Sismo en la Ciudad de México

Alrededor de 5.3 millones de niñas y niños de 10 estados de la República mexicana no han regresado a las aulas tras los terremotos que sacudieron al país el 7, 19 y 23 de septiembre, lo que representa un riesgo para continuar su educación, afirmó Save the Children.

La organización defensora de los derechos de la infancia señaló que de acuerdo con datos del Banco Mundial, en México, una vez que la niñez han sido sacada de la escuela, inclusive sólo por una conmoción temporal, tiene 30 por ciento menos probabilidad de seguir con su educación comparado con quienes permanecen en la escuela.

A casi un mes después del primer terremoto que golpeó a los estados de Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre y de los sismos del 19 y 23 de septiembre, este último prácticamente imperceptible en la capital del país, la organización informó que se sabe de un total de 2 mil 424 escuelas que resultaron dañadas, 577 que necesitan ser reconstruidas por completo y mil 847 de forma parcial.

Este jueves la Secretaría de Educación Pública informó que 57 por ciento de las escuelas, tanto públicas como particulares, de todos los niveles educativos, reanudaron actividades y que continuaría el proceso de inspección de la seguridad de los centros educativos por parte de los Directores Responsables de Obra (DRO) en la Ciudad de México.

Al respecto, la directora ejecutiva de Save the Children en México María Josefina Menéndez Carbajal, señaló a través de un comunicado que debe ser una prioridad la coordinación entre Gobierno, sociedad civil y sector privado, para asegurar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

“Es importante que la reubicación de los alumnos en otras escuelas, así como el establecimiento de aulas temporales, se lleven a cabo en el menor plazo posible para que los niños más vulnerables recuperen su normalidad”, destacó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el ciclo escolar 2012-2013, los hombres abandonaron más la escuela que las mujeres, una condición que se acentúa conforme avanzan los niveles educativos; sin embargo, muchas veces las mujeres estudian y realizan actividades de trabajo en casa sin recibir remuneración.

Ante la contingencia por los recientes sismos, Menéndez Carbajal señaló que la educación es una prioridad en las zonas afectadas en las que están trabajando. “Independientemente del tiempo que dure la emergencia, ningún niño debe dejar de recibir una educación de calidad. Los niños siempre nos dicen que uno de sus principales deseos es volver a la escuela. No importa lo que haya pasado, en la escuela están sus compañeros y allí se sienten seguros y protegidos”.

Save the Children expuso que está trabajando con mil 825 niñas, niños y adolescentes en 35 albergues o campamentos en las zonas afectadas de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Morelos. Asimismo han establecido espacios amigables donde la infancia recibe apoyo psicosocial, y materiales para cubrir sus necesidades básicas.

Además, la organización hará campañas de promoción del regreso a clases, repartirá material escolar, promoverá hábitos de higiene para prevenir enfermedades en las escuelas e impulsará educación en Reducción de Riesgo de Desastre, entre otras acciones. En total, la organización atenderá a 100 mil personas afectadas por los terremotos: 32 mil niñas y niños y 68 mil adultos.

La organización estimó la cantidad de alumnos que están sin clases al considerar el promedio de niñas y niños en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala y multiplicarlo por el número de escuelas que no han reanudado actividades.

17/AGM/LGL

Ante la desconfianza en las autoridades y empresas inmobiliarias, vecinos de varias delegaciones afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre se organizan para exigir información sobre cómo se reconstruirán las zonas afectadas, qué pasará con los predios que estaban en proceso de expropiación y con los inmuebles que resultaron con fracturas graves.

Reunidos en la Plaza de la Solidaridad, ubicada en la calle Juárez de la colonia Centro, y lugar emblemático donde se derrumbó el Hotel Regis en el sismo de 1985, mujeres y hombres de colonias aledañas y militantes de agrupaciones barriales se dieron cita en la Segunda Asamblea Popular de Afectados por el Sismo.

Hasta el 5 de octubre el sismo de 7.1 grados que dejó como saldo 228 personas que perdieron la vida, de las cuales 90 son hombres y 138 mujeres, también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles que siguen en evaluación, según informó esta mañana el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Como parte de las acciones de reconstrucción el Gobierno de la Ciudad implementó un apoyo económico de tres mil pesos durante tres meses para quienes se quedaron sin hogar. Hasta hoy se han entregado18 mil 315 cheques pero personas afectadas coinciden en que más allá de esto hay una necesidad de organizarse y conformar un frente de damnificados, en particular de quienes perdieron su patrimonio por empresas inmobiliarias.

Hay muchos ejemplos, como el edificio que estaba en Eje Siete Sur, en Emiliano Zapata número 56, el cual tenía menos de un año de construido y que se derrumbó por no cumplir la normatividad técnica. “Evidentemente hay un tufo de corrupción, de omisión, de colusión con la autoridad correspondiente. Tienen responsabilidad penal, no solamente administrativa”, dijo un vecino que prefirió reservar su nombre.

Ante la inconformidad de las personas, este miércoles 4 de octubre, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, se reunió con representantes del Movimiento Urbano Popular, quienes han gestionado vivienda desde hace varios años. En esa reunión la funcionaria dijo que había 120 carpetas de investigación, hasta hoy son 149, pero no dijo a quién se investiga ni por qué delitos.

Entre los participantes de estas acciones organizativas hay vecinos que ya estaban agrupados para exigir servicios como agua, reglas de convivencia entre departamentos o apoyos administrativos para gestionar créditos de vivienda; los menos son aquellos que perdieron sus departamentos, esto porque las inmobiliarias han pedido pacto de silencio como condición para apoyarlos, según informó una afectada.

Una de las historias la narra Marta, una joven que prefiere no dar sus datos personales, habitante de un edificio en la calle Turín, en la colonia Juárez, donde habitan alrededor de 30 familias quienes son poseedoras del predio que está en proceso de expropiación. Según narró, su vivienda resultó dañada.

“El día del sismo se colapsó la losa del tercer piso y cayó al segundo. En la entrada cayó cascajo que nublo la visión de todas las personas, tenían miedo de salir porque creían que se iba a caer toda esa parte”. De acuerdo con Marta al lugar ya fueron los arquitectos y gente de Protección Civil quienes les comentaron que la fachada ya está separada del inmueble y con otro movimiento puede caer.

Los vecinos se están organizado para arreglar el edificio de tres niveles que tiene alrededor de 40 años mientras hay claridad de qué más pueden hacer.

17/AGM/LGL

A pesar de la lluvia varias mujeres se envolvieron con impermeables y otras cubrieron a sus bebés con sombrillas pero todas permanecieron plantadas frente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exigiendo que el Instituto de Vivienda (Invi) garantice la construcción de viviendas para las personas damnificadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Alrededor de las once de la mañana el contingente de agrupaciones civiles, en su mayoría de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, llegó a la esquina de las calles Donceles y Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde permanecieron gritando frases como “el dinero de la nación para la reconstrucción” para exigir la liberación de recursos para la reconstrucción de edificios y casas colapsadas por los sismos.

Mientras el grupo de vecinos, en su mayoría mujeres, permanecía en la calle demandando acciones concretas, en el interior del recinto el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna, presentó un proyecto para expedir la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más Resiliente.

La iniciativa se sustenta en el decreto publicado el 26 de septiembre por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, y señala etapas para la atención de la emergencia: atención inmediata en un lapso de 6 semanas; reubicación, reconstrucción y recuperación en 6 meses; y transformación de la ciudad en un periodo de 5 años.

Según dijo el diputado, con esta ley también se creará la plataforma tecnológica “Plataforma Ciudad de México”, para registrar los inmuebles y a las personas afectadas para garantizar que reciban el apoyo correspondiente. La propuesta se analizará en las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

En la calle, un vecino, Héctor Ruiz, explicó que antes del sismo las agrupaciones vecinales ya tenían diálogos con el Invi para la construcción de vivienda pero ahora exigen que los acuerdos planteados no se echen para abajo y que se atienda a las personas cuyas casas resultaron dañadas, en particular en avenida Fray Servando Teresa de Mier y calle Xocongo, en la colonia Tránsito de la delegación Cuauhtémoc.

La manifestación, dijeron las personas inconformes, también es en solidaridad con las víctimas, que de acuerdo con la actualización de datos que este 4 de octubre presentó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México dejó un saldo de 228 personas que perdieron la vida, de los cuales 90 eran hombres, 138 mujeres y 29 menores de edad.

Sobre edificios y construcciones Mancera Espinoza dijo que está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México pero será hasta hoy que se tenga la información de los edificios que se deben reparar; y señaló que el Invi trabaja en un programa de apoyo para vivienda que podría ir de 100 mil o 150 mil pesos.

Al respecto, el líder de la organización Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, Armando Contreras, expuso que en la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, existen colonias como la Obrera, Viaducto Piedad y Esperanza, donde hay predios dañados que deben ser atendidos, por lo que exigieron que haya un fondo de reconstrucción que se maneje con transparencia.

17/AGM/LGL

Los actores gubernamentales, privados y de la sociedad que participen en la reconstrucción de la Ciudad de México y otras comunidades del país afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre deben incorporar un enfoque de género y de Derechos Humanos, demandó la agrupación Ciudad Feminista.

Esta red, integrada por 21 organizaciones civiles que en 2016 respaldaron una candidatura independiente para que una mujer fuera diputada constituyente en la capital del país, difundió un comunicado en redes sociales donde recordó que las mujeres han construido y reconstruido sus comunidades en colectivo después de los temblores y otros desastres de la naturaleza.

Hasta la mañana de este 3 de octubre los dos sismos de septiembre sumaban 366 personas fallecidas, de las cuales 225 perdieron la vida en la Ciudad de México, según datos del coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Por su parte el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hoy informó que de las 225 personas, 87 eran hombres y 138 mujeres.

La agrupación conformada por organizaciones como Asociadas por lo Justo, Balance, Católicas por el Derecho a Decidir y Colectiva Ciudad y Género, entre otras, hizo un llamado a toda la población para trabajar por un proceso de reconstrucción que asegure la dignidad y derechos de las personas, en particular de las víctimas directas, y a las autoridades a garantizar los derechos del voluntariado y personas afectadas.

En su pronunciamiento Ciudad Feminista presentó 10 prioridades, entre ellas dar atención a las víctimas directas, muchas de las cuales, dijeron, son mujeres y sus familias; así como atender a inquilinas y trabajadoras afectadas por los sismos.

Otra prioridad es garantizar seguridad en albergues y campamentos de personas damnificadas ya que, señalaron, en etapas posteriores a estos desastres se ha documentado una tendencia al aumento de la violencia contra mujeres, niñas y niños.
En estos albergues, mencionaron, también se deben garantizar servicios de salud integral, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, asegurando apoyo a mujeres embarazadas, lactantes, acceso a preservativos, anticoncepción de emergencia y a servicios de Interrupción Legal del Embarazo, en caso de ser necesario.

Las activistas expusieron que debe existir ayuda eficaz, oportuna y sensible, con programas que no refuercen roles tradicionales de género, que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres y el acceso a programas de empleo o de reactivación económica de las comunidades.

La agrupación también exhortó al Gobierno de la capital a incluir al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en las acciones sustantivas del gobierno para asegurar que se transversalice el enfoque de género en todo el proceso y se dé prioridad a mujeres sin pareja y con cargas familiares de cuidado (hijos, hijas, personas enfermas y mayores).

Ciudad Feminista, presume que muchas jefas de hogar perdieron sus fuentes de empleo, sus viviendas y sus redes de apoyo, por tanto es vital garantizar que ellas tengan acceso a servicios seguros y accesibles de cuidado para hijas, hijos y personas mayores y/o enfermas.

En este proceso de reconstrucción pidieron transparencia y rendición de cuentas y que la recién creada Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, creada por decreto del Jefe de Gobierno el pasado 26 de septiembre, se integre por un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, con calidad moral y destreza técnica probadas.

Esta agrupación también pidió seguridad para personas voluntarias que se han desplegado en las tareas de ayuda y generar información y datos desagregados por sexo y edad en todas las tareas relacionadas con el análisis del desastre y los procesos de reconstrucción y atención después de los sismos.

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Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, colectivos de diversas demarcaciones de la capital pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México su intervención para garantizar un Programa de Reconstrucción Democrática que incorpore las necesidades, demandas y propuestas ciudadanas.

Los colectivos integrados en el Movimiento Urbano Popular se manifestaron esta mañana frente a la oficina del Alto Comisionado, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, y entregaron una carta para pedir que el organismo vigile la garantía de los Derechos Humanos de las personas afectadas por los sismos, que a 13 días de ocurrido, dejó como saldo 363 personas muertas, 222 de ellas en la capital del país (136 mujeres), y 3 mil 848 reportes de inmuebles dañados, según la información de este 2 de octubre difundida por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

En la carta que los colectivos vecinales entregaron al organismo internacional señalaron que el gobierno federal y de los estados han diseñado un plan de reconstrucción dejando fuera a la ciudadanía y a las personas damnificadas tomando en cuenta sólo a las empresas inmobiliarias que, desde la perspectiva de las agrupaciones, son responsables de edificios mal construidos.

El 26 de septiembre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, publicó un decreto para la elaboración de un Programa de reconstrucción y crear la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente conformada por las Secretarías y dependencias de Gobierno y un consejo ciudadano.

Asimismo este 2 de octubre, Mancera firmó el Acuerdo para la Integración del Comité Científico por la Reconstrucción y futuro de CDMX, que integra a instituciones académicas, el cual contará con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Al respecto, el integrante del Movimiento Urbano Popular, Jaime Rello, señaló en entrevista con Cimacnoticias que los planes de reconstrucción a nivel nacional y local deben tomar en cuenta a damnificados, académicos y organizaciones sociales. “Ese decreto (del 26 de septiembre) no dice nada. La ciudad es muy compleja, no puede hacerse una sola cosa, se tiene que pensar en cada comunidad y a cada comunidad se le debe preguntar”.

De acuerdo con el activista ahora ni siquiera hay un diagnóstico a partir del cual actuar. “Ellos se adelantaron, se adelantaron porque no quieren que haya movilización. En el 85 firmamos el Decreto de reconstrucción democrática, con todos los sectores, lo firmó la iniciativa privada, los académicos, las organizaciones civiles, las ONG, los movimientos sociales. ¿Hoy quién lo hace?”.

Rello consideró que el gobierno capitalino y federal quieren tener todo el control del programa de reconstrucción pero se corre el riesgo de que el problema no se resuelva para aquellas personas que se quedaron sin casa o que viven en edificios con daños que representan un riesgo para sus vidas.

Por ejemplo, destacó que desde el sismo del 7 de septiembre estos colectivos vecinales detectaron al menos 49 predios ubicados en las colonias Obrera, Doctores y Tránsito con daños; y notificaron a las autoridades para que tomaran acciones en materia de vivienda.

Sobre la respuesta de las autoridades Rello dijo que no hubo tal porque hay mucha burocracia. “Creo que con esta emergencia del 19 de septiembre hace falta que se aceleren todos los procesos”.

Cada zona de grietas necesita un tratamiento diferente y explicó que no es lo mismo las afectaciones en Xochimilco que en el Centro de la capital, y por ello pidieron al Alto Comisionado que participe y vigile que las ayudas internacionales sean manejadas con honestidad, que se conforme una contraloría social ciudadana y que se cree un programa emergente de vivienda, entre otras acciones.

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