Como muchas mujeres en Juchitán, Francisca Miguel Medina, de 70 años de edad, perdió su casa en el terremoto del 7 de septiembre y aunque no recibió folio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para recibir apoyos económicos, recolecta residuos de aluminio (latas y botes) en el basurero municipal para reactivar su economía y sobrevivir.

Además de pepenar, la mujer también elabora totopos, sin embargo todo lo perdió con el terremoto, su vivienda y su cocina de barro, Francisca tampoco fue beneficiada con la entrega de apoyos que entregó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Originaria de San Miguel Chimalapa, desde hace medio siglo vive en Juchitán; Na Chica, como la conocen sus vecinos con la recolección de residuos ha sacado adelante a sus hijos y ayuda a su esposo, quien está enfermo y no puede trabajar.

En el terreno donde vive Na Chica también está otra vivienda, sin embargo solo censaron la de su hijo pero la de ella no. El único apoyo que ha recibido ha sido de la comunidad Menonita que se solidarizó dándole una vivienda de lámina donde habita después del terremoto.

Para colectar las latas, camina en medio de un suelo oscuro y de vidrios rotos que deja la basura que se quema, de repente truenan las latas de aluminio de tanto calor que reciben del fuego, Francisca se hace a un lado y no se detiene, su meta es colectar dos sacos y una vez terminado se va a su casa, donde comienza la segunda etapa, separar los residuos para venderlos.

Con una vara de madera descubre en el suelo infinidad de basura, pero solo escoge las latas de aluminio, Francisca dice que el aluminio y el cobre es lo que vende más.

La mujer de 70 años no sabe de descansos y tampoco fines de semana, al igual de salarios mínimos, seguro social o aguinaldo, su preocupación es recolectar 10 kilos que vende cada semana y por el cual le pagan 350 pesos.

Su figura delgada le permite tener movimiento, recoge de un lado a otro la basura y ella misma la separa cuando llega a su casa, Francisca realiza múltiples actividades como esposa y ama de casa.

“Llevo cuatro meses sin poder elaborar mis tortillas y ya estoy desesperada, con la venta de los totopos obtengo otro ingreso que aunque poquito me sirve para comprar los medicamentos de mi esposo quien está enfermo y no trabaja”, dijo.

Para preparar sus alimentos lo hace con fogón, no tiene estufa y tampoco muebles, sus pocas pertenencias se ubican en el patio y solo tiene unas hamacas y catres que usa para dormir.

En Juchitán, las mujeres han sido fundamentales para la reconstrucción después del terremoto, explica la abogada y defensora de los derechos de las mujeres Mayra López Pineda, quien expresa que a pesar de las actividades propias de su hogar ellas han salido a buscar el recurso para volver a construir sus casas y reactivar su economía.

La abogada feminista describe a la mujer zapoteca e istmeña como capaz de sobresalir ante cualquier situación, caso especial el terremoto que dejó a más del 70 por ciento de las viviendas en Juchitán afectadas.

“Hablar de la reconstrucción y de las mujeres ha sido primordial, vemos como ellas en la etapa de emergencia con todos los cuidados de ser madre de familia también colaboraron en las cocinas comunitarias y estuvieron pendientes de todo, ahora en la reconstrucción son las que están viendo cómo sacar adelante a su familia, muchas de ellas no recibieron apoyos gubernamentales pero si de la sociedad civil, que ha sido fundamental en esta reconstrucción”, aseveró.

Mayra describe que la participación de las mujeres también ha sido en la reconstrucción económica, en la cual se ha visto un abandono de las autoridades y no así de la sociedad civil que ha dado un gran respiro a los damnificados después de la devastación que dejó el fuerte sismo.

Según datos de la Coordinadora General de Damnificados del Istmo hasta el momento registran que unos12 mil damnificados por los sismos del 7 y 23 de septiembre no recibieron folio de parte de Sedatu, y otras 5 mil personas exigen una reclasificación de daños de sus viviendas, catalogadas como parcial que deben ser consideradas con daño total. Las familias no han podido iniciar con la reconstrucción por falta de recursos económicos.

18/DM

A pesar de las promesas de las autoridades de apoyos sociales y la liberación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, muchas mujeres que se han hecho cargo de lo que quedó de sus hogares en la periferia de la capital, siguen a la espera de saber qué sucederá.  

Después de 58 días del sismo la información para las personas afectadas llega a cuentagotas y mientras el gobierno capitalino busca restablecer la economía en las colonias Roma y Condesa, en lugares alejados, con pobreza y precariedad como San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, y la colonia Del Mar, en Tláhuac, permanece la incertidumbre.  

Por el sismo de 7.1 grados 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de ellas 90 eran hombres y 138 mujeres; también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles principalmente en ocho zonas: Lindavista, Iztapalapa, Condesa, Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar).

Tras el desastre el gobierno capitalino informó que la Secretaría de Obras y Servicios demolería 24 inmuebles, pero al recorrer albergues y delegaciones del oriente y sur de la ciudad, Cimacnoticias corroboró que para las mujeres, como Laura, que se refugió en un albergue de la delegación Cuauhtémoc; Karla que vive exiliada de su hogar en Tláhuac; o Guadalupe que radica en Xochimilco, reestablecer sus hogares y sus vidas será mucho más complejo.

Mujeres afectadas por el sismo en incertidumbre por la reconstrucción. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

VIVIR EN UN ALBERGUE EN TLÁHUAC

En la colonia Del Mar en Tláhuac, delegación al oriente de la Ciudad donde se asientan siete pueblos originarios, el pavimento se abrió a la mitad, las casas se despegaron de las banquetas y se hundieron. Las calles lucen desoladas y sólo se leen carteles colocados por los vecinos que advierten del riesgo de caminar cerca de los postes y bardas que podrían colapsar.

Los hoyos en el suelo muestran las tuberías de agua rotas por el movimiento de la tierra. Ante el desabasto del líquido, las pipas de las autoridades de la delegación recorren las calles para suministrar agua a las y los vecinos.

Bicitaxi recogiendo víveres de Centros de Acopio de la colonia Del Mar. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

En esta colonia el 21 de septiembre Karla con su hija de un año de edad, su esposo y su madre de alrededor de 50 años de edad, acudieron al albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar”. Llegaron allí porque una grieta en el suelo de la avenida Guillermo Prieto se extendió hasta su casa, derrumbó una barda y ocasionó múltiples fracturas en las paredes de su hogar.

Hace 40 años su familia comenzó a construir la casa de un sólo piso con paredes de concreto y techo de lámina. Con limitaciones, lograron tener una sala, una cocina, la habitación de la madre y un nuevo cuarto que improvisadamente construyó la joven y su pareja para vivir juntos ante el nacimiento de su hija.

Después del temblor, la primera autoridad que acudió a la zona fue la policía local para hacer un registro de las grietas, luego los bomberos llegaron a colocar polines en la vivienda y quienes indicaron a la familia que ya no había riesgo de ingresar. Finalmente acudió personal de protección civil, quienes constataron que la vivienda era inhabitable.

Ante los derrumbes de casas en la colonia Del Mar, Karla y otras familias acudieron al Centro Comunitario en espera de ayuda. Era una cancha de básquetbol abandonada, pero los vecinos se encargaron de transformarla en un albergue. Una semana después acudieron al lugar funcionarios de la delegación Tláhuac y se responsabilizaron de éste.  

“Vinieron unos arquitectos para saber cuánto mide cada terreno, si la vivienda era casa propia y dijeron que nos iban a dar una ayuda para el material de construcción, pero no quedaron en nada, sólo nos dieron la promesa”, declaró apresurada Karla porque tenía que formarse para bañar a su hija pues apenas tuvo esta oportunidad, una semana después del sismo.

Albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar” donde vivió Karla y su familia. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Karla de 19 años de edad no tiene familiares que les brinden asilo, así que permanece como refugiada, pero ahora en otro lugar porque las lluvias inundaron el Centro Comunitario. Las familias fueron trasladadas primero a la Universidad Marista, frente a la avenida Canal de Chalco, y finalmente al albergue del DIF en San Juan Ixtayopan. En la primera ubicación el lugar albergó a 46 personas (22 hombres, 10 mujeres, 8 niñas y 4 niños, 2 adolescentes).

Así como en Tláhuac, la comunidad tomó un edificio abandonado para convertirlo en refugio, en Iztapalapa, otra de las delegaciones afectadas, el Centro Social “Violeta Parra” ubicado enfrente de la Central de Abastos detuvo las actividades de karate, baile y fiestas infantiles que impartía para convertirse en un albergue, relata su directora Alma.

Al espacio cultural convertido en albergue acudieron 10 personas de las colonias Aculco y Lomas Estrella, ambas entre las principales afectadas en Iztapalapa. Los registros de Protección Civil de esta delegación declararon en pérdida total mil 92 viviendas: 5 mil 214 tenían afectaciones de mediana magnitud y otras 11 mil las calificaron con daños menores.

Las y los vecinos hicieron posible el mantenimiento y sostén del albergue: se encargaron de preparar los alimentos, conseguir medicamentos, inclusive de calentar el agua para que las personas se bañaran, relata su directora Alma. La empatía por la pérdida del patrimonio hizo que Sandra, vecina de la colonia, realizara guardias nocturnas por la seguridad de las familias.

“Si me hubiera tocado dices ¿dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Ya voy a vivir aquí en el albergue? ¿Qué va pasar con mis cosas?”, se imagina Sandra, porque aunque el sismo sacudió toda la Ciudad los estragos fueron diferentes para las colonias marcadas por la desigualdad social y económica. “Un albergue para una familia aquí significa la única posibilidad de vivienda”, dice la mujer de más de 30 años de edad.

En los años que la directora del Centro Social lleva viviendo en Iztapalapa, ha visto el crecimiento de la población acompañado de la desenfrenada construcción de “castillos”, llama así a los departamentos de hasta siete pisos de altura. “Se desbordó la construcción”, coincide su compañera Sandra. Actualmente Iztapalapa concentra la mayor población de la urbe, más de un millón 800 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ambas piensan que una de las razones por las que se edificaron estos departamentos “sin planeación” es porque se desconoce la forma de construir correctamente.

Conmemoración a 32 años de las costureras fallecidas en el predio de San Antonio Abad en el sismo de 1985. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA

El movimiento de la tierra del pasado 19 de septiembre recordó el terremoto de 32 años atrás. Por coincidencia, tembló el mismo día que la Ciudad de México recordaba la sacudida de 8.1 grados de 1985. Hace más de tres décadas, se consideró el desastre natural más grave que había azotado a la urbe y orilló al gobierno local a crear la Comisión Evaluadora del Sismo.

La Comisión de 1985 fue responsable de la revisión de inmuebles dañados y de establecer nuevas normas en materia de construcciones a “fin de prevenir riesgos y propiciar una mayor seguridad de los habitantes”, como refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de aquel año.

Sin embargo, 32 años después se puede verificar que estas reglas no se respetaron y a pesar de reconocer que el Valle de la Ciudad de México es una zona sísmica, el gobierno local no se abocó en crear política pública de planificación urbana, dice contundente la investigadora urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carla Filipe Narciso.

Rápidamente, el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el “Plan de Reconstrucción de la CDMX” con tres ejes de acción: la creación de una plataforma digital que reporta la información de viviendas, negocios e inmuebles públicos afectados por el sismo; los apoyos económicos temporales para las personas damnificadas y la conformación de la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación”, encargada de atender la situación de emergencia.

Más de un mes después del movimiento telúrico, en la Asamblea Legislativa sigue en análisis la iniciativa de Mancera de expedir la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

A un mes del sismo, cientos de damnificados marcharon para exigir a las autoridades atiendan sus viviendas. CIMACFoto: César Martínez López

Filipe Narciso indica que esta política de reconstrucción no atiende cuestiones sociales, se concentra únicamente en la reparación de edificios. La experta recuerda que “todos estamos en vulnerabilidad por el sismo, pero no todos tienen la misma respuesta ante ella”, y ejemplifica: “en la colonias como Condesa, las personas damnificadas buscaron amigos o familiares para refugiarse”, en contraste, en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa permanecen abiertos refugios por las necesidades de la población.

La última actualización informativa del portal oficial de la reconstrucción del sismo, del 9 de noviembre de 2017, precisa que ocho albergues permanecen en operaciones con un total de 137 personas, se estima que en total más de 34 mil se refugiaron en estos recintos.

“No tienen otra posibilidad”, sentencia la académica que dirige el área de Planificación y política urbana y regional del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM  y señala que una verdadera política de Estado implica establecerlos en zonas seguras, garantizándoles en todo momento el derecho a la vivienda. De no ser así, es seguro que busquen vivir en regiones más alejadas de la Ciudad, con mayor vulnerabilidad ambiental y social, señala.

Albergue en Colonia Centinela, en la delegación Coyoacán. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

PREGUNTAS EN EL AIRE

Luego de que la sociedad civil se desbordó a las calles para tratar de apoyar a las personas afectadas surgieron varias preguntas que hoy permanecen en el aire, dos son recurrentes: ¿por qué se cayeron edificios prácticamente nuevos y con ello el alto número de pérdida de vidas humanas? y ¿cómo reconstruir para evitar que vuelva a suceder algo similar?

Expertas en ingeniería y arquitectura coinciden en que el principal problema fue que tras 1985 las autoridades capitalinas se enfocaron únicamente en crear normatividad sobre cómo debería construirse y en emitir recomendaciones al respecto, mas no en fomentar el trabajo interdisciplinario en las construcciones.

Es decir, en todo este tiempo las autoridades capitalinas no enfatizaron la importancia que tiene cada área involucrada en la construcción de un inmueble: dueños, arquitectos, directores responsables de obra y constructores. “Si alguien no hace su trabajo apegado a la ley, las probabilidades de que una casa colapse son mayores”, explica en entrevista la Directora Responsable de Obra (DRO) con 30 años de experiencia, María Martha Zavala Galina.

La ingeniera afirma que urge revisar el reglamento de construcciones vigente para comenzar a responsabilizar a todas las personas involucradas en una construcción. Pues los dueños deben consultar a profesionistas ingenieros o arquitectos y asumir que si sus opiniones no avalan el proyecto no pueden continuar, las y los DRO tampoco deben ceder si los documentos no están en norma, además de ser necesario capacitar a los constructores para garantizar que los materiales y las técnicas usadas sean de la mejor calidad.

El Deportivo de Xochimilco fungió como albergue para personas damnificadas. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Sin esta combinación todo apunta a que los inmuebles seguirán colapsando, particularmente en zonas donde las familias no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de personas expertas, razón que las orilla a la autoconstrucción, afirma la ingeniera civil especialista en estructuras de la UNAM, Mabel Mendoza Pérez y menciona como ejemplo las casas de Xochimilco e Iztapalapa construidas con años de esfuerzo por personas sin los conocimientos necesarios.

Además, conforme los años pasaron aumentó el desinterés por prevenir los estragos de un temblor, esto se vio reflejado en la falta de capacitación al personal DRO sobre cómo actuar ante emergencias sísmicas.

En 1987 Zavala Galina comenzó a ejercer como DRO y cuenta que desde hace 20 años, en 1997, la Secretaría de Obras dejó de capacitar a estos profesionistas como lo hacía anualmente para decirles cómo actuar ante desastres naturales, a cada uno les designaban las zonas específicas de la Ciudad que debían revisar, además de indicarles qué formatos usar y el lugar donde debían reportar los daños.

Sin esas capacitaciones, el pasado 19 de septiembre los DRO tuvieron que organizarse por su cuenta  para actuar, a días de cumplirse un mes del sismo las autoridades seguían sin reunirse con ellos, afirma Martha Zavala.

Actualmente de los 2 mil 54 DRO reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sólo 690 siguen activos. Zavala Galina explica que la mayoría no renovó sus licencias por la falta de confianza al Instituto para la Seguridad de las Construcciones -encargado de organizar, autorizar y evaluar a los DRO- que los culpa sólo a ellos en caso de derrumbes, “nos sanciona e ignora que en una construcción influyen también otros profesionistas”.

La ingeniera Mabel Mendoza también enfatizó la necesidad de continuar con una fase de estudios, pues, dijo, tras el sismo es necesario revisar los inmuebles y analizar qué tan funcionales son las recomendaciones y técnicas de construcción vigentes.

Las especialistas coinciden en que repartir responsabilidades y considerar los contextos que se viven en cada zona de la ciudad son dos elementos prioritarios en el proceso de reconstrucción. Recalcan la necesidad de no sólo crear grupos interdisciplinarios que permitan identificar las zonas en la que no conviene construir sino también en planear los lugares a donde se trasladará a las personas damnificadas y que los proyectos “no queden en papel”.

Damnificada por el Sismo en la CDMX es apoyada por una brigadista para sacar las pocas pertenencias que quedaron en su departamento. CIMACFoto: César Martínez López

APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS

Como parte de las acciones para apoyar a las familias, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció 3 mil pesos durante tres meses para que las personas damnificadas puedan pagar una renta, pero mujeres como Laura no tienen esa opción.

Laura, vendedora ambulante de oficio, no tiene contrato de arrendamiento ni recibos por el pago de renta. Tampoco ningún comprobante de su situación. Sabe que no puede acceder a los 3 mil pesos ni a otro apoyo, sólo le queda agradecer a todos los voluntarios que apoyaron para que su familia estuviera segura durante los días difíciles.

Albergue en calle Izazaga 11 donde vivió Laura. Montserrat Antúnez Estrada

Laura, su esposo y sus hijas de 2, 3 y 9 años de edad se quedaron sin casa. La familia pasó casi un mes viviendo en el albergue que se instaló en la calle de Izazaga 11 de la colonia Centro. Laura contó su historia desde la litera número 11, esa donde le tocó dormir junto con mujeres que no conocía y que también quedaron damnificadas.  

Antes del 19 de septiembre ella pagaba dos mil 700 pesos al mes por vivir en un cuarto de azotea en un edificio de tres pisos ubicado en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Su casa no se derrumbó pero terminó con cuarteaduras por todas partes. “Cuando protección civil entró dijo que ya no era habitable”, recordó.

Después del 19 de septiembre pasó cuatro días como exiliada, primero viviendo en casa de su madre, que también renta, luego pagó una noche en un hotel, después en otro y en busca de un lugar donde dormir llegó a la Casa del Peregrino, albergue habilitado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no hubo lugar para ella.

Buscando información en internet llegó al albergue de la calle Izazaga, número 11, donde permaneció mientras buscaba un lugar para rentar.

Hasta el 9 de noviembre el gobierno entregó 8 mil 508 cheques de apoyo de renta por medio del Instituto de Vivienda (Invi) y la Secretaría de Finanzas mil 622 “créditos rojos”, es decir, prestaciones de hasta 2 millones de pesos para las familias que perdieron por completo sus patrimonios. De acuerdo con el plan de Mancera, el financiamiento de este último crédito inmobiliario será de recursos del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México.

De acuerdo al análisis de Carla Filipe, generar créditos inmobiliarios responde a la necesidad del jefe de gobierno por legitimarse al actuar rápidamente y es la forma de escudarse de la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas de habitación que piensen en los sectores más afectados.

La doctora en urbanismo y arquitecta de profesión, menciona que con las facilidades a las inmobiliarias éstas adecuarán sus construcciones para los sectores populares que se vieron afectados, a precios que seguirán siendo inalcanzables para muchas personas.

Y denuncia: “los créditos no significan facilidades para las personas damnificadas, además, estos van a los bancos, a las agencias hipotecarias, realmente no hay un retorno al Estado, el único beneficiado será el sector privado”.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Hace diez meses Miriam y su esposo llegaron a vivir a un edificio de once pisos ubicado en la calle de San Antonio Abad, número 66. Después de una vida de trabajo la pareja dejó su casa en Tláhuac, vendió su carro e invirtió todo su patrimonio para comprar su departamento. Con él también adquirió una deuda de medio millón de pesos con un banco.

Hoy su casa, valuada en un millón 270 mil pesos, es inhabitable. Después de un mes del sismo algunas unas familias regresaron al lugar pero ella no quiere arriesgarse. “Estamos a la deriva, ¿qué va a pasar? No sabemos”, comenta.

Miriam muestra fotos de su departamento. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Desde el día del sismo Miriam y otras personas que vivían en el edificio han estado en contacto con una empresa administradora que sirve de enlace entre los vecinos y la empresa constructora Vertical Homes. La constructora les dijo que el edificio es habitable y sólo necesita unos arreglos.

Miriam tiene muchas dudas, primero porque la constructora pidió que las personas cobraran los seguros de sus viviendas y dieran el dinero para comenzar los trabajos de remodelación. La inconformidad ha crecido, pero los vecinos han hecho un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones con Vertical Homes.

“Estoy arrepentidísima de haber comprado, de haber invertido mi patrimonio”, dice al recordar que desde antes del sismo había filtraciones de agua, quejas porque los dos sótanos que no estaban terminados y peleas por el uso de los estacionamientos, algo que aceptaron pero que hoy atribuye a una irregularidad en la planeación y construcción del edificio.

Miriam no acudió a un albergue, tiene dos hijos y su plan es vivir una temporada con uno y después rentar. Ella fue una de las primeras en acudir por los tres mil pesos que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México. Para acceder a este beneficio llevó las fotos de su departamento y sus documentos en orden, pero opina que la cantidad no es suficiente a cambio de la inversión que hizo.

San Antonio Abad 66 es uno de los ocho expedientes de investigación por probables irregularidades administrativas en el proceso de construcción en el periodo 2013-2017. Los otros inmuebles son los de Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260 y Rancho Tamboreo 11 y 19, así como Calzada de las Brujas 34 y 40, según la Contraloría General de la Ciudad de México.

INCERTIDUMBRE A MÁS DE UN MES

Hace más de 40 años Andrés Jiménez Páez construyó su casa en la calle de Lázaro Cárdenas, número 7 en San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, una delegación caracterizada por sus paisajes rurales y la zona de embarcaderos y chinampas. Conforme la familia fue creciendo con la llegada de los nietos y los yernos, la casa también se amplió para albergarlos a todos.

Con el sismo la casa terminó con fracturas y cuarteaduras en los muros de carga, la losa se fracturó, el cuarto del primer piso se derrumbó, en general la casa se está hundiendo y ya no es habitable. Aun así el DRO que hizo la inspección dijo que la casa -que en su opinión estaba en construcción- tiene daños moderados.    

A pesar del dictamen del experto ya nadie vive allí, pero siempre hay alguien cuidando el inmueble, integrantes de la familia permanecen durante todo el día en medio de lo que quedó de su hogar vacío, sin muebles y algunos escombros. Allí están las mujeres, los varones e incluso los niños que aún no acuden a la escuela. Todos en espera de respuestas.

La familia Jiménez no se aleja de su hogar porque necesitan estar allí cuando llegue una autoridad. La vez que llegó el DRO sólo estaba el señor Andrés, un adulto mayor que no sabe leer ni entiende de programas sociales, a él le pidieron que firmara la hoja donde se leía que la casa tenía daños moderados.

Casa de la Familia Jiménez Pérez en San Gregorio Atlapulco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

A la casa ya pasó gente del  Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de Prospera. Hay dos etiquetas que lo comprueban como en casi todas las viviendas del pueblo y aunque el personal que acudió les prometió apoyos no les dijeron cuándo ni cómo, creen que tal vez en unos dos o tres meses tengan claridad.

Las hermanas Gloria Beatriz y Rosa Mireya Jiménez López cuentan que empresas particulares y voluntarios los han apoyado, ellas recibieron unos polines para su casa, también recibieron comida de quienes llegaron a apoyar y aclaran que esa es la única ayuda que han tenido.

Gloria y Rosa, amas de casa, creen que la casa debe derrumbarse. Aunque el dictamen que tienen dice que la casa tiene daños moderados sus ojos ven otra cosa, no saben qué hacer, con quién acudir, quién debe asumir los gastos ni cómo hacerlo de manera segura sin dañar las casas aledañas.

Casa y muebles en ruinas tras el sismo que sacudió Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

La familia, en su mayoría de agricultores de flores, cuenta con tres opiniones: una persona de Protección Civil les dijo que la casa no era habitable, unos ingenieros de Jalisco confirmaron dicha versión, después otros arquitectos dijeron lo mismo, pero el DRO les afirmó que sí es habitable.  No saben a quién creer.  

“Nos van a dar una tarjeta, pero es un apoyo, no es regalado”, se trata de un crédito de 120 mil pesos para reconstruir una casa que a tres familias les costó cuatro décadas.

El 4 de octubre Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal y de la capital crearía un fondo para otorgar créditos de hasta dos millones de pesos, a 20 años con 9 por ciento de interés, el gobierno asume el pago del capital y el damnificado los intereses.

Guadalupe es una adulta mayor que vivió el movimiento estudiantil de 1968 y después de septiembre dice que lo que más le ha dado tristeza en su vida es el desastre del sismo. El movimiento de la tierra acabó con su casa y dice que en este momento de su vida no tiene fuerza para empezar desde cero.

Guadalupe sigue visitando las ruinas de su casa en Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

De acuerdo con la Comisión de Gestión Integral del Agua en la zona ejidal de cultivo de San Gregorio Atlapulco, el suelo se hunde 25 centímetros al año y la región tiene grietas que datan desde la década de los 80 en canales, edificios, casas y calles, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos.

El sábado 4 de octubre, en recorrido por San Gregorio, diputados locales y funcionarios de gobierno aseguraron que la suma de esfuerzos haría posible sacar adelante esta zona. Ese día dijeron que había mil 250 casas afectadas, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. La demolición ya comenzó pero el proceso aún es muy lento.

Guadalupe es jubilada de intendencia y su esposo es chinampero. Ambos rentan un cuarto porque no pueden regresar a su casa, una estructura que se está hundiendo. Regresan todos los días a las ruinas de su hogar. Ella está enferma y ni siquiera puede recoger las cosas que quedaron esparcidas por doquier, aun así prefiere estar allí, contemplando lo que quedó de su patrimonio.

En algunas colonias las casas se marcaron para identificarlas como inhabitables. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Ahora que los gobernantes están concentrados en los cargos que podrían obtener en las elecciones de 2018, Guadalupe y otras mujeres de Xochimilco y las demás delegaciones no creen poder iniciar una reconstrucción solas, sin el apoyo del Estado, por eso protestan desde los lugares donde se refugian, sin salir a las calles, porque no pueden y no quieren alejarse de la casas derruidas donde permanecen sus recuerdos.  

17/AGM/MMAE/HZM

El sismo del pasado 19 de septiembre quebrantó los “espacios de protección” de cientos de niñas y adolescentes en el país, como sus escuelas y hogares, por lo que el gobierno mexicano debe elaborar medidas integrales de actuación que garanticen la seguridad, la salud emocional, y el cumplimiento del proyecto de vida de las afectadas, urgió el director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

En entrevista con Cimacnoticias Pérez García explicó que si bien tras el sismo de 7.1 grados los daños en inmuebles habitacionales y escuelas causó “la ruptura” de la vida cotidiana de la niñez mexicana, las niñas y adolescentes quedaron en mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las menores de edad que junto con sus familias tienen que ocupar albergues ahora dependen de personas ajenas a su círculo cercano para obtener alimentos, servicios de higiene y seguridad, lo que las pone en riesgo.

Sin embargo, denunció el defensor de los derechos de la infancia, no existen protocolos ni medidas de prevención y auxilio para que en los albergues y espacios que actualmente habitan las menores de edad afectadas por el sismo se les garanticen sus derechos y condiciones de seguridad.

“Un tema básico como bañarse se convierte en una batalla cotidiana, la intimidad de las niñas y adolescentes queda anulada, están en una lógica de exposición y eso trastoca su dignidad y su seguridad emocional”, aseguró. Tan sólo en la Ciudad de México siguen operando 11 albergues para las personas afectadas por el sismo, de acuerdo al sitio web del gobierno capitalino.

Pero, al igual que en otras entidades con daños como Puebla y Morelos, expuso Pérez García, en materia de niñez y adolescencia los planes de restauración únicamente abordan la condición de escuelas –al menos 12 mil 900 resultaron dañadas y de ellas 577 tendrán deberán reconstruirse de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública- mas no en las afectaciones emocionales ni en las limitantes que enfrentará este sector para cumplir sus proyectos de vida. El Estado mexicano no tiene un programa integral.

“Las estrategias de reconstrucción carecen de la perspectiva de derechos de la infancia e invisibilizan a las niñas, niños y adolescentes”, denunció Pérez García, con lo que el gobierno federal y los de las entidades afectadas, han violado el artículo 4º  de la Constitución mexicana que los obliga a garantizar el interés superior de la niñez.

SIPINNA Y DIF, AUSENTES

Un reflejo del nulo interés de las autoridades mexicanas por atender a este grupo poblacional, es que pese a que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), conformado por el titular del Ejecutivo nacional y los de las entidades, deben sesionar cada seis meses llevan un año sin hacerlo, lo mismo sucede con el SIPINNA en la Ciudad de México.

Por ello la Redim a través de la campaña #NiñezPrimero, la cual inició a raíz del sismo, urgió Enrique Peña Nieto a convocar de manera urgente a una sesión ordinaria con el SIPINNA “para coordinar las acciones planeadas para responder a la emergencia con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia”.

El titular de Redim enfatizó que la actuación del  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) también fue ineficiente tras el sismo, pues las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes que dependen del DIF "quedaron ausentes”. Al menos en la Ciudad de México, comentó, “se enfocaron principalmente en repartir despensas más que en trabajar desde el SIPINNA local y buscar la forma en la que el sismo impacte lo menos posible en el proyecto de vida de las y los menores de edad”, concluyó.

17/MMAE/LGL

La “Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo” exigió a las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y a la de Protección Civil de la Ciudad de México, comprobar si tras el sismo del pasado 19 de septiembre revisaron los centros de trabajo pues afirmaron, miles de personas trabajadoras fueron obligadas a retomar sus actividades y continúan haciéndolo en lugares que no están certificados como seguros.

Mediante una carta dirigida al secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, la Red solicitó copias de los formatos de inspección post sísmica, así como los documentos provenientes de todas las revisiones que hasta el momento han hecho a los centros de trabajo capitalinos para comprobar la condición de los mismos.

También entregaron un escrito para las áreas de Dirección General de Trabajo y Previsión Social y la Dirección de Inspección del Trabajo de la STyFE, donde les solicitan una copia de las actas de inspección de los lugares visitados tras el sismo que permitan al personal trabajador asegurarse que se desempeñan en sitios seguros.

Desde el 19 y hasta el 29 de septiembre la Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo ha recibido 2 mil 266 denuncias de personal de mil 261 empresas privadas, organizaciones e instituciones públicas, de las que concluyeron que en al menos 89.4 por ciento de los casos la personas dijeron sentirse inseguras de ir a trabajar. Los resultados están condensados en un mapa interactivo que aún no incluye denuncias hechas después de esa fecha.

Días después del sismo y ante el elevado número de denuncias personal de la Secretaría de Trabajo contactó “de manera informal” a las y los integrantes de la Red de Solidaridad, informó en entrevista una de las voceras, Elizabeth Calvillo Reynosa, y se comprometieron a revisar los casos de los primeros 52 centros laborales calificados por personas trabajadoras como inseguros.

|Aún cuando días después del sismo la STyFE aseguró a la Red de Solidaridad que los lugares ya fueron revisados, “a los trabajadores no se les ha informado nada, siguen en la misma situación de que ya revisaron y que las actas de inspección las tienen los empleadores”, denunció Calvillo Reynosa y destacó que tras los escritos entregados a la Secretaría y a la de Protección Civil esperan que las instancias respeten el derecho que las y los trabajadores tienen de acceder a la información.

La estudiante del posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Línea de Estudios Laborales, recordó que a Protección Civil le compete informar si  las condiciones físicas de un inmueble lo hacen o no apto para que se siga ocupando.

Mientras que la STyFE debe cerciorarse que las y los empleadores cumplan con el artículo 123 de la Constitución mexicana y garanticen “lugares de trabajo seguros”, y que los directivos no dañen física o emocionalmente a las personas empleadas, por ejemplo, al condicionar su sueldos en caso de que decidan no retomar sus labores en sitios que no han sido decretados  como seguros, una práctica común de los empleadores, mencionó Calvillo Reynosa.

Para transparentar al público los dictámenes de la STyFE y Protección Civil la Red de Solidaridad se comprometió a vincular los documentos con el mapa interactivo de las empresas denunciadas.

La vocera de la Red afirmó que el objetivo de documentar y dar seguimiento a los casos no es sólo visibilizar los sitios de trabajo inseguros, sino el de llamar la atención a las autoridades laborales quienes, dijo, “deben empezar a prevenir para que lo que pasó con las trabajadoras de la fábrica textil en Chimalpopoca o el despacho de oficinas en Álvaro Obregón 286 (ambos derrumbados tras el sismo) no se repita, no tiene por qué  pasar si hay esquemas de prevención”.

También afirmó que en esta semana pedirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, transparenten las actas de inspección hechas a sus dependencias de trabajo tanto en la Ciudad de México como en Morelos, Puebla y el Estado de México, estados en los que también se documentaron casos.

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Alrededor de 5.3 millones de niñas y niños de 10 estados de la República mexicana no han regresado a las aulas tras los terremotos que sacudieron al país el 7, 19 y 23 de septiembre, lo que representa un riesgo para continuar su educación, afirmó Save the Children.

La organización defensora de los derechos de la infancia señaló que de acuerdo con datos del Banco Mundial, en México, una vez que la niñez han sido sacada de la escuela, inclusive sólo por una conmoción temporal, tiene 30 por ciento menos probabilidad de seguir con su educación comparado con quienes permanecen en la escuela.

A casi un mes después del primer terremoto que golpeó a los estados de Oaxaca y Chiapas el pasado 7 de septiembre y de los sismos del 19 y 23 de septiembre, este último prácticamente imperceptible en la capital del país, la organización informó que se sabe de un total de 2 mil 424 escuelas que resultaron dañadas, 577 que necesitan ser reconstruidas por completo y mil 847 de forma parcial.

Este jueves la Secretaría de Educación Pública informó que 57 por ciento de las escuelas, tanto públicas como particulares, de todos los niveles educativos, reanudaron actividades y que continuaría el proceso de inspección de la seguridad de los centros educativos por parte de los Directores Responsables de Obra (DRO) en la Ciudad de México.

Al respecto, la directora ejecutiva de Save the Children en México María Josefina Menéndez Carbajal, señaló a través de un comunicado que debe ser una prioridad la coordinación entre Gobierno, sociedad civil y sector privado, para asegurar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

“Es importante que la reubicación de los alumnos en otras escuelas, así como el establecimiento de aulas temporales, se lleven a cabo en el menor plazo posible para que los niños más vulnerables recuperen su normalidad”, destacó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el ciclo escolar 2012-2013, los hombres abandonaron más la escuela que las mujeres, una condición que se acentúa conforme avanzan los niveles educativos; sin embargo, muchas veces las mujeres estudian y realizan actividades de trabajo en casa sin recibir remuneración.

Ante la contingencia por los recientes sismos, Menéndez Carbajal señaló que la educación es una prioridad en las zonas afectadas en las que están trabajando. “Independientemente del tiempo que dure la emergencia, ningún niño debe dejar de recibir una educación de calidad. Los niños siempre nos dicen que uno de sus principales deseos es volver a la escuela. No importa lo que haya pasado, en la escuela están sus compañeros y allí se sienten seguros y protegidos”.

Save the Children expuso que está trabajando con mil 825 niñas, niños y adolescentes en 35 albergues o campamentos en las zonas afectadas de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Morelos. Asimismo han establecido espacios amigables donde la infancia recibe apoyo psicosocial, y materiales para cubrir sus necesidades básicas.

Además, la organización hará campañas de promoción del regreso a clases, repartirá material escolar, promoverá hábitos de higiene para prevenir enfermedades en las escuelas e impulsará educación en Reducción de Riesgo de Desastre, entre otras acciones. En total, la organización atenderá a 100 mil personas afectadas por los terremotos: 32 mil niñas y niños y 68 mil adultos.

La organización estimó la cantidad de alumnos que están sin clases al considerar el promedio de niñas y niños en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala y multiplicarlo por el número de escuelas que no han reanudado actividades.

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Ante la desconfianza en las autoridades y empresas inmobiliarias, vecinos de varias delegaciones afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre se organizan para exigir información sobre cómo se reconstruirán las zonas afectadas, qué pasará con los predios que estaban en proceso de expropiación y con los inmuebles que resultaron con fracturas graves.

Reunidos en la Plaza de la Solidaridad, ubicada en la calle Juárez de la colonia Centro, y lugar emblemático donde se derrumbó el Hotel Regis en el sismo de 1985, mujeres y hombres de colonias aledañas y militantes de agrupaciones barriales se dieron cita en la Segunda Asamblea Popular de Afectados por el Sismo.

Hasta el 5 de octubre el sismo de 7.1 grados que dejó como saldo 228 personas que perdieron la vida, de las cuales 90 son hombres y 138 mujeres, también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles que siguen en evaluación, según informó esta mañana el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Como parte de las acciones de reconstrucción el Gobierno de la Ciudad implementó un apoyo económico de tres mil pesos durante tres meses para quienes se quedaron sin hogar. Hasta hoy se han entregado18 mil 315 cheques pero personas afectadas coinciden en que más allá de esto hay una necesidad de organizarse y conformar un frente de damnificados, en particular de quienes perdieron su patrimonio por empresas inmobiliarias.

Hay muchos ejemplos, como el edificio que estaba en Eje Siete Sur, en Emiliano Zapata número 56, el cual tenía menos de un año de construido y que se derrumbó por no cumplir la normatividad técnica. “Evidentemente hay un tufo de corrupción, de omisión, de colusión con la autoridad correspondiente. Tienen responsabilidad penal, no solamente administrativa”, dijo un vecino que prefirió reservar su nombre.

Ante la inconformidad de las personas, este miércoles 4 de octubre, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, se reunió con representantes del Movimiento Urbano Popular, quienes han gestionado vivienda desde hace varios años. En esa reunión la funcionaria dijo que había 120 carpetas de investigación, hasta hoy son 149, pero no dijo a quién se investiga ni por qué delitos.

Entre los participantes de estas acciones organizativas hay vecinos que ya estaban agrupados para exigir servicios como agua, reglas de convivencia entre departamentos o apoyos administrativos para gestionar créditos de vivienda; los menos son aquellos que perdieron sus departamentos, esto porque las inmobiliarias han pedido pacto de silencio como condición para apoyarlos, según informó una afectada.

Una de las historias la narra Marta, una joven que prefiere no dar sus datos personales, habitante de un edificio en la calle Turín, en la colonia Juárez, donde habitan alrededor de 30 familias quienes son poseedoras del predio que está en proceso de expropiación. Según narró, su vivienda resultó dañada.

“El día del sismo se colapsó la losa del tercer piso y cayó al segundo. En la entrada cayó cascajo que nublo la visión de todas las personas, tenían miedo de salir porque creían que se iba a caer toda esa parte”. De acuerdo con Marta al lugar ya fueron los arquitectos y gente de Protección Civil quienes les comentaron que la fachada ya está separada del inmueble y con otro movimiento puede caer.

Los vecinos se están organizado para arreglar el edificio de tres niveles que tiene alrededor de 40 años mientras hay claridad de qué más pueden hacer.

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A pesar de la lluvia varias mujeres se envolvieron con impermeables y otras cubrieron a sus bebés con sombrillas pero todas permanecieron plantadas frente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exigiendo que el Instituto de Vivienda (Invi) garantice la construcción de viviendas para las personas damnificadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Alrededor de las once de la mañana el contingente de agrupaciones civiles, en su mayoría de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, llegó a la esquina de las calles Donceles y Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde permanecieron gritando frases como “el dinero de la nación para la reconstrucción” para exigir la liberación de recursos para la reconstrucción de edificios y casas colapsadas por los sismos.

Mientras el grupo de vecinos, en su mayoría mujeres, permanecía en la calle demandando acciones concretas, en el interior del recinto el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna, presentó un proyecto para expedir la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más Resiliente.

La iniciativa se sustenta en el decreto publicado el 26 de septiembre por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, y señala etapas para la atención de la emergencia: atención inmediata en un lapso de 6 semanas; reubicación, reconstrucción y recuperación en 6 meses; y transformación de la ciudad en un periodo de 5 años.

Según dijo el diputado, con esta ley también se creará la plataforma tecnológica “Plataforma Ciudad de México”, para registrar los inmuebles y a las personas afectadas para garantizar que reciban el apoyo correspondiente. La propuesta se analizará en las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

En la calle, un vecino, Héctor Ruiz, explicó que antes del sismo las agrupaciones vecinales ya tenían diálogos con el Invi para la construcción de vivienda pero ahora exigen que los acuerdos planteados no se echen para abajo y que se atienda a las personas cuyas casas resultaron dañadas, en particular en avenida Fray Servando Teresa de Mier y calle Xocongo, en la colonia Tránsito de la delegación Cuauhtémoc.

La manifestación, dijeron las personas inconformes, también es en solidaridad con las víctimas, que de acuerdo con la actualización de datos que este 4 de octubre presentó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México dejó un saldo de 228 personas que perdieron la vida, de los cuales 90 eran hombres, 138 mujeres y 29 menores de edad.

Sobre edificios y construcciones Mancera Espinoza dijo que está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México pero será hasta hoy que se tenga la información de los edificios que se deben reparar; y señaló que el Invi trabaja en un programa de apoyo para vivienda que podría ir de 100 mil o 150 mil pesos.

Al respecto, el líder de la organización Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, Armando Contreras, expuso que en la delegación Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, existen colonias como la Obrera, Viaducto Piedad y Esperanza, donde hay predios dañados que deben ser atendidos, por lo que exigieron que haya un fondo de reconstrucción que se maneje con transparencia.

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Los actores gubernamentales, privados y de la sociedad que participen en la reconstrucción de la Ciudad de México y otras comunidades del país afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre deben incorporar un enfoque de género y de Derechos Humanos, demandó la agrupación Ciudad Feminista.

Esta red, integrada por 21 organizaciones civiles que en 2016 respaldaron una candidatura independiente para que una mujer fuera diputada constituyente en la capital del país, difundió un comunicado en redes sociales donde recordó que las mujeres han construido y reconstruido sus comunidades en colectivo después de los temblores y otros desastres de la naturaleza.

Hasta la mañana de este 3 de octubre los dos sismos de septiembre sumaban 366 personas fallecidas, de las cuales 225 perdieron la vida en la Ciudad de México, según datos del coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Por su parte el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hoy informó que de las 225 personas, 87 eran hombres y 138 mujeres.

La agrupación conformada por organizaciones como Asociadas por lo Justo, Balance, Católicas por el Derecho a Decidir y Colectiva Ciudad y Género, entre otras, hizo un llamado a toda la población para trabajar por un proceso de reconstrucción que asegure la dignidad y derechos de las personas, en particular de las víctimas directas, y a las autoridades a garantizar los derechos del voluntariado y personas afectadas.

En su pronunciamiento Ciudad Feminista presentó 10 prioridades, entre ellas dar atención a las víctimas directas, muchas de las cuales, dijeron, son mujeres y sus familias; así como atender a inquilinas y trabajadoras afectadas por los sismos.

Otra prioridad es garantizar seguridad en albergues y campamentos de personas damnificadas ya que, señalaron, en etapas posteriores a estos desastres se ha documentado una tendencia al aumento de la violencia contra mujeres, niñas y niños.
En estos albergues, mencionaron, también se deben garantizar servicios de salud integral, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, asegurando apoyo a mujeres embarazadas, lactantes, acceso a preservativos, anticoncepción de emergencia y a servicios de Interrupción Legal del Embarazo, en caso de ser necesario.

Las activistas expusieron que debe existir ayuda eficaz, oportuna y sensible, con programas que no refuercen roles tradicionales de género, que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres y el acceso a programas de empleo o de reactivación económica de las comunidades.

La agrupación también exhortó al Gobierno de la capital a incluir al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en las acciones sustantivas del gobierno para asegurar que se transversalice el enfoque de género en todo el proceso y se dé prioridad a mujeres sin pareja y con cargas familiares de cuidado (hijos, hijas, personas enfermas y mayores).

Ciudad Feminista, presume que muchas jefas de hogar perdieron sus fuentes de empleo, sus viviendas y sus redes de apoyo, por tanto es vital garantizar que ellas tengan acceso a servicios seguros y accesibles de cuidado para hijas, hijos y personas mayores y/o enfermas.

En este proceso de reconstrucción pidieron transparencia y rendición de cuentas y que la recién creada Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, creada por decreto del Jefe de Gobierno el pasado 26 de septiembre, se integre por un Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, con calidad moral y destreza técnica probadas.

Esta agrupación también pidió seguridad para personas voluntarias que se han desplegado en las tareas de ayuda y generar información y datos desagregados por sexo y edad en todas las tareas relacionadas con el análisis del desastre y los procesos de reconstrucción y atención después de los sismos.

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Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, colectivos de diversas demarcaciones de la capital pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México su intervención para garantizar un Programa de Reconstrucción Democrática que incorpore las necesidades, demandas y propuestas ciudadanas.

Los colectivos integrados en el Movimiento Urbano Popular se manifestaron esta mañana frente a la oficina del Alto Comisionado, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, y entregaron una carta para pedir que el organismo vigile la garantía de los Derechos Humanos de las personas afectadas por los sismos, que a 13 días de ocurrido, dejó como saldo 363 personas muertas, 222 de ellas en la capital del país (136 mujeres), y 3 mil 848 reportes de inmuebles dañados, según la información de este 2 de octubre difundida por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

En la carta que los colectivos vecinales entregaron al organismo internacional señalaron que el gobierno federal y de los estados han diseñado un plan de reconstrucción dejando fuera a la ciudadanía y a las personas damnificadas tomando en cuenta sólo a las empresas inmobiliarias que, desde la perspectiva de las agrupaciones, son responsables de edificios mal construidos.

El 26 de septiembre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, publicó un decreto para la elaboración de un Programa de reconstrucción y crear la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente conformada por las Secretarías y dependencias de Gobierno y un consejo ciudadano.

Asimismo este 2 de octubre, Mancera firmó el Acuerdo para la Integración del Comité Científico por la Reconstrucción y futuro de CDMX, que integra a instituciones académicas, el cual contará con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Al respecto, el integrante del Movimiento Urbano Popular, Jaime Rello, señaló en entrevista con Cimacnoticias que los planes de reconstrucción a nivel nacional y local deben tomar en cuenta a damnificados, académicos y organizaciones sociales. “Ese decreto (del 26 de septiembre) no dice nada. La ciudad es muy compleja, no puede hacerse una sola cosa, se tiene que pensar en cada comunidad y a cada comunidad se le debe preguntar”.

De acuerdo con el activista ahora ni siquiera hay un diagnóstico a partir del cual actuar. “Ellos se adelantaron, se adelantaron porque no quieren que haya movilización. En el 85 firmamos el Decreto de reconstrucción democrática, con todos los sectores, lo firmó la iniciativa privada, los académicos, las organizaciones civiles, las ONG, los movimientos sociales. ¿Hoy quién lo hace?”.

Rello consideró que el gobierno capitalino y federal quieren tener todo el control del programa de reconstrucción pero se corre el riesgo de que el problema no se resuelva para aquellas personas que se quedaron sin casa o que viven en edificios con daños que representan un riesgo para sus vidas.

Por ejemplo, destacó que desde el sismo del 7 de septiembre estos colectivos vecinales detectaron al menos 49 predios ubicados en las colonias Obrera, Doctores y Tránsito con daños; y notificaron a las autoridades para que tomaran acciones en materia de vivienda.

Sobre la respuesta de las autoridades Rello dijo que no hubo tal porque hay mucha burocracia. “Creo que con esta emergencia del 19 de septiembre hace falta que se aceleren todos los procesos”.

Cada zona de grietas necesita un tratamiento diferente y explicó que no es lo mismo las afectaciones en Xochimilco que en el Centro de la capital, y por ello pidieron al Alto Comisionado que participe y vigile que las ayudas internacionales sean manejadas con honestidad, que se conforme una contraloría social ciudadana y que se cree un programa emergente de vivienda, entre otras acciones.

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Más de mil 400 mujeres y hombres de 770 centros de trabajo en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, han sido coaccionadas para laborar en sitios que tras el sismo del pasado19 de septiembre no están validados por las autoridades como seguros.

Hasta ayer por la noche la “Red Solidaridad de Trabajadores en Riesgo”, creada luego del temblor por personas estudiantes de licenciatura y posgrado defensoras de los derechos laborales, contabilizó mil 464 denuncias que exponen las condiciones inseguras en las que cientos de mujeres han sido obligadas a retomar sus actividades laborales.

En entrevista con esta agencia, la estudiante del posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Línea de Estudios Laborales e integrante de la Red, Elisa Calvillo Reynosa, aseguró que las denuncias de mujeres trabajadoras son frecuentes toda vez que éstas ejercen en mayor medida en lugares que resultaron afectados tras el sismo como hospitales –donde doctoras y enfermeras se han pronunciado-, escuelas, fábricas y en diversos centros de llamadas (call centers).

Destaca el caso del Palacio de Hierro ubicado en la calle Durango 230 de la colonia Roma Norte, uno de los más afectadas tras el temblor. Ahí las vendedoras afirmaron sentirse inseguras porque el edificio presentó afectaciones, y donde presumen, pudo haber personas heridas, pero que no se dio a conocer la información, por temor a que bajaran las ventas.

Las trabajadoras de fábricas de metales y costureras en la delegación Iztapalapa, también comparten el sentimiento de incertidumbre. Según los testimonios recabados por “Trabajadores en Riesgo” las mujeres denunciaron que durante el temblor no pudieron salir de sus centros laborales ni colocarse en áreas seguras porque las salidas, así como los patios y estacionamientos permanecen obstruidas por automóviles.

Una de las prácticas constantes de los empleadores es indicar que personal de Protección Civil ya firmó documentos que aseguran que los centros laborales son seguros, pero éstos no son transparentados a las y los trabajadores; además de asegurar que empresas privadas o expertos independientes realizaron los peritajes correspondientes.

Ejemplo de ello, denunciaron, es el centro de llamadas Eficasia, ubicado en Avenida Revolución 470, donde una persona denunciante afirmó que en el edificio hay daños en al menos dos de los cuatro pisos. Sin embargo, al personal se le dijo que contrataron a una firma externa para que revisara el lugar, por lo que debían presentarse a laborar.

Todo esto ocurre aún con el llamado que hizo el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien informó a través de sus cuentas oficiales que los inmuebles que sufrieron daños deberían tener a la vista el “Formato de Inspección Postsísmica”, un documento que indica las condiciones en las que quedó el lugar y que está avalado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal y las Secretarías de Obras y Servicios, la de Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Protección Civil.

Con la documentación de casos las y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UAM exigirán a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que garanticen los Derechos Humanos laborales de las personas, y a que realmente se cercioren de que los empleadores no obligarán a las y los trabajadores a ejercer en condiciones riesgosas ni condicionen sus sueldos.

Al hacer el recuento, aseguró Elisa Calvillo, buscan que “ninguna persona pierda la vida en sus lugares de trabajo por las condiciones del inmueble” y así evitar lo ocurrido en la fábrica de costura y confección textil de la colonia Obrera que se derrumbó tras el sismo y causó la muerte de varias costureras. También informaron a las y los trabajadores denunciantes que tienen derecho de no acudir a laborar sino se sienten seguros y que los empleadores les deben pagar sueldos completos porque, de no hacerlo, incumplen las leyes laborales vigentes el país y violan sus Derechos Humanos.

Para lograrlo, comentó la también licencia en Ciencias Políticas por la UNAM, urge que las instituciones gubernamentales que fomentan el empleo en el país garanticen que se hagan revisiones certeras de las condiciones de los centros de trabajo y que transparenten la información obtenida de dichos exámenes.

También indicó que personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se ha contactado con integrantes de “Trabajadores en Riesgo” para afirmar que revisarán las denuncias, sin embargo, dijo, que el que no haya una respuesta pronta “da pie a que los empleadores cubran los daños superficialmente y cuando las autoridades acudan a revisar el lugar no encuentre daños”.

La información de la Red Solidaria ha sido recabada a través de entrevistas hechas afuera de centros laborales y por las respuestas anónimas que arroja un cuestionario digital hecho por la Red Solidaria, todo ello está condensado en un mapa interactivo de su autoría.

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