales de la mayoría de las mujeres del país (más de la mitad de la población), pero igual hay que defenderlo y claro, buscar que mejore. Es vital contar con un gasto público destinado a la igualdad de género.

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL

Para que el desarrollo se extienda a todas las personas en el mundo se requiere de financiamiento adecuado. Lograr que las mujeres se suban al tren del desarrollo, necesita además voluntad política que se refleje en financiamiento que les garantice condiciones de igualdad.
 
Ese fue el mandato que los gobiernos asumieron tras la  Cumbre Mundial sobre Financiación para el Desarrollo que organizó el año pasado Naciones Unidas y en la cual participó, por supuesto, nuestro México.
 
La Cumbre pretende poner los pisos necesarios para acabar con las desigualdades regionales, mundiales, de género, y todas las existentes que perviven hoy en día, busca que en 15 años nuestro mundo sea un mundo más igual para todas las personas.
 
Pero en México vamos en contrasentido al mandato mundial. Al compromiso de construir un desarrollo parejo para todas y todos, México se atora.
 
El reciente paquete económico que entregó el nuevamente secretario de Hacienda José Antonio Mead Kuribreña, muestra que las mexicanas tendremos menos dinero para salir de la desigualad.
 
El recorte presupuestal para 2017 afecta por lo menos ocho rubros destinados a las mujeres. Prevención y atención de la violencia, atención de su salud sexual y reproductiva, educación y programas para igualdad de género; todos ellos tendrían 452 millones de pesos menos que en 2016.
 
A ello se suma la poca claridad y transparencia. Por ejemplo, en el gasto para la igualdad entre mujeres y hombres, que se incrementa en 863 millones de pesos, se incluyen sectores como regulación y permisos de hidrocarburos, que bien a bien, aún no logró encontrar la conexión con la igualdad.
 
En la propuesta de presupuesto de egresos para 2017 las tijeras llegaron con todo al anexo 13, el cual se logró gracias al movimiento feminista hace una década para garantizar financiamiento para el desarrollo de las mexicanas.
 
Pese a todas las declaraciones hechas por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la importancia de eliminar la violencia contra las mujeres, para el próximo año se destinarán 60 millones menos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, lo cual afecta directamente el trabajo de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, alojada en la Secretaría de Gobernación.
 
Una de las áreas con  mayor recorte es el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que apoya a los Institutos Estatales de las Mujeres y a las dependencias en general para lograr un piso común de igualdad para las mexicanas.
 
A este programa se le cortó casi la mitad de sus recursos, es decir,  de 323 millones de pesos destinados en 2016 ahora se proyecta que opere con 173 millones.
 
Otro bloque fundamental tiene que ver con la educación, y en este rubro también la tijera llegó. La Secretaría de Educación Pública tuvo 14.5 millones de pesos este año para el programa “Políticas de igualdad de género en el sector educativo” pero para 2017 sólo se le asignarían 10 millones.
 
La Secretaría de Salud tendría un recorte brutal en Salud materna, sexual y reproductiva de 2 mil 227 millones de pesos, por lo que en 2017 se proyecta que tenga 98 millones.
 
Estas no son buenas noticias para 52 millones de mexicanas que todavía viven en la desigualdad y requieren subirse al tren del desarrollo con urgencia, máxime si la crisis nacional está tocando la puerta. Ninguna nación tendrá un buen desarrollo si sigue condenando a por lo menos la mitad de su población a la desigualdad.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL