Violencia sexual niñas

Pareciere innecesario legislar una y otra vez en Guatemala sobre aspectos que buscan concretar una vida digna para las niñas y adolescentes, si se toma en cuenta que -según la Constitución Política- el Estado tiene la obligación de protegerlas y de garantizar sus derechos, además ha suscrito por lo menos 14 ordenamientos internacionales cuyo objetivo es garantizar su vigencia. De igual manera hay un conjunto de leyes que penalizan la violencia sexual, el embarazo y matrimonio forzados, los delitos de trata, por mencionar algunos.

A pesar del marco legal vigente, lo cierto es que existe una problemática -casi ignorada por la sociedad- que sufren las niñas en Guatemala cuando son violadas, la cual se agrava cuando producto de tales agresiones ellas tienen un embarazo no deseado y se les obliga a ser madres.

Las cifras de los centros de salud, principalmente públicos, reportan el número de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años de edad: en 2016, sumaron dos mil 500; y en este año, la cantidad será parecida. El número de exámenes médicos por delitos sexuales que se realizaron a niñas de ese mismo rango de edad, de enero a agosto superaron los dos mil 700. Ambos datos sólo representan una muestra, ya que no todos los nacimientos ni todas las violaciones sexuales se dan a conocer, como tampoco se tiene información de los embarazos que no terminan.

Contar con un panorama completo es difícil, pero lo que sí se conoce es que hasta ahora ninguna ley ni campaña a favor de una vida sin violencia para las niñas, ha inhibido que hombres adultos, principalmente familiares y conocidos, las agredan y de manera forzada las obliguen a truncar sus sueños porque las conviertan en madres a la fuerza.

Todos los hombres, de cualquier edad y posición social, deben reconocer que el cuerpo de las niñas no les pertenece. Mientras ellos cambian sus actitudes machistas que provocan tanto daño a las pequeñas, cobra relevancia una iniciativa de ley que permita una reparación digna a las víctimas de violación sexual (es decir, se otorgue previo a la sentencia que se dicte contra el inculpado), y transformadora (que va más allá de lo económico); eso significa, proteger a las niñas que enfrentan un embarazo forzado, garantizándoles la posibilidad de interrumpirlo en condiciones seguras y voluntarias.

Pareciera improcedente pensar que el Congreso vaya a aprobar una ley a fin de restituir los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual mediante “la reparación digna y transformadora”, de ahí la importancia de que la opinión pública exprese activamente su respaldo a la misma; además manifieste su indignación porque diariamente nacen hijas/os de niñas ultrajadas por padres, abuelos, hermanos, tíos o primos, pastores o maestros, vecinos o amigos, práctica impune que nunca más tiene que ser ignorada ni entendida como normal: a las niñas no se tocan, no se violan ni se les obliga a ser madres.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL

En cinco años (2012-2016) los embarazos infantiles en Guerrero se concentraron en niñas de 11 a 14 años de edad, aunque en menor medida, las gestaciones también fueron presentadas por niñas de 9 y 10 años de edad, la mayoría de ellos producto de violencia sexual, coincidieron expertas en salud y derechos sexuales, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim).

Durante 2016, de acuerdo al Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, 472 niñas de 9 a 14 años llevaron a término un embarazo, 96 por ciento de ellas (454) tenían 13 y 14 años de edad, mientras que 18 fueron menores de 9 a 12 años.

En años anteriores las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ya mostraban a Guerrero como una de las entidades con más casos de embarazos infantiles. De 2012 a 2015 registró 2 mil 691 nacimientos donde las madres tenían entre 10 y 14 años de edad, lo que la colocó en el cuarto lugar a nivel nacional (después de Chiapas, el Estado de  México y, Veracruz).

En ese periodo, en promedio cada año 673 niñas presentaron embarazos. La mayoría de las gestaciones fueron de madres de 14 años, con mil 877 casos, seguido por los 643 que se presentaron de menores de edad de 12 y 13 años; mientras 171 de ellas tenían entre 10 y 11 años.

Además, de acuerdo al Inegi, los municipios donde de 2012 a 2015 se presentaron más casos fueron Acapulco (389), Tlapa (149) y Chilpancingo (107), los tres forman parte de los ocho municipios para los que la Secretaría de Gobernación emitió en junio pasado la Alerta de Violencia de Género  (AVG) por los altos niveles de violencia que viven las mujeres en el estado.

Organizaciones civiles como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Ipas México han señalado en entrevistas con Cimacnoticias que los embarazos infantiles están relacionados con violencia sexual previa, sin embargo, como los agresores son personas cercanas, para ellas es difícil denunciar.

Y aun cuando el  Código Penal de la entidad obliga a las autoridades locales a que por “el simple hecho de registrar un nacimiento en el que la madre es menor de catorce años debería bastar para suponer la comisión de un delito y proceder a las investigaciones conducentes”, esto no sucede, propiciando que no se tengan registros certeros sobre cuántos embarazos en estas niñas fueron producto de una violación sexual.

PREOCUPA MUERTE MATERNA

La ginecóloga y experta en derechos sexuales y reproductivos de la organización Ipas México, Claudia Martínez López, destacó previamente en entrevista con Cimacnoticias que el gobierno Federal, así como los de las entidades, tienen la responsabilidad de erradicar los embarazos en niñas, principalmente para salvaguardar sus vidas.

Lo anterior debido a que por su corta edad, las niñas son propensas a presentar partos prematuros, mismos que  ponen en riesgo su vida y la del producto. Además, tienen más posibilidades que las mujeres mayores de edad de presentar problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo o el parto.

La Conavim también advirtió que otra de las consecuencias preocupantes de los embarazos infantiles son las muertes maternas

En el informe que publicó en 2016, previo a la admisión de la AVG por el gobierno guerrerense, citó datos del Observatorio de Mortalidad Materna para señalar que desde 2009 hasta 2014 la suma de los porcentajes que representaron las muertes maternas de menores de edad cada año, indicaron que 58.4 por ciento de las defunciones por esta causa fueron de niñas y adolescentes menores de 18 años de edad.

Por ello, instó al gobierno estatal a implementar una política pública eficaz para erradicar el embarazo infantil.

17/MMAE/LGL

Las niñas que por una violación sexual presentan un embarazo son triplemente violentadas por el Estado: viven la agresión sexual, se les niega su derecho al aborto y también el acceso a la justicia.

De acuerdo con los censos nacionales sobre Impartición de Justicia de 2015 y 2016, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hubo mil 161 casos de violación cometidos contra menores de edad y solo 274 sentencias por este delito, sin que se tengan datos desagregados por sexo y edad que dimensionen la violencia cometida contra las niñas.

Tampoco se sabe cuántos de los embarazos en niñas son producto de violencia, aunque al menos de 23 mil 543 niñas de 9 a 14 años de edad se convirtieron en madres entre 2015 y 2016, según datos del Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud.

Las niñas víctimas de violación se enfrentan a una serie de obstáculos en el sistema penal para que logren acceder a la justicia. Uno de ellos es la recolección de pruebas ya que por ser delitos que se comenten dentro de los hogares y perpetrados por familiares, en la mayoría de las ocasiones se conoce de la violación hasta que el embarazo es evidente, situación que dificulta comprobar el delito ante la falta de pruebas recientes, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna.

Ejemplo de ello es Karla, una niña de 15 años de edad que fue víctima de violación en Puebla. En marzo de 2016, la menor de edad viajó de la capital del país a dicha entidad para visitar a su abuela paterna; durante su estancia allá, su tío la violó.

Al notar que su hija tenía un retraso en su periodo menstrual, su madre la llevó al médico quien constató el embarazo de 8 semanas. Pero ambas no sabían que por ser víctima de violación y presentar un embarazo tenía el derecho a interrumpirlo, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) y la Ley General de Víctimas.

“Esto es una situación generalizada en las niñas y mujeres, la falta de información para el ejercicio de sus Derechos Humanos”, especificó la litigante de GIRE, Ofelia Bastida.

Aunque Karla y su mamá regresaron a Puebla a presentar la denuncia y hacer dos peticiones específicas: el derecho a un aborto y realizar una prueba de ADN para que pudieran vincular a proceso al agresor, las autoridades del MP se negaron argumentando que el aborto por violación está penalizado en Puebla; mientras que la carpeta de investigación quedó en el archivo, pues el peritaje médico determinó que al no existir fluidos, lesiones o desgarres recientes, no existía algún tipo de violencia sexual en contra de Karla, pese a que el peritaje psicológico la constató.

La falta de perspectiva de género para entender en qué tipo de contexto se da esta violencia y la nula sensibilidad de los funcionarios en las instancias de justicia, los lleva a no acreditar una violación con el argumento de que ha pasado tiempo desde la agresión, indicó la defensora de GIRE.

NIÑAS EXPUESTAS Y RE VICTIMIZADAS

Dilatar las investigaciones propicia que los agresores permanezcan en libertad, comentó la abogada, lo que les permite huir incluso antes de ser citados a declarar y propicia que las niñas queden expuestas a ser violentadas de nuevo.

Así sucedió con Miriam y Andrea, ambas de 12 años de edad. En el caso de Miriam, oriunda del Estado de México, en 2015 presentó un embarazo producto de la violación sexual de su padre.

Cuando Miriam acudió a denunciar, el MP no tomó su declaración de forma correcta. Dos años después de iniciado el proceso la llamaron para volver a declarar. “Por la gravedad de la agresión ella había bloqueado varios detalles, su declaración cambió y las autoridades usaron eso en su contra para no avanzar en la investigación”, recordó la abogada Bastida Luna.

Andrea fue víctima de violación en 2014 en la Ciudad de México también por su padre. Como consecuencia de la agresión presentó un embarazo y pese a su testimonio y las pruebas del delito, el Ministerio Público decidió vincular a proceso al agresor por “corrupción de menores” y no por violación.

Con ello, la sentencia de 25 años de prisión por violación sexual que pudo alcanzar el agresor se redujo a cinco años, la máxima sanción para quien comete el ilícito de corrupción de menores.

NORMA 046 Y LA PROTECCIÓN DE DH

El asesor de políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González, recordó que actualmente todos los Códigos Penales del país establecen la violación como una causal de aborto, pero la ignorancia y estigmas de los funcionarios sobre el tema coartan el derecho a las niñas a continuar con su proyecto de vida.

Resolver los casos de niñas víctimas de violación debería ser prioridad por el principio del “interés superior de la niñez” protegido por normativas como la Ley General de Víctimas que obligan a las autoridades a ponderar las acciones que garanticen el desarrollo integral y una vida digna a las menores de edad, recordó.

González Hernández agregó que no importan las restricciones que establecen las leyes penales, la NOM 046 debe implementarse por ser obligatoria en todo el territorio.

“Es la falta de comprensión y desconocimiento de lo que establece nuestro marco normativo, no hay razón para interponer lo que dice el Código Penal local a lo que dice la Norma 046 , el instrumento que debe aplicarse es el que más favorezca los Derechos Humanos, este debería ser el centro del actuar del Estado”, subrayó.

El reto, concluyó el especialista en políticas públicas de salud, es terminar con los patrones de resistencia para aplicar y conocer las normativas sobre los DH de las mujeres, y sobre todo, el Estado debe generar estrategias integrales que reconozcan las necesidades primordiales de las niñas víctimas de violación.

Mientras continúen minimizándose los delitos de violación contra niñas, se impedirá la sanción a los agresores y los casos continuarán en la impunidad, advierten las personas especialistas.

17/MAE/HZM/LGL