Adriana Martínez Campuzano

Un equipo de forenses independientes intervino terrenos de Cañaveral de Puntilla en Tamuín, San Luis Potosí, el 22 y 23 de junio, para localizar los restos óseos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, autor de otros cuatro crímenes.
 
No tuvieron éxito, ya que posiblemente las pruebas se perdieran debido a que la autoridad tardó dos años para concretar la diligencia.
 
En febrero pasado se confirmó la identidad de Rosa María Sánchez a partir de un análisis de siete huesos localizados tres años atrás, cuando Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del Ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años entre 2010 y 2014, y arrojado los cuerpos en Cañaveral de Puntilla.
 
Saber que los restos eran de la menor de edad permitió que el ex militar fuera procesado por asesinarla, pero aún se necesitan recabar más pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y se pueda comprobar el crimen. Para eso se realizó la búsqueda los días 22 y 23 de junio, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el abogado coadyuvante del caso, David Peña Rodríguez.
 
DILATACIÓN DE LA PROCURADURÍA LOCAL
 
En 2014, cuando el feminicida fue detenido, los forenses de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) no concluyeron la búsqueda de los restos óseos de Rosa María al argumentar que las condiciones del terreno no eran las óptimas.
 
Dos años después la búsqueda se reanudó ante la exigencia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), organización que acompaña legalmente los cinco casos.
 
En ese momento, la organización denunció que los especialistas de la Procuraduría local fingieron la búsqueda; no llevaban las herramientas necesarias, y no delimitaron ni resguardaron el lugar de los hechos, por lo que propusieron a un equipo de forenses independientes del estado de Michoacán para concretar las diligencias que omitió las autoridades del estado.
 
En este rastreó también participó personal de la Procuraduría local, autoridades municipales, el Grupo de Acción y familiares de la víctima.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS
 
Los resultados de este rastreo también eran claves para sustentar el asesinato de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, ya que el Poder Judicial local y la PGJSLP informó en mayo a la defensoría que perdió las evidencias de la investigación, por lo que caso corre el riesgo de quedar impune.
 
“Eso nos preocupa porque esos dos casos están en investigación, es decir, si se tienen buenos dictámenes periciales se puede avanzar”, señaló David Peña, integrante del Gadh.
 
El abogado expresó que para recuperar los restos de Rosa María o alguna evidencia, se enfrentan a condiciones adversas por el estado del terreno que se utiliza para siembra. La familia de la menor de edad decidió no desistir y se programará otra búsqueda en la que participen forenses de la Procuraduría, colectivos de búsqueda de personas, pero ya sin el equipo independiente.
 
“No lo podemos descartar es parte importante para la tranquilidad de la propia familia”, dijo David Peña.
 
PREPARAN QUEJA ANTE COMISION DH
 
El abogado adelantó que están preparando una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la pérdida del material probatorio en el caso de Adriana, “Hicimos un recuento de las pruebas que el Ministerio Público entregó al juez, ahí se perdieron los elementos de prueba”, expresó.
 
Este organismo presentó este año un informe especial donde determinó que la Procuraduría investigó mal los cinco casos. Y ordenó al Gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
Estas acciones las reafirmó la Secretaría de Gobernación el 21 de junio con el decretó de la Alerta de Violencia de Género para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
 
Asimismo, la defensa presentará un amparo para fijar la responsabilidad de los servidores públicos encargados de resguardar los objetos de prueba.
 
En tanto, el ex militar está en espera de sentencia en un penal de máxima seguridad en Durango, únicamente por tres asesinatos: el de Itzel Romaní Castillo de 11 años, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años.
 
17/HZM/GG

Los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en San Luis Potosí, están desde ayer bajo el decreto de Alerta de  Violencia de Género (AVG), solicitada desde 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Con este decreto, suman tres las AVG declaradas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en sólo 48 horas, el 20 y 21 de junio,  aunque fueron solicitadas en años diferentes.
 
En Colima fue solicitada AVG en 2014 y el decreto se hizo apenas el martes pasado; en Guerrero se pidió en junio de 2016 y se decretó ayer por el Gobernador, lo que fue confirmado hoy por Segob, y en San Luis Potosí la petición fue en 2015 y se decretó también ayer.  
 
En San Luis Potosí, la AVG derivó de la solicitud presentada por  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 23 de noviembre la 2015, ante el Sistema Ejecutivo para decretar la Alerta en estos seis municipios.
 
El organismo defensor de los DH presentó también el “Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidio en San Luis Potosí”, donde detalló que de 2011 a esa fecha registró 169 asesinatos violentos de mujeres.
 
POR QUÉ LA ALERTA EN SLP
 
La Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha denunciado las irregularidades en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia de San Luís Potosí (PGJSLP) en la investigación de casos de feminicidio, como sucedió con el de cuatro menores de edad y una mujer adulta de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 en Tamuín, por el ex militar Filiberto Hernández Martínez.
 
Para este caso, seguido por Cimacnoticias, la CEDH emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría estatal por investigar mal los cincos casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias.
 
Como consecuencia, la Procuraduría y el Poder Judicial locales perdieron la evidencia de una de las víctimas de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, y sólo recolectó siete huesos de la niña de 15 años, Rosa María Sánchez, enterradas en un lote baldío en Ciudad Valles. Se trataba de pruebas fundamentales para vincular a proceso al agresor que actualmente está en una prisión de máxima seguridad en Durango, pero aún sin sentencia.
 
Otro caso de feminicidio emblemático en la entidad es el de Karla Pontigo Lucciotto, quien fue asesinada en junio de 2015 en la discoteca donde trabajaba, pero su caso juzgado como “homicidio accidental”.
 
La defensa del caso argumentó 42 omisiones de distintas dependencias de la PGJSLP en la investigación,  por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y actualmente lo analiza para determinar si se debe investigar como feminicidio.
 
OBLIGACIONES DEL ESTADO BAJO AVG
 
Tras la presentación de la solicitud de AVG para San Luis Potosí, el Grupo de Trabajo hizo ocho recomendaciones al Gobierno estatal para el caso de Tamuín: ordenó al gobierno de Juan Manuel Carreras López crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. 
 
Tanto la fiscalía como el protocolo debieron crearse a partir de abril de 2016, como debieron cumplirse también las restantes recomendaciones, que incluyen: 
 
1) Instaurar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justica.  2) La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
3) La creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.
4) Armonizar su normativa en materia de género.
5) Capacitar y profesionalizar al personal público en perspectiva de género y Derechos Humanos.
6) Realizar campañas de prevención de violencia de género para la población en general.
 
A partir de la AVG, el gobierno de San Luis Potosí ya fue  informado, asegura Segob en un comunicado- de que está obligado a establecer  una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
 
17/HZM/GG
 

El feminicidio de la niña de 13 años Adriana Martínez Campuzano podría quedar en la impunidad, y su asesino, el ex militar Filiberto Hernández Martínez absuelto por el caso, luego de que el Poder Judicial de San Luis Potosí, perdió la evidencia que estaba bajo su resguardo, fundamental para vincular y procesar al agresor.
 
“Es preocupante en términos de acceso a la justicia y preocupa porque es responsabilidad del Poder Judicial de San Luis Potosí salvaguardar la evidencia”, informó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien detalló que de todos los elementos que existían para vincular al feminicida, sólo quedó una colchoneta a la cual no se le pudo hacer el peritaje porque no fue resguardada adecuadamente por la autoridades, lo que dejó al caso sin ninguna evidencia.  
 
Adriana Martínez Campuzano es una de las 4 menores de edad, además  de una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández, entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Su madre, Sandra Campuzano la reportó como desaparecida el 24 de mayo de 2011, después de que no regresó de la escuela.
 
Adriana fue acosada en repetidas ocasiones por el ex militar, ya que ella recolectaba dinero para la festividad del Día del Estudiante. Filiberto Hernández impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio. Su madre se enteró de acoso a través de sus amigas y empezó a notar que su hija comenzaba a aislarse de las personas y bajó de calificaciones en la escuela.
 
Un mes más tarde, el cuerpo de la niña fue encontrado en Cañaveral de Puntilla, pero fue hasta el 2014 cuando Filiberto Hernández fue detenido, por portar un arma exclusiva del Ejército, y  confesó el asesinato de las 5 víctimas. Declaró que golpeó, violó y asesinó a Adriana. Aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura en su detención y, por su parte, el juez de la Quinta Sala Penal determinó que no existían “pruebas suficientes” para continuar con el proceso del feminicidio de Adriana Campuzano.
 
DENUNCIARÁN ANTE CONSEJO DE JUDICATURA
 
Ante la omisión y negligencia de las autoridades en 2016 la familia de la víctima interpuso un amparo para que Filiberto Hernández  fuera nuevamente consignado por el caso. En enero de 2017, la familia ganó el recurso, sin embargo, ahora sin pruebas , es imposible que se puede terminar la culpabilidad del feminicida, por lo que la defensoría, dijo Micheel Salas, se prepara para presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura local, en contra las autoridades responsables del Poder Judicial.
 
Cómplices de esta negligencia, denunció la representante de los 5 casos de feminicidio, fue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí.  “Desde el mes de marzo insistimos en que la Procuraduría General resguardara la pruebas para realizar el peritaje, en este sentido también ellos fueron omisos en realizar su trabajo, no vemos que tengan la voluntad de hacer las cosas”, indicó.
 
Por lo tanto, Filiberto Hernández, quien está en prisión preventiva en Durango, podría ser sentenciado únicamente por tres de los asesinatos que cometió, ante el resultado negativo por tortura que arrojó el Protocolo Estambul, aplicado al feminicida en diciembre de 2016;  los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
 
“Esto podría terminar en que el sujeto salga libre por el caso de Adriana, cómo piensa la Procuraduría que puede ser procesado sin pruebas, a eso estamos llegando a sentencias a familias”, reiteró la abogada.
 
Y recordó que está pendiente otro caso, el de Rosa María Sánchez de 15 años de edad, a quien en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla donde el feminicida enterró a sus víctimas, pero falta la recolección del resto del cuerpo y el dictamen pericial necesario.
 
PÉRDIDA DE EVIDENCIAS, LA CONSTANTE
 
Desde la experiencia de la abogada, quien también litigó el caso de “Campo Algodonero”, la pérdida de evidencia por parte de las procuradurías y ministerios públicos es una constante en los casos de feminicidio que impide el acceso a la justicia, “no les importa cuidar las evidencias, no sabemos por qué se niegan en proteger la vida de las mujeres y proteger a los feminicidas”, aseveró.
 
Las irregularidades en el caso también han sido denunciadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en un informe especial sobre el caso de Tamuín determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
 
La Comisión también ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. Esta instancia además ha insistido en activar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en San Luís Potosí, solicitud que está pendiente desde noviembre de 2015, para los municipios de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
 
17/HZM/GG

Los familiares de Adriana Martínez Campuzano, niña de 13 años de edad, asesinada y violada en mayo de 2011 por el exmilitar Filiberto Hernández Martínez, ganaron el amparo interpuesto por sus abogados, para volver a investigar el delito, luego de que el feminicida fuera absuelto de la acusación por “falta de pruebas”.
 
Así lo explicó en entrevista telefónica, la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, quien agregó que los familiares fueron informados del fallo por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí.
 
Adriana Martínez Campuzano, es una de las 4 menores de edad y una mujer de 32 años, asesinadas por Filiberto Hernández Martínez entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. El 24 de mayo de 2011 su madre, Sandra Campuzano, la reportó como desaparecida, después de que no regresó de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un mes después en el Cañaveral de Puntilla, un lugar que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles, San Luis Potosí.
 
Filiberto Hernández Martínez fue detenido en octubre de 2014, por portar una arma de uso exclusivo del ejército, durante la detención, él confesó haber asesinado a las 5 víctimas, también señaló que enterró a las mujeres en el mismo lugar que Adriana.
 
Sin embargo, en el caso de Adriana, el juzgado lo exoneró del asesinato, después de que su defensa alegara que no existían pruebas de que él cometió el delito y que había sido torturado durante su declaración.
 
Desde 2014 el agresor permanece en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, únicamente bajo los cargos de tres asesinatos: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, toda vez que el caso de Rosa María Sánchez González, se encuentra pendiente de identificación.
 
Al ser absuelto del feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, los familiares de la víctima interpusieron un amparo en 2016 para volver a abrir el caso. Al otorgar el amparo a la familia, explicó Salas Rodríguez, la Procuraduría estatal otorgó un plazo de 6 meses para consignar el caso.
 
Esto “significa un avance importante porque de acuerdo con la legislación de San Luis Potosí, no existía la posibilidad de volver a presentar el caso ante un juez”, explicó la abogada.
 
Salas Rodríguez informó también que en las próximas semanas, se volverá a realizar la búsqueda y análisis de los restos óseos de la primera víctima del asesino serial, Rosa María Sánchez González de 15 años de edad, reportada como desaparecida el 29 de octubre de 2010.
 
Los restos óseos de Rosa María Sánchez fueron encontrados el 3 de julio del 2014, tras la confesión del feminicida, pero en ese momento sólo encontraron 7 huesos y no se continuó con la búsqueda.
 
Después de que el Gadh y los familiares de la víctima denunciaron irregularidades en la investigación y solicitaran una segunda búsqueda, serán forenses independientes del estado de Michoacán y propuestos por la organización, los que se encarguen de continuar con la búsqueda de los restos de la víctima y del análisis de ellos, comentó.
 
Asimismo, la abogada reportó que las autoridades de la PGJ hicieron una inspección durante la última semana de diciembre de 2016 en la camioneta donde el feminicida trasladaba a las víctimas y encontraron una alfombra con sangre y cabellos pertenecientes a las niñas, mismas que se encuentran en análisis.
 
La abogada, quien representa a las familias de las 5 víctimas de feminicidio, lamentó que hasta ahora se tuviera respuesta por parte de las autoridades cuando el caso surgió desde 2014.
 
Destacó que estos avances se presentaron gracias a la presión y trabajo de los familiares: “lamentablemente las familias y los medios de comunicación han tenido que estar presentes para hacer visible este caso y que las autoridades de San Luis Potosí pongan especial atención en él”.
 
Actualmente, el Gadh espera el dictamen pericial en materia de tortura del  “Protocolo de Estambul” porque el agresor denunció que fue torturado por parte de policías cuando fue detenido, “sin ese dictamen no se puede continuar con el juicio”, concluyó la abogada.
 
17/HZM/KVR

Adriana Martínez Campuzano era su nombre, tenía 13 años de edad. El 24 de mayo del 2011, su madre, Sandra Campuzano Nava, la reportó como desaparecida. Un mes después encontraron su cuerpo, pero fue hasta el 2014, que Filiberto Hernández Martínez confesó que la golpeó y asesinó, aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura y “por falta de pruebas”.
 
La familia Martínez Campuzano vivía en Aguascalientes, pero cuando Sandra Campuzano y su esposo Marco Antonio Martínez decidieron separarse, éste se fue a vivir a Tamuín, su ciudad natal. 
 
Tamuín es un municipio del estado de San Luis Potosí; ahí, Marco Antonio Martínez recibió a sus tres hijas y dos hijos durante las vacaciones de 2011, y como a ellos les gustó la Huasteca Potosina- lugar turístico donde los llevó a pasear su papá- decidieron pedirle a su mamá, Sandra Campuzano, mudarse a Tamuín.
 
La madre de Adriana hizo un acuerdo con su esposo, porque a pesar de estar separados, no quería que sus hijas e hijos dejaran de verlo.
 
Una vez instalados en Tamuín, Adriana, la segunda hija de la pareja conformada por Sandra y Marco Antonio, no tuvo problemas para adaptarse porque tenía buen promedio por su desempeño académico y no tardaron en proponerla como candidata a reina para la festividad del Día del Estudiante.
 
Tenía 13 años, estaba en primero de secundaria y para poder ganar su candidatura tenía que realizar “boteo” (colecta de dinero con cooperación voluntaria) para recaudar fondos para la festividad, dijo Sandra Campuzano en entrevista con Cimacnoticias.
 
Durante esas actividades que realizaba con sus compañeras y compañeros de clases- recuerda su mamá-conoció a Filiberto Hernández Martínez, un ex militar, que además impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio.
 
INICIA EL ACOSO
 
Sandra Campuzano contó que durante la colecta que su hija realizó con sus compañeras, Adriana fue acosada en varias ocasiones por Filiberto Hernández, situación que ella desconocía hasta que una amiga de su hija se lo contó.
 
Sólo notaba que Adriana se comportaba diferente, empezó a aislarse y su desempeño escolar bajó, lo que fue notorio para las y los docentes pues ella era una destacada alumna, por lo que una de las profesoras se entrevistó con Sandra para conocer qué pasaba.
 
Yo le pregunté qué le pasaba y ella me respondió “nada mamá, te prometo que esto va a pasar”, recuerda.
 
El 24 de mayo del 2011, Adriana salió de su casa a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. El trayecto -que se realiza a pie- de casa de Sandra a la escuela a la que asistía Adriana, dura 10 minutos. Antes de llegar a la escuela, Adriana acostumbraba a pasar por su compañera Berenice, pero ese día no llegó.
 
A las 13:45 horas, la madre de Adriana vio con preocupación que su hija no llegaba para comer, por lo que fue a la escuela donde le dijeron que la niña no había asistido a clases. Después fue con Berenice para preguntarle si sabía de ella y ahí supo que esa mañana-como acostumbraba- Adriana no pasó para ir juntas a la escuela.
 
Enseguida se dirigió a la policía municipal para reportar la desaparición de su hija pero ahí solamente recibió burlas, le dijeron que no se preocupara, que seguramente “se había ido con el novio”, cuando Adriana ni siquiera había tenido uno.
 
Como los policías municipales no respondieron a la solicitud de buscar a su hija, se fue al Ministerio Público; ahí le dijeron que tenían que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, pero tampoco se salvó de los mismos comentarios que recibió de la policía municipal.
 
Como la mayoría de las madres que se enfrentan a la misma situación, Sandra comenzó a investigar por cuenta propia; preguntó a las amigas y compañeras de clase para saber si alguien tenía información que le pudiera servir. Una de ellas le dijo que cuando hicieron el boteo Filiberto Hernández Martínez acosó a Adriana y que así siguió los días siguientes, que la seguía en su camioneta y la invitaba a subirse al automóvil.
 
Cuando la madre obtuvo la información del hostigamiento que vivía su hija por parte de Hernández Martínez, pidió al Ministerio Público que lo investigaran, pero a quienes investigaron fue a su esposo Marco Antonio Martínez y a ella.
 
El 11 de junio del 2011, un grupo de policías ministeriales acudió al domicilio de Sandra Campuzano para pedirle objetos o cabello de su hija, pues habían encontrado un cuerpo y querían contrastar el ADN.
 
Sandra se negó a darles lo que pedían, no quería que se tratara de su hija, pero tuvo que acudir a reconocer el cuerpo. Cuando lo vio, era evidente que se trataba de Adriana. La encontraron en un cañaveral de “Puntilla” sobre una colchoneta, amordazada con un calcetín, con señales de estrangulamiento y de violencia física y sexual.
 
En la autopsia que le realizaron, detectaron que tenía un golpe en la cabeza y que murió por asfixia. Sandra Campuzano continuó realizando investigaciones porque la policía no detenía, ni tomaba declaraciones de Filiberto Hernández Martínez, pero sí acosaron e intimidaron a los compañeros de clases de Adriana.
 
“El pueblo entero mantenía silencio, tenían miedo porque acosaban y torturaban a los compañeritos de Adriana, las madres y padres de los alumnos se sentían intimidados por la forma de actuar de los policías ministeriales”, recordó Sandra.
 
Fue hasta el año 2014 cuando detuvieron a Filiberto Hernández Martínez quien confesó que golpeó a Adriana para subirla a su camioneta, después la violó y la estranguló.
 
Sandra Campuzano interpuso una denuncia en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito (Cavid) de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del ex militar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
No obstante, la madre de Adriana -quien además de investigar por cuenta propia buscó asesoría legal- reiteró a Cimacnoticias, que la autopsia que le realizaron a su hija comprueba que la niña tenía un golpe en la cabeza, así como otras señales de violencia, por lo que solicitará que realicen el Protocolo de Estambul al asesino confeso de su hija para comprobar o “descartar” la supuesta tortura a la que dice, fue sometido.
 
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