Sismo Puebla

Nueve de cada diez escuelas públicas en la capital de Puebla no tienen fecha para regresar a clases después del sismo del 19 de septiembre, debido a que no han obtenido sus dictámenes por parte del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y Protección Civil.

En tanto, la mitad de escuelas privadas en la ciudad ya fue revisada y esta semana retomó actividades. A diferencia de las instituciones públicas, los colegios privados tuvieron que pagar a los peritos Directores Responsables de Obra acreditados por el municipio, entre mil 500 y 11 mil pesos para obtener un dictamen de seguridad, es decir, que no tienen daños estructurales.

Lo que es una constante tanto en las escuelas públicas como en las privadas han sido las inconformidades de padres de familia y docentes.

ESCUELAS PÚBLICAS SIN DICTÁMENES

Después de una semana del sismo de 7.1 de magnitud, sólo siete de cada cien escuelas en la capital del estado habían sido revisadas por el Capcee y Protección Civil, según datos del portal oficial escuelapoblana.org.

De las mil 180 instituciones educativas en la capital del estado el 92.9 por ciento (mil 96 escuelas) está en revisión, 5.9 por ciento (70 escuelas) no tiene riesgos y 1.2 por ciento (14 escuelas) tuvo daños estructurales.

Puebla fue uno de los 112 municipios donde la Secretaría de Gobernación federal (Segob) decretó emergencia extraordinaria por el sismo, por lo cual las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso. En el resto de municipios (105) las actividades se retomaron el lunes 25 de septiembre.

En una conferencia de prensa la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado anunció que era obligatorio para las escuelas tanto públicas como privadas contar con su certificado de “Escuela segura” para regresar a clases y el dictamen sobre inexistencia de daños estructurales.

Sin embargo en las escuelas públicas ha habido un retraso porque el Capcee sólo tiene 26 inspectores para todo el estado, por eso el director de la dependencia, Jorge Cruz Bermúdez, dijo –en la misma conferencia de prensa- que pidieron apoyo a otros estados e instituciones nacionales para hacer las revisiones.

PIDEN A DOCENTES Y PADRES REVISAR

Docentes y padres de familia, quienes prefirieron el anonimato, aseguraron que después del sismo la SEP estatal dio la indicación de que supervisores, directivos, el comité de padres de familia y el comité de participación social de cada escuela debían levantar un “acta de hechos”, donde informaran de los daños sufridos porque el regreso a clases dependía de ello.

A pesar de que el acta menciona que debe de estar un representante del Capcee y de Protección Civil, los profesores y padres aseguraron que dichas autoridades no han visitado las instituciones educativas. Ante esta situación consideraron que se les estaba cargando una responsabilidad que no les corresponde porque no son especialistas para determinar las afectaciones.

En el documento enviado por la SEP en los días posteriores al temblor se pidió a directivos y padres describir cuáles fueron los daños menores y cuáles los daños mayores, además de que enviaran fotografías.

Mientras se recababa la información la dependencia se mantuvo firme en que el regreso a clases sería el lunes 25 de septiembre, pero un día antes Patricia Vázquez anunció que en los 112 municipios donde se decretó emergencia extraordinaria se suspenderían clases hasta próximo aviso.

En un análisis preliminar de la SEP dado a conocer el 20 de septiembre se mencionaba que se había inspeccionado 46 por ciento de los 12 mil 81 planteles el estado, de todos los niveles, particulares y públicos. Además de que 213 instituciones educativas tuvieron daños y de ellas 120 requerían la presencia de Protección Civil.

MITAD DE PARTICULARES REGRESAN A CLASES

De acuerdo con información del sitio oficial escuelapoblana.org, de las mil 480 instituciones privadas en el municipio 53.8 por ciento (796 escuelas) no tiene riesgo y el otro 46.2 por ciento (684 escuelas) está en proceso de revisión.

Hasta ahora no se reportan daños estructurales en ningún colegio privado, aunque padres de familia y profesores han denunciado vía redes sociales que algunas instituciones sí presentan afectaciones graves, pero sólo se está dando mantenimiento de forma superficial.

SE REQUIEREN REVUSIONES MINUCIOSAS

El director de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Moisés Morales Arizmendi, dijo en entrevista para LADO B que las escuelas son “edificios de alto riesgo”, no porque sean inseguras sino por la cantidad de personas que albergan entre estudiantes y profesores.

Es por ello que sus niveles de seguridad deben de ser los más altos y las revisiones a los planteles deben recaer sólo en especialistas.

Para el académico es importante que después del sismo se calculen los índices de riesgo de cada uno de los planteles, no sólo para reforzar las partes que hagan falta sino para prevenir que otros sismos puedan afectar las estructuras.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

@samantras

17/SP/LGL

Afuera de la presidencia municipal de Piaxtla hay cuatro personas recibiendo e imprimiendo fotografías de los daños en las casas que dejó el sismo del 19 de septiembre. Estas fotos se van archivando en carpetas amarillas y sólo son catalogadas con dos medidas: daños totales y daños menores.

—Dígame por favor señorita, si alguien viene con una fotografía de una cuarteadura muy grave en una sola pared de su casa, ¿en qué carpeta la pondría? —pregunté.

La señorita, trabajadora del Ayuntamiento pegó su vista en las torres de carpetas amarillas y luego me miró para contestar:

—La pondría en daños totales.

El que estaba a su lado, el regidor Miguel Ángel Navarrete, levantó abruptamente la vista para buscar mis ojos y arrugó las cejas con evidente desaprobación.

Piaxtla está a dos horas con cuarenta minutos al sur de la capital de Puebla. Aquí murieron dos personas el día del sismo. Tres casas colapsaron, aunque afortunadamente una no estaba habitada; además, al menos 125 casas más tendrá que derribar el Ayuntamiento.

LOS CASCAJOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

—En esta casa fallecieron dos mujeres, eran hermanas. Como una no salía, la otra regresó por ella y ya ninguna pudo salir; se les vino la casa encima. El hijo de una de ellas sigue grave en el hospital allá en Puebla —dice el regidor de gobernación Pedro Francisco Pérez Nava, quien muestra los estragos que el sismo le dejó al pueblo.

Josefina y Manuela Carrera Morán de 62 y 64 años murieron aquí. Fabián González Carrera, hijo de Manuela, es quien aún está grave, hospitalizado. Estamos parados frente al montón de tierra, antes casa de adobe, ubicado en Plaza de la Constitución, sin número.

Por indicaciones del regidor se acerca el encargado de Protección Civil municipal Raymundo Corrado para que le dé ciertas precisiones: las otras dos casas colapsadas están sobre el pasillo a un costado de la Iglesia. Raymundo se despide pronto porque explica que se reventó un fusible del alumbrado público y tiene que arreglarlo. “La gente está con miedo”, dice. La casa no era de la familia Carrera Morán.

A no más de 20 metros de distancia está la segunda casa colapsada, pero no pasa nada, ahí no vivía nadie. Pasados los 30 metros de este punto está la tercera casa.

—¡Señora! —grita el regidor desde la calle.

Olga Chiapa Guerrero sale de su casa y saluda amablemente; el regidor le dice que hemos llegado a comer; Olga se ríe a carcajadas y mientras camina hacia nosotros va diciendo que le hubiéramos avisado antes “¿no ven que estoy viviendo en el aguacero?”.

A Olga se le cayó una casa de adobe mientras hacía compras. Narra que el temblor lo sintió y no pudo más que encomendarse al “señor lindo”; asegura que con el movimiento de la tierra lo supo enseguida “¡ya se me cayó la casa!”.

—Quisiéramos que nos echaran la mano para construir nuestra casita. En esa casita vendía yo tostadas, dobladitas, refrescos y aguas para los ganaderos y ahí me iba ayudando de eso; de vender mis tostadas. Con el movimiento de la tierra mis hijas se salieron de donde rentaban y ya somos cinco aquí. El resto de la casa de Olga Chiapa Guerrero lo cubrieron con lonas para guardar la privacidad.

—Si nos pudieran ayudar, podría ser en echarnos la mano para construir la casa o trayendo material para que la comencemos a construir —dice Olga.

Camino de regreso a la Presidencia Municipal el regidor Pedro Francisco Pérez Nava se sorprende por unas cuarteaduras profundas en el techo de concreto de un vecino de Piaxtla “¿ya sabrá éste cómo está su casa?”, pregunta en voz alta.

—Por ahí estoy un poco descontento, molesto porque nos comunicaron que ahorita que viene CAPCEE y Protección Civil, si no encuentran evidencia de los escombros caídos, que no va a haber apoyo; sí me molesta porque ya vino CAPCEE, ya vino Protección Civil, y ahora mandan a otros. Ellos querían que se quedaran las casas intactas, que no moviéramos los escombros para darnos el recurso. Si va ayudar el gobierno que ayude. Eso se tenía que mover.

CAPCEE es el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos. El regidor tiene además otro motivo para estar molesto: el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, le ha pedido al Ayuntamiento que devuelva los víveres, las cobijas y las colchonetas.

—Quiero decir ahorita aquí que se van a repartir. No se van a regresar —dice firme el regidor. Junto con otros trabajadores del Ayuntamiento estaban por salir a comunidades justo a eso.

Las casas que se derrumbaron por el sismo en la cabecera municipal son un pequeño porcentaje de los problemas en Piaxtla: hay afectaciones graves en las tres comunidades, el regidor menciona con énfasis a la junta auxiliar del Progreso.

CUARTEADURAS EN EL PROGRESO

La mayoría de casas del Progreso es de concreto; a simple vista se ven daños en el Centro Cultural y en la iglesia. Hay decenas de casas con cuarteaduras graves desde la entrada.

El regidor Miguel Ángel Navarrete, el de la expresión que develó la mentira de la trabajadora del Ayuntamiento, es de este lugar y me dio una lista de al menos once personas para visitar; de estas once personas, ninguna por dictamen de un funcionario de Infraestructura del Estado recibiría recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

A Rosa María Hernández Gracia no la ha visitado Protección Civil y su nombre tampoco está en la lista que me facilitó el regidor, pero su casa está bastante fracturada: en el segundo piso hasta el azulejo se quebró; en el primer piso una columna de concreto se inclinó. Además de un sin fin de cuarteaduras y lo inestable que se siente sólo permanecer de pie.

—Bueno, así como certeza de poder seguir aquí, no: nadie que sea un arquitecto o albañil ha venido a valorar la casa, si realmente podemos estar aquí habitándola; pero también no tenemos otro lugar a dónde ir. O sea, nos estamos exponiendo pues, que en cualquier momento que suceda otro temblor se nos vaya a venir esto encima; pero estamos muy al pendiente pues, más que nada de salvar la vida.

Afuera de la casa de Rosa María espera un hombre de 70 años, él piensa que al fin llegó Protección Civil y me pide que vea cómo quedó su casa. Desilusionado de que no pertenezca a ninguna entidad gubernamental me concede una entrevista esperanzado en que alguien lo ayude.

Su nombre es José Gil Navarrete, es ahijado de Leonides Vivar Estrada de 90 y tantos años; vive con ella desde hace 20 para cuidarla porque está sola. Su casa de adobe tiene fracturas graves; piensa que es cuestión de tiempo para que se caiga y cuando eso pase ellos no tendrán a dónde ir.

—Nos agarró comiendo el temblor y yo me salí y a la pobrecita la dejé adentro y la oí que gritaba muy feo y me metí a sacarla, con tanto miedo pero la saqué, arrastrándola pero la libré, siquiera la saqué. Se raspó de su pie y está mala ahora, no tengo para curarla.

José Gil Navarrete acaba de ir a la cabecera municipal a solicitar unas láminas para construir una casa sencilla, se las negaron. No sabía que debía llevar fotografías de los daños de su casa al Ayuntamiento.

El cuarto que habitan ahora, que es de concreto, está sosteniendo el resto de la casa; no tienen otro lugar a dónde ir porque Leonides Vivar Estrada no puede caminar.

Un albergue en el Progreso les hubiera cambiado el panorama.

Cerca de la presidencia auxiliar de la comunidad, en una de las calles principales del pueblo, hay una casa de concreto impresionantemente dañada. Maricruz Pastrana dice que es de su tío de 80 años, que alcanzaron a sacarlo de ahí. A ellos sí los visitó el funcionario de Infraestructura y les dijo que como en tres meses iría alguien a tumbarla.

—Por aquí pasan muchas personas, esto es un peligro. Además que se haya inclinado dañó la casa de nosotros, esta casa se está recargando en nuestra pared.

El regidor del Progreso Miguel Ángel Navarrete, me contó que según el conteo del funcionario de Infraestructura del gobierno del estado que visitó al Progreso hay 18 casas inhabitables; sin embargo esa cifra le parece refutable, a él y al presidente auxiliar, Marcelo Octavio Guzmán Martínez. El presidente dice tener el reporte de alrededor de 200 casas gravemente afectadas:

—¿Qué quieren ver? ¿Que nos caigan encima las bardas para hacerse los héroes? —pregunta el presidente auxiliar.

—El supervisor del estado estaba buscando sólo casas colapsadas para darles el apoyo —dice el regidor.

—Ojalá supiera cuáles son los lineamientos para la entrega de apoyo; yo no sé ni cómo le hacen en una visita exprés para saber cuándo los muros están o no dañados —se lamenta el presidente.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

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