Red TDT

A seis años de la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2012 esta política falló en su objetivo de combatir la desigualdad de género en el trabajo pues aunque prometió mejorar la protección legal para las empleadas que son víctimas de acoso sexual y discriminadas y a quienes se les exige pruebas forzadas de embarazo para ser contratadas, sus derechos aún son vulnerados.

Así lo señalaron organizaciones integradas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes a propósito de este 1 de Mayo, Día del Trabajo, aseguraron que en las empresas de manufactura y ensamble, como las de confección, electrónica, automotriz, farmacéutica y aeronáutica, entre otras, se violan los derechos de las trabajadoras.

Al expresar en un comunicado su inconformidad con la política laboral del gobierno mexicano, las organizaciones alegaron que las condiciones laborales de muchas mujeres en el país siguen siendo pésimas, por ejemplo, las empresas son quienes definen el pago por enfermedades de trabajo, lo que implica un conflicto de interés porque los empleadores deciden los montos que deben pagar.

Es por ello que las 84 organizaciones de 23 estados de la República exigieron que no se apruebe una reforma laboral secundaria que perjudique más a la clase trabajadora de este país; por ello pidieron que se organice un debate abierto sobre la política laboral, en el que participen sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan por los Derechos Humanos laborales.

La Red TDT también argumentó que a 24 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puede comprobar que las condiciones laborales no mejoraron, sino que se precarizaron.

La Red estimó que las actuales estrategias de renegociación del TLCAN se sustentarían en las mismas líneas: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales, abaratamiento de la mano de obra,  condiciones laborales precarias, subcontratación, horarios poco estables, y falta de acceso a servicios de salud, entre otras.

Esta política de apertura indiscriminada hacia los comercios y la inversión se podría observar también en el tratado con los países del pacífico (CPTPP) que el Senado acaba de ratificar y en el tratado con Europa (TLCUEM), que está a punto de ser firmado.

Según la Red TDT, es “innegable que las reformas estructurales de esta administración han situado al pueblo de México entre los países con mayor desigualdad”, y que la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres.

TRABAJADORAS DEL HOGAR

Por su parte, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, ONU Mujeres destacó que a pesar de que las trabajadoras del hogar contribuyen sustancialmente a la economía, 97 por ciento no tiene acceso a salud pública ni a prestaciones laborales.

La Ley del Seguro Social excluye explícitamente a las y los  trabajadores del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y de prestaciones como el uso de guarderías. En México hay 2.4 millones de personas empleadas del hogar, de las cuales el 95 por ciento son mujeres.

Además, la Ley Federal del Trabajo considera la actividad en el hogar como un trabajo especial, lo que permite que sean legales jornadas de 12 horas y restringe ciertos derechos laborales. “Lo anterior constituye un inadmisible trato discriminatorio”, expresó ONU Mujeres en un comunicado.

Es por eso que el organismo internacional junto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Trabajo (OIT) hicieron un llamado a que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT que regula el trabajo de las y los trabajadoras del hogar.

Con la ratificación de este convenio México estaría obligado a avanzar en la formalización laboral de esta población y los beneficios de dotar de seguridad social a 10 por ciento de las trabajadoras mexicanas más pobres, se extendería directamente a sus familias y disminuiría la pobreza, según afirmó el organismo.

El Convenio reconoce el trabajo doméstico remunerado como un trabajo con derechos laborales y establece medidas para impedir el abuso y la explotación hacia esta población. Aunque este instrumento internacional fue firmado por México desde 2011, a siete años de distancia, aún no ha sido ratificado por el Senado.

18/SG

Para cumplir “la deuda” que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene con las mujeres y las personas defensoras de Derechos Humanos, la nueva presidencia encabezada por Nashieli Ramírez Hernández debe impedir que las autoridades sigan obstaculizando el acceso a la justicia, velar por los derechos de las víctimas, y trabajar en conjunto con la sociedad civil, afirmaron organizaciones.

Entrevistados por separado, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ana Yeli Pérez Garroido y de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) Quetzalcóatl Fontanot, coincidieron en que durante el periodo de Perla Gómez Gallardo –de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017– la CDHDF adquirió “una deuda” con las capitalinas y las personas defensoras, pues no se pronunció de forma enfática contra las instancias gubernamentales que en lugar de garantizarles el acceso a la justicia ejercieron violencia contra ellas, por ejemplo al revictimizarlas.

Además, afirmó Quetzalcóatl Fontanot, a diferencia de su antecesora, la nueva ombudsperson que ejercerá durante los próximos cuatro años tendrá que “ponerse de lado de las víctimas” y no de las instituciones gubernamentales, particularmente en los casos donde los agresores sean autores del Estado.

ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA

En los casos de violencia hacia las mujeres la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recalcó que durante los próximos años la CDHDF debe señalar cuando las instancias de procuración e impartición de justicia, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) incurran en violaciones a Derechos Humanos.

En la Ciudad de México la violencia institucional hacia las mujeres que buscan acceder a la justicia dijo, es “más sofisticada” que en otros estados, pues las autoridades suelen integrar las carpetas de investigación con todos los peritajes necesarios, sin embargo, se empeñan en interpretar esos elementos “para hacer parecer que la  violencia por razones de género no existe en la capital”, denunció la abogada quien recordó que por esta razón solicitaron junto con otras organizaciones la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Por ello, expresó Pérez Garrido, la instancia se enfrentará al reto de no sólo recibir las quejas hacia violaciones de DH sino a acompañarlas y emitir recomendaciones en las que visibilicen la violencia institucional en contra de las víctimas, además de analizar todos los casos desde la perspectiva de género para “dar cuenta de que en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres “es un problema estructural”.

DEFENSA DE DH DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Para las más de 80 organizaciones que integran la Red TDT, mencionó Quetzalcóatl Fontanot, el nombramiento de Nashieli Ramírez “es alentador” toda vez que ella ha defendido los últimos 25 años los derechos de la infancia, por lo que como sociedad civil organizada esperan trabajar en conjunto con la CDHDF.

El defensor señaló que a la CDHDF le urge resarcir el daño que generó distanciarse de las organizaciones civiles, mismo que derivó en la poca atención a las víctimas y pasar a segundo plano la garantía de sus derechos, como en el caso de las mujeres defensoras.

Fontanot llamó a la CDHDF a velar por los derechos de las víctimas y no responder a los intereses gubernamentales particularmente en el contexto electoral que se avecina en 2018.

17/MMAE/LGL

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, del primero de diciembre de 2012 a julio de 2017, organizaciones civiles de 30 entidades del país registraron 280 agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH), 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada.

Las violaciones a los Derechos Humanos de las defensoras representaron 27 por ciento de mil 37 casos; sin embargo las mujeres ejercen su labor en un contexto desigual y doblemente adverso, así concluye el informe “La esperanza no se agota”, publicado este mes por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Las defensoras lidian con estereotipos de género que condenan a las mujeres que alzan la voz, además enfrentan el contexto violento en el que viven las mexicanas. Como muestra, en este sexenio los casos de feminicidio rebasan en 60 por ciento los registrados durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas en el informe.

La Red, integrada por más de 80 organizaciones, encontró que las violaciones a los DH más frecuentes hacia las defensoras fueron las detenciones arbitrarias (32 casos), hostigamientos (27 casos) y agresiones físicas (26 casos), seguidas de amenazas (23 casos) que también incluyen actos de vigilancia e intimidaciones (22 casos).

De estas violaciones, destacó la Red TD, la detención arbitraria y el hostigamiento fueron cometidas con más frecuencia por personas agresoras relacionadas con el Estado; mientras que las amenazas y vigilancia caracterizaron la actuación de victimarios particulares.

Las organizaciones también destacaron que las agresiones cometidas por autoridades en contra de las defensoras inician con formas de violencias aparentemente “inofensivas” como difamaciones, que al ser cometidas por autoridades dan pie a “castigos correctivos, que van desde agresiones físicas hasta violaciones sexuales”, algo que no sucede con los activistas varones.

CAMPOS DE LUCHA

Respecto a los derechos que las personas defendían al ser violentadas, identificados como “campos de lucha” por la Red TDT, las organizaciones destacaron que es complicado desagregarlos toda vez que los colectivos a los que pertenecen suelen abarcar más de una línea de acción.

Sin embargo, informaron que las agresiones a personas defensoras, organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres y de la diversidad de género y sexual (población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) representaron cuatro por ciento, es decir 14 de los casos registrados en conjunto en los campos de lucha.

Las entidades con más casos fueron la Ciudad de México (3) y Chiapas (2); mientras que en Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Chihuahua, así como en Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala se registró un caso en cada entidad.

Además, de acuerdo al informe, las agresiones individuales más frecuentes –con 346 casos, equivalentes al 33 por ciento del total de mil 37 casos– se cometen en contra de quienes trabajan en su comunidad y defienden los derechos de las mujeres, los derechos políticos y el derecho a la tierra y territorio.

EJECUCIONES Y DESAPARICIÓN FORZADA

El sexenio de Enrique Peña Nieto destaca por el asesinato de 15 defensoras. Las entidades con más casos de asesinato fueron Guerrero (5) y la Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua, en estas últimas se cometieron dos.

Tan solo los primeros siete meses de este año se han caracterizado por los asesinatos de cuatro defensoras: el de la defensora y periodista periodista Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, el de Miriam Rodríguez Martínez en Tamaulipas, el de Jennifer López en Guerrero y el de Meztli Sarabia Reyna en Puebla.

Para 2016 la Red TDT registró los homicidios de las defensoras Alessa Flores, Adela Rivas Obé y Cornelia San Juan Guevara en la Ciudad de México, Guerrero y el Estado de México respectivamente.

En 2013 fueron asesinadas por su labor como defensoras Ana Lilia Gatica Rómulo y Rocío Mesino Mesino en Guerrero; Irma Ascencio Arenas en Hidalgo y Socorro Ayala Ramos en Chihuahua.

En 2014 fueron asesinadas Sandra Luz Hernández en Sinaloa y María del Rosario Fuentes Rubio en Tamaulipas; y en 2015 se registró el homicidio de Nadia Vera Pérez en la Ciudad de México y Nelva Edilia Sánchez López en Guerrero.

A través de los registros recabados por la Red TDT se sabe de cuatro defensoras víctimas de desaparición forzada entre 2016 y 2017. Dos de los crímenes ocurrieron en Michoacán en 2017 y las mujeres fueron encontradas, mientras que en 2016 destacó la desaparición forzada y después la ejecución de Adela Rivas Obé en Guerrero y la desaparición de otra defensora en Veracruz de la que actualmente se desconoce su paradero.

En su informe la Red TDT destaca que si bien el registro evidencia el panorama violento en el que ejercen las defensoras del país este es tan sólo un acercamiento al problema ya que en todo el país los grupos criminales y el miedo a las represalias merman las denuncias. “Cuando el derecho a defender derechos está en riesgo, en realidad, todos los Derechos Humanos se ven amenazados”, destacaron.

Denunciaron que los actos contra las personas defensoras y colectivos son una práctica generalizada en el país y que hay una “inacción o falta de voluntad del Estado” para protegerlas y garantizar sus Derechos Humanos, por ello recordaron que “al atacar y al tratar de silenciar a quienes defienden un derecho, también se ataca el derecho en cuestión”.

17/MMAE