Segob.

Las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Veracruz por agravio comparado, continúan a la espera de ser notificadas de la procedencia la misma, informó en entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de Luz Estrada Mendoza.

En entrevista telefónica, Estrada Mendoza precisó “que tienen conocimiento” de que en los próximos días la Secretaría de Gobernación (Segob) decretará la segunda AVG para Veracruz, por las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.

Por ahora, precisó, Segob no ha notificado ni al OCNF ni al gobierno veracruzano, ni a las peticionarias (la asociación civil Equifonía, Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia, Género y Derechos Humanos y el OCNF), sobre la procedencia de la Alerta.

Esta sería la primera ocasión que se decreta este mecanismo por agravio comparado, lo que quiere decir que en la entidad se violentan los Derechos Humanos y de acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas; y también es la primera vez que a un estado se le decretan dos Alertas, ya que desde noviembre de 2011 se emitió la primera por violencia feminicida, la cual está vigente en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

La Alerta por Agravio comparado fue solicitada por Equifonía el 5 de abril de 2016 y en la petición se denunciaron tres agravios.

El primero, fue la inadecuada prestación de servicios de salud a las mujeres y la deficiente aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que permite el aborto en casos de violación sexual; segundo, la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Y por último, después de entrar en vigor el 26 de agosto de 2016 la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, la Conavim aceptó este agravio.

El grupo de expertas que se conformó para el análisis de esta segunda AVG, entregó este año el informe en el que demostró cómo en la entidad se obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.

Con base en los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aportación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo exigió al poder legislativo local, a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y a la Secretaría de Salud del estado, actuar por la salud de las mujeres.

Se urgió que en un periodo de seis meses se capacitara al personal médico respecto a la aplicación de NOM 046, la atención inmediata de las mujeres víctimas de violación sexual y reformar el Código Penal estatal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

NADA SE CUMPLIÓ

Sin embargo en este tiempo el gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares no realizó acciones contundentes que le permitieran al Grupo de Trabajo negar la AVG, señaló Luz Estrada, por ello la procedencia de activar la segunda Alerta.

Por el contrario, entre las principales omisiones estuvo la negativa del congreso local por reformar los Artículos 149, 150 y 154 para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

El desdén de las y los legisladores por no despenalizar el aborto orilló a las organizaciones civiles a presentar un amparo en contra los integrantes del congreso y exigieron que comparecieran ante la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal.

CONSERVADURISMO EN EL ESTADO

Luz Estrada declaró que este proceso de la Alerta por Agravio Comparado evidencia la intromisión de grupos conservadores en contra de los derechos de las mujeres. Por ello no sólo esperan la notificación de la Alerta, también quieren conocer “cuál va ser la ruta para que el gobierno cumpla” pues dijo que aunque el estado se comprometa una vez más a atender el mecanismo, “no va a servir si siguen consultado a grupos derecha sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

“Esperemos que el dictamen sea contundente y que se tenga la comparecencia de los legisladores ante un estado que se está negando a proteger la vida de las mujeres”, concluyó.

17/HZM/LGL

Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, rechazaron la iniciativa para terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, por tratarse de una “acción inconstitucional”, argumentaron.

En una sesión extraordinaria del Congreso estatal, el pasado 22 de septiembre se discutió la propuesta hecha por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro que buscó modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto; derogar el plazo de 90 días para interrumpir un embarazo en caso de violación; y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

La y los legisladores determinaron como improcedente la iniciativa pues argumentaron que desde el 23 de agosto de 2016 el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz protege la vida desde el momento de la concepción, por lo que “no es posible modificar una norma secundaria como es el Código Penal, si contraviene la Carta Magna Veracruzana”, señaló en un comunicado el congreso estatal.

El freno de esta propuesta hecha el 27 de julio por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dio a pesar de ser una obligación que debe cumplir el gobierno veracruzano como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, es decir, porque existen leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La petición de esta AVG a la Secretaría de Gobernación (Segob) la realizó en abril de 2016 la asociación civil Equifonía. Su directora, Araceli González Saavedra explicó en entrevista telefónica con Cimacnoticias que la postura de los legisladores carece de fundamentos, pues en el artículo constitucional 4to se indica que “hay excepciones establecidas dentro de la ley”, por lo tanto, sí es posible la reforma al Código Penal local, indicó.

“Nos parece que nuevamente los legisladores se dejan llevar más por sus creencias personales y por las alianzas que hacen con sectores, que no tendrían que estar interviniendo en la política pública de nuestro estado, que por los derechos de las mujeres”, denunció González Saavedra.

Los diputados que firmaron el dictamen negativo durante la sesión fue el presidente de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina y el secretario, Carlos Antonio Morales Guevara; además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gregorio Murillo Uscanga.

De acuerdo con el comunicado del congreso, el dictamen será presentado para su votación ante el Pleno del Congreso en la sesión extraordinaria del 28 de septiembre, justo en la última semana de los seis meses que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con la AVG, recordó peticionaria de la alerta.

YUNES DEBE IMPULSAR PROPUESTA

Ante el rechazo de los diputados, la directora de Equifonía señaló que la obligación recae en el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien sí tiene el compromiso en garantizar los Derechos Humanos (DH) de las veracruzanas y de cumplir con la AVG, él debe presentar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, precisó.

“Toca al gobernador del estado en cumplir con la recomendaciones de Segob. Él –Miguel Ángel Yunes- debe presentar la iniciativa, esa sería la vía por la cual el poder legislativo pueda hacer las modificaciones pertinentes”, indicó la directora de Equifonía.

En la petición de la AVG fueron tres obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos que las organizaciones civiles denunciaron: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza el aborto en caso de violación; la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y la protección de la vida desde el momento de la concepción que impulsó el ex gobernador, Javier Duarte y grupos de conservadores de la Iglesia Católica.

Araceli González recordó que a pesar de los avances en los rubros de acceso a la salud para las veracruzanas, en caso de que no se cumpla con la modificación al Código Penal sobre el aborto, exigirán a Segob que decrete la segunda AVG en Veracruz, pues cabe recordar en noviembre de 2016 la Secretaría declaró en alerta por violencia feminicida a 11 municipios de la entidad.
Por su parte en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Salud y la Vida de las Mujeres –articulado para dar seguimiento a la AVG por agravio comparado- hicieron un llamado al Congreso de Veracruz para que cumpla sus “responsabilidades jurídicas” y el respeto de los derechos sexuales de las niñas y mujeres conforme a los estándares internacionales de DH.

Asimismo, indicaron que México es un Estado laico por lo que “los derechos de las mujeres no pueden estar condicionados por creencias religiosas”, y recordaron a los legisladores de Veracruz que no pueden desaprovechar una oportunidad histórica, ser la segunda entidad en el país que despenalice el aborto como la Ciudad de México.

17/HZM/LGL