Aborto Veracruz

Debido a que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, su gabinete, así como los Poderes Legislativo y Judicial en Veracruz incumplieron con las recomendaciones emitidas por la secretaría de Gobernación para erradicar la violencia de género, “es inminente” que la entidad será el primer estado con dos Alertas de Violencia de Género, señalaron las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) integrado por 40 organizaciones en 20 estados del país y el Frente Veracruzano por la Vida.

La coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza citó que cuentan con grabaciones con fecha del 17 de junio del presente año, en las que el gobernador Yunes Linares se comprometió públicamente en erradicar la violencia ante el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero incumplió.

“Tenemos grabaciones de Yunes en la reunión que tuvo con Gobernación diciendo que iba a trabajar en las recomendaciones y no hizo nada para meter una iniciativa, la que él quisiera, la que fuera, pero por lo menos cercana a lo que pidió el grupo de trabajo para erradicar la violencia” señaló.

Al gobernador Yunes Linares y los 50 diputados y diputadas locales, las integrantes de la OCNF pidieron implementen ya las recomendaciones que les dio la Segob en el caso de la primera Alerta de Violencia de Género sobre Agravio Comparado la cual evidencia el "grave problema de violaciones" a los derechos reproductivos de las mujeres, tanto en el marco normativo -por su carácter discriminatorio- como en las políticas públicas que no garantizan el acceso a los servicios seguros de interrupción legal del embarazo, lo que pone en riesgo sus vidas.

Recordaron que el informe del grupo de trabajo de la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) refiere que del año 2009 al 2013 se registraron 53 mil 360 nacimientos de madres menores a los 18 años de edad.

“Es un problema porque menores de edad salen embarazadas pero lo grave es que casi 12 mil mujeres son menores de 14 años, de entre 10 y 14 años, que en su mayoría son víctimas de violación y están obligándolas a embarazos forzados” refirió.

Las integrantes de la OCFN refirieron que el Código Penal permite la Interrupción Legal del Embarazo por violación  sexual sin embargo la política pública en clínicas de salud no les da el acceso a realizarlo por “cuestiones legales”.

Pero además, informaron, los médicos de hospitales públicos les niegan el acceso al aborto a las niñas víctimas de violencia sexual porque el  “marco legal les genera incertidumbre y por eso niegan dar la interrupción legal así sea por violación y es un escenario grave porque así sean niñas de 10 años embarazadas por violación no les permiten el aborto a pesar de que pueden morir o tengan problemas con el desarrollo del embarazo”.

Y ejemplificó que el gobierno federal sí atiende las solicitudes de AVG como en el del Estado de México, donde se creyó que no la iban a decretar y finalmente así fue.

“El Estado de México pensaron que no se iba a decretar la Alerta y nosotras nunca cesamos, y se han decretado y tres fueron judicializadas. Veracruz tuvo la Alerta pero es vergonzoso cómo la obtuvieron. Nos hicieron trabajar, traer elementos, sentarnos en la simulación, y eso es evidencia, porque ellos lo hicieron con dolo” finalizaron.

17/VH/LGL

El incumplimiento de algunas recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, por parte de diputados de Veracruz, sienta “un precedente que ofende la lucha que las mujeres en todo el país venimos emprendiendo para lograr que se respeten los Derechos Humanos” denunciaron diez organizaciones sociales colimenses.

A través de un pronunciamiento dado a conocer este martes, los grupos manifestaron que “en un acto de caciquismo legislativo y violando el propio marco jurídico interno, los diputados Bingen Rementería Molina, Gregorio Murillo Uscanga, Teresita Zuccolotto Feito (PAN) y Carlos Antonio Morales Guevara (PRI) desecharon, sin generar razonamientos jurídicos válidos” la iniciativa de reformas al Código Penal, incumpliendo el indicador principal del Informe de la AVG por agravio comparado.

Esta decisión elimina la posibilidad de que las niñas y adolescentes de Veracruz víctimas de violencia sexual puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que las mujeres que comprometan gravemente su salud a causa de un embarazo no puedan interrumpirlo y que a las mujeres, niñas y adolescentes se les siga criminalizando por no aceptar un embarazo forzado.

El pronunciamiento fue suscrito, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), Fundación con Equidad A.C., Calle Sin Acoso, Colectivo Rebeldía Violeta, Colectivo Inclusión, Espacio Feminista, Radar 4º y México Funciona.

De acuerdo con el documento, el dictamen legislativo no tomó en cuenta las consideraciones emitidas por el Grupo de Trabajo, cuyas recomendaciones evidencian un marco legal discriminatorio, restrictivo y transgresor de los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres en Veracruz.

“Las organizaciones de la sociedad civil en Colima que trabajamos por la protección, acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, manifestamos indignación por la falta de compromiso y en incumplimiento de obligaciones de las autoridades legislativas en el estado de Veracruz y exigimos garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas”, indicaron.

La integrante del CDHNG, María del Carmen García García, señaló en entrevista que los Derechos Humanos de las mujeres han requerido de un largo camino para ser construidos y ganados normativamente, pero “la lucha más difícil está aún en nuestro cuerpo, el de nosotras las mujeres, nuestra sexualidad y reproducción, pues son territorio dominado por un sistema y estructura patriarcal que los controla a través de la normatividad local y nacional, situándolos como territorios no libres”.

Indicó que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos “está tutelado simbólicamente por el padre, el marido, los hijos y jurídicamente por el Estado no laico a través de instituciones y de políticas públicas que, por ejemplo, criminalizan a las mujeres que interrumpen un embarazo, independientemente de cuáles sean las causas”.

Lo anterior, añadió García García, se ve reflejado en contextos como el de Veracruz donde, como en cualquier estado del país, hay un alto índice de embarazos en adolescentes y niñas, que en la mayoría de los casos son producto de violación sexual, quedando de manifiesto que las políticas públicas, las instituciones y el estado fallaron al no protegerlas.

“Lo más grave para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, es que se agrega la violencia institucional, por no contar con políticas y personal laico en las instituciones del Estado, pues en la mayoría de los casos impiden la interrupción de los embarazos, dando como resultado embarazos forzados”.

La activista consideró necesario que el Estado mande un mensaje de cero tolerancia para no permitir la violencia sexual e institucional o cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en el marco de las recomendaciones de la alerta de violencia de género por agravio comparado en Veracruz.

“Urge la despenalización del aborto para no permitir más embarazos forzados y muertes en niñas y mujeres por abortos clandestinos; es indispensable que quienes integran el Congreso, tengan voluntad política y ejerzan sus responsabilidades desde la laicidad del estado”, concluyó.

17/PZB/LGL